POLITICA
Qué se sabe del caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: estas son las claves

Una crisis política sacude al Gobierno tras la revelación de audios que detallan un supuesto esquema de corrupción. El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia nacional de discapacidad (Andis) provocó la remoción de un alto funcionario, la intervención del organismo y el inicio de una causa judicial. La investigación busca esclarecer una trama de sobornos que salpica a figuras del círculo cercano al Presidente.
El caso presenta múltiples aristas que involucran al poder político, empresarios y la Justicia. Los puntos centrales para entender la trama de presunta corrupción son:
El caso se hizo público el martes por la noche, cuando el canal de streaming Carnaval difundió audios con notorios cortes de una conversación privada. Una voz, que sería la de Spagnuolo, relata a una persona no identificada un presunto desfalco en la agencia.
El registro señala a Lule Menem como el responsable de organizar un esquema de coimas en la compra de medicamentos. El relato detalla un supuesto aumento en los porcentajes de los retornos del 5% al 8%. La difusión del material, de origen ilegal, generó una crisis inmediata en el Gobierno.
Diego Spagnuolo es un abogado que se vinculó con Javier Milei por redes sociales antes de la carrera política del presidente. Ocupó un lugar testimonial en la lista de diputados de 2021 y actuó como su patrocinante en diversas causas judiciales.
Milei lo designó al frente de la Andis al asumir, sin que Spagnuolo tuviera experiencia previa en la materia. Los registros oficiales lo ubican como una de las cuatro personas con más visitas a la quinta de Olivos en la segunda mitad de 2024.
El Poder Ejecutivo actuó en dos fases. Primero, intentó sin éxito que Spagnuolo presentara su renuncia. Luego, lo removió de su cargo “de manera preventiva” en la madrugada del jueves. Un comunicado de la vocería presidencial atribuyó la decisión a “la evidente utilización política de la oposición” y evitó confirmar o desmentir los audios.
Más tarde se firmó el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad por 180 días. El médico Alejandro Vilches fue designado para liderarla con la misión de realizar una auditoría. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único ministro en referirse al tema; manifestó su confianza en Karina Milei pero aclaró que no ponía “las manos en el fuego por nadie”.
La causa se inició por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón. El caso quedó a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. El fiscal impulsó una serie de medidas que incluyeron 15 allanamientos en sedes públicas y domicilios privados.
En uno de los operativos fue sorprendido el empresario Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina. Intentaba dejar su casa en Nordelta con el dinero y papeles con anotaciones. Las autoridades también secuestraron el teléfono celular de Spagnuolo.
El juez ordenó el secreto de sumario para proteger la investigación. Según la grabación atribuida a Spagnuolo, Suizo Argentina era la encargada de recaudar los supuestos retornos de otros proveedores para entregarlos a funcionarios.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Niell.
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POLITICA
La declaración completa de García Furfaro: una teoría conspirativa y acusaciones a un ex empleado

“Yo no fui, yo no hice nada. Si el fentanilo está contaminado con bacterias, los bichos los puso otra persona. Esa persona es Andrés Quinteros, un ex concejal del peronismo bonaerense, con nexos políticos con el kirchnerismo. Era su hombre de máxima confianza. Pero terminaron enfrentados. De hecho, el ex empleado y ex apoderado de los laboratorios para adquirir algunos productos lo denunció por amenaza contra su vida”.
El viernes, durante seis horas, Ariel García Furfaro fue indagado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. Como lo hizo antes de ser detenido, ante los medios de comunicación, el dueño de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo, investigados por la producción, distribución y venta de al menos dos lotes de fentanilo contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii asociadas a la muerte de 96 personas, sobre todo el identificado con el número 31.202, intentó deslindar responsabilidades adjudicando todos los males a una mano negra, a una conspiración en la que involucra a la competencia farmacéutica, funcionarios políticos y empleados infieles.
Según su discurso, los directores técnicos de sus empresas son gente “espectacular”, “profesionales capacitados” y su maquinaria para la fabricación de medicamentos es la “mejor del país”. Sin embargo, en el despacho del juez Kreplak se acumulan evidencias que involucrarían al fentanilo elaborado en Laboratorios Ramallo el 18 de diciembre de 2024 en más pacientes muertos. El acusado es defendido por el abogado penalista Gastón Marano.
—En este país te pueden inventar, hacer, la Klebsiella si está, alguien la puso. Es imposible que esté adentro del laboratorio. Alguien la puso. Averigüé, si alguien estornuda te puede contaminar 10 ampollas multirresistentes, no la común. No tengo dudas de que está Andrés Quinteros atrás. Jamás tuve doble apellido. Todas cosas que eran de él. Yo me llamo García de apellido, no García Furfaro. Furfaro es el apellido de mi mamá. Quinteros estaba obsesionado con el fentanilo. Había otros productos peligrosos, pero no le importaba.
