POLITICA
Periodismo en llamas, con el gobierno agitando el fuego

Por “obra y gracia” del gobierno de Javier Milei, el periodismo dejó de ser discutido como oficio para pasar a ser tratado como actor político dentro de una disputa abierta con la Casa Rosada.
El clima en redes sociales sobre la prensa se endureció, con una negatividad que ya no se expresa sólo en términos de crítica o desconfianza, sino con un lenguaje de impugnación directa contra la profesión.
En ese marco, el periodismo aparece más asociado al conflicto que a la información.
La agenda temática confirma esa colonización política del debate sobre la comunicación en la Argentina.
Lo político, la gestión, la agenda internacional y la Justicia dominan la conversación sobre periodistas, una charla que se desplegó aceleradamente gracias a la difusión de la presunta red rusa de desinformación en medios locales y a la reacción posterior del oficialismo.
Ese intercambio, por momentos de alta virulencia por parte del Gobierno, agravó un escenario ya tenso, mientras FOPEA y ADEPA advirtieron sobre la escalada verbal y la necesidad de evitar acusaciones indiscriminadas.
En definitiva, en el mundo digital argentino, el periodismo atraviesa una fase de sobreexposición, polarización e impugnación pública.
Y abril dejó una marca inequívoca: más que un sector observado, el periodismo pasó a ser uno de los grandes campos de combate simbólico del país.
Periodismo, bajo fuego político
De más de un millón 800 mil menciones analizadas durante el último mes en las redes sociales argentinas, en las que se debatió sobre el periodismo, el 92 % de negatividad refleja un nivel de hostilidad extraordinariamente alto.
Sin embargo, lo más importante no es sólo el rechazo, sino las palabras que ordenan la conversación: “medios”, “gobierno”, “Milei”, “Adorni”, “Estado”, “verdad”, “Justicia”, “investigación”, “Rusia”, “Estados Unidos”, “vuelo privado”.
El periodismo no está siendo discutido como profesión informativa, sino como actor político metido en una guerra de legitimidad con el poder.
En cuanto al sentimiento del diálogo en redes sobre el periodismo argentino, las palabras dominantes del clima emocional son “error”, “escándalo”, “operar”, “mal”, “guerra”, “denuncia”.
La palabra “operar” aparece casi tan central como el propio eje del escándalo desatado tras conocerse la influencia de intereses rusos en el país. Se trata de un debate que busca la deslegitimación del periodismo como actor, acusado de intervenir, manipular o “jugar para alguien”.
En cuanto a las temáticas de la conversación digital sobre la prensa local, se despliega un escenario narrativo que describe ese diálogo como un debate abierto sobre el poder.
No dominan términos propios del oficio periodístico, sino Gobierno, Justicia, investigación, Rusia, dólares o escándalo.
La presencia alta de la categoría internacional no parece accesoria: encaja con el ruido generado por la difusión de la presunta operación rusa de desinformación en medios locales.
Fue el propio Javier Milei quien prometió ir “hasta las últimas consecuencias”, mientras la embajada rusa rechazó las acusaciones.
El periodismo fue la profesión más expuesta del mes
Abril revela un dato contundente sobre el rol del periodismo como profesión para los argentinos: los periodistas concentran el 17,8 % de las menciones sobre profesiones, por encima de docentes, trabajadores, militares y políticos.
El número confirma que la profesión gana centralidad de manera abrupta en las últimas semanas y vuelve a ubicarse en uno de los picos más altos de toda la serie anual.
Ese protagonismo digital del periodismo, sin embargo, viene acompañado de una evaluación críptica de la profesión.
El sentimiento hacia los periodistas viene siendo persistentemente pésimo durante todo el último año, casi siempre en la franja de -70 a -85 puntos NSR (Net Sentiment Ratio, por sus siglas en inglés).
Ese comportamiento revela, en primer lugar, que las hostilidades sobre la prensa no son nuevas, sino estructurales.
En segundo lugar, abril vuelve a hundir el indicador hacia la zona más baja de la serie, después de un pequeño alivio previo.
Leé también: La Casa Rosada también resiste en las redes el escándalo de Adorni
Es decir, el conflicto reciente entre el Gobierno y el periodismo no inventa la mala reputación digital de la profesión, pero sí la recalienta y la lleva otra vez a niveles extremos.
