El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen para los viajes oficiales al exterior de los funcionarios, con el objetivo de reducir gastos, agilizar trámites y limitar el tamaño de las comitivas.

La medida quedó oficializada este martes a través de la Decisión Administrativa 9/2026, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno.

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Entre los principales cambios, la norma reasigna quién debe aprobar cada viaje, exige la presentación de un nuevo formulario y fija un límite máximo de personas por delegación.

Además, establece criterios más estrictos para la emisión de pasajes aéreos y determina qué funcionarios pueden acceder a la clase ejecutiva.

Cómo es el nuevo procedimiento para autorizar viajes oficiales

A partir de ahora, solo el jefe de Gabinete podrá aprobar los traslados al exterior de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango de ministro. Para jerarquías inferiores, la autorización quedará en manos de ministros, secretarios o titulares de organismos descentralizados.

Además, cada viaje deberá formalizarse mediante un “Informe de Planificación de Gestión Internacional”, que tendrá que ser firmado por el funcionario que viaja (si es subsecretario o superior) o por su superior jerárquico, junto con la autoridad que aprueba el traslado.

Este informe debe enviarse a la Jefatura de Gabinete al menos diez días hábiles antes del viaje, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

Límite para las comitivas y cambios en los pasajes

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es el tope para las comitivas oficiales: solo se permitirá un funcionario o autoridad por cada evento o actividad internacional. Si se necesita sumar más integrantes, deberá justificarse con una “exigencia excepcional” y la fundamentación correspondiente.

En cuanto a los pasajes, el Gobierno estableció un sistema de grupos:

• Grupo A: incluye al jefe de Gabinete, ministros, secretarios de la Presidencia, el procurador del Tesoro, el síndico General, jefes de las fuerzas de seguridad y el presidente del Banco Central. Solo ellos podrán viajar en clase ejecutiva.
• Grupo B: secretarios ministeriales, subsecretarios, embajadores, autoridades de empresas estatales, rectores de universidades nacionales y el presidente del Banco Nación, entre otros. Deberán viajar en clase económica, salvo excepciones por salud, seguridad o productividad, que deberán ser autorizadas previamente.
• Grupos C y D: directores nacionales y generales, gerentes de empresas estatales y el resto del personal. Solo podrán viajar en clase económica.

La norma también aclara que cualquier cambio de clase deberá ser abonado por el propio funcionario y que el nuevo régimen rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, la decisión apunta a “reducir cargas operativas, optimizar los procesos internos y promover una gestión eficiente de los recursos del Estado Nacional”. También busca “simplificar los circuitos administrativos” relacionados con las misiones y comisiones oficiales al exterior.

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A la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei le quedan pocos días para que entre en vigencia, tras la sanción en el Senado el viernes pasado. El texto, que introduce cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, comenzará a regir luego de ser promulgado por el Poder Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la Constitución Nacional, el Ejecutivo dispone de un plazo de 10 días hábiles para la promulgación, y la ley entra en vigor a partir del octavo día de su publicación oficial, salvo disposición en contrario.

Uno de los aspectos que mayor debate genera es la aplicación retroactiva de la normativa. En este punto, los juristas y abogados laboralistas cuestionan que se aplique a los litigios y contratos laborales en curso, algo que será definido por la Justicia.

Sin embargo, el proyecto aprobado contempla que, una vez promulgada y publicada, la nueva legislación regirá las relaciones laborales de forma integral. Durante el debate en el Congreso, el kirchnerismo intentó limitar de manera expresa los efectos de la ley a los nuevos contratos, iniciativa que fue rechazada.

Cambios en indemnizaciones y salario

Entre las novedades más relevantes figura el rediseño del sistema de indemnizaciones por despido. El nuevo esquema excluye del cálculo del monto a percibir vacaciones, aguinaldo, propinas o premios.

Además, introduce un tope: la indemnización no podrá superar tres veces el salario promedio mensual marcado por el convenio colectivo aplicable a cada categoría, y fija un piso del 67% de la remuneración habitual. En este segundo caso, significa que si la aplicación del tope convencional reduce demasiado la base salarial, esa reducción no puede superar el 33 por ciento.

Las indemnizaciones judiciales podrán actualizarse solo por inflación, con un adicional del 3% anual, y las grandes empresas podrán abonar sentencias en hasta 6 cuotas mensuales, mientras las pymes dispondrán de hasta 12. Además, se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), nutridos obligatoriamente con el 1% de las contribuciones patronales para grandes empresas y el 2,5% para pymes.

El objetivo es abaratar los despidos y garantizar el pago de indemnizaciones a través de cuentas inembargables, bajo la administración de la Comisión Nacional de Valores.

En cuanto a los salarios, la reforma incorpora la figura del “salario dinámico”, que podrá pactarse en convenios colectivos y ata la remuneración a la productividad o mérito individual. Solo podrán abonarse por medio de entidades bancarias, ya que se excluye el uso de billeteras virtuales.

Licencias, vacaciones y jornada laboral

El artículo relativo a enfermedades y accidentes de trabajo, que autorizaba una reducción de las licencias pagadas en caso de afecciones ajenas a la labor, fue eliminado del texto final. El pago de licencias continuará como hasta ahora.

En relación a las vacaciones, se mantiene la obligatoriedad de otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque puede acordarse su fraccionamiento siempre que ninguna de las partes acepte menos de siete días por tramo.

La reforma autoriza ampliar la jornada laboral diaria a 12 horas, con descanso de 12 horas entre jornadas, siempre que haya acuerdo voluntario para modalidades flexibles como bancos de horas. También habilita contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal.

Los sindicatos y los derechos colectivos

En el capítulo sindical, se sostiene la cuota solidaria que pagan todos los trabajadores de una actividad continuará siendo retenida por los empleadores. Ahora bien, entrará en vigencia un tope del 2% del salario mensual.

El gobierno da prioridad a acuerdos de empresa o regionales frente a los convenios por rama, y debilita la “ultraactividad” de los convenios en las cláusulas obligacionales para entre las partes.

Por otro lado, se restringe el derecho de huelga, donde deberá garantizar el 75% de la dotación de personal en los servicios esenciales, como la salud, la distribución de agua potable, las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, entre otras. Además, se obligará a prestar tareas al 50% en los servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y mercadería, la radio y televisión y las industrias siderúrgica, del aluminio, química, cementera y alimenticia; construcción, aeropuertos, minería, entre otros.

Las asambleas de trabajadores estarán sujetas a la autorización previa del empleador, en caso que afecten al funcionamiento de las empresas.

Beneficios para la formalización y un régimen para inversiones medias

La reforma incluye la creación de un Programa de Promoción del Empleo Registrado y un blanqueo laboral que permitirá condonar hasta el 70% de deudas por aportes y sanciones para empleadores que regularicen su situación. Además, introduce el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, con una reducción de contribuciones patronales al 8% anual y menor carga para quienes contraten a personas no registradas antes del 10 de diciembre de 2025 o que hayan sido monotributistas o empleados públicos.

Uno de los puntos diferenciadores es el trato impositivo para las medianas inversiones, con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada de IVA. Este régimen estará vigente durante dos años y será accesible para empresas que inviertan entre USD 150.000 y USD 9 millones en adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos o en obras productivas, excepto automóviles.

Para reducir la litigiosidad, la iniciativa determina que los acuerdos laborales homologados judicialmente tendrán eficacia de sentencia firme y los honorarios profesionales en juicios no podrán superar el 25% del monto reclamado. Se fija que la Justicia Nacional del Trabajo iniciará un traspaso progresivo a la órbita judicial porteña o federal, según corresponda.

europa press