POLITICA
Por qué Guillermo Francos levantó su exposición en el senado
La presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado de la Nación tuvo un final abrupto. Después de cuatro horas de exposición en un clima político tenso, el funcionario recogió sus papeles y abandonó el recinto sin previo aviso. Su salida intempestiva dejó la sesión en suspenso y obligó a la presidencia del cuerpo a reprogramar la continuidad del debate.
El detonante del retiro de Francos fue una acusación directa de la senadora Cristina López, de Unidad Ciudadana por Tierra del Fuego. Durante su intervención, la legisladora lo calificó de “mentiroso” y arremetió contra la política del Gobierno nacional para su provincia.
“Para usted y para el presidente Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras, poco les importa la soberanía del Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida”, afirmó López.
Ante la dureza de los términos, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, solicitó a la senadora que se retractara, a pedido del propio Francos. La legisladora ignoró la solicitud y continuó con sus críticas. En ese momento, el jefe de Gabinete se levantó de su asiento y se marchó del recinto. Voceros del funcionario justificaron su accionar: “Francos no acepta que le falten el respeto. Él siempre ha dado la cara en el Congreso”.
Tras un cuarto intermedio, la sesión se reanudó bajo la conducción de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, tomó la palabra y solicitó formalmente que se cite nuevamente al funcionario para que finalice su informe. La moción, que contó con el respaldo del resto de los bloques, fijó una nueva fecha: Francos deberá regresar al Senado el próximo miércoles a las 11 de la mañana.
Antes del altercado, la exposición de Francos transitó por varios temas que generaron fuertes contrapuntos con la oposición e incluso con senadores aliados. Uno de los más cuestionados fue el veto presidencial a la ley que creaba un fondo de emergencia para Bahía Blanca, ciudad afectada por un violento temporal en marzo. Francos defendió la decisión y argumentó que la responsabilidad financiera primaria corresponde a la provincia y al municipio, no a la Nación.
Otro foco de debate fue la advertencia del jefe de Gabinete sobre el impacto fiscal de dos proyectos de ley con media sanción de Diputados que buscan mejorar los ingresos jubilatorios. Según Francos, su aprobación representaría un costo de 0,8% del PBI, algo que el Gobierno no está dispuesto a afrontar para preservar el equilibrio fiscal.
Senadores como Marcelo Lewandowski, de Unión por la Patria, se hicieron eco del reclamo unificado de los 24 gobernadores por una mayor porción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una reformulación del impuesto a los combustibles. Francos admitió que la conversación con los mandatarios provinciales continúa abierta. “El tema de los ATNs lo podemos conversar. Todavía no hay acuerdo”, replicó.
El paro de actividades en el Hospital Garrahan también formó parte de la agenda. Francos sugirió que la protesta “tiene dos caras” y la vinculó a la reacción de los gremios por la implementación de un sistema biométrico para el control de asistencia y por haber sido desplazados de licitaciones clave de seguridad y residuos que históricamente obtenían empresas vinculadas a ellos.
En su discurso inicial, el jefe de Gabinete defendió los logros del Gobierno. Destacó que la inflación de mayo, del 1,5%, fue “el nivel más bajo registrado de los últimos cinco años”. Afirmó que, según el INDEC, los salarios superaron a la inflación en el primer trimestre y que “en nuestro primer año de gobierno 7 millones de argentinos salieron de la pobreza”, al tiempo que elogió la gestión de la ministra Sandra Pettovello por eliminar la intermediación en la ayuda social.
En materia de seguridad, resaltó que la tasa de homicidios de 2024 fue “la más baja de la historia argentina” y que los crímenes en Rosario disminuyeron un 65% con el Plan Bandera. Sobre el campo, evitó definiciones sobre la continuidad de la rebaja de retenciones para la soja, pero aseguró que el Gobierno trabaja para “sacar el peso del Estado de las espaldas de los productores”.
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En plena redacción de la reforma laboral, el Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de convocar a los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT) antes de hacer pública la versión final del proyecto que enviará al Congreso para tratar durante las sesiones extraordinarias de diciembre. Por los pasillos de Balcarce 50 hay quienes se muestran conformes con la composición de la nueva cúpula de la central liderada por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).
Según confirmó a Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial, el Poder Ejecutivo planea realizar un nuevo llamado a la central obrera, aunque por estas horas se trata de una idea incipiente, que podría tomar forma como una nueva convocatoria a los gremialistas que supieron visitar Casa Rosada para mantener encuentros con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
En consonancia, el ministro del Interior, Diego Santilli, protagonizó este mediodía un cruce exprés son los flamantes titulares cegetistas en un salón vip del Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el marco de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina.
En pleno diseño del detalle de lo que presentan como “modernización” del sistema labora, la administración libertaria busca incluir al sindicalismo, actor clave de la puja por los cambios, aunque reafirman que la redacción final correrá por cuenta de la Casa Rosada. Incluso, hay quienes se inclinan por cursar la invitación con la redacción cerrada. En eso trabaja el Consejo de Mayo los días 20 de cada mes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Entre los seis consejeros, la central tiene su representación en el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Germán Martínez.
