POLITICA
Prisión domiciliaria y marcha: CFK enfrenta su momento más incierto, sin reaseguro de poder y con liderazgo en crisis
La convocatoria a Plaza de Mayo motorizada por el peronismo/K marca de hecho para Cristina Fernández de Kirchner el inicio de su etapa política más incierta: detenida bajo normas de prisión domiciliaria, sin reaseguro de poder y con liderazgo en crisis. Parece contradictorio, pero en realidad lo expone el esfuerzo kirchnerista para transformar la demostración callejera en una especie de relanzamiento, que no disimula diferentes grados de compromiso -efectivo o sólo formal- y fisuras internas. Los capítulos que vienen serán decisivos para perfilar si la ex presidente logra sostener una larga batalla o transita un paulatino final de ciclo político. En ese camino, asoman el test de la elección bonaerense, en septiembre, y la prueba nacional de octubre.
El fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena por la causa Vialidad generó una secuencia vertiginosa que comienza a pintar el nuevo cuadro del peronismo. También provocó una reacción medida de Olivos, mezcla de cautela y recalibración de la estrategia para la pelea en Buenos Aires. No es un dato menor para el círculo de CFK, que lo registra en su objetivo de sostenerse como contracara de Javier Milei en el juego de la elección del “enemigo”.
Por lo pronto, el principal espacio de oposición tuvo que recomponerse hasta formalmente. La conducción nacional del PJ debió volver a ocupar un lugar activo, más allá del sello, algo que repuso la ex presidente pero ahora sin ella en el sillón principal. Y todo indica que eso se agudizará a partir de ahora, por las condiciones de detención que impuso el tribunal federal. Nada será sencillo ni lineal en términos de jefatura política.
Atento a señales del Gobierno -desde el área de Justicia y desde las cercanías de Santiago Caputo, según trascendió- y también de la defensa, el TOF 2 evitó que la ex presidente tuviera que cumplir el trámite de estos casos en Comodoro Py. Como se esperaba, dispuso la prisión domiciliaria. Resolvió que sea con tobillera electrónica y añadió “reglas” que impedirían actos de CFK con saludos desde el balcón de su departamento, en el barrio de Constitución, y restringirían el contacto permanente con dirigentes y fieles.
Eso mismo plantea de entrada un interrogante sobre el grado y las formas de su ejercicio político. Básicamente, en lo que hace a la “conducción”, término que resume la concepción y el estilo del liderazgo en el peronismo. Eso mismo, a la par de complicaciones internas. La consigna de la pelea contra la “proscripción” difícilmente pueda jugar de manera excluyente en todo el tablero del PJ, pasado el impacto inicial. No sólo se trata de sectores con malestar de arrastre, sino incluso de franjas del propio espacio kirchnerista.
El kirchnerismo expuso diferencias en público sobre todo a partir de la decisión de desenganchar la elección bonaerense, firmada por Axel Kicillof. De hecho, esa pulseada fue consecuencia del proceso de desgaste sufrido por CFK. Lo había anticipado su decisión de jugar fuerte para ocupar la presidencia del PJ y lo profundizó después la intención de candidatearse como diputada por la tercera sección electoral de la provincia, un anuncio precipitado por lo que se venía venir en el frente judicial.
¿Quién será la voz de CFK? Se descarta que Máximo Kirchner. Está claro que ya ocupa el lugar de mayor peso en el entorno de la ex presidente pero el punto, ahora, sería la interlocución con las limitaciones de la prisión domiciliaria. La nueva realidad impacta de lleno en el armado del principal sostén del kirchnerismo -es decir, el PJ bonaerense-, pero se proyecta al resto del país.
En estas horas, José Mayans pudo anotar las dificultades para unificar posiciones y asegurar apoyos a CFK. Y eso ocurre en el momento de mayor conmoción por la decisión judicial. Es un interrogante la proyección para los días que vienen, con alguna distancia del caso y mayor cercanía de las elecciones.
Se destacan dos muestras de lo ocurrido en las tratativas encaradas desde el PJ nacional. La CGT mostró fisuras claras: de un lado, kirchneristas o simplemente duros con el Gobierno (bancarios, metalúrgicos, mecánicos), que no lograron imponer una posición más activa de respaldo a CFK y tampoco jugaron en solitario; y del otro, negociadores tradicionales que en algunos casos tienen viejas facturas pendientes con la ex presidente (construcción, sanidad, estatales de UPCN, comercio, gastronómicos, entre otros). Finalmente hubo documento formal de apoyo a la “compañera”, aunque sin impulso efectivo a la movilización.
Los gobernadores también exhibieron una paleta variada. Kicillof jugó activamente, con la mirada puesta en Buenos Aires y apuesta a su proyecto presidencial. También hubo respaldos con exposición pública de Ricardo Quintela y Sergio Ziliotto. Y posiciones medidas, como la del aliado Gerardo Zamora, o distantes, en particular de aliados visibles del Gobierno, como Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.
De todos modos, CFK cuenta con algunos elementos para sostener su lugar al menos camino a los comicios. Su capital personal sigue siendo de peso, especialmente en Buenos Aires. El punto es cómo se sostiene en la campaña, que desde el peronismo debería combinar el armado de listas con fuerte estructura local en cada una de las ocho secciones electorales -es decir, intendentes, que ponen en juego poder propio- y el factor nacional de la ex presidente.
