CÓRDOBA.- El encarrilamiento del diálogo entre el presidente Javier Milei y los gobernadores es un punto clave para la gobernabilidad, un aspecto que pidió el acuerdo con los Estados Unidos y que los agentes económicos siguen con detenimiento. Entre las señales que pretenden dar desde la Casa Rosada está el régimen de extinción de obligaciones recíprocas incluido en el presupuesto 2026. Pero en ese proyecto el Gobierno no incluyó fondos para pagar las deudas que tiene con las provincias.

El stock de deuda de las provincias acumulado al segundo trimestre con distintos organismos nacionales es de $37.387 millones. A eso se agregan deudas de las provincias por $185.043 millones al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR, disuelto en julio) y $10.450 millones que le adeudan al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP, extinto por ley en febrero, cuando cumplió 30 años).

Por contrapartida, la deuda más importante de la Nación es con las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. La estimación de privados es de $2,3 billones.

Ese esquema de conciliación de deudas se anunció hace casi un año y desde entonces, 18 provincias adhirieron, pero solo seis firmaron convenios (Entre Ríos, Chaco, Chubut, Tucumán, Catamarca y La Pampa). Los que suscriben deben renunciar a demandas judiciales contra la administración central.

Las negociaciones de este régimen son bilaterales. El ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas semanas, firmó una adenda con Chubut y Tucumán.

Por ese acuerdo, Chubut tendrá a su cargo el cumplimiento y desarrollo de las obras de la Ruta Nacional N° 40 tramo empalme RN N° 26 (ex RP20) empalme RP N° 23 sección KM 1432,43 – 1474,71; de la Autovía Madryn – Trelew; la obra Malla 632 – Crema II – RN N° 40; y del Sistema Modular RN Nº 3 tramo empalme RP N° 27. Además, mediante el acuerdo se cancela la deuda del Estado Nacional por obras de vivienda en la provincia.

En relación con el acuerdo suscripto con Tucumán en el marco del Régimen, además de compensar deudas recíprocas, se transfieren a la provincia 2.716 viviendas del Programa Procrear. De esta manera, la provincia será la encargada de finalizar las viviendas y se cancela la deuda de convenio Casa Propia por otras 1.787 viviendas.

En el resto de las adhesiones no hubo mayores avances en todo este tiempo.

El régimen nació por decreto y fue Lisandro Catalán, entonces vicejefe de Gabinete del Interior y ahora ministro, quien explicó que se trata de un “sistema opcional”. Por el lado de la Nación, la cancelación de deudas puede hacerse con bienes nacionales como tierras, empresas o rutas.

Todo depende del interés del gobernador que recibirá el pago porque, en la mayoría de los casos, se trata de bienes que implican destinarles fondos. Un ejemplo concreto es la Fábrica Militar de Aviones (Fadea) en Córdoba, que es deficitaria. En algún momento se planteó que había interés de la Provincia que, de recibirla, tendrá que destinarle recursos propios.

Con datos de la consultora Politikon Chaco sobre números oficiales, en lo que hace a deudas a organismos nacionales, Corrientes con $12.133 millones al primer trimestre encabeza el ranking; le siguen Catamarca con $8.122 millones y Jujuy con $4085 millones. No le deben un peso a organismos nacionales, al menos hasta el segundo trimestre de este año, Buenos Aires, CABA, Formosa, Chaco, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza y La Rioja. Sobre La Pampa no hay datos.

El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional fue disuelto el 8 de julio a través de un decreto, en el marco de los 29 fondos fiduciarios que cortó la gestión libertaria, que siempre los criticó duramente, aunque sostiene varios. Había sido creado por ley en 1997, para financiar obras viales, energéticas, hidráulicas, urbanísticas y de saneamiento en las provincias y en el Estado Nacional mediante la concesión de préstamos. El año pasado tuvo ingresos por $135.594 millones y solo financió obras por $14.168 millones.

Las mayores deudas se registran con Neuquén ($43.447 millones); San Juan ($24.676 millones); Misiones ($16.547 millones); La Rioja ($16.419 millones); Chaco ($15.207 millones); Tucumán ($13.621 millones); Entre Ríos ($13.581 millones) y Formosa ($11.583 millones). CABA, San Luis, Santiago del Estero y Jujuy no deben nada.

Con el Fiduciario para el Desarrollo Provincial solo tres provincias mantienen deudas: Entre Ríos ($10.186 millones); Jujuy ($53 millones) y San Luis ($211 millones). Este fondo fue centro de una disputa entre la Casa Rosada y Chubut a inicios del 2024 cuando el gobernador Ignacio Torres denunció que le habían retenido parte de la coparticipación por una deuda.

La mayor deuda que mantiene la Nación con las provincias se concentra en las 13 que no transfirieron sus cajas de jubilaciones. Salvo en dos casos, la Anses no giró a las provincias ni un solo peso desde que asumió Milei, con lo cual ese pasivo se va acrecentando. Estimaciones privadas ubican esa deuda de la Nación a las provincias en $2,3 billones. Los giros, por ley, deben actualizarse por la movilidad previsional.

El gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos) incluyó esa acreencia en el régimen de extinción y está cobrando $2000 millones mensuales a cuenta del monto que definan las auditorías. El chaqueño Leandro Zdero no lo sumó. Córdoba recibirá hasta mayo próximo $5000 millones mensuales, por decisión de la Corte Suprema de Justicia. En el 2023, la Provincia presentó una demanda ante ese tribunal por unos $550.000 millones.

En el proyecto de presupuesto para el año próximo, el crédito previsto para pagarles deudas a las provincias es de $122.763 millones, casi la mitad del monto consignado en el proyecto del 2025. Apenas cubrirían los anticipos mensuales de los últimos déficits determinados por la Anses ($98.000 millones) que llegan hasta 2020 y están desactualizados.