Finalmente, el promedio de sentimiento del último año sobre los periodistas registra -77 puntos NSR, ubicándose entre las profesiones con peor saldo emocional del ranking.
Sólo aparecen peor posicionados sectores como sindicalistas, policías, jueces y piqueteros.
Ese dato resulta relevante porque confirma que el problema no es sólo coyuntural: el periodismo ya cargaba una penalidad reputacional muy alta y abril la empuja todavía más abajo.
Javier Milei, Redes Sociales, periodismo
POLITICA
Interna en la Embajada argentina en España: un funcionario dijo que le quitaron la oficina y lanzó fuertes acusaciones

La Embajada argentina en España quedó envuelta en un conflicto interno que combina decisiones administrativas, diferencias de criterio en la gestión y un trasfondo político que terminó por escalar la tensión entre dos de sus principales funcionarios. El episodio que hizo visible la disputa fue la decisión del embajador Wenceslao Bunge Saravia de retirarle el despacho dentro de la sede diplomática al agregado para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, Alejandro Nimo, quien además posee rango de consejero de Embajada y cónsul general.
La medida, según pudo confirmar Infobae, se concretó en las oficinas que la Argentina alquila en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Desde ese edificio, donde trabajan más de 40 empleados, se articula la representación diplomática, consular y comercial del país ante España, con un foco particular en la atracción de inversiones y el fortalecimiento del vínculo bilateral.
Pero en la Embajada, según pudo confirmar Infobae, ese semana se transmitió por un memo interno enviado por correo electrónico oficial a todo el personal, que la estructura iba a reducirse, debido a que no se renovaría el alquiler de un piso donde funcionaba el Consulado General.
Por ese achique, y de acuerdo a esa comunicación, las oficinas administrativas iban a ser redistribuidas entre las que tenían asignadas el personal. Las autoridades administrativas de la representación diplomática argentina explicaron, entonces, que iba a procederse a una mudanza y a reubicar y compartir las oficinas entre el personal.
Sin embargo, lo que en términos formales puede ser leído como una reconfiguración interna de espacios y funciones derivó rápidamente en un conflicto de mayor alcance cuando Nimo decidió hacer pública la situación a través de su cuenta en la red social X. Allí denunció que había sufrido el desalojo dentro de la embajada y aclaró que no se trataba de un desplazamiento del cargo, sino de la quita del despacho desde el cual desarrollaba su actividad.
“Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina”, escribió. En ese mismo mensaje, sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España.
El posteo avanzó más allá de la descripción del hecho y planteó una interpretación política de la decisión. Nimo señaló que en su despacho había un cuadro con la imagen del Presidente, además de otros elementos vinculados a lo que definió como la “batalla cultural”, y sugirió que ese perfil generaba incomodidad dentro de la estructura diplomática. En ese contexto, hizo referencia a sectores que identificó como parte de la “casta diplomática” y cuestionó el alineamiento del embajador con las premisas del gobierno.
“Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó. También indicó que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la embajada, sin éxito. “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo”, agregó, en un mensaje que combinó la denuncia operativa con una impugnación política.

La reacción pública de Nimo convirtió un episodio interno en un conflicto expuesto, con derivaciones que exceden lo estrictamente administrativo. Sin embargo, según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes con conocimiento de la situación, la decisión del embajador se inscribe en una tensión previa que venía acumulándose desde hace meses.
Nimo, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con el objetivo de promover inversiones hacia la Argentina. En ese marco, mantuvo contactos con compañías del sector alimentario y ferroviario, con promesas de canalización de capitales en línea con el programa económico del gobierno, por más de 2.500 millones de euros.
Esa actividad, sin embargo, se desplegó en paralelo a la agenda institucional de la embajada, lo que generó fricciones en el funcionamiento interno. La superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones y compromisos comenzaron a marcar diferencias en la forma de encarar la promoción económica desde la representación argentina en España.
El punto que terminó de escalar el conflicto fue, según la versión que trascendió, sería una entrevista que Nimo concedió recientemente a un influencer en redes sociales. En ese diálogo, defendió la política de austeridad fiscal del gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” contra el socialismo y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.
