POLITICA
Qué se sabe del caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: estas son las claves
Una crisis política sacude al Gobierno tras la revelación de audios que detallan un supuesto esquema de corrupción. El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia nacional de discapacidad (Andis) provocó la remoción de un alto funcionario, la intervención del organismo y el inicio de una causa judicial. La investigación busca esclarecer una trama de sobornos que salpica a figuras del círculo cercano al Presidente.
El caso presenta múltiples aristas que involucran al poder político, empresarios y la Justicia. Los puntos centrales para entender la trama de presunta corrupción son:
El caso se hizo público el martes por la noche, cuando el canal de streaming Carnaval difundió audios con notorios cortes de una conversación privada. Una voz, que sería la de Spagnuolo, relata a una persona no identificada un presunto desfalco en la agencia.
El registro señala a Lule Menem como el responsable de organizar un esquema de coimas en la compra de medicamentos. El relato detalla un supuesto aumento en los porcentajes de los retornos del 5% al 8%. La difusión del material, de origen ilegal, generó una crisis inmediata en el Gobierno.
Diego Spagnuolo es un abogado que se vinculó con Javier Milei por redes sociales antes de la carrera política del presidente. Ocupó un lugar testimonial en la lista de diputados de 2021 y actuó como su patrocinante en diversas causas judiciales.
Milei lo designó al frente de la Andis al asumir, sin que Spagnuolo tuviera experiencia previa en la materia. Los registros oficiales lo ubican como una de las cuatro personas con más visitas a la quinta de Olivos en la segunda mitad de 2024.
El Poder Ejecutivo actuó en dos fases. Primero, intentó sin éxito que Spagnuolo presentara su renuncia. Luego, lo removió de su cargo “de manera preventiva” en la madrugada del jueves. Un comunicado de la vocería presidencial atribuyó la decisión a “la evidente utilización política de la oposición” y evitó confirmar o desmentir los audios.
Más tarde se firmó el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad por 180 días. El médico Alejandro Vilches fue designado para liderarla con la misión de realizar una auditoría. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único ministro en referirse al tema; manifestó su confianza en Karina Milei pero aclaró que no ponía “las manos en el fuego por nadie”.
La causa se inició por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón. El caso quedó a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. El fiscal impulsó una serie de medidas que incluyeron 15 allanamientos en sedes públicas y domicilios privados.
En uno de los operativos fue sorprendido el empresario Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina. Intentaba dejar su casa en Nordelta con el dinero y papeles con anotaciones. Las autoridades también secuestraron el teléfono celular de Spagnuolo.
El juez ordenó el secreto de sumario para proteger la investigación. Según la grabación atribuida a Spagnuolo, Suizo Argentina era la encargada de recaudar los supuestos retornos de otros proveedores para entregarlos a funcionarios.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Niell.
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POLITICA
Irán desmintió a Donald Trump y negó haber pedido un alto al fuego: máxima tensión y sin señales de tregua
La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que Irán negara de manera categórica haber solicitado un alto al fuego a Estados Unidos, en respuesta directa a las declaraciones del presidente Donald Trump.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, calificó como “falsas y sin fundamento” las afirmaciones del mandatario estadounidense, quien había asegurado que Teherán buscaba frenar el conflicto. Desde el régimen iraní, en cambio, endurecieron su postura y dejaron en claro que no hay negociaciones en curso.
En la misma línea, el canciller Abbas Araghchi afirmó que “no se puede hablar al pueblo de Irán con el lenguaje de las amenazas y los plazos”, y remarcó que el nivel de confianza hacia Washington es “cero” en el actual contexto.
La desmentida llega en un momento crítico del conflicto, marcado por una fuerte escalada militar. En las últimas horas, se registraron ataques con misiles iraníes sobre el centro de Israel, que dejaron al menos 14 heridos, entre ellos una niña en estado crítico.
Donald Trump condiciona la tregua con Irán: exige reabrir el Estrecho de Ormuz para frenar los ataques
Además, la ofensiva de Teherán se extendió a otros puntos estratégicos de la región, con acciones sobre infraestructura en Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, así como el ataque a un petrolero vinculado a intereses israelíes en el Golfo Pérsico.
En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán ratificó que el Estrecho de Ormuz continuará cerrado a sus “enemigos”, desafiando una de las principales exigencias planteadas por Trump para considerar cualquier tregua.
El mandatario estadounidense había sido claro al respecto: “Consideraremos cuando el Estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces, estamos atacando Irán sin descanso”, sostuvo en sus redes sociales.
Mientras tanto, el conflicto también impacta en el plano económico global. A pesar de la violencia en aumento, los mercados internacionales muestran un optimismo moderado ante la expectativa de un anuncio clave que Trump realizará desde la Casa Blanca, donde podría delinear los próximos pasos de la estrategia estadounidense.
Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. El endurecimiento del discurso iraní, sumado a la falta de avances diplomáticos concretos, aleja por ahora cualquier posibilidad de desescalada inmediata.
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Conflicto en Medio Oriente,DONAL TRUMP,Estrecho de Ormuz,Irán
POLITICA
La Justicia confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Chiqui Tapia y Toviggino
La Cámara en lo Penal Económico confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La resolución se da en el marco de la causa que revisa deudas millonarias de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la que ambos dirigentes fueron procesados por apropiación indebida de tributos agravada, por un lado, y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, por el otro.
Uno de los argumentos esgrimidos por los camaristas que firmaron la resolución, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, es que la prohibición no es “absoluta”, puesto que los dirigentes pueden pedir permiso a la Justicia para salir del país. Fue lo que hicieron, de hecho, en ocasiones previas, aunque con resultados dispares.
Los camaristas indicaron que la medida, ordenada por el juez que instruye el caso, Diego Amarante, está “justificada” y “tiende a garantizar la comparecencia del imputado a los llamados del juez de la causa cuando su presencia sea requerida”.
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ambos dirigentes fueron procesados,Conforme a
POLITICA
La Justicia suspendió la aplicación de la reforma laboral en el sector docente: qué implica la medida
La justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 100 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.
El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.
“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.
En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general».
“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.
De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva».
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