Pese a los intentos conciliadores, el propio Martínez, quien asistió al menos a cinco reuniones del consejo, anticipó que hasta el momento no hay coincidencia en los borradores de la reforma. “En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23”, supo declarar a través de un comunicado luego del último intercambio.
Como contó Infobae, en paralelo a la escritura oficialista, la central entabló los primeros contactos con gobernadores para rechazar posibles normas “antisindicales”. Si bien hay poco detalle de las modificaciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que apuesta a ”incentivar la formalización laboral» a partir de la reducción de cargas patronales que busca ser reemplazado por un fondo de cese. También adelantó que aspira a “reducir fuertemente las deducciones” del Impuesto a las Ganancias y a avanzar en la creación de un régimen de nuevo empleo para incrementar la formalidad laboral.
Otro de los puntos que preocupa a las autoridades de la central es la posibilidad de que el proyecto de ley incluya la obligación de pedir autorización para convocar a asambleas de trabajadores en las empresas, lo que esconde la idea de desarticular potenciales convocatorias a medidas de fuerza.
Contactos fallidos y la esperanza por las nuevas autoridades
La elección de Sola, Jerónimo y Argüello para conformar la nueva dirección fue bien ponderada por un actor de peso del ecosistema libertario que no dudó en calificarlos como “una renovación positiva”. “No son un actor irrelevante. Son claves en el proceso de trabajo. Son gente capaz. Es renovación largamente reclamada”, definió ante Infobae un integrante de la mesa chica del mandatario.
El nuevo perfil dialoguista de la central esperanza al Gobierno que destaca el lugar que Martínez ocupa en la nueva conducción. Sin embargo, Cristian Jerónimo, uno de los nuevos dirigentes, anticipó en una entrevista con Infobae que “no está dispuesto a negociar ciegamente la reforma laboral del Gobierno” al tiempo que dejó abierta la chance de establecer un diálogo. “Estamos dispuestos, no a negociar, sino a sentarnos en una mesa. Nosotros también tenemos propuestas”, remarcó.
Ante los crecientes números que registra la informalidad laboral, la CGT propone la conformación de mesas tripartitas, con representantes del Ejecutivo y de las cámaras empresariales para masticar los debates y acercarse a una redacción de consensos. Esto había sido parte de un acuerdo entre los actores involucrados que nunca tuvo continuidad. En las filas libertarias no ven con malos ojos la posibilidad de tender nuevos puentes, pero no se privan de aclarar que la determinación final la tiene el Presidente.
De ocurrir, caras nuevas reeditarán el canal de diálogo ya abierto entre los actores. En agosto de 2024, Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Héctor Daer (Sanidad) fueron recibidos por Guillermo Francos y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para trabajar de manera coordinada en la redacción del articulado relativo a los bloqueos sindicales.
POLITICA
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
La división de la obra social de los militares sería la fórmula elegida por el Gobierno para alivianar la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que arrastra una deuda de $200.000 millones y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, además del corte de prestaciones que afecta a sus casi 600.000 afiliados.
La deuda crece a un ritmo de $20.000 millones por mes y los cortes en las prestaciones se registran en medio de situaciones extremas que atraviesan pacientes oncológicos, otros que son sometidos a trasplantes, los que afrontan patologías crónicas severas y los insulinodependientes, entre otros cuadros graves. La crisis se profundizó en los últimos dos años, en los que pasaron por Iosfa tres presidentes.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó hace dos semanas en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados su decisión de que la Prefectura y la Gendarmería “no estén más en el Iosfa y tengan su propia obra social”, su par de Defensa, Luis Petri, trabaja para constituir una nueva entidad que garantice la cobertura de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.
Ambos ministros quieren dejar encaminada una posible solución al desmanejo de la obra social antes del 10 de diciembre próximo, fecha en que pasará al Senado y Petri se sumará a la Cámara de Diputados.
Más allá de la crisis económica y financiera de la obra social –la tercera más grande del país, por sus dimensiones, detrás del PAMI y el IOMA-, Bullrich dijo en la reunión parlamentaria que las fuerzas de seguridad “se sienten mal en el Iosfa” porque hay prestaciones a las que no acceden. “Pagan burocracia y reciben menos servicios”, graficó. A eso se suma que las fuerzas federales tienen dos representantes en el Directorio y las Fuerzas Armadas, seis.
La ministra reveló que se está trabajando en reformular el Iosfa, , que fue creado por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 637/2013 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, al unificar las obras sociales que cada fuerza manejaba históricamente por separado. A juicio de Bullrich “se creó una superestructura que encareció totalmente el sistema” y en la práctica cada fuerza mantuvo la organización de su propia obra social.