—En octubre me doy cuenta porque Quinteros se quiere robar 30 ampollas de morfina. Medio plantel en Ramallo lo puso él porque es de San Nicolás. Se quiso robar 30 ampollas de morfina, se las pidió a Héctor Vázquez. Lo voy a ver y le dije: ¿Sabés que eso sale con un vale? Lo voy a ver a San Nicolás, me cita en una estación de servicio, se me escapa. Voy a la casa, me ve por las filmaciones y me denuncia por amenazas. Después de eso, me aparecen tres ex empleados de Ramallo que me dicen que Andrés (Quinteros) nos está buscando, que nos va a hacer una maldad. Lo tienen grabado, habla de medicamento contaminado. “El tipo te quiere ver preso”, me dicen. Estas personas son Florencia Rivarola, Nancy Osorio y Ángel —sin más datos—, todos empleados de Ramallo. Hicimos una declaración en San Nicolás. Se excusaron cinco fiscales. El tipo está obsesionado, me quiere hacer quedar como narco.
—Yo tenía miedo de que me tire ampollas (de fentanilo) por algún lado. Le presté un departamento donde vivió hasta octubre. El 13 de febrero me manda un “hola llamame”, un paraguayo de la inteligencia de Paraguay. No le doy bolilla. Unos días más tarde me dice: “Este boludo metió mucha gente presa” (por Quinteros), llámame. En el mismo edificio que le presté estuve dos días. Me mandó una foto del auto. Esto habrá sido en marzo. Me dicen es un vecino del cuarto. Subo y me estaba esperando con la puerta abierta. No entré. Me llama, me dice te veo a las cuatro de la tarde. Lo llamo a mi hermano Damián para que me acompañe. Me cita en un bar, estaba el paraguayo, lo grabé, y estaba con la señora del cuarto. Me dice tal cual: “Andrés Quinteros te va a hacer un atentado con el fentanilo. Quiere tanta plata”. Lo mandé a pasear. Después de eso me junto de nuevo, lo tengo todo grabado. Mi amigo se llama Diego Castrillón y la mujer vive en calle (…). Estaba obsesionado con el fentanilo. De ese departamento salió diciendo que yo era narco.
—En 2023 tuve un problema con una habilitación (en HLB Pharma ubicada en San Isidro). La gestora recibe un papel trucho. La gestora me dio las conversaciones. Por esa habilitación me allanaron. Yo les dije quién la presentó. Quinteros mandó el papel trucho, la gestora lo presentó. Por qué hizo eso, por la morfina.
—Estoy seguro de que el que empezó a hablar de muerte por fentanilo desde el día uno fue Quinteros.
—En principio soy el más interesado en que se sepa qué pasó por los familiares y las víctimas. Yo soy una persona que trabajó desde antes de los 18 años. A los 18 años empecé con verdulerías, después restaurantes. Hago comercio, es lo que supe hacer toda mi vida. A los 20 años estuve imputado por defender a mi hermano de algo malo que le habían hecho. Por eso estuve detenido. Tuve empresas grandes de comida, de distintos rubros. Hasta que en 2013 compré el laboratorio Apolo en Rosario a Jorge Salinas.
—En 2016, en junio, se suelta un caño de una caldera, porque la gente había parado para ver un partido de la selección argentina. Se soltó una caldera, se quemó un vecino en la pierna. Yo vivía en CABA. Me fui para Rosario, lo primero que hice es internar a la persona que se lastimó para que no se infecte. Lo saqué del hospital municipal y lo llevé al Británico. A partir de ese momento empecé a salir en los diarios de Rosario, que exploté la caldera, que cobré el seguro. Lo cuento porque es muy parecido en lo mediático a lo que pasa ahora.
—Los problemas que hay los maneja el laboratorio con ANMAT. Siempre lo cierra la parte técnica con ANMAT. Como le digo, todos los laboratorios tienen problemas.
—En la dirección de los laboratorios siempre puse a la familia (lo dice por sus hermanos Diego, Damián, su madre Nilda Furfaro y su abuela de 88 años Olga Arena, todos imputados en la causa). Nunca pensé que podía perjudicarlos. Mis viejos nos hicieron unidos. Si puse a mi familia es porque no tengo nada que ocultar. Damián se fue por Quinteros. Me decía que Quinteros era el encargado, como la serie de Francella.
