El Senado se encamina a convertir en ley este viernes la reforma laboral que propuso el gobierno de Javier Milei. El proyecto dispone fuertes cambios para empresas y trabajadores en cuestión de salarios, indemnizaciones y vacaciones.

Después de tres semanas de debate, acelerado por el pedido de Milei de tener la ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el bloque libertario que conduce Patricia Bullrich tiene garantizados los votos necesarios para la sanción.

La sesión está convocada para las 11 y será el tercer debate sobre la denominada “modernización laboral”. Tuvo media sanción del Senado en la madrugada del 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra. No está previsto que esos números cambien. A La Libertad Avanza (LLA) la acompañaron aquella vez los bloques de la UCR y el Pro, además de representantes de gobernadores dialoguistas.

En Diputados, el oficialismo quedó obligado a cambiar el artículo 44 de las licencias médicas a raíz de la polémica que se desató después de la aprobación en el Senado. La votación allí salió 135 a 115.

Además, se tratará el nuevo régimen penal juvenil, que tuvo media sanción en Diputados.

Pocas horas antes de que se reúna el Senado, manifestantes de izquierda se concentraron en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, y cortaron varios carriles. A raíz de esto, hay caos de tránsito en la Ciudad y se desplegó un operativo policial. En ese marco, se generó tensión entre las autoridades y los manifestantes que intentaban restringir la circulación. Luego, se dirigieron a Avenida de Mayo hacia el Congreso para continuar allí la protesta.

Con poco más de 200 artículos, la reforma está agrupada en en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinadas a medianas inversiones.

El proyecto incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones.

Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).

Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.

Uno de los puntos más discutidos fue el de la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Los críticos de este esquema advierten que con esta reducción de las contribuciones patronales se desfinanciará el actual sistema previsional para abaratar los despidos.

El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.

Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo. Respecto de las horas extra, el empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.

La Corte Suprema revocó el sobreseimiento de Jorge Macri en la causa por el delito de lavado de activos, vinculada a la compra de un departamento en Miami en 2011 a través de una sociedad. Ahora la causa volverá a la Cámara de Casación, que dictará un nuevo fallo y decidirá si envía el caso a primera instancia -donde había sido dictada la sentencia original que puso fin al expediente- para que se retome la investigación.

La Casación, con los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, había convalidado el cierre del expediente.

El inmueble por el que se investiga a Jorge Macri está valuado en 402.963 dólares y fue adquirido mediante la firma ICON UNIT 1704 LLC.

Para realizar esa compra, Macri -quien en ese entonces era diputado provincial- declaró haber obtenido un préstamo bancario y otro de una sociedad perteneciente a un familiar. El sobreseimiento revocado se había basado en informes de la exAdministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -ahora ARCA- y en un peritaje contable efectuado por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema.

Ese estudio señalaba que los préstamos habían sido correctamente documentados y que la familia Macri poseía una capacidad “patrimonial y financiera suficiente” para adquirir los departamentos. Además, indicaba que Jorge Macri había declarado en tiempo y forma su participación en dicha sociedad en sus declaraciones juradas ante la AFIP, correspondientes a los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Sin embargo, la mayoría de la Corte le dio la razón al fiscal ante la Casación, Mario Villar, quien mantuvo el recurso de apelación planteado por sus colegas desde la primera instancia. El tribunal entendió que el sobreseimiento fue prematuro, dado que no se encontraba completamente demostrada la inexistencia de una posible maniobra de lavado de activos. Por eso, ahora el caso regresa a la Casación.

La mayoría de la Corte estuvo integrada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Pablo Candisano Mera (de la Cámara Federal de Bahía Blanca) y Abel Guillermo Sánchez (de la Cámara Federal de Córdoba).

En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz sostuvo que correspondía desestimar el recurso extraordinario del fiscal y dejar firme el sobreseimiento dictado en primera instancia, el cual ya había sido confirmado por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal.

La mayoría del tribunal escribió: “Para esta Corte resulta inadmisible la apertura de un proceso penal en base a generalidades buscando el eventual hallazgo de alguna información incriminatoria -práctica conocida como ‘excursión de pesca’-. Este criterio resulta incluso aplicable a los funcionarios públicos, quienes están sujetos a un escrutinio más estricto en materia de transparencia patrimonial”. No obstante, en este expediente se mencionó que “resulta evidente que el presente caso no encuadra dentro del parámetro descalificado en el considerando anterior”.

El fallo añadió: “Se advierte que en la presente causa hay elementos, oportunamente puestos de manifiesto por el apelante y descritos en los considerandos precedentes, que han sido dogmáticamente soslayados por el tribunal” que decidió confirmar el cierre del caso. La Corte señaló que la realización de medidas de prueba es una decisión del juez de instrucción y solo puede ser revisada por el máximo tribunal “cuando exista —como en el caso de autos— un agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio”.

En esta causa, tres instancias judiciales habían ratificado previamente el sobreseimiento de Jorge Macri: el Juzgado Federal de San Isidro de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín y la Casación Federal, con el voto de los jueces Petrone y Barroetaveña. El fiscal de primera instancia Federico Iuspa recurrió.

En la primera instancia, tras medidas de prueba que incluyeron pericias contables, la Justicia dio por probada la procedencia regular de los fondos. La defensa alegó que el dinero provenía de dos préstamos: uno hipotecario del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya por 184.000 dólares. En mayo de 2019, el Juzgado de San Isidro concluyó que los hechos no tenían relevancia penal.

Sin embargo, la fiscalía apeló cuestionando el origen de los fondos del préstamo uruguayo. Aunque la Cámara Federal de San Martín confirmó el sobreseimiento en diciembre de 2019 al señalar que Macri había exteriorizado los fondos mediante la Ley 27.260 de sinceramiento fiscal.

Pero el fiscal insistió ante Casación. Tras un rechazo inicial en diciembre de 2021, la Corte Suprema decidió ahora reabrir el caso.