El presidente Javier Milei abrirá este domingo un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso en un contexto político que lo encuentra fortalecido, con control sobre la agenda parlamentaria y frente a una oposición fragmentada, sin un liderazgo consolidado.

Ante la Asamblea Legislativa, el mandatario hará eje en la marcha de la economía. Según anticipan en el oficialismo, destacará la desaceleración de la inflación —2025 cerró con un 31,5%—, la acumulación de reservas y la continuidad del rumbo que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo. La defensa del programa será central en un discurso que buscará consolidar la idea de estabilidad tras el ajuste.

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El esquema que sostiene la Casa Rosada no presenta, al menos por ahora, matices. Dólar bajo, tasas de interés altas, compra de divisas para reforzar el Banco Central, recorte de subsidios y apertura amplia de importaciones para presionar a la baja los precios forman parte de las líneas que el Presidente considera inamovibles. El mensaje hacia el sector privado es directo: no habrá marcha atrás. Las empresas deberán competir por precio y calidad o quedarán fuera del mercado.

En ese marco, se inscriben también las críticas que Milei lanzó contra los titulares de Techint y de Fate-Aluar. Más allá de la confrontación discursiva, el planteo de fondo es explícito: el Presidente reivindica el libre mercado, lo que no supone la defensa de una política industrial activa. La señal apunta a un cambio de reglas estructural, sin protecciones sectoriales.

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El discurso de la noche del domingo incluirá, además, el anuncio de un megaproyecto de reformas legislativas. El Gobierno llega a la apertura del año parlamentario tras un período de sesiones extraordinarias que, en un mes y medio, permitió aprobar la reforma laboral, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la Ley Penal Juvenil y la moficiación de la ley de glaciares, a la que le resta la ratificación en Diputados. En la Casa Rosada exhiben ese resultado como prueba de capacidad de gestión y de articulación legislativa.

Entre esas iniciativas, la reforma laboral aparece como la más trascendente. La norma será publicada en la semana en el Boletín Oficial y se aplicará a todos los contratos de trabajo, tanto antiguos como nuevos. En el oficialismo sostienen que difícilmente pueda ser declarada inconstitucional, aun cuando la CGT presente una impugnación judicial, algo que se prevé para el lunes. La central obrera buscará frenar la aplicación en los tribunales, pero el Gobierno confía en la solidez jurídica del texto sancionado.

Con ese paquete aprobado, Milei insistirá en que encabeza el gobierno “más reformista y transformador de la historia”. La apelación épica ocupará un lugar relevante en su mensaje, en línea con la narrativa que sostiene desde el inicio de su gestión.

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Pero la mirada del Presidente no se limita al corto plazo. Mientras buena parte de la sociedad mantiene la atención puesta en el próximo Mundial de fútbol, en la Casa Rosada ya proyectan el escenario de 2027. La reelección asoma como horizonte político y, en ese marco, podrían anunciarse cambios en las reglas del sistema electoral.

Entre las posibilidades que se evalúan figura la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como la habilitación de un mayor financiamiento privado para los partidos políticos en detrimento del financiamiento público. El argumento que esgrime el oficialismo es económico: las primarias implican un costo elevado para el Estado. La oposición, en cambio, necesita ese mecanismo para ordenar sus internas y dirimir liderazgos en un escenario de dispersión.

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El Gobierno sumó celebraciones en el Congreso como cierre de las sesiones extraordinarias y, casi al mismo tiempo, el tono destemplado lo marcó Javier Milei con una nueva carga sobre algunos empresarios. Puede parecer una contradicción, pero no lo es. La “batalla cultural” afirma un giro atado a la realidad antes que a elucubraciones de escritorio. El discurso contra la “casta política” se viene agotando, por su uso en continuado y porque los festejos violetas -sobre todo, legislativos- exponen como elemento determinante el acuerdo con buena parte de la dirigencia que antes era condenada. En paralelo, el frente económico emite señales preocupantes que, en el plano discursivo, demandan una renovación de rivales para las peleas efectistas, en blanco y negro.

La primera descarga sobre Techint podía ser explicada como un hecho en sí mismo, por el caso puntual de la licitación que perdió la empresa y, más, porque insinuó la necesidad de una discusión sobre dumping o posiciones dominantes de mercado. Es algo que, en rigor, el oficialismo evita y va liquidando de hecho. La última andanada, que apuntó otra vez a Paolo Rocca y sumó definitivamente como rival a Javier Madanes Quintanilla, expresó un nuevo foco de batalla. El eco de funcionarios y la reacción violeta más o menos orgánica en redes sociales afirmó la movida.