La fiscalía le preguntó por qué ante la Inspección General de Justicia puso como responsables de Laboratorios Ramallo a Horacio Antonio Tallarico en calidad de “Presidente de Laboratorios Ramallo S.A. y principal accionista (titular del 90% de las acciones). Ejercía la representación legal de la empresa y tenía poderes de firma digital frente a la ANMAT”. Y a Rodolfo Antonio Labrusciano como “director suplente y vicepresidente de Laboratorios Ramallo S.A., con una participación del 10% del capital accionario”. La respuesta de García Furfaro fue: “Porque tenía un montón de empresas, estaba con mi mujer que me separaba. A Tallarico le estoy dando unos pesos, también porque cuando me explota Apolo me mataron en los medios”.
Tallarico es un jubilado, casi indigente, que al ser interrogado por el juez después detenido expresó angustiado: “Solo hacía trámites para Ramallo, compraba algún repuesto para llevárselo. De elaboración nada. Siempre fue una ‘gauchada’ que le hice. Le presté mi nombre. Soy humilde, vivo con lo mínimo, tengo a mi señora con un tumor en el intestino con tratamiento oncológico y estoy con ella en todo este tiempo, llevándola al oncólogo a aplicarse la quimio una vez por mes. Y con ellos tengo relación de amistad, pero de trabajo nada y de plata menos… la verdad no tengo un peso, esa es la pura verdad. De laboratorio nada, pero estoy en la calle todos los días”.
Rodolfo Antonio Labrusciano es mecánico. Ante el juez, y después de ser detenido, explicó: “Estoy pasando el peor momento de mi vida. Me agarra angustia. Yo aparezco acá porque soy amigo de ellos y fui a laburar de mantenimiento en el laboratorio y Ariel en un momento me dijo necesito alguien de confianza, yo después te saco. Le respondí: ‘¡Está bien, te firmo!’. Laburé 3 años y por cosas familiares me volví a Buenos Aires. Tengo 5 hijos, trabajo en un taller. Me levanto, laburo todo el día. Hace 7 años que me fui de ahí del laboratorio y hace 7 años que soy mecánico, laburo desde los 14 años. Con Ariel hablé una vez sola desde que me fui del laboratorio en estos años y nada más”.
En el resto de la indagatoria García Furfaro culpó a la ANMAT por no haber alertado antes sobre la infección de fentanilo y las muertes que se registraron en el Hospital Italiano de La Plata. Dijo que los mismos desvíos de calidad que detectaban en su laboratorio también ocurrían en la competencia, pero las actuales autoridades lo castigaban a él y no al resto. También que le armaron “una operación mediática” para relegarlo en el negocio de la venta de medicamentos al Estado. También sostuvo que él no sabía si existían problemas de calidad porque el personal autorizado de los laboratorios era el encargado de atender los requerimientos de la autoridad sanitaria.
Para finalizar, Ariel García Furfaro expresó que está en la ruina: “Sí, estoy fundido. Mañana, si descubren qué pasó, tengo que arrancar de cero. Eso no me preocupa. Por arrastre mi hermano de los cables (empresa Epuyén) hay clientes que no le compran. El otro tiene una verdulería de toda la vida, no sé qué va a pasar, si lo van a escrachar. La gente no consigue trabajo. Todo me perjudica. ¿Cómo va a ser una negligencia con un bicho que no puede estar ahí? Ya le pido plata a mi mamá. Dentro del laboratorio tenía una fortuna en materia prima/equipamiento. En Alfarma tenía para cobrar un montón de plata. Quiero que se sepa que soy yo. Yo me quedo a que me corten la cabeza si tengo responsabilidad”.
POLITICA
Admiten un recurso del abogado de Milei contra el periodista Pagni, a pesar de que no lleva la firma del Presidente

La Cámara Federal de Casación falló en favor del presidente Javier Milei en un recurso presentado en la causa donde querelló al periodista de Carlos Pagni.
Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos admitieron un recurso de apelación por la desestimación de la denuncia de Milei contra Pagni. La Cámara Federal lo había rechazado porque al escrito de apelación le faltaba la firma del Presidente.
Los jueces Borinsky y Hornos desecharon ese argumento de rechazo porque entendieron que hubo un “exceso de rigor formal” y señalaron que la decisión de desestimar una denuncia es recurrible y ahora deberán analizarla.
Así, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal admitió la queja del abogado del Presidente, Francisco Oneto, y analizará su recurso contra la desestimación de la denuncia a Carlos Pagni por calumnias a injurias.
