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Qué dice la ley que fue impulsada por Máximo Kirchner para el manejo de tierras que el gobierno derogará

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El Gobierno anunció que derogará la modificación a la ley de manejo del fuego aprobada en 2020, una normativa que había sido impulsada por Máximo Kirchner para regular el uso de tierras luego de un incendio. El anuncio fue realizado este martes 9 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación del informe final del Consejo de Mayo en la Casa Rosada.

La iniciativa original nació en un contexto de preocupación por los focos ígneos registrados ese año en campos, sierras y bosques nativos. Su promotor fue el santacruceño Máximo Kirchner, entonces jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, quien dio forma a una legislación frente al uso de las superficies quemadas. El texto prohibía durante extensos plazos modificaciones en el destino de los terrenos afectados por el fuego, bajo la premisa de que existían intereses inmobiliarios y productivos que incentivaban la generación intencional de incendios.

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Según los fundamentos del proyecto presentado, la ley buscaba “proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies”.

El gobierno actual, encabezado por el presidente Javier Milei, comunicó en el informe del Consejo de Mayo su determinación de revertir la política establecida por Kirchner. Según Adorni, “se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kichner que atenta directamente contra la producción”. El anuncio incluye la derogación de los artículos vinculados a las restricciones de uso y destino de la tierra en el marco de la Ley 26.815, como también la restitución de la versión original del artículo 22 bis, previa a la reforma de 2020.

La normativa impulsada por Máximo Kirchner prohibía cambios de uso en terrenos afectados por incendios hasta por 60 años

La decisión oficial se enmarca en una batería de medidas orientadas a liberalizar y agilizar los procesos de producción agropecuaria, la compraventa de tierras y la flexibilización de los condicionamientos impuestos a propietarios de campos afectados por el fuego. El equipo de gobierno fundamentó la iniciativa en la necesidad de eliminar trabas que —a su criterio— reducen la productividad y dificultan la recuperación económica de los sectores rurales, argumentando que resultaba contraproducente impedir durante décadas el desarrollo de actividades distintas a las registradas antes del incendio.

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La ley impulsada por Kirchner incluía reglas precisas para registrar las restricciones sobre las superficies afectadas en cada jurisdicción, habilitando la extensión de los plazos de prohibición si así lo determinaba el ordenamiento territorial de los bosques nativos provincial. Además, establecía la coexistencia de la normativa nacional con otras leyes locales o tratados internacionales que otorgaran mayores beneficios de protección ambiental.

Adorni fundamentó la derogación en la necesidad de impulsar la producción agropecuaria y la compraventa de tierras

Durante aquella discusión la norma encontró resistencia en sectores rurales nucleados en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que expresaron públicamente su “enorme preocupación”. Desde la entidad se cuestionó que la iniciativa no distinguía la intencionalidad o culpabilidad respecto de los incendios y que consideraba a priori que los propietarios generaban quemas para hacer negocios. En un comunicado publicado durante el debate, CRA advirtió sobre la “manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”.

El Congreso sancionó y promulgó la ley en diciembre de 2020. El texto fue firmado por la presidencia del Senado, el titular de la Cámara baja y avalado por el Poder Ejecutivo.

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Actualmente, las modificaciones al sistema federal de manejo del fuego aprobadas en 2020 quedarán sin efecto tras la derogación impulsada por el Gobierno nacional, restableciéndose el régimen vigente antes de la iniciativa de Máximo Kirchner y permitiendo la reactivación de operaciones inmobiliarias y productivas sobre los campos incendiados, sin los plazos de restricción originalmente estipulados.

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Javier Milei recibirá hoy a Manuel Adorni en Olivos en un nuevo gesto de apoyo en medio de las denuncias

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Pese a cumplirse más de un mes desde que es protagonista de la agenda política por diferentes episodios adversos para el Gobierno, en la Casa Rosada cierran filas y aseguran que la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no está en duda.

Este posicionamiento viene impartido, principalmente, por la cúpula del Poder Ejecutivo, que no está dispuesta a ceder en su apoyo al ministro coordinador, a pesar de los diferentes frentes judiciales que se abrieron en las últimas semanas.

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Como parte de esa gestualidad, el presidente Javier Milei convocó a Adorni a una reunión a las 10 de la mañana en la Quinta de Olivos. En el entorno del jefe de Gabinete y vocero presidencial afirman que el encuentro será mano a mano y que “van a hacer un repaso de la agenda”.

Todavía no está definido si habrá una foto entre ambos. Hace dos semanas, Milei y Adorni mantuvieron una reunión de similares características, que también tuvo como objetivo mostrar el respaldo presidencial a la figura del ministro coordinador. Quien se encargó de publicar la selfie entre ambos fue el mismo Adorni. “El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”, escribió en ese momento.

