POLITICA
Qué pasó con el veto a la ley de emergencia de discapacidad ayer
En el Congreso de la Nación, durante una jornada de intensos debates y votaciones ajustadas, el oficialismo logró mantener el veto a la ley que proponía aumentos en los haberes jubilatorios. Sin embargo, sufrió un revés significativo con el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad. El hecho ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, donde se extendió la sesión hasta altas horas de la noche.
La oposición reunió los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Esta norma, sancionada en julio, busca actualizar los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crear una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. La votación finalizó con 172 votos a favor de la insistencia de la ley, superando ampliamente los 73 votos del oficialismo y sus aliados. Este resultado fue celebrado por familias, organizaciones no gubernamentales y entidades vinculadas al tratamiento de personas con discapacidad, quienes se manifestaron en las inmediaciones del Congreso.
La votación sobre el veto a la ley de emergencia en discapacidad reveló fracturas tanto en el oficialismo como en la oposición. Diputados de distintos bloques, entre ellos algunos de Pro y la UCR, votaron en contra del veto presidencial. Entre ellos se destacan Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID), Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González, Ana Clara Romero y Karina Bachey (Pro), y Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Fabio Quetglas, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Roxana Reyes, Roberto Sánchez, Martín Tetaz y Natalia Sarapura (UCR).
La ausencia de varios diputados oficialistas también facilitó la obtención de los dos tercios por parte de la oposición. Entre los ausentes se encontraban Gerardo González (Formosa), Florencia Klipauka (Misiones) y Alberto Arancibia (San Juan), además de Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas (Pro), Atilio Benedetti (UCR) y Manuel Aguirre (Democracia).
El rechazo al veto implica que la ley de emergencia en discapacidad vuelve al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso que en la Cámara de Diputados. Si el Senado también rechaza el veto con los dos tercios de los votos, la ley entrará en vigencia. Esta norma busca aliviar la situación económica de las personas con discapacidad, prestadores y de las instituciones que brindan servicios en este sector.
En contraste con el resultado de la votación sobre discapacidad, el oficialismo logró mantener el veto a la ley que disponía aumentos en los haberes jubilatorios. La votación finalizó con 160 diputados a favor de levantar el veto, 83 en contra y 6 abstenciones. Como se necesitaban dos tercios de los votos para insistir con la ley, el oficialismo logró evitar su derogación.
La ley vetada establecía un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, así como una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima, a $110.000 mensuales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma iba a implicar un costo fiscal de 0,32 puntos del PBI en lo que queda del año, elevándose a 0,78 puntos del PBI anualizado.
El Gobierno justificó el veto a la ley de jubilaciones y argumentó que la medida ponía en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares de la administración económica. El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, afirmó: “Primó la cordura y logramos defender el equilibrio fiscal. La mejor forma de ayudar a quienes más necesitan es manteniendo la baja de la inflación y la estabilidad económica”.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Delfina Celichini y Laura Serra.
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POLITICA
El Gobierno buscará modificar por ley las licencias médicas tras eliminar el artículo de la reforma laboral
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anticipó que el oficialismo buscará modificar las licencias médicas a través de una nueva ley durante el período de sesiones ordinarias.
Tras la polémica por el artículo 44 de la reforma laboral, que finalmente fue eliminado, el senador de La Libertad Avanza explicó que el objetivo es combatir las “licencias exageradas, abusivas” y los “certificados médicos truchos”. Según Abdala, para el Gobierno es prioritario corregir este tema tanto en el sector público como en el privado.
La controversia se originó por una normativa que proponía escalas salariales diferenciadas según el origen de la afección. El texto establecía que si la imposibilidad de trabajar surgía de una “acción voluntaria y consciente” que implicara riesgo, el empleado percibiría el 50% de su salario.
En cambio, si la enfermedad no era consecuencia de tal conducta, correspondía el 75% del sueldo. Los plazos previstos eran de tres meses para trabajadores sin cargas de familia y seis meses para quienes tuvieran familiares a cargo, considerando como nuevo episodio de enfermedad crónica solo aquellos con más de dos años de intervalo.
Bartolomé Abdala
En el plano institucional, Abdala fue reelecto como presidente provisional del Senado durante la sesión preparatoria. La conformación de las autoridades de la Cámara alta reflejó una nueva relación de fuerzas, donde la vicepresidencia destinada a la primera minoría no quedó en manos del Justicialismo, sino de la jujeña Carolina Moisés.
La senadora abandonó el interbloque peronista junto a otros dos legisladores para formar el bloque Convicción Federal. Ante este escenario, Abdala señaló: “Si se rompen ellos, no es nuestro problema”, enfatizando que el oficialismo eligió lo que consideró más apropiado dentro del espacio político.
La nueva estructura de mandos se completa con Carolina Losada (UCR) en la vicepresidencia primera y Alejandra Vigo en la segunda, excluyendo al kirchnerismo de los cargos jerárquicos.
