Con la llegada del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el gobierno reconfiguró su agenda reformista: dejó atrás la idea de presentar un nuevo Código Penal, con cambios de alto impacto político y social, para avanzar con ajustes parciales.

En esa reformulación aparecieron cambios significativos. Por ejemplo, se reducirían las penas para funcionarios condenados por delitos de corrupción.

También se elevaría el piso para los delitos de lavado de dinero a 5000 millones de pesos (unos 4 millones de dólares).

Se eliminaría, además, el capítulo que aparecía en la reforma sobre genocidio y delitos de lesa humanidad que estaba y desparecería o se debilitaría el castigo para los delitos contra el medio ambiente, según dijeron a fuentes con acceso al nuevo borrador.

Los cambios resultan sustanciales y alteran el espíritu original de las reformas que fueron trabajadas por una comisión de juristas y luego revisadas por el exministro Mariano Cúneo Libarona y la hoy senadora Patricia Bullrich.

El texto que había elaborado aquella comisión de expertos, coordinada por el juez Mariano Borinsky, sufrió luego nuevas modificaciones cuando pasó por las manos de Cúneo Libarona y Bullrich, pero ahora tendrá la impronta del nuevo ministro Mahiques.

Estos cambios están alineados con los deseos de Javier Milei que la semana pasada traabajó en la Quinta de Olivos los ajustes con el ministro Mahiques y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

El texto que se analiza ahora plantea una nueva condición objetiva de punibilidad del lavado de dinero, es decir, un criterio que debe cumplir para ser considerado delito.

La ley de 2024 fijó el piso para perseguir el lavado en 150 salarios mínimos, unos 52 millones de pesos. Por debajo de esa cifra quedan exentos de investigación.

Ahora se analiza elevar ese número a 5.000 millones de pesos, lo que impediría perseguir importantes casos en trámite.

Según pudo saber , Mahiques se abocó en las últimas semanas a la tarea de una revisión pormenorizada de los cambios a presentar en el Congreso. El eje ordenador de los ajustes ya no sería librar la “batalla cultural” sino avanzar sobre lo seguro: agravamiento de penas y nuevos tipos penales.

En cambio, el oficialismo abandonó por ahora la idea de volver a penalizar el aborto, eliminar la figura de femicidio -que establece la pena máxima para el hombre que asesine a una mujer por cuestiones de género- y declarar como imprescriptibles a los delitos de corrupción.

“Iba a ser una guerra absoluta”, evaluó un referente libertario sobre la idea original, que finalmente quedó en pausa.

El nuevo criterio, que se inauguró con el desembarco de Mahiques y su viceministro de Justicia, Santiago Viola -en reemplazo de Sebastián Amerio, aliado de Santiago Caputo-, se afinca en la idea de avanzar con pasos firmes. “Cambiar las cosas, no polemizar en X”, sintetizan.

“No se va a enviar nada que no se haya revisado”, aseguró a una encumbrada fuente ministerial. La semana pasada, el ministro de Justicia se reunió con los tres magistrados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Tras ese encuentro se confirmó que el ministro hará consultas con el máximo tribunal sobre los ajustes del Código Penal y elevará un informe al presidente Javier Milei antes de su presentación formal.

El mismo principio rige para los pliegos judiciales que se enviarán al Senado. Se avanzará con aquellos que hayan sido revisados y presenten mayor urgencia: vacantes en fueros con alto impacto en el funcionamiento del sistema, pero menor exposición política. Los cargos en Comodoro Py, donde se investiga al poder, quedan fuera de la agenda inmediata.

El paquete de reformas penales en elaboración combina una ampliación de derechos para las víctimas con un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas que reflejan modalidades criminales en expansión.

Uno de los cambios más relevantes apunta a reforzar el lugar de las víctimas dentro del proceso penal. El proyecto introduce un “criterio de interpretación pro-víctima”, que obligará a jueces y fiscales a ponderar sus derechos con mayor amplitud, y les otorga un rol más activo en decisiones clave.

En paralelo, se busca tipificar conductas que hasta ahora no estaban contempladas de manera específica en el Código Penal, pero que forman parte del delito cotidiano. Entre ellas, las estafas piramidales, que pasarán a tener penas de entre tres y doce años de prisión, con agravantes cuando se acredite que la víctima no podrá recuperar el dinero invertido.

La misma lógica se aplicará a modalidades de robo que ganaron visibilidad en los últimos años. El proyecto incorpora figuras como las “viudas negras”, las salideras y entraderas, y los denominados motochorros.

En estos casos, además de fijar escalas penales específicas -que en algunos supuestos van de los dos a los 12 años- se introducen agravantes vinculados al uso de sustancias o cuando ocurren al ingreso o salida de bancos o escribanías.

También se avanzará sobre delitos vinculados al sistema migratorio. La iniciativa incorporaría al Código Penal figuras ya existentes en la legislación vigente -como el tráfico ilegal de personas o el fraude migratorio– y sumar nuevas conductas punibles, con penas que pueden alcanzar hasta los 20 años en los casos más graves. Entre ellas, el ingreso ilegal al país o la violación de prohibiciones de reingreso tras una deportación.

El endurecimiento alcanza, además, a otros frentes sensibles. Se prevé elevar las penas por grooming y explotación sexual infantil, con agravantes cuando las víctimas sean menores de 13 años o personas con discapacidad, y se incorpora un esquema más severo para la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

En materia de seguridad urbana, se incrementarán las sanciones por picadas callejeras -con penas de hasta seis años, que pueden escalar en caso de homicidio- y se crea un delito específico para la tenencia de armas dentro de establecimientos penitenciarios, con castigos más altos si hay participación de funcionarios.

El proyecto también incluiría un capítulo sobre incumplimiento de deberes familiares, con penas que pueden llegar a los seis años de prisión en casos de reiteración o evasión fraudulenta de obligaciones alimentarias. También una reformulación integral de los delitos vinculados al maltrato animal, que pasarán a estar incorporados directamente en el Código Penal, con escalas más elevadas.