Desde entonces, la compleja situación mediática del jefe de la administración del Estado ha persistido, pero con la gravedad de que el escenario judicial se agudizó. Como última novedad, la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte de Adorni fue citada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario.

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Además, según fuentes judiciales con las que dialogó Infobae, podría trascender en las próximas horas detalles de otros supuestos viajes realizados por el funcionario nacional.

Por lo pronto, cerca de los hermanos Milei cierran filas y afirman que no cederán ante “presiones mediáticas y judiciales”. Ellos son los principales sostenes del ministro coordinador. De hecho, Javier Milei reposteó ayer un mensaje en X del filósofo Alejandro Rozitchner que culpaba a los medios de comunicación de los escándalos de las últimas semanas: “Creo que es evidente que la corrupción está en los medios y no en Adorni”.

De manera precautoria, el jefe de Gabinete decidió no hacer una conferencia de prensa con los periodistas acreditados en Casa Rosada durante este miércoles. La realización de ese acto había sido divulgada por parte del entorno del vocero presidencial hacia finales de la semana pasada, cuando los descubrimientos de las causas judiciales tenían un matiz menor. Como nunca se confirmó de manera oficial, en la Jefatura avisan que no hubo cancelación de la conferencia.

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Integrantes del ala comunicacional del Gobierno consideraron que la ronda de preguntas hecha la semana pasada no tuvo un saldo positivo. En ese entonces, el funcionario se limitó a responder al respecto de la incorporación de su esposa, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial en Estados Unidos, así como de la forma en la que se pudo haber costeado el viaje con su familia y su amigo, Marcelo Grandio, a Punta del Este. Sobre este último episodio, Adorni dijo que lo había pagado de su bolsillo, aunque no dio mayores explicaciones y dijo que toda la documentación la presentará oportunamente en la Justicia. En los dos días siguientes, el juez Ariel Lijo recibió dos declaraciones por parte de los responsables de la empresa de vuelos privados en las que se aseguró que el pago había sido hecho por Grandio.

Durante la conferencia, Adorni buscó terminar con las especulaciones sobre dónde vive: reconoció que se encuentra en un departamento en el barrio de Caballito y que ya no estaba más en el domicilio de Parque Chacabuco que declaró al momento de asumir en la función pública. Sin dar más detalles sobre otras propiedades a su nombre o al de su mujer Bettina Angeletti, quien escrituró una casa a finales de 2024 como titular del 100% en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, abrió nuevos interrogantes sobre cómo compró ese departamento en la zona más exclusiva de Caballito.

Nota en desarrollo.

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El juez que frenó 82 artículos de la reforma laboral habló de su pasado con Tomada y justificó el fallo

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El juez que frenó la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral del Gobierno, Raúl Horacio Ojeda, se refirió este miércoles a su pasado como asesor del exministro de Trabajo del kirchnerismo Carlos Tomada y justificó su fallo. “Es para evitar daños”, marcó.

“Es una medida cautelar, por lo que es provisoria. Tiene una característica y es que puede ser revocada o revisada. Es para evitar daños hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. [Las cautelares] No se pueden dictar en cualquier situación. Se toman con mucha precaución”, indicó Ojeda.

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En diálogo con Radio Rivadavia, el magistrado sostuvo que la reforma laboral de la administración de Javier Milei afectará “millones de contratos de trabajo, a miles de sindicatos y cientos de convenios colectivos”, por lo que frenó la aplicación de los artículos por esta “situación extraordinaria”.

“No hemos tenido leyes que crean situaciones extraordinarias como esta. Esta ley es inédita, es muy extensa y abarca a muchos individuos, sindicatos y convenios colectivos”, agregó.

Al ser consultado sobre una posible parcialidad por haber sido asesor de Tomada, el juez expresó: “Son mis antecedentes laborales, como los académicos. Es todo lo que me llevó a ser juez. Si no, no podés fallar en ninguna causa. No tendría que excusarme. La relación con mis jefes en su momento se terminó”.

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Y sumó: “Me ha tocado invalidar resoluciones de Tomada. No me condiciona en lo más mínimo. Tengo un criterio independiente para cumplir con mi trabajo”.

Noticia en desarrollo


frenó la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral,Raúl Horacio Ojeda,,Reforma laboral,Carlos Tomada,Conforme a,Reforma laboral,,Fuerte mensaje político. La Corte reivindicó el rol del Congreso y advirtió a los jueces que las leyes están para cumplirlas,,Fue asesor del kirchnerismo. Quién es el juez que frenó 82 artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT,,Reforma laboral. Un juez frenó la aplicación de 82 artículos de la ley tras un planteo de la CGT

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La Justicia ordenó al Gobierno cumplir la ley de financiamiento universitario: “Es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo”

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La justicia federal resolvió un tema clave para las universidades públicas de Argentina. Por disposición de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno Nacional debe aplicar y cumplir la ley de financiamiento universitario. El fallo genera alivio entre autoridades universitarias. El conflicto surgió cuando el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una cautelar frente a la falta de fondos garantizados. El gobierno de Javier Milei sostuvo que los recursos no estaban previstos en el presupuesto.

