POLITICA
Reforma laboral: ¿qué pasará si la oposición logra voltear el capítulo del fondo de asistencia laboral?
Con los cambios presionados por la oposición aliada y dialoguista, la discusión por la reforma laboral entró en una zona de riesgo. Si la Cámara de Diputados modifica o rechaza este jueves el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos que más resistencia genera, el proyecto abrirá un escenario complejo para el oficialismo: como cámara de origen, el Senado deberá resolver si insiste con su redacción original o si acepta los cambios.
Como parte de las negociaciones, el Gobierno aceptó eliminar el artículo 44, que regulaba las licencias por enfermedad. Esa modificación ya garantiza que el proyecto vuelva al Senado, pero, como el oficialismo está dispuesto a convalidarlo, la Cámara Alta lo aprobaría sin mayores obstáculos y la reforma quedaría sancionada.
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El problema es distinto con el FAL. En la Casa Rosada aseguran que no admitirán modificaciones en ese ni en ningún otro punto. Si Diputados lo rechaza o altera sustancialmente, el Senado podría insistir en su versión original. Esa dinámica demoraría el trámite y el Ejecutivo no podría cumplir con los tiempos políticos fijados para llegar a la apertura de sesiones ordinarias con la reforma laboral convertida en ley. Pero en el peor de los escenarios para el oficialismo, el proyecto podría perder estado parlamentario si se mantuvieran las diferencias entre ambas cámaras.
Qué puede pasar si el Senado no acepta los cambios
De acuerdo con el procedimiento parlamentario, si la Cámara de origen, en ese caso el Senado, rechaza las modificaciones introducidas por la revisora, el proyecto vuelve a Diputados para que insista en su postura o acepte el rechazo. La Cámara Alta solo puede debatir los artículos modificados, no reabrir el resto del texto.
El Senado puede insistir en su redacción original si reúne una mayoría calificada de dos tercios de los presentes. Si acepta los cambios de Diputados, el proyecto queda sancionado con esas modificaciones, como se prevé que suceda con la eliminación del artículo 44. Pero si persisten las diferencias, la iniciativa puede perder estado parlamentario y no volver a tratarse en el mismo año.
En el oficialismo ya habían advertido que, si en Diputados se introducen cambios adicionales a los ya acordados, el Senado no los convalidará. En Balcarce 50 sostienen que la eliminación del artículo 44 fue la concesión necesaria para garantizar la aprobación y que no están dispuestos a reabrir el resto del articulado.
Ese mensaje apunta directamente al FAL. Si el Senado rechazara los cambios de Diputados y la Cámara Baja insistiera, el ida y vuelta legislativo podría extenderse y afectar la hoja de ruta que diseñó el Ejecutivo.
Para la oposición más dura, se abriría así una puerta para que la reforma laboral se caiga, algo que no puedo lograr con los votos en el recinto ni con el paro general y la movilización en la calle.
Qué es el Fondo de Asistencia Laboral
El FAL es un sistema obligatorio que introduce la reforma laboral destinado a financiar indemnizaciones por despido. Se conformará con una contribución del 3% de las remuneraciones que sirven de base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ese aporte se integrará mensualmente junto con las contribuciones patronales.
Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La normativa aclara que esa derivación no implicará responsabilidad del Estado nacional respecto de las obligaciones del empleador. Además, no se podrán utilizar los recursos para ningún fin distinto al pago de indemnizaciones ni elegir administradoras vinculadas, lo que busca evitar que los fondos financien a la misma empresa o a compañías relacionadas.
En el Gobierno sostienen que la reglamentación fijará qué instrumentos financieros podrán utilizarse, qué riesgos estarán prohibidos y qué niveles mínimos de liquidez deberán mantenerse para asegurar que los fondos respondan ante un despido. “La idea de que se puedan invertir es que la plata no pierda valor. No van a tener carácter de riesgo”, aseguraron desde Casa Rosada.
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El esquema prevé beneficios fiscales. Los FAL estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y no tributarán IVA, salvo por las comisiones de las administradoras. La contribución del 3% se compensará con una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas al SIPA.
En el oficialismo niegan que se trate de un sistema similar al de las AFJP y remarcan que los fondos no pertenecen al trabajador, no constituyen capitalización individual ni reemplazan haberes previsionales. Pero pese a esas aclaraciones, el FAL se convirtió en uno de los puntos más sensibles del debate parlamentario. Si Diputados decide modificarlo, el Senado tendrá la última palabra y el desenlace podría definir no solo el contenido, sino también la viabilidad política de toda la reforma.
reforma laboral, indemnizaciones
POLITICA
La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión
El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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