POLITICA
Promulgaron el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal tras la aprobación del Senado

El viernes 26 de diciembre, el Senado aprobó por amplia mayoría el primer Presupuesto bajo la gestión de Javier Milei luego de una sesión que se extendió por más de ocho horas. Ahora, el Gobierno publicó en Boletín Oficial la reglamentación tanto del plan fiscal 2026 -bajo el decreto 932/2025-, como de la Ley de Inocencia Fiscal.
Tras el debate en la sesión especial del Senado, la votación fue positiva y se aprobó en general el Presupuesto 2026. La victoria fue por amplio margen: 46 votaciones afirmativas ante 25 negativas. Solamente hubo una abstención.
El cálculo para el período que comienza contempla una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual estimada en 10,1% y un valor del dólar que, según el Gobierno, alcanzará los $1.423 en diciembre del próximo año. De acuerdo con lo informado por la Casa Rosada, se proyecta un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. Además, las exportaciones tendrían un aumento del 10,6%.
El Presupuesto prevé también la evolución de la demanda agregada para el próximo año. Las proyecciones oficiales señalaron que el consumo privado crecería 4,9%, lo que implica una reducción de 5,3 puntos porcentuales respecto a la estimación para 2025. En cuanto al consumo público, se espera un incremento del 1,2%, superior en 1,4 puntos al registro de este año. Por su parte, la inversión presenta una expectativa de crecimiento del 9,4%.
“Estímase para el Presupuesto del Sector Público Nacional, Ejercicio Fiscal 2026, un resultado financiero superavitario de pesos dos billones setecientos treinta y cuatro mil veintinueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco ($2.734.029.655.055)”, establece el texto de Ley 27798. Pese a las diferencias que generó el proyecto en el Congreso, el Senado terminó por aprobar la ley de leyes con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.
El artículo 30 del capítulo 2 fue uno de los temas que más dudas generó durante el debate, debido a que contemplaba la eliminación de cláusulas relacionadas con el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa.
De hecho, el texto publicado derogó:
- El artículo 9° de la Ley de Educación Nacional (26.206), el cual obligaba al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a destinar al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) al financiamiento del sistema educativo nacional.
- El inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565, que creaba el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y establecía que el 0,8% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional se debían destinar al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas, incluyendo inversiones en ciencia y tecnología para la defensa.
- El artículo 52 de la Ley 26.058 (Educación Técnico Profesional), que creaba el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FNEP)
- Y los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 (Financiamiento de Ciencia y Tecnología), que establecían una meta de inversión progresiva en ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de alcanzar el 1% del PIB en 2032
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Inocencia Fiscal

En paralelo a la aprobación del Presupuesto 2026, el Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que modifica el régimen penal tributario y los procesos de control fiscal. El objetivo es facilitar el uso de ahorros en dólares fuera del sistema bancario y simplificar los trámites para los contribuyentes. Según el Indec, al cierre del tercer trimestre de 2025 los argentinos mantenían alrededor de USD 254.000 millones fuera del sistema financiero.
La ley no habilita un blanqueo de capitales ni cambia la estructura del Impuesto a las Ganancias, sino que permite a los contribuyentes usar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin enfrentar sanciones por parte del fisco, siempre que no superen ciertos límites. En este sentido, quedan excluidos de este beneficio quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.
Entre los principales cambios que introduce la norma se destacan:
- Principio de Inocencia Fiscal: el Estado presume que los contribuyentes cumplen sus obligaciones y solo investiga si hay pruebas concretas de incumplimiento. Ya no se podrá suponer automáticamente la existencia de evasión.
- Ajuste de los montos penales: se actualizan los valores a partir de los cuales la evasión se considera delito penal, y se permite cancelar deudas y evitar causas penales si se paga antes de que se inicie la denuncia, aunque solo se podrá hacer una vez por persona.
- Extinción de la acción penal: si el Estado pierde la posibilidad de reclamar una deuda por vía administrativa, tampoco podrá hacerlo por la vía penal. No se podrán cerrar causas de evasión con mecanismos de conciliación como sucede en otros delitos.
- Penas por simulación: quienes utilicen documentos falsos o maniobras engañosas para simular el pago de impuestos podrán recibir entre dos y seis años de prisión si el monto involucrado supera ciertos valores, medidos en salarios mínimos.
- Actualización automática de montos: los valores de referencia para multas y delitos se ajustarán cada año según la inflación y deberán publicarse oficialmente.
- Cambios en plazos y multas: se reducen los plazos de prescripción a tres años para quienes cumplen regularmente, y se eliminan suspensiones automáticas. Las multas administrativas para individuos y pymes bajan hasta un 90%, pero no para grandes empresas.
- Declaración jurada simplificada: personas físicas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones podrán optar por una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias
- Efecto sobre ahorros en dólares: la ley no establece un blanqueo, pero reduce el riesgo de fiscalizaciones automáticas si los ahorros no superan los límites y no hay inconsistencias graves en las declaraciones.
- Modernización fiscal: El éxito de la reforma dependerá de que el organismo recaudador implemente tecnología y mejore sus sistemas de control.
- Multas más altas: las sanciones por no presentar documentación pasan de $200 a $220.000 para personas y de $400 a $440.000 para empresas, aunque habrá un periodo de aviso antes de aplicar la multa.
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POLITICA
De proyecto de poder a fuerza marginal: la peor pesadilla del kirchnerismo se volvió real