Abdala defendió esta distribución al sostener que “nosotros simplemente votamos gente del mismo espacio político, viendo lo que era lo más razonable para nosotros”. Con estas autoridades definidas, el oficialismo se encamina a tratar la reforma laboral este viernes 27 de febrero, calificándola como una herramienta de gran importancia para “mejorar el crecimiento en la Argentina”.
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POLITICA
El Gobierno limita su ofensiva al plano judicial y no sale a confrontar con la AFA por el paro del fútbol
En medio de un llamativo silencio casi total, el Gobierno buscó hoy mantener distancia del escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que anunció un paro de todas las categorías para la semana próxima, cuando tengan que prestar declaración indagatoria el titular de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino.
La decisión de no confrontar en el plano discursivo se contrapone, sin embargo, a la línea que prima en el Gobierno respecto de su ofensiva judicial y administrativa contra la AFA.
De hecho, este martes vencía el plazo para que tanto la AFA, como la Super Liga, presentaran un pedido de mayores explicaciones que le había hecho la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre una documentación presentada previamente.
Mientras que la Super Liga lo presentó, la jornada cerró sin novedades de la AFA. Si bien podría llegar a presentarla mañana temprano sin mayores contratiempos, las autoridades esperan para ver cómo proceder. Si la AFA no lo presenta, por la tarde podrían conocerse novedades. Así lo confirmaron a fuentes del área.
Se trataría de la primera avanzada después de conocido el paro de la novena fecha del torneo (en este caso de primera división), aunque el plazo ya estaba dado de antemano. La IGJ, junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), constituyen los dos pilares sobre los que avanza el Gobierno legalmente.
Lejos de esos avances, en las filas del Ejecutivo eligieron el silencio. “No opinamos sobre el tema” y “es un tema AFA- Justicia”, fueron algunas de las definiciones, lacónicas, desde el corazón libertario ante la consulta de . Fueron en sintonía con las primeras respuestas por la decisión del paro, en el atardecer del lunes.
No es la primera vez que el oficialismo elige esa posición en el caso, en el que deslizan que cualquier declaración política sobre el tema podría derivar en un dolor de cabeza si Tapia o Toviggino reclaman ante organismos deportivos internacionales. Creen que no hay necesidad y que, con lo que ya hay en la Justicia sobre ambos, “es más que suficiente”.
Pese a ese silencio que eligió la administración libertaria en las últimas horas, fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que “no hay una decisión de desacelerar” en la arremetida que en los últimos meses dirigieron contra las autoridades del fútbol argentino.
Las fuentes consultadas afirmaron que se mantiene “la idea de ir a fondo” y en ese sentido apuntaron a que la idea, a través de la ARCA, que presentó en diciembre la denuncia que llevará en los próximos días a Tapia y Toviggino a indagatoria por primera vez, es “seguir adelante, a full”.
La ARCA es querellante en el caso, además de haber sido denunciante por la inexistencia de aportes de la AFA, lo que la convierte en capaz de pedir medidas de prueba o diferentes acciones en el expediente. “Todo lo que encontremos lo vamos a llevar a la Justicia”, definen.
“No hay vuelta atrás”, dijo otra de las fuentes consultadas. A lo que confirmó que a través de la ARCA y la IGJ se seguirá con los caminos iniciados a fines del año pasado.
A la denuncia inicial de ARCA, por la retención indebida de tributos, por la que fueron citados Tapia y Toviggino por el juez en lo penal económico Diego Amarante, el organismo le agregó una presentación a fines del mes pasado, que involucra el presunto uso de facturas apócrifas.
Esto fue denunciado por el organismo luego del cruce de datos con bases de contribuyentes y de un intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. En la Casa Rosada no dudaron, al momento de la presentación, en considerar que el material terminará convirtiéndose en una de las “principales denuncias” contra Tapia y Toviggino.
Ese nuevo escrito, ARCA puso en la mira el uso de facturas presuntamente apócrifas con un monto estimado en más de $376 millones, aunque desde el vamos aclararon que no es la cuantificación final, por lo que podría ascender aún más.
En paralelo a lo que sucederá este miércoles y lo que pasará con la ARCA, el otro dispositivo que está en marcha es el de la IGJ, que discute la sede que la AFA dispuso en Pilar, para eludir sus controles. Eso está en la Cámara de Apelaciones y será objeto de fuertes consecuencias.
“Todo lo que encontramos está en las respectivas instituciones. Es la justicia la que interviene ahora”, completaron en referencia a la denuncia que la ARCA y ese movimiento de la IGJ.
En línea con la premisa de no confrontar políticamente, el único que habló públicamente en las últimas horas fue Daniel Vítolo, titular de la IGJ, quien aseguró en referencia al material que se le reclama a la AFA: “Deben dar muchas explicaciones sobre la utilización de los fondos, el cumplimiento de los objetivos de la asociación civil que ellos dirigen las vinculaciones que tienen con otra asociaciones civiles como es el caso de la Superliga”. Fue en diálogo con la señal TN.
