POLITICA
Reforma laboral: qué son los fondos de asistencia y cómo el Gobierno busca regular su funcionamiento

El Gobierno quiere regular las inversiones de los fondos que se utilizarán para pagar indemnizaciones en caso de que se apruebe la reforma laboral en el Congreso. Se trata de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que cuentan con beneficios fiscales, como la exención del impuesto a las Ganancias. La supervisión estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según fuentes oficiales, la reglamentación establecerá qué instrumentos financieros podrán usar, qué riesgos estarán prohibidos y qué niveles mínimos de liquidez deberán mantener para asegurar que los fondos puedan responder ante un despido. “La idea de que se puedan invertir es que la plata no pierda valor. No van a tener carácter de riesgo”, expresan en Nación.
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El proyecto establece que el empleador no podrá utilizar los recursos para ningún fin distinto al pago de indemnizaciones y que no podrá elegir administradoras vinculadas, lo que -en la práctica- prohíbe cualquier mecanismo por el cual los fondos podrían volver a financiar a la misma compañía o a empresas relacionadas.
En la Casa Rosada descartan que el esquema sea un “globo de ensayo” de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y remarcan que los fondos no pertenecen al trabajador, no son de capitalización individual, no reemplazan haberes futuros y no se integran a un sistema previsional.
Los fondos se financiarán con una contribución obligatoria del 3% del salario de cada trabajador, aportada mensualmente por el empleador. Ese monto irá a una cuenta individual, un “patrimonio separado” inembargable e inajenable, exclusivo para cubrir preaviso, integración, despido y otras indemnizaciones previstas por ley.
Además de estar exentos del impuesto a las Ganancias, los FAL tampoco tributarán IVA, excepto por las comisiones que perciban las administradoras. La contribución obligatoria del 3% que financiará cada cuenta individual se compensará con una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
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La creación de los FAL forma parte de un proyecto más amplio, que incluye la actualización de convenios colectivos, la limitación de la ultraactividad, la revisión de aportes laborales, la homologación directa de acuerdos transaccionales y la prohibición de la aplicación analógica de convenios.
El texto también redefine criterios de registración, de solidaridad en cadenas productivas, de actualización de créditos laborales y establece nuevos parámetros operativos en materia de vacaciones, formas de pago y tratamiento de propinas. Induce además cambios sobre el régimen de trabajo agrario.
El Gobierno apunta a bajar los costos asociados a la contratación y a disminuir la litigiosidad, pero reconoce que el impacto será gradual y dependerá del contexto económico. Admiten además que no cuentan con una proyección oficial de cuántos empleos podrían formalizarse a partir de la reforma, y que muchos de los cambios deberán ser interpretados por los tribunales laborales, lo que anticipa un escenario de implementación progresiva.
La puesta en marcha -en caso de sancionarse en el Congreso- exigirá coordinación entre Trabajo, Economía, la CNV, ARCA, el Banco Central, los sindicatos -que deberán acordar la operatividad de la cuota de afiliación con los trabajadores- y las administradoras privadas. En Nación sostienen que el mercado laboral que lleva una década sin creación neta de empleo formal privado y con niveles de informalidad cercanos al 50%, especialmente entre los menores de 35 años.
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El Ejecutivo busca que la iniciativa obtenga media sanción en el Senado antes del 30 de diciembre -de forma que se trate en Diputados luego del 15 de enero- y no descarta contactos con la central sindical para evitar tensiones -como un paro- durante su votación en el Congreso.
La encargada de las negociaciones del oficialismo en la Cámara Alta es la jefa de bloque, Patricia Bullrich, que buscará estar al frente de la comisión de Trabajo y Previsión Social de forma temporal hasta febrero para luego cedérsela a su titular actual, Carmen Álvarez Rivero.
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POLITICA
El Gobierno reforma por decreto la SIDE: cuáles son los cambios y nuevas atribuciones

El Ejecutivo publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la Ley de Inteligencia en aras de conferirle un mayor poder a la SIDE.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) seguirá a la cabeza del espionaje estatal pero con la reformulación vía decreto tendrá poder de policía para detener a personas ante hechos de flagrancia, proveerse a sí misma de seguridad y requerir información a organismos del Estado.
El presidente Javier Milei firmó dicho DNU junto a todo el Gabinete el 31 de diciembre de 2025. Con esta reforma, la SIDE podrá reordenar la estructura de toda el área, crear agencias, disolver otras y unificar tareas para facilitar el intercambio de datos.
Quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE
Desde el Gobierno afirmaron que los cambios están orientados a modernizar, ordenar y legitimar el Sistema de Inteligencia Nacional al integrarlo al Estado, separarlo de funciones policiales y adaptarlo a amenazas contemporáneas. A su vez, lo somete a mayores controles.
El decreto dotará de una mayor opacidad al accionar del organismo: “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional” señala el artículo 2 bis del DNU, según lo informado por Infobae.
En el artículo 19, se prevé que, “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
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POLITICA
Con su presentación en el Foro de Davos como primer viaje confirmado, Milei delinea su agenda internacional para 2026