Esa intervención, de acuerdo con esa reconstrucción, elevó el nivel de tensión dentro de la embajada y actuó como catalizador de una decisión que ya se venía evaluando. En el plano diplomático, las expresiones públicas de funcionarios sobre la política interna del país anfitrión suelen ser un factor sensible, especialmente cuando se producen desde posiciones con representación oficial.
La figura de Bunge Saravia permite entender el encuadre desde el cual se tomó la decisión. Con una extensa trayectoria en el sistema financiero internacional —incluyendo casi tres décadas en Credit Suisse y posiciones de liderazgo en la firma Jones Lang LaSalle—, el embajador llegó a Madrid con un perfil técnico y un mandato centrado en la atracción de inversiones, la expansión del comercio bilateral y la articulación con el sector empresarial.

Antes de asumir en España, desarrolló su carrera en plazas como Nueva York, San Pablo y Londres, ocupando cargos vinculados a banca de inversión y mercados de capitales. Esa experiencia fue presentada como un activo para una gestión orientada a resultados concretos en materia económica, en línea con las prioridades del gobierno argentino.
En ese esquema, la coordinación institucional y la centralización de la interlocución con inversores aparecen como elementos relevantes. La coexistencia de esa lógica con una agenda paralela, de fuerte impronta política y exposición pública, configuró un escenario de fricción que terminó de materializarse en la reconfiguración del espacio de trabajo dentro de la embajada.
En paralelo al conflicto, Nimo avanzó en una redefinición de su dinámica operativa. Según pudo saber este medio, alquiló una oficina propia en el barrio de Chamberí, también en Madrid, desde donde prevé continuar con su actividad vinculada a la promoción de inversiones. En ese mismo sentido, transmitió en reserva que no tiene previsto volver a trabajar desde la sede diplomática.
Ese movimiento introduce un elemento adicional en la situación: aunque formalmente mantiene su cargo dentro de la estructura estatal, su funcionamiento se desplaza hacia un esquema externo a la embajada, lo que abre interrogantes sobre la articulación institucional de sus funciones y el modo en que se canalizarán eventuales gestiones con empresas e inversores.
La embajada en España ocupa un lugar estratégico dentro del esquema de relaciones internacionales de la Argentina. España es uno de los principales socios comerciales en Europa y un origen relevante de inversiones en sectores clave de la economía. En ese contexto, la representación diplomática tiene un rol central en la articulación con el sector privado y en la promoción de oportunidades de negocio.
La disputa entre Bunge Saravia y Nimo deja expuestas dos aproximaciones distintas a esa tarea. Por un lado, una lógica institucional, centrada en la coordinación y en la gestión ordenada de la agenda económica. Por otro, una estrategia con mayor énfasis en la proyección política e ideológica, que busca amplificar en el exterior las definiciones del gobierno en materia de discurso y posicionamiento.
Por ahora, el conflicto no derivó en cambios formales en la estructura de la embajada ni en la situación laboral de los funcionarios involucrados. Nimo continúa en su cargo, aunque con una modalidad de trabajo diferente, mientras que la Cancillería sigue de cerca la evolución del caso.
El desenlace dependerá de la capacidad de reencauzar la relación dentro de parámetros institucionales o, eventualmente, de una decisión política que redefina roles y funciones en una de las sedes diplomáticas más relevantes para la estrategia económica del gobierno argentino. En el corto plazo, el episodio ya dejó una señal clara: la interna en la embajada en Madrid trascendió los despachos y se convirtió en un conflicto con exposición pública y derivaciones políticas.
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POLITICA
Hugo Moyano giró $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a su esposa

Desde las cuentas que el Sindicato de Camioneros y su obra social (Oschoca) tienen registradas en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos creados hace poco más de un año y vinculados a Liliana Esther Zulet, la esposa de Hugo Moyano y la administradora del holding de empresas que orbitan alrededor del gremio.
Los giros de dinero se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, casi en paralelo a cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad de llamar a convocatoria de acreedores a la obra social, la viga maestra de los negocios del imperio camionero. Además, las transferencias se dieron un mes después de activarse en la Justicia una causa por un presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel que el sindicato tiene en Mar del Plata.