“A nadie le viene bien un domingo sin fútbol. Ni a la AFA, ni al Gobierno, pero si nos enfrentamos es muy fácil explicar por qué no hay fútbol”, dijo una de las voces consultadas. Y sumó: “A diario se conocen noticias de desmanejos. No hay mucha duda de qué pasa”.
En la Casa Rosada también consideraron que “queda en evidencia el corporativismo del fútbol argentino”, que cerró filas para apoyar la decisión en apoyo a Tapia y Toviggino.
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POLITICA
Julián López, ministro de Justicia de Córdoba: “Celebramos la media sanción de la ley de baja de edad de imputabilidad”
En una entrevista en Infobae en vivo, Julián López, ministro de Justicia de Córdoba, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la provincia para implementar la nueva Ley Penal Juvenil: “El aporte incluido en la ley es mínimo en comparación con lo que invirtió Córdoba solamente en infraestructura”.
En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, López trazó un diagnóstico sobre la situación actual: “Vivimos en un estado de descomposición de la seguridad en general. Cuando hay descomposición social, hay aumento de la pobreza y la indigencia, y automáticamente también aumenta la delincuencia”. El ministro hizo hincapié en el crecimiento de delitos graves cometidos por jóvenes y en la percepción de impunidad que genera en la sociedad.
Reforma en Córdoba y límites del sistema federal
López explicó que Córdoba aprobó a principios de 2025 una reforma del Código de Procedimientos Penal Juvenil: “Se generaron distintas herramientas, sobre todo para jóvenes que vienen de cometer raids delictivos importantes, con dieciocho, veinte ingresos en poco tiempo al sistema correccional”. Relató que, pese a los avances, la aplicación se ve condicionada por las competencias nacionales: “Muchas normas se declaran inconstitucionales y otras son de difícil aplicación cuando el derecho de fondo contrasta con el derecho de forma que pueden aplicar las provincias”.
El ministro argumentó que la baja de la edad de imputabilidad aporta respuestas ante delitos graves: “Celebramos esta media sanción de la ley, para que aquellos chicos que cometen delitos graves puedan encontrar una respuesta del Estado y que sea parte de un régimen diferencial”. Descartó que se trate de igualar el régimen penal juvenil al de mayores: “No es así porque tiene topes, incluso para los años que se le pueden dar a un joven que comete un delito, incluso un homicidio”.
La inversión provincial y los desafíos de infraestructura
Al ser consultado por el financiamiento, López detalló: “El año pasado el gobernador Martín Llaryora anunció la licitación para una obra muy grande, con una inversión de casi 18 mil millones de pesos para este penal juvenil, el campus Papa Francisco, que va a permitir el tratamiento de alrededor de 250 jóvenes”. Destacó que la infraestructura fue pensada para adolescentes entre 16 y 18 años, pero la baja en la edad de imputabilidad obligará a hacer adecuaciones: “Habrá que hacer adecuaciones necesarias para jóvenes de menor edad, entre 14 y 15 años”.
El ministro expresó la preocupación compartida con otras provincias por el escaso acompañamiento nacional: “Sabemos que hay incluido en la ley un aporte que es mínimo, creo que es de 23 mil millones, es mínimo en comparación. Cuento lo que invirtió Córdoba solamente en infraestructura, eso sin contar profesionales, equipos técnicos, infraestructura extra y muchas cuestiones que van a ser necesarias”. Subrayó también la responsabilidad provincial: “Cuando Nación no puede acompañar, las provincias muchas veces toman la decisión de hacerlo eficiente”.
Casos paradigmáticos y la “Ley Joaquín”
López compartió historias que marcaron su gestión en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: “Un joven apodado el Pistolero ingresó y egresó 18 veces del sistema correccional. Provenía de un espacio sin contención familiar ni social. Hasta que cumplió los 16 años no se pudo dictar una pena privativa de libertad, porque la legislación no lo permitía”.
Narró el caso de Joaquín Esperanti, asesinado a los 14 años por un amigo de la misma edad en Laboulaye: “Fue un hecho muy traumático. Hablé mucho con los padres de la víctima. Por ser menor de edad el victimario, la familia ni siquiera pudo constituirse en querellante, no pudo acceder a la prueba, no podía discutir muchas cuestiones procesales”. Este caso derivó en la presentación de la “Ley Joaquín”, destinada a garantizar derechos de las víctimas: “El gobernador la ha firmado y la ha enviado a la Legislatura para garantizar los derechos de las víctimas”.
Sobre el proceso para los menores no imputables, López admitió: “En estos casos, el joven queda a la buena del juez de menores y se lo priva de la libertad sin juicio ni condena justa. La ley que baja la edad de imputabilidad viene a poner una situación de justicia que no existía, donde los victimarios también tendrán la posibilidad de un juicio justo, de declarar, de tener un abogado”.
El ministro defendió la gradualidad de la reforma: “El proyecto aprobado tiene que ver con la proporcionalidad y el gradualismo. En los casos de homicidio o lesiones graves, permite el tratamiento temprano y rápido, hace que el sistema sea más eficiente y evita que los jóvenes entren en un raíl delictivo de mayor crecimiento”.
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julián lópez
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