Luego de un intenso año electoral, con fuertes altos y bajos, el presidente Javier Milei delinea su agenda internacional para el 2026, que incluirá una nueva presentación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, otra cumbre con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y el impulso de una alianza de líderes de derecha.
El libertario confirmó su participación en la edición de Davos de 2026, que se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de enero. Será la tercera vez que Milei participe del encuentro que reúne cada año a líderes políticos, empresarios, académicos y referentes de la sociedad civil de todo el mundo.
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Se prevé que el mandatario redoble las críticas contra la lo que denomina “agenda woke” y vuelva a hacer una fuerte defensa de las ideas del liberalismo económico y cultural. Para Milei, el foro representa una plataforma estratégica para proyectar su mensaje más allá de las fronteras y consolidar su perfil ante líderes y mercados internacionales.
La edición 2026 del Foro de Davos tendrá como lema “Un espíritu de diálogo”. Según los organizadores, el programa tendrá como claves cinco grandes desafíos globales, con eje en la cooperación entre el sector público y privado, con la participación de múltiples actores.
Javier Milei se prepara para una nueva reunión con Donald Trump
Milei además planea una nueva reunión con Trump, con el acuerdo comercial con Estados Unidos de fondo. El entendimiento apunta a incentivar un aumento del intercambio bilateral y acelerar inversiones norteamericanas en la Argentina.
Como anticipó TN el Gobierno apuesta a acelerar las negociaciones y reuniones técnicas con la administración de Trump para empezar a implementar los detalles del convenio. Desde el Gobierno aclararon que se aplicará por partes e insistieron en que se fijó un marco para “ir dialogando”.
Javier Milei apuesta a una alianza internacional de líderes de derecha con el apoyo de más de diez países

Entre las claves de su agenda internacional, Milei avanza en la conformación de un bloque de presidentes y líderes de derecha para contrarrestar los movimientos socialistas que existen en distintos países de Latinoamérica.
La intención del Presidente es convocar a una cumbre con todos estos dirigentes que hasta el momento superarían los diez, que en principio podría ser este año en Buenos Aires. Con el impulso a este grupo el mandatario busca lograr una alianza estratégica que se consolide y tenga influencia contra las situaciones que se dan en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El mandatario también quiere contrarrestar el poder de los gobiernos democráticos como el de Lula da Silva en Brasil o el de Gustavo Petro en Colombia, que son de un signo ideológico antagónico al del libertario.
Milei dijo al respecto: “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del Siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato mentiroso, engañoso para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población, si todos los lugares en donde lo aplican es un fracaso”.
El Presidente planteó en el adelanto de una entrevista que le dio a CNN en Español: «No le pusimos un nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando. Estamos intentando hacer un bloque para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del siglo XXI o de los woke, ni hablar de las versiones más extremas”.
Hasta el momento, en Casa Rosada esperan que Milei sea el líder del bloque que podría estar integrado por José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), José Jeri (Perú) y Nayib Bukele (El Salvador). La idea sería que todos los países miembros se mantengan alineados con Estados Unidos, que preside Trump.
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El Gobierno modificará con un DNU la ley de inteligencia: la SIDE tendrá más poder y capacidad para aprehender personas

El Gobierno publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la ley de inteligencia, con el que le dará mayor poder a la SIDE, que pasará a controlar todo el sistema de espionaje y tendrá autoridad para requerir información a cualquier organismo del Estado, además de sumar facultades, como la posibilidad de detener a personas ante pedido judicial o hechos de flagrancia.
El documento, que fue firmado ayer 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, reordena la estructura de toda el área, crea agencias, disuelve otras y unifica tareas para facilitar el intercambio de datos.
Entre otros puntos, se incorporan definiciones que hasta ahora no estaban explícitamente incluidas en la normativa vigente, como la caracterización del trabajo en este sector como de naturaleza reservada.
“Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, señala el artículo 2° bis del texto del DNU al que accedió Infobae.
El decreto también detalla el concepto de contrainteligencia y las acciones que se incluyen dentro de ese campo.
“Las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general“, se aclara.
En cuanto a la estructura, la SIDE continúa como organismo principal, pero se modifican y reordenan varias de sus dependencias: la Agencia de Seguridad Nacional cambia su nombre y pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco en el ámbito digital, y la antigua División de Asuntos Internos es sustituida por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).
La norma también amplía y especifica las atribuciones de la SIDE. La coloca al frente de la planificación del esfuerzo estatal en materia de obtención y análisis de información estratégica, le otorga la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y la vincula con otros organismos nacionales y extranjeros en la materia.
Se dispone, por caso, que podrá solicitar datos a cualquier organismo del sector público y coordinar acciones con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se le asignan funciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la elaboración de análisis geoespacial y la gestión criptográfica del Estado.
Uno de los puntos más novedosos del decreto es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado y bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que tendrá la responsabilidad de “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos (…) y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.
Para su puesta en marcha, se transfieren bienes, patrimonio y personal que anteriormente estaban asignados a funciones de ciberseguridad en la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.
El decreto crea además dos ámbitos de coordinación interinstitucional. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional reúne a los organismos de espionaje con áreas especializadas que cumplen tareas similares dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y otros entes con competencias afines. Su finalidad es facilitar el trabajo conjunto y la articulación permanente bajo la conducción de la SIDE.
Por otro lado, la Comunidad Informativa Nacional involucra a sectores con capacidad de generar datos relevantes para el análisis estratégico del Estado. Allí se incluyen ministerios, autoridades de documentación e identificación, Migraciones, Aduanas, organismos del área nuclear y otros entes.
“La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de la Presidencia de la Nación establecerá la organización, el funcionamiento y los procedimientos técnicos mediante los cuales los miembros de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) deberán suministrar la información“, marca la norma.
El texto dedica un párrafo específico a la protección de instalaciones, bienes y empleados de los organismos incluidos en el sistema. Se establece que estos podrán proveerse sus propios mecanismos de seguridad y repeler o hacer cesar agresiones que los afecten.
También, en el artículo 19, se prevé que, “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
Por último, el decreto contempla la reasignación del personal de los organismos que cambian de denominación o se disuelven y precisa cómo será la continuidad funcional de las estructuras existentes mientras se completa el proceso de reorganización.
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