No se trataría sólo de lo que algunos definen como componente ideológico básico, es decir, la decisión -y la necesidad- de construir un “enemigo” para confrontar todo el tiempo. En este caso, resulta evidente que la coyuntura tiene su propio peso. Es una pelea por mantener expectativas, en la economía cotidiana -más allá de la discusión abierta en términos “macro”-, objetivo complicado en todas las gestiones y que, en general, los oficialismos enfrentan colocando toda responsabilidad fuera de la gestión. Y si pueden ponerle nombre, mejor.

Milei volvió a exponer la tendencia a los apodos que considera ácidos para descalificar: “Don chatarrín”, “Don gomita alumínica”. Pero fue más allá, no sólo al tratarlos de “delincuentes”, sino al definirlos como expresiones de un “sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”. La referencia a un “sistema” es un dato fuerte, por lo que dice textualmente y, sobre todo, porque estaría hablando de un “enemigo” enorme y de un cuadro cuya reversión demandaría esfuerzo. Y tiempo.

Los mensajes presidenciales, y por extensión del Gobierno, provocan previsible y fuerte impacto en el mundo empresarial, descoloca a algunas de sus entidades, inquieta incluso a algunos “amigos” de Olivos. Pero tampoco, al menos por ahora, se plantea una discusión de fondo. No se trataría únicamente por el efecto de las importaciones generalizadas -que el oficialismo considera de manera ingenua o por razones de otra naturaleza como remedio económico-, sino además sobre el tipo de desarrollo y la admisión de responsabilidades propias en la larga crisis del país. Todo -la ofensiva del Gobierno y muchos silencios- como si no existiera contexto internacional, disputas arancelarias, batallas geopolíticas que distorsionan precios para hacer pie en mercados.

La “batalla cultural” no ahonda en estos temas. Está a la vista, en cambio, que los éxitos del Gobierno restan sustento al discurso sobre el factor político como excluyente responsable del cuadro socioeconómico. El Congreso acaba de exponer que no pasan por allí los sobresaltos, al menos en estas horas: se reduce así el recurso de los cuestionamientos en bloque a “la” política. El oficialismo fue estableciendo un tejido de negociaciones -con casi todo el PRO y la UCR, provinciales, peronistas que hacen su juego- para avanzar con sus principales proyectos en el Congreso, que entonces dejó de ser sinónimo de “casta”. También negocia en continuado con la mayoría de los gobernadores. Y en el caso de la reforma laboral, con jefes sindicales, que aún en medio de las disputas, lograron que queden afuera de la ley los renglones que afectaban a las estructuras gremiales (cuotas sobre salarios, aportes para obras sociales).

Visto así, la mira se fue reduciendo al kirchnerismo, que enfrenta su momento de mayor deterioro, pero a la vez cosecha niveles significativos de rechazo por sus gestiones -sobre todo, la de CFK y Alberto Fernández- y como fantasma a futuro. Sin embargo, mantenerlo como enemigo exclusivo tiene sus limitaciones. Asoma cierta fatiga comunicacional luego de la elección de octubre, en especial cuando se insiste con el “riesgo kuka” para explicar problemas diferentes, como la persistencia inflacionaria. Esa tendencia arrancó en etapa preelectoral -mediados del año pasado- y sigue cuatro meses después de los comicios.

De todos modos, el oficialismo mantiene la inercia de descalificar de ese modo cualquier mirada crítica -de economistas y periodistas, en especial- como si fuera parte de la pelea por el discurso o la narrativa. El último tema visible fue la lectura de los datos del EMAE. El informe del INDEC sobre diciembre incluyó datos celebrados por el Gobierno y otros ignorados o minimizados por el oficialismo. De un lado, la variación positiva de 3,5% en la comparación interanual, sostenida sobre todo por los rubros agropecuario, financiero y minero. Y del otro, los números negativos de la industria, el comercio, la actividad gastronómica. Ese señalamiento para evaluar el cuadro completo fue atacado por K.

Algunos informes privados, en base a datos públicos, vienen mostrando complicaciones o cierres de empresas y, de la mano, cifras preocupantes en materia laboral (puestos de trabajo). El caso de Fate pegó en ese contexto, aunque se trata de un problema de arrastre, agravado. Estalló además en horas del tratamiento de la reforma laboral y de paro de la CGT. Fueron ingredientes potentes, por encima de las explicaciones empresariales sobre fechas y pasos previos que anticipaban el desenlace. Eso último era conocido en círculos que no son ajenos a funcionarios de las áreas económica y laboral. La reacción de Olivos no respondió sólo a este caso: pudo ser el disparador, pero de ningún modo la cuestión de fondo.

Este domingo por la noche, se verá si el Presidente incluye una nueva carga en su discurso para abrir otro ciclo de sesiones ordinarias del Congreso. “Batalla cultural”, tituló el reciente mensaje contra los empresarios referidos. Nuevo foco.

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