Las primeras dos de las cinco operaciones que activaron alarmas internas en el sindicato se concretaron el 5 de septiembre, según los detalles de las transacciones a los que accedió . Una fue de casi $50 millones con destino al fideicomiso Thoth y otra fue de más de $90 millones para Arturo Roberto Sodini, un comisario retirado que en 2008 se asoció a Moyano en la creación de una empresa llamada Organización de Seguridad Las Marías SA. Al poco tiempo de vincularse con el jefe camionero, Sodini fue designado como director de Transporte de Cargas del gobierno bonaerense que por entonces encabezaba Daniel Scioli, hoy funcionario libertario. Sodini no respondió el viernes a los llamados de .
La tercera de las operaciones se concretó el 9 de septiembre y fue por $147 millones con destino a un fideicomiso llamado Khasis. El dinero salió de la cuenta del sindicato. Las últimas dos transferencias fueron giradas desde la cuenta de la obra social. El 16 de septiembre se enviaron casi $30 millones a un fideicomiso llamado Dhanvantari. Al día siguiente, hubo un nuevo depósito, pero de casi $590 millones. Dhanvantari es el dios hindú de la medicina, el rubro que le abrió hace décadas las puertas de los grandes negocios a Zulet. Ni ella ni Moyano respondieron a la consulta de .
Dos de los tres fideicomisos se registraron el mismo día (1° de noviembre de 2024) mientras que el restante lo hizo al mes siguiente, el 1° de diciembre de 2024. Pero lo más sugestivo es el domicilio fiscal: los tres lo situaron en la avenida Belgrano 1255, donde están las oficinas de las empresas Iarai (de salud y asistencia), Aconra (una constructora) y Dixey (dedicada a la industria textil). Se trata de las históricas compañías que integran el holding que encabeza Zulet y que encadenó ganancias extraordinarias a pesar de tener a un solo cliente: el gremio de los camioneros. En las tres sociedades figura contratado a sueldo Jerónimo Moyano, el hijo de 26 años que tienen Zulet y el sindicalista.
Iarai, que es la que administra la obra social, no tiene hoy casi deuda con el sistema financiero. Pero Aconra (la constructora) y Dixey (la de industria textil), también manejadas por Zulet y sus hijos, arrastran un pasivo de $47.000.000 y de $2.309.000, respectivamente.
Desde hace años, en los directorios de estas empresas se alternan roles Zulet con dos hijos que tuvo de otros matrimonios: Valeria Alejandra Salerno (45 años) y Juan Noriega Zuleta (39 años). El 21 de noviembre de 2016 ambos ingresaron al blanqueo de capitales US$ 1.100.000 provenientes de actividades vinculadas al sindicato de camioneros y a su obra social, según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). La investigación de la UIF, publicada por entonces por , reveló además que las sociedades proveedoras del gremio que manejan los hijastros de Moyano compraron seis casaquintas en Parque Leloir, una zona a la que el jefe camionero solía frecuentar hasta que hace unos años decidió alquilar una casa en el exclusivo country Abril, en Hudson, según fuentes que conocen la dinámica familiar de uno de los sindicalistas más poderosos del país.
Según fuentes que conocen los movimientos de dinero del Sindicato de Camioneros, las transferencias al fideicoimiso Khasis tendrían como destino final Aconra, mientras que los fondos girados a Thoth irían a la textil Dixey. Los millones de pesos derivados a Dhanvantari terminarían en Iarai, la administradora de la obra social de camioneros que fue creada en 2003, en plena expansión del poder gremial y económico de Moyano, y que hoy está atraviesa por una crisis financiera asfixiante, con una deuda que rondaría los $60.000 millones, según fuentes sindicales. “Las transferencias de dinero a estos fideicomisos o a estas empresas de Zulet son habituales, se hacen todos los meses” dijo en reserva un histórico dirigente moyanista que sospecha de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato.
Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.
El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en suspenso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. “No pueden justificar gastos. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a una fuente con acceso al expediente judicial, que está a cargo del fiscal Carlos David Bruna y de la jueza Lucrecia María Bustos. Por este caso, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa.
Moyano y Zulet podrían jactarse de tener un polirubro de empresas. Administran desde una prestadora médica y una constructora a una fábrica textil y una aseguradora. También influyen en una transportista y en una agencia de seguridad. La preocupación del matrimonio que hace negocios con el sindicato de camioneros no pasa hoy por lo judicial sino por mantener en pie el imperio, sobre todo, la obra social.
