Un pequeño expediente abriga grandes esperanzas para Claudio “Chiqui” Tapia y Ariel Pablo Toviggino en la causa que los tiene procesados junto a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no pagar en plazo una millonaria deuda al fisco.

Se trata de un incidente que tramita en silencio al interior mismo de la causa. Con él, el presidente y el tesorero de la AFA buscan torcer una tendencia del fuero Penal Económico y hacer caer toda la causa en su contra, sin pena ni juicio.

Los dirigentes apelan allí a la “reparación integral”, una figura todavía novedosa, discutida dentro y fuera de los tribunales, que cobró especial protagonismo en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas.

Aprobada en 2015, la herramienta está diseñada para cerrar procesos en etapas tempranas, a cambio de que el acusado brinde alguna “contraprestación” que pueda compensar la totalidad del daño ocasionado. Puede ser dinero, aunque no exclusivamente.

No hay una huella totalmente definida en la jurisprudencia sobre el alcance de su aplicación, pero según las fuentes consultadas existe un consenso mayoritario en que su objetivo es barrer con los casos menores, donde es fácil definir los daños y extinguir el conflicto.

En la causa del fútbol, donde la Justicia constató una “evasión” de más de 19 mil millones de pesos, el enfoque de la reparación integral fue introducido por el abogado del tesorero Toviggino, Marcelo Rochetti, pero fuentes judiciales señalaron que rápidamente se plegaron al planteo Tapia y la propia AFA, que también está procesada en tanto persona jurídica.

El mecanismo tiene buena recepción en el fuero Penal Económico, pero en delitos distintos a los tributarios. El impositivo es justamente el terreno en el que Tapia y Toviggino debaten su suerte.

Sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigentes de AFA consideran que con la nueva ley de inocencia fiscal, sancionada a fines del año pasado junto al presupuesto 2026, el Gobierno entreabrió una puerta por la que pueden colar su planteo, que es técnico y se juega en unos pocos renglones de la norma.

Tapia y Toviggino sostienen que la reparación integral debe aplicarse en su caso particular porque la nueva normativa -que elevó exponencialmente los montos a partir de los cuales se configuran los delitos- prohíbe expresamente en uno de sus párrafos el uso de la reparación integral solo para un grupo puntual de delitos, en los que no figuran aquellos por los que fueron acusados, que son la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y la apropiación indebida de tributos.

En esa omisión del texto de la ley anclan sus expectativas Tapia y Toviggino. El planteo adquiere una dosis adicional de arrojo: considera que el daño ocasionado ya fue enmendado con el pago de la deuda y sus intereses.

Es decir que, a diferencia de otras causas, como en Cuadernos, donde empresarios llegaron a ofrecer hasta más de un millón de dólares para evitar ir a juicio, en su propuesta de reparación integral Tapia y Toviggino no ofrecieron a la Justicia nada más de lo que debían y ya pagaron.

Es una visión sobre el perjuicio, pero hay otras, más amplias, que suponen que el daño va más allá de lo que el Estado dejó de percibir en su cuenta corriente. Una fuente del fuero penal económico respalda esta postura con una sentencia de la Casación de abril del año pasado en una causa por evasión. En el fallo, el juez Gustavo Hornos refrenda a ARCA como querellante y “víctima directa” del delito, pero subraya especialmente que el daño no es meramente patrimonial, sino también “social”.

“(…) el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas”, sostiene el juez.

El juez del caso AFA, Diego Amarante, también reparó en la dimensión social de haber privado al fisco miles de millones pesos.

Al procesar a Tapia y Toviggino -junto a Cristian Malaspina (Secretario General), Víctor Blanco (ex Secretario General) y Gustavo Lorenzo– el magistrado sostuvo que, estando la AFA en condiciones económicas de afrontar el pago, no lo hizo, lo que no solo significó una mayor “disponibilidad” de dinero para la casa matriz del futbol, sino también un “desprecio” contra el pueblo.

“Muy en especial [contra] el colectivo al que se encontraban destinados esos recursos, como lo son los jubilados y demás beneficiarios del sistema de la seguridad social”, precisó el juez.

Distintas fuentes judiciales coinciden en señalar que en asuntos tributarios hay una “inclinación marcada” tanto en la Cámara Penal como de la Casación de marginar a la reparación como mecanismo en causa tributarias, por lo que las chances del planteo de prosperar son escasas, sugieren.

“Los delitos tributarios tienen una forma particular de extinguir la acción penal, prevista en el art 16 del régimen penal tributario”, advierte una de esas voces. El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, todavía no opinó sobre el pedido de Tapia y Toviggino. La defensa del dirigente Malaspina, en manos del abogado Lucio Simonetti, pidió el jueves pasado que lo haga antes que las partes.

Se abrirá una nueva discusión respecto a si la opinión del fiscal, en tanto representante del interés público, es o no vinculante; y si en el caso de coincidir con la de las defensas el caso se cierra automáticamente. Un escenario así es muy improbable, puesto que el fiscal no tuvo concesiones en sus pronunciamientos previos y acaba de pedir incluso agravar la pena contra los dirigentes.

Los Cuadernos

Algunas notas de esta discusión ya se escucharon en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en simultáneo a los ofrecimientos que hicieron los empresarios para no ser juzgados y extinguir la acción penal en su contra.

La fiscal Fabiana León y la UIF como querella se opusieron a los planteos y a la idea general, por ser una suerte de “mercantilización de la corrupción”. “Mi fiscalía no vende impunidad”, dijo la fiscal, que consideró que “el daño causado no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima”.

El Tribunal rechazó los planteos de los empresarios imputados, al considerar vinculante la postura de la fiscal León. Sin embargo, no faltaron quienes marcaran tras el fallo que el instituto de la reparación integral se encuentra plenamente vigente y que el Tribunal no debió rechazarlas, sino en todo caso considerar las ofertas de reparación como “insuficientes”.