La sentencia fue recibida por las universidades como una decisión positiva. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, afirmó: “Acabamos de recibir el fallo. La Cámara confirma lo dispuesto en primera instancia respecto de la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional. Ordena la aplicación y cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, tal como lo venimos reclamando”.

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Y agregó: “Una excelente noticia para toda la comunidad universitaria del país, que valoramos en un contexto extremadamente delicado como estamos atravesando”.

El fallo también provocó repercusiones en la Universidad de Buenos Aires. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, expresó en Infobae en Vivo Al Amanecer: “Cuando escuchamos la noticia todos sentimos alivio, porque es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo”. Yacobitti detalló que el Gobierno “hizo lo imposible por derogar la ley” luego de las elecciones de diciembre, pero solo logró trabar su aplicación por vías judiciales.

La respuesta del Gobierno nacional y el contexto presupuestario

Yacobitti explicó que el argumento central del Gobierno es la supuesta inexistencia de fondos para cumplir la ley. “El Gobierno se para en una mentira. Estuvimos años sin presupuesto y cada ley que salía decía que el jefe de gabinete debía readecuar partidas para eso”.

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El vicerrector señaló que, pese a la retórica oficial a favor del déficit cero, desde la asunción de la nueva gestión se redujeron impuestos para sectores de altos ingresos, con el resultado de que podrían estar cubiertos no solo los fondos universitarios, sino otros programas como el de discapacidad.

Según el vicerrector, los salarios docentes universitarios siguen perdiendo poder adquisitivo. “Mostraban gráficos de salarios que perdieron el 50% de su valor. Solo el titular con dedicación exclusiva, la máxima categoría, está cien mil pesos por encima de la canasta básica”. Yacobitti precisó que este monto apenas permite superar la línea de pobreza, y que incluso así no refleja una canasta básica real.

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“Muchos profesores bajan sus dedicaciones, dejan horas para buscar otras actividades, dar clases particulares o trabajar en plataformas. Son los responsables del sistema universitario”, enfatizó. Cuando se le consultó si hay docentes que recurren a aplicaciones para complementar el sueldo, Yacobitti aseguró: “No tenga ninguna duda que es así”.

El Consejo Interuniversitario Nacional había presentado una cautelar reclamando fondos garantizados para las universidades públicas

El impacto en las condiciones laborales y en la oferta académica

Yacobitti se refirió a la situación de los colegios universitarios: “Cuando el gobierno de Milei comenzó, la hora docente se pagaba aproximadamente un 30% más que en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy eso es entre un 27% y un 32% menos”. Esto obliga a los docentes a dejar horas en la universidad o buscar otros trabajos ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas.

El vicerrector señaló que la cantidad de cátedras no bajó, pero sí se perdieron docentes de mucha experiencia. “En algunos colegios, se necesita más personal porque dedican menos horas. Vemos una realidad en la que, si el problema no se resuelve, la calidad educativa se va a perder en poco tiempo”.

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Frente a la pregunta sobre la deserción de profesores por bajos salarios, Yacobitti reiteró: “No tenga ninguna duda”. Además, describió una situación crítica en la que “los docentes con dedicación exclusiva no pueden llegar a mitad de mes”. La universidad intenta compensar la reducción de horas, pero muchas veces no logra cubrir los cargos necesarios.

Las universidades públicas advierten que la reducción de horas y la migración de profesores a otros trabajos afectan la calidad educativa

Medidas de fuerza y perspectivas para el ciclo lectivo

Consultado sobre la continuidad de las medidas de fuerza, el vicerrector confirmó: “Seguramente las medidas de fuerza continúen. Desde la conducción de la universidad hacemos todo el esfuerzo para que no compliquen el funcionamiento de las clases. Al 100% no se va a poder, pero garantizamos que los chicos más chicos tengan clase todos los días y cumplan el calendario anual”.

Yacobitti criticó la política salarial del Gobierno nacional. Indicó que, con los actuales salarios, el sistema universitario público enfrenta graves dificultades para sostener su calidad y funcionamiento: “Lo que el Gobierno está haciendo, a través de la aniquilación de los salarios, es intentar terminar con el sistema público de universidades. No se trata de ajuste ni de algo que mejorar. Hay que discutir planes de estudio nuevos, carreras, tecnología, pero también sentar al Gobierno a negociar sobre el futuro desarrollo de la Argentina”.

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Para finalizar, remarcó una preocupación generalizada: “Hoy la educación está ausente en el debate público”. El fallo judicial representa un paso importante, pero la situación de los docentes y la continuidad de las clases depende de la voluntad política de cumplir la ley y garantizar los fondos correspondientes.

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