La deuda de la obra social solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza a febrero de este año los $32.400.067 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió . Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $60.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. Para auxiliarla, Moyano recurrió a la ayuda de los empresarios. Desde hace más de un año, se acuerda en paritarias un aporte empresarial mensual que va directamente a la caja de la obra social del gremio. El monto es hoy de $25.000 por cada trabajador registrado. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.
Ni siquiera este salvavidas empresarial les permitió a Moyano y Zulet sostener los servicios de la obra social. De los cinco sanatorios que tienen en Buenos Aires, solo el de San Justo está en pleno funcionamiento. Además, se suspendieron beneficios en los descuentos en los medicamentos, los afiliados tienen que pagar un coseguro para realizarse estudios y los salarios del personal y de los médicos no se pagan en tiempo y forma, según informaron fuentes de Oschoca. Zulet fue blanco de los reclamos internos el año pasado, cuando el conflicto alcanzó su cima de tensión por un paro en las clínicas del gremio.
Enfrentado a Zulet, Pablo Moyano, secretario adjunto y virtual número dos del gremio, renunció por carta hace dos años al directorio de la obra social. Responsabiliza directamente a la esposa de su padre por el déficit de la prestadora médica. Además, habría manifestado su rechazo a la venta de propiedades del gremio para solventar la crisis de Oschoca. Se trataría de una reciente operación inmobiliaria por un inmueble del gremio en la avenida Independencia.
Bajo su conducción, Moyano expandió la riqueza del sindicato, que cuenta con unas 280 propiedades distribuidas estratégicamente por todo el país, lo que representa un tesoro inmobiliario incalculable. Ese botín, más otros negocios que orbitan alrededor del sindicato, son motivo de disputa entre los herederos del patriarca, que a los 82 años no piensa todavía en el retiro.
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POLITICA
Nahuel Gallo corre en Vicente López para pedir por los presos políticos extranjeros en Venezuela: «Todavía me siento encerrado»

El gendarme argentino Nahuel Gallo corre una carrera en Vicente López para pedir por los presos políticos extranjeros que siguen en Venezuela.
A poco más de un mes de su liberación y vuelta al país, este domingo Gallo participa de la carrera de 10 kilómetros Supernova. En la previa, le contó a TN que se dedica al running desde el 2015 y que desde entonces no paró.
“Vuelvo a correr después de un largo tiempo. Mi última carrera fue en Mendoza en 2024, pero hoy corro por los presos políticos en Venezuela, mi petición es la misma de siempre”, aseguró el gendarme en diálogo con TN.
Al mismo tiempo, habló sobre su situación actual. “Todavía me siento encerrado porque hasta que no vea que todos están libres no voy a estar tranquilo”, sostuvo.
El gendarme argentino que pasó 448 días detenido en el país caribeño por orden del chavismo también hizo mención al duro momento que atravesó. “Perder injustamente la libertad por algo que no hiciste es feo, no tiene nombre ni explicación”, resaltó.
Sin embargo, rescató la vuelta a la Argentina. “Volver a recuperar la libertad no tiene precio, saber que estoy en mi país, en mi tierra, con mis seres queridos, es lo mejor que me pasó”, añadió.
Leé también: Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Nahuel Gallo, el gendarme que pasó más de 400 días preso en Venezuela
Pese a su situación actual, Gallo no dejó de pedir por sus compañeros detenidos. “Hoy hay 23 presos extranjeros. Mi intención es que se siga luchando porque la situación sigue siendo la misma así que la lucha sigue”, aseguró.
Sobre el final, el gendarme lamentó la situación actual sobre el pedido por los detenidos. “Venezuela se ha apagado porque hay conflictos en otros países y quedó a la izquierda. Lamentablemente esa esperanza de salida quedó muy nula”, concluyó.
El miércoles pasado, Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Nahuel Gallo. El encuentro, que se celebró en el despacho presidencial, fue el primer cara a cara entre ambos.
También estuvieron presentes el jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno, y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Se trata del grupo del Gobierno que había recibido al gendarme en el Aeropuerto de Ezeiza a su regreso.
Nahuel Gallo, carrera, Maratón, presos políticos, Venezuela
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