No es “Pesadilla en la calle ELM”, el gran éxito de Freddy Krueger. En todo caso es pesadilla en la calle San José, la peor pesadilla de la señora condenada está sucediendo.
Les ganó un panelista de “Animales Sueltos”. Llegó al poder sin diputados, senadores ni gobernadores. No para de sacar leyes importantes. Y encima ahora se parte el bloque peronista en el Congreso.
¿Qué genera esto? Desesperación. ¿Cómo reacciona alguien que está desesperado? Con violencia. ¿Qué dijo ayer José Mayans, el presidente del bloque peronista en el Senado? “Javier Milei tiene comportamientos parecidos a los de Videla”.
Esto se llama desesperación. Mayans compara a un gobierno democrático con una dictadura que tuvo secuestros, desaparecidos, robo de bebés, torturas, centros clandestinos, vuelos de la muerte y listas negras.
¿Por qué la desesperación de este hombre? Porque el peronismo perdió casi por completo el control del Senado. Es más, con las nuevas fugas es probable que queden con apenas 21 senadores propios. Estamos hablando de un derrumbe histórico en serio. Hay que remontarse a 1993 cuando tuvieron 30 senadores bajo el gobierno de Carlos Menem. Es un retroceso realmente impactante.
- En 2019, cuando gana Alberto Fernández, llegan a 41 senadores propios. Control absoluto del Senado.
- En 2021 pierden las elecciones legislativas y se van a 35 senadores.
- En 2023 gana Milei y se van a 34 senadores peronistas.
- En 2025 vuelven a perder las elecciones de medio término y se van a 30 senadores propios.
Lo que está pasando ahora es que hay fugas de senadores peronistas y el bloque estaría quedando en 21.
Bueno, acá tenés la explicación de las barbaridades que dicen. Es una escena conocida. Se achica el poder; se agranda la boca. Gritan más, tiran piedras, se radicalizan, suben el volumen, venden miedo. Y terminan hablando de Videla y de Massera.
Lo mismo hizo Juan Grabois: “Van a terminar yéndose en helicóptero igual que en el 2001”.
Hay una diferencia muy importante entre el 2001 y el 2016: la gente. La sociedad argentina aprendió que los golpes institucionales hacen mucho daño.
Con los años aprendimos que ese diciembre de 2001 fue gestado desde las entrañas del Conurbano:
- Balestrini en La Matanza
- Quindimil en Manus
- Cacho Álvarez en Avellaneda
- Mussi en Berazategui
- Granados en Ezeiza
- Ishii en José C. Paz
- Rossi en Lomas de Zamora
- Othacehé en Merlo
- Mariano West en Moreno
- Curto en Tres de Febrero
Después de esa crisis el país voló por el aire: cinco presidentes en un mes, 56% de pobreza, saqueos, muertos en la calles, piquetes, Kosteky y Santillán, secuestros. Con el tiempo, la sociedad entendió que ese helicóptero que se llevó a De la Rúa no fue genuino, no fue casual, no fue espontáneo y condujo a la Argentina al peor momento de su historia.
Pues bien, no hay más lugar para esa porquería a pesar de que el kirchnerismo se muera de ganas. Mucho menos si la alternativa que tienen es volver a Alberto Fernández. Ayer, el senador Mariano Recalde dijo: “El gobierno de Alberto fue 10 veces mejor que el de Milei”.
Algunos datos del Gobierno de Alberto Fernández:
- Llevó la pobreza del 35% al 53%.
- Llevó el dólar de $60 a $1200.
- Llevó la inflación del 54% anual al 211% anual.
- Llevó los piquetes de 5400 por año a 8300 por año.
- Llevó los homicidios narco en Rosario de 138 a 260.
- Llevó las reservas netas del Banco Central de US$5000 millones a reservas negativas de U$S 13.000 millones.
Pero el senador Recalde dice que Alberto fue “10 veces mejor” que Milei o Macri. Lo divertido de esta gente es que se pelean con los datos.
Ahora bien, el hecho de que la oposición sea una verdadera pesadilla no habilita al gobierno a hacer cualquier cosa. ¿Hace falta una reforma laboral? Sí. ¿Hace falta terminar con la industria del juicio? Sí. Pero cuidado con meterse con el sueldo de la gente.
Esperemos que lo corrijan en serio. Grave error del gobierno meterse con el sueldo de la gente. No es por ahí muchachos. Vamos de nuevo. ¿Hace falta una reforma laboral? Por supuesto.
La Argentina tiene 2200% más juicios laborales que Chile.
- Chile: 5,8 juicios cada 10.000 empleados.
- España: 8,5 juicios cada 10.000 empleados.
- Argentina: 132 juicios cada 10.000 empleados.
Pero no se metan con el sueldo. Porque el sueldo ya es lo suficientemente malo como para que encima jodan a personas con cáncer. No se pasen de listos con el bolsillo de la gente.
Una cosa es meterse con la industria de los juicios: estamos de acuerdo. Una cosa es meterse con las cajas sindicales millonarias de sindicalistas corruptos: estamos de acuerdo. Una cosa es meterse con los paros salvajes de Baradel o de la UTA o de ATE o de Camioneros: seguimos de acuerdo. Pero no se metan con el sueldo de la gente porque están haciendo una de más.
Dejen tranquila a la gente que labura. Porque te podes enfermar, porque podés tener un accidente, te podés lesionar. Se los digo con todo respeto… Resulta muy poco empático que ministros que tienen millones de dólares empiecen a descontar sueldos. Es verdad que hay abusos con licencias, pero ataquen eso con precisión quirúrgica porque el horno no está para bollos.
Ahora, fijate cómo reacciona la oposición violenta. Este último es Gabriel Solano, el líder del Polo Obrero. Para ellos la violencia es un negocio. Porque durante toda la vida fueron reguladores de gobernabilidad. Los gobiernos les pagaban para que no agiten la calle. Y ahora se encontraron con que el chorro se cortó y están desesperados.
Lo interesante es que el kirchnerismo se parece cada vez a ese Polo Obrero violento. La peor pesadilla del kirchnerismo se volvió real. Dejaron de ser un proyecto de poder para convertirse en una fuerza marginal. Sin volumen electoral, sin liderazgo claro, sin ideas, sin horizonte.
Hoy apelan al ruido y al conflicto como último recurso para no desaparecer.
Asimov: “La violencia es el último refugio de los imcompetentes”.
Opiniones Libres; hechos sagrados.
cristina kirchner
POLITICA
Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT desde que asumió: cuál es el récord en democracia que registra