Fuentes cercanas a la conducción de Iosfa confirmaron a que es necesario un DNU para modificar la norma vigente. Asimismo, desestimaron la posibilidad de que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pasen a tener una obra social propia. La obra social es conducida desde noviembre de 2024 por la contadora Betina Surballe, tras las gestiones sucesivas del médico Oscar Sagás y del contador Roberto Fiochi, ambos mendocinos y en cuyas administraciones la deuda se multiplicó.
Según pudo saber , una de las propuestas que se estudian en el Gobierno apunta a que la abultada deuda sea asumida por el Ministerio de Economía. Así lo expresa un borrador que circuló en las Fuerzas Armadas. “La referida obligación será atendida con cargo a las partidas presupuestarias vigentes del Ministerio de Economía, quien adoptará las medidas necesarias para la regularización contable y financiera de la deuda asumida, y efectuará las modificaciones presupuestarias que correspondan”, se mencionaba en un documento de trabajo.
En sectores militares preocupa que la deuda de Iosfa siga creciendo, a pesar de que están prácticamente cortados los servicios. “Sin dar prestaciones igual persiste el pasivo”, señaló una fuente castrense.
No está aún definido, en tanto, qué pasará con la actual organización territorial de Iosfa, especialmente con las delegaciones que se asientan en zonas donde solo tienen presencia la Prefectura y la Gendarmería, y en qué medida se mantendrá o se recortará el plantel de 2700 empleados.
En sectores castrenses, más que a la estructura de la obra social, sostenida con el aporte de los afiliados, preocupa que la presidencia de la obra social dependa del poder político de turno. “La injerencia política en la gestión ha sido el factor determinante de la crisis institucional y financiera”, resumió un general retirado, al reclamar que se permita que los militares dirijan su propia obra social con verdadera autarquía”.
Una opción también en estudio, que no conforma a las Fuerzas Armadas, es el posible incremento de los aportes de los afiliados, del 6% al 7% del sueldo, más otro 1% para la inclusión del grupo familiar. Los retirados también aportarían el 7% de los haberes de retiro, a lo que se sumaría otros 2% por el grupo familiar. Ante esta posibilidad, fuentes militares advirtieron que “el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para establecer tributos, que solo pueden ser regulados por una ley del Congreso”, al desechar la posibilidad de modificar las alícuotas por decreto.
De los casi 600.000 afiliados a Iosfa, se estima que el 60% corresponde a las Fuerzas Armadas y el 40% a las fuerzas de seguridad federales. Entre los militares, el Ejército suma 190.000 afiliados, la Armada unos 90.000 y la Fuerza Aérea, cerca de 70.000, según fuentes castrenses.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Patricia Bullrich,Luis Petri,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Reajuste salarial. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre,,Dos candidatos para Defensa. Petri acompañará a Milei a recibir los primeros aviones F-16 mientras se define su sucesión,,Histórico y crucial fallo
POLITICA
Confirman cómo será la nueva carrera para investigadores profesionales de la Policía Federal
A través de la Resolución 1291/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó los lineamientos de la nueva Carrera de Investigadores Profesionales de la Policía Federal Argentina, anticipada días atrás por Patricia Bullrich, quien dejará su cargo el 10 de diciembre para asumir como senadora.
La medida establece quiénes podrán postularse, cómo será la formación y cuáles serán los criterios de selección.
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Ingreso y requisitos para los postulantes
El texto oficial indica que podrán acceder quienes posean título universitario en áreas estratégicas como Ingeniería, Administración, Contabilidad, Tecnología, Criminalística, Ciencias Forenses, Informática, Ciberseguridad y Ciencias Exactas, entre otras. También se exige ser argentino nativo, tener hasta 40 años, antecedentes profesionales y de conducta intachables, y aptitud psicofísica certificada.
Los postulantes deberán aprobar todas las evaluaciones y pruebas de capacidad fijadas por el protocolo de ingreso a la fuerza o por el Comité de Selección Interinstitucional. Quienes cumplan con los requisitos serán dados de alta “en comisión” como Subinspectores del Escalafón Seguridad y realizarán un curso de formación inicial de nueve meses, que incluirá un posgrado del Instituto Universitario de la PFA y un curso de instrucción policial.
Jerarquización y formación de nuevos cuadros
La resolución también crea un Programa de Jerarquización para suboficiales con formación superior y experiencia en investigación, de hasta 35 años. Este grupo podrá cursar una diplomatura universitaria de nueve meses y ascender al grado de Ayudante.
Será obligatorio acreditar trayectoria comprobable en dependencias clave, como las Superintendencias de Investigaciones contra el Narcotráfico y Federales o la Dirección General de Inteligencia Criminal. Además, los aspirantes deberán superar evaluaciones psicotécnicas, sanitarias, socioambientales y de antecedentes penales, tanto personales como de su entorno familiar.
Los egresados serán destinados a las dependencias del Departamento Federal de Investigaciones, según las necesidades operativas del Ministerio. La Policía Federal deberá elaborar los planes de estudio y difundir el nuevo régimen de ingreso por los canales oficiales.
investigador, Patricia Bullrich, Policía Federal
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