Fuera del plano interno, impactará el modo en que se mueva Olivos. En cuanto a las listas, están abiertas aún las tratativas para cerrar trato con el PRO y alguna franja de la UCR, sobre todo atendiendo a intendentes en el interior de la provincia. El tema, en lo que hace a CFK, es si la sostendrán como contrafigura o correrán definitivamente el foco hacia Kicillof, siempre para salirse de la disputa sección por sección, y darle sentido de marca contra marca, libertarios contra kirchneristas, sin importar demasiado los candidatos en cada distrito.
Son las batallas que vienen, una vez pasado el primer y fuerte oleaje de la condena efectiva de Cristina Kirchner. Arranca otra serie.
South America / Central America,Government / Politics,BUENOS AIRES
La media sanción del proyecto de reforma laboral pemite que, ahora, el tratamiento parlamentario se lleve a cabo en la Cámara de Diputados y quienes deseen saber si hay paro de la CGT este jueves 19 de febrero, tendrán la respuesta de acuerdo a la decisión que tome el Congreso para la fecha de debate.
La central obrera determinó que hará una huelga general sin movilización, en coincidencia con el día de tratamiento de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. Esto puede ser el jueves 19 de febrero, o en su defecto el miércoles 25 de febrero.
Las chances de que haya paro de la CGT este jueves 19 de febrero son concretas, ya que el oficialismo en Diputados pretende que el tratamiento sea rápido y cuanto antes. De acuerdo a la información que trascendió en la últimas horas, los libertarios intentarán asegurar el quorum en el recinto y convocar a la sesión el jueves 19.
La idea del oficialismo es que se firme el dictamen de comisión el miércoles y poder llevar a cabo el tratamiento legislativo el jueves.
El avance de la reforma laboral depende, ahora, de las soluciones que se propongan al esquema de reducción de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente del trabajador. Este punto es el que mayor objeciones generó en los distintos bloques, aunque se suman otros cuestionamientos desde la oposición.
En el caso de que no se reúnan los avales esta semana, es probable que la sesión se pase al miércoles 25 de febrero, en cualquier caso, el plan del Gobierno es que se obtenga la aprobación antes de fin de mes.
La medida de protesta que anunció la CGT ya cuenta con el apoyo de diferentes gremios, incluso algunos de ellos ya habían dado su aval antes de la media sanción del proyecto.
Se sumarán al paro general: la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes y es conducido por Omar Maturano.
Además, está garantizado el apoyo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.
La CGT convoca a que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) se pliegue a la protesta y no haya servicio de colectivos, lo que redunda en un impacto mayor del reclamo sindical. Sin embargo, el gremio que comanda Roberto Fernández se encuentra bajo conciliación obligatoria que rige desde las 00:00 horas del 11 de febrero y establece un período de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios”.
Este es el cuarto paro que la central obrera realiza durante la gestión de Javier Milei.
Entre los focos más importantes que generan resistencia se encuentra el artículo por el cual, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo, como prevé la normativa vigente. En su lugar, cobraría el 75% si se tratara de, por ejemplo, una enfermedad, y el 50% cuando derivara de una conducta voluntaria.
Otro rechazo se encuadra en el financiamiento de las indemnizaciones por despido y la derogación de media decena de estatutos profesionales.
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POLITICA
Desde su internación en Punta del Este, Alberto Samid criticó a Nación y Provincia: «No me dieron pelota con el avión sanitario»
El empresario y dirigente peronista Alberto Samid se refirió a su estado de salud y apuntó contra autoridades bonaerenses y nacionales por la falta de respuesta ante su pedido de traslado sanitario.
Desde el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, donde permanece internado, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó duramente a funcionarios por no haber gestionado el operativo para regresar al país.
Leé también: Internaron a Alberto Samid en Uruguay: su familia pide un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires
“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es. Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos”, posteó.
Y finalizó: “Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono.”
El mensaje, fechado “Sanatorio Cantegril 17-2-26” y firmado como “ALBERTO JOSÉ SAMID”, se suma al pedido público que había realizado su familia para concretar el traslado en avión sanitario hacia Buenos Aires.
Marisa Scarafía, su esposa, publicó un comunicado en las redes del excandidato a diputado donde informó sobre su estado de salud.
Por qué internaron a Alberto Samid en Punta del Este
“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es, pero es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, explicó la mujer en un comunicado.
Tras ello, contó que el empresario conocido como el “Rey de la carne” necesita ser trasladado a Buenos Aires en avión sanitario e hizo una solicitud a las autoridades bonaerenses. “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, insistió.
Alberto Samid, Punta del Este
Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El debate legislativo podría ser este jueves o el miércoles 25 de febrero.
Sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendría la adhesión total de los gremios del transporte. La medida significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.
La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio sostuvieron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.
El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.
La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate.
Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.
Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”.
Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, manifestó este martes en diálogo con LN+ que “hasta el momento el sindicato de colectiveros y la UCRA no nos notificaron de ningún paro: todo lo que sabemos es a través de los medios”.
“Nosotros controlamos 68 líneas de colectivos en el AMBA, pero hasta el momento no tenemos una confirmación oficial”, insistió.
La CGT definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley de la reforma laboral: la fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero.
En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.
¿Hay paro de la CGT este jueves 19 de febrero?
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