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Javier Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT a 802 días (o 2 años, 2 meses y 9 días) de haber asumido su gobierno (si la protesta se realiza este jueves).
De todas formas, nadie le sacará el récord que mantiene y que no merece festejo alguno: soportó la huelga general más temprana registrada en democracia para un presidente electo, ya que inició la gestión el 10 de diciembre de 2023 y apenas a los 45 días, el 24 de enero de 2024, se hizo un paro general contra el DNU 70.
En efecto, Milei se ubica como el segundo mandatario que vivió una medida de fuerza de esta magnitud con mayor rapidez desde el regreso de la democracia, según un relevamiento efectuado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Esta celeridad en la conflictividad sindical sólo fue superada por Fernando De la Rúa, que afrontó tres paros generales en 182 días de gobierno.

El fenómeno revela una tendencia: los presidentes no peronistas suelen atravesar más paros en menos tiempo que sus pares peronistas y, en el caso de Milei, la secuencia coloca a su administración en una posición de alta conflictividad de la CGT desde el primer año.
El 24 de enero de 2024, a sólo 45 días de su asunción, Milei ya había enfrentado el paro general más temprano en la historia democrática argentina para un presidente electo y luego el intervalo entre la segunda medida de fuerza, el 9 de mayo de 2024, y la del 10 de abril de 2025, marcó otro dato llamativo: pasaron 334 días entre el segundo y el tercer paro, registrando el mayor intervalo para un mandatario de la etapa contemporánea.
Desde 1983 hasta hoy en el país se registraron 46 paros generales, según el estudio, y de ese total, 29 huelgas recayeron sobre gobiernos no peronista, en sólo 13 años de gestiones ejercidas por Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei.

