POLITICA
Radiografía de la Legislatura porteña: en qué gasta $160.000 millones la nueva meca de los candidatos
Con un presupuesto para este año de casi $160.000 millones y un plantel de poco más de 1100 empleados, la Legislatura porteña se convirtió en la nueva meca a conquistar por la dirigencia política nacional en las elecciones del 18 de mayo próximo. Para ello lanzó a competir a sus mejores cuadros, no tan interesados en ocupar una banca sino, más bien, por disputar el dominio de la estratégica ciudad de Buenos Aires, hoy en manos de Pro.
Si resultan elegidos, los 17 candidatos que encabezan sus respectivas listas deberán postergar sus agendas nacionales para abocarse a discutir las cuestiones domésticas de la ciudad; aunque para algunos esto represente un retroceso en sus aspiraciones políticas, al menos tendrán un ámbito de trabajo –el palacio legislativo y sus 60 bancas– que rebosa de salud presupuestaria. No padecerán estrecheces.
Por lo pronto, percibirán un sueldo nada desdeñable. Un legislador porteño cobra hoy $5,6 millones mensuales de bolsillo, monto que por ley se fijó en un 20% adicional al salario bruto que recibe el empleado legislativo perteneciente al escalafón más alto y de mayor antigüedad. Además, se actualiza con cada paritaria y, lo más atractivo aún, está libre del pago del impuesto a las Ganancias.
En efecto, tanto los legisladores como el resto de los empleados de la administración pública porteña gozan de este privilegio merced a una decisión del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Roberto Gallardo, que en agosto del año pasado hizo lugar a una medida cautelar presentada por distintas entidades gremiales que pidieron quedar exentos del pago del tributo. Una medida que discretamente pasó bajo el radar y que ARCA, el órgano recaudador nacional, recién apeló en diciembre pasado.
Este beneficio explica por qué los legisladores porteños cobran más que un diputado nacional (cuya dieta de bolsillo ronda los 4,3 millones mensuales después de pagar Ganancias), aunque, a diferencia de estos, no tienen choferes a disposición. Eso sí, comparten la posibilidad de contar con un staff de asesores a su cargo a partir de contratos temporarios que el legislador dispone de manera discrecional.
Según datos oficiales, la Legislatura cuenta con un plantel de 1152 empleados, de los cuales 458 son agentes permanentes mientras que otros 694 son temporarios. De estos últimos, 325 personas se desempeñan como asesores, lo que representa un promedio de 5,4 por legislador.
Sin embargo, hay quienes tienen más asesores que este promedio. Se argumenta que es por la función que ocupa el legislador –si preside una o varias comisiones, si tiene un bloque o un monobloque, entre otras disquisiciones–. Lo cierto es que en casi todos los bloques, incluso en La Libertad Avanza –que hace gala de la motosierra para cortar los gastos porteños–, hay legisladores que cuentan con un plantel nutrido de asesores; por nombrar solo algunos, Gustavo Molas (UCR Evolución) tiene 11; Patricia Glize (Vamos por más), nueve; Silvia Imas (LLA), nueve; y Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria), otros nueve.
La excepción es la izquierda: Celeste Fierro y Gabriel Solano figuran con dos asesores cada uno.
En qué gasta la Legislatura
Según datos oficiales, la Legislatura porteña tiene asignados $159.694 millones para este año, un 48% superior al cierre de 2024, suba que excede largamente el pronóstico de inflación para 2025. En la Legislatura aclaran que, en rigor, esta partida representa solo el 1,16% del gasto anual de la ciudad, porcentaje que se ubica muy por debajo del umbral del 1,5% que fijó la Constitución porteña en su artículo 75 como límite máximo para el presupuesto de su palacio legislativo.
“El 1,16% asignado para este año es el porcentaje más bajo desde 2016”, señalaron a los voceros del oficialista Matías López, vicepresidente de la Legislatura y, en carácter de tal, encargado de administrar sus gastos.
Lo cierto es que, con una asignación de casi $160.000 millones para este año, el órgano legislativo porteño tiene motivos para la envidia de otras legislaturas. A manera de comparación, la de Córdoba, por caso, tiene asignado un presupuesto de poco más de $36.000 millones para 2025; como la porteña, es unicameral y tiene un número similar de integrantes, 70 en total.
Desde la Legislatura esgrimen que el mantenimiento edilicio del edificio, declarado patrimonio histórico, como su anexo administrativo, justifican el presupuesto asignado, el cual también se destina a pagar los sueldos tanto de los legisladores como de su plantel de personal tanto permanente como transitorio. Además, destacan, tiene a su cargo el mantenimiento de la biblioteca –una de las más importantes de la ciudad–, su hemeroteca, el museo instalado en el propio palacio, entre otras áreas.
Si de mantenimiento edilicio se trata, el Congreso también destina una parte importante de su presupuesto a ese rubro por haber sido declarado patrimonio histórico. Una de sus cámaras, el Senado, está compuesta por un número similar de integrantes que la Legislatura (72 en total); empero, al comparar sus respectivos gastos de funcionamiento se observa que, en algunos rubros, esta última le saca amplia ventaja.
Por caso, en bienes de consumo –que incluye desde productos alimenticios, vestuario, productos de papel, entre otros ítem–, la Legislatura tiene previsto una partida de $2177 millones; el Senado, $1528 millones. En servicios no personales la diferencia es aún más abultada: mientras el Senado prevé un gasto de $11.343 millones, la Legislatura más que la duplica: $24.992 millones.
Este último rubro incluye, por caso, mantenimiento, reparación y limpieza: la Legislatura porteña asignó una partida anual de $3569 millones, mientras el Senado le destina la mitad. En publicidad y propaganda se observa también una importante diferencia: el Senado prevé un gasto de 132 millones anuales, mientras que la Legislatura casi $1900 millones.
En el palacio legislativo porteño explican que el gasto en publicidad obedece a la propia dinámica de sanción de las leyes de la ciudad, que incluye la organización de audiencias públicas para aquellas normas de doble lectura, designaciones de miembros del Poder Judicial y otros funcionarios cuyo nombramiento requiere dicha instancia. En 2023, por caso, se realizaron un total 35 audiencias públicas y, para cada una de ellas se hicieron las publicaciones correspondientes para su difusión, como exige la ley.
Además, esgrimen que la Legislatura desarrolla numerosos programas y lleva adelante actividades tanto públicas como privadas para cultivar el vínculo con el vecino. Después de todo, afirman, se trata de un palacio legislativo abierto a toda la ciudadanía.
POLITICA
La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión
El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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