Milei denunció al periodista Carlos Pagni porque le atribuyó haber comparado su llegada al poder y con la de Adolf Hitler. Las expresiones de Pagni en ningún momento realizaron esa comparación.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó en junio la querella del Presidente sin siquiera darle trámite porque entendió que los hechos de los que Milei acusó al periodista no existieron.
Advirtió, además, que la ley no persigue penalmente las expresiones sobre asuntos de interés público.
Ese fallo de Rafecas fue confirmado por la Cámara Federal con la firma del juez Eduardo Farah.
El argumento central del camarista fue que las afirmaciones del periodista “nunca pueden configurar delito penal” en los términos de los arts. 109 o 110 del Código Penal que castigan las calumnias e injurias, porque “es indudable que se refirieron a asuntos de interés público”.
Farah dijo además que de la transcripción de los dichos de Pagni “surge claramente que el periodista no hizo una directa analogía como la que el querellante señala; no al menos en el sentido de haberle atribuido la comisión de los crímenes atroces que aquel ejecutó o haberlo equiparado en sus propósitos, métodos y estrategias de forma deliberada”.
“Los hechos objeto de querella no constituyen delito”, concluyó el camarista Farah el 17 de julio pasado y entendió que había que desestimar la denuncia.
Pero el abogado de Milei, Oneto, presentó un recurso de casación contra esa decisión.
Farah advirtió que el recurso se encontraba firmado por el abogado y no por el Presidente, por lo que consideró como no presentado el recurso de casación.
En la resolución hoy, la Cámara Federal de Casación precisó que ese argumento implicó un exceso de rigor formal. Máxime cuando el abogado Oneto presentó un poder de escribano de Milei en el que lo autoriza a representarlo en el proceso, por lo que dio por válido el recurso.
Esta decisión, que no implica tomar postura sobre el fondo del caso en debate, permitirá que la Cámara de Casación decida, luego de una audiencia entre las partes, si confirma la desestimación de la denuncia o decide la prosecución de la causa contra el periodista.
querelló al periodista,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Quiénes tienen que ir a votar en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires

El próximo domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires tendrá una elección donde se renovará parte de la Legislatura y los cuerpos colegiados locales.
Se elegirán 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, cada municipio definirá la nueva composición de los consejos deliberantes y los consejos escolares, piezas clave para la administración y el control local.
Quiénes deben votar la provincia de Buenos Aires 2025
El derecho y la obligación de votar alcanzan a todos los argentinos nativos, por opción, naturalizados y extranjeros que figuren en el padrón electoral publicado por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.
Para poder votar, es necesario:
- Tener 16 años o más el día de la elección.
- Contar con domicilio legal en la provincia registrado en el DNI.
- No estar comprendido en causales legales de inhabilitación.
- Poseer el documento cívico habilitante según los requisitos establecidos.
El régimen bonaerense también permite la participación de extranjeros residentes que cumplan con el tiempo mínimo de residencia y estén inscriptos en el Padrón de Extranjeros, dependiente de la Junta Electoral provincial.
La inclusión en el padrón es la única vía habilitada para votar. Ninguna autoridad, ni siquiera los jueces electorales, puede permitir el voto de personas que no figuren inscriptas.
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Qué documento se necesita para votar
Para emitir el voto, se debe presentar un Documento Nacional de Identidad (DNI) —libreta verde o celeste, tarjeta del Nuevo DNI—, Libreta de enrolamiento o Libreta cívica.
El ejemplar que se muestre debe coincidir con el que figura en el padrón o ser una versión posterior. No se aceptan comprobantes de trámite ni documentos digitales no reconocidos por las autoridades de mesa.
Cómo consultar el padrón electoral
La Junta Electoral bonaerense habilitó la consulta online del padrón. Los electores pueden ingresar a la web oficial, cargar su número de documento y género, y así conocer el lugar, la mesa y el número de orden asignado para votar el 7 de septiembre.
Si no figurás en el padrón, podés hacer un reclamo al escribir a juntaelectoral@juntaelectoral.gba.gov.ar. También se puede recurrir a la Defensoría del Pueblo de la provincia, que ofrece asesoramiento y atención para resolver problemas relacionados con los comicios.
Según la ley, ningún presidente de mesa ni funcionario puede permitir el voto de personas que no estén en los padrones impresos y entregados a cada centro electoral.
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Cómo será el sistema de votación
En esta elección, la provincia utilizará la boleta partidaria tradicional, a diferencia del sistema nacional que en octubre implementará la boleta única de papel. Cada partido o alianza presenta una lista con todos los cargos a renovar, y el votante elige la opción de su preferencia.
Elecciones 2025, Provincia de Buenos Aires, Voto, TNS
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