En contraste, las administraciones peronistas sumaron 16 paros generales distribuidos a lo largo de 28 años de gobierno. Dentro de este grupo, Alberto Fernández no padeció ninguna medida de este tipo, mientras que Néstor Kirchner tuvo sólo un paro general y Eduardo Duhalde, dos. Carlos Menem y Cristina Kirchner, en su segundo mandato, completan la lista con 8 y 5, respectivamente.
El informe precisa que los presidentes no peronistas enfrentaron en promedio 8,67 paros por administración, frente a un promedio de 2,29 huelgas durante las gestiones peronistas. En términos porcentuales, estos mandatarios debieron afrontar casi el doble de paros generales que los gobiernos del PJ: un 64,5% de los paros en menos de la mitad del tiempo de gestión.
Raúl Alfonsín fue el jefe de Estado que más paros sufrió, con 13 durante su mandato. Le siguen Carlos Menem y Fernando De la Rúa, ambos con 8. Cristina Kirchner y Mauricio Macri registraron 5, mientras que Duhalde y Néstor Kirchner sumaron dos y uno, respectivamente.

El estudio, dirigido por Marcelo Bermolén, titular del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, resalta que Macri forma parte del podio de presidentes no peronistas con menor cantidad de paros generales. Fue el único mandatario de ese espacio político que pudo finalizar su primer año de gobierno, en 2016, sin que el sindicalismo declarara una huelga general.
Los picos de conflictividad más altos se dieron durante 2000 y 2001, con la presidencia de De la Rúa, y en 1986 en la gestión de Alfonsín. En tanto, varios periodos no tuvieron registros de paros generales: entre 1989 y 1991, en 1993 y en los años 1998 y 1999, todos durante el mandato de Menem; de 2003 a 2006 con Néstor Kirchner; entre 2008 y 2011 y en 2013, bajo gestión de Cristina Kirchner; el año 2016 con Macri; y toda la etapa 2020-2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.
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POLITICA
Cuál es la estrategia del Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y qué va a pasar con el capítulo de las licencias médicas

Luego de la revuelta que provocaron los cambios en las licencias por enfermedad en la reforma laboral que quiere aprobar el Gobierno, el oficialismo definió dio marcha atrás con parte del articulado.
En el artículo 44, que ingresó de manera silenciosa durante el debate del miércoles pasado en el Senado, se plantea que al trabajador se le recortará el sueldo durante las licencias por enfermedad (hoy contenido en el artículo 208). Se le pagará el 75% si se trata de enfermedades “involuntarias” (gripe, cáncer, operaciones, etc) y el 50% en el caso de que sean “voluntarias”, es decir por hacer una actividad en donde el empleado sabía que corría riesgo (haciendo deporte, por ejemplo).
Leé también. La CGT convocó a un paro general para el día en que se trate la reforma laboral en Diputados
Este domingo, en TN, la senadora de LLA, Patricia Bullrich, planteó que, frente al reclamo que despertó este cambio, se hará una modificación especial.
“Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas,degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un100% del salario.Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, dijo en TN de Noche.
El punto es que, si se hace una modificación durante el tratamiento en comisión o en Diputados, la ley tiene que volver al Senado para su aprobación final. Esto demoraría la expectativa del oficialismo que es cerrar el período extraordinario con la reforma laboral aprobada y en marcha.
Es por eso que LLA diseñó una estrategia para intentar subsanar esta situación: aprobar la reforma laboral tal como vino del Senado, pero introducir un cambio a la hora de reglamentarla. Puede ser por una ley complementaria o con un cambio en la reglamentación. Así lo confirmó esta tarde el diputado libertario, Luis Petri.
Ahora lo que queda para el oficialismo es sumar las voluntades de los aliados y dialoguistas para garantizar el apoyo durante el tratamiento en comisión este miércoles y posterior sesión el jueves.
En el PRO ya advirtieron que el punto tendrá que cambiarse en Diputados y que esta discrecionalidad que pretende el Gobierno no sería posible. “Creemos que este punto debe revisarse en Diputados para lograr una redacción más equilibrada, que brinde previsibilidad y controles adecuados sin afectar la protección del trabajador”, dijo Cristian Ritondo a La Nación.
Senado, reforma laboral
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