La Cámara Federal de Casación mantuvo hoy las restricciones para que la expresidenta Cristina Kirchner cumpla su condena en su casa de San José 1111. Rechazó el pedido de la defensa de la titular del PJ para sacarle la tobillera electrónica, ampliar el horario de uso de la terraza y la cantidad de visitas simultáneas.

La decisión fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que, por mayoría, confirmaron lo que había dispuesto el tribunal oral que condenó a la expresidenta a 6 años de prisión.

La disposición fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia. Así, Borinsky se mostró a favor de flexibilizar las medidas y hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa de la expresidenta

La mayoría del tribunal sostuvo que las restricciones impuestas a las visitas o el uso de la terraza y el monitoreo electrónico se inscriben dentro de las facultades de control previstas en la ley, y no implican un “agravamiento ilegítimo de la pena”, como sostenía la defensa.

Se confirmó entonces el régimen que exige autorización judicial previa, individual y fundada para el ingreso de personas que no integren el núcleo familiar inmediato o el equipo profesional indispensable, con un límite de hasta tres personas por encuentro, dos veces por semana y por un máximo de dos horas.

Se decidió imponer este límite porque el 17 de noviembre de 2025 Cristina Kirchner recibió a un grupo de nueve economistas en su casa y publicó esa imagen en la red social X.

Si bien los economistas habían sido individualmente autorizados a ingresar, el tribunal oral entendió que no se había informado que se trataba de un encuentro colectivo y simultáneo.

La difusión pública de ese evento fue considerada por la mayoría de los jueces de la Casación como una circunstancia que desbordó el régimen autorizado y justificó la necesidad de precisar y reforzar las condiciones de control.

En su voto, el juez Hornos desarrolló un encuadre conceptual amplio sobre la naturaleza de la prisión domiciliaria. Señaló que se trata de una modalidad excepcional de cumplimiento de una pena privativa de libertad y no de una situación equiparable a la libertad plena.

Destacó que la pena cumple no solo una función resocializadora, sino también una función institucional y expresiva, en tanto reafirma ante la comunidad la vigencia de la norma vulnerada, especialmente en casos de corrupción de gravedad institucional.

En esa línea, afirmó que el cumplimiento efectivo y controlado de la condena constituye un mensaje público que no debe diluirse mediante flexibilizaciones infundadas.

La defensa se quejó de presiones mediáticas para mantener el régimen de la condena, pero los jueces rechazaron este argumento.

Hornos afirmó que no se acreditó una afectación de la independencia judicial y sostuvo que no puede quedar sujeta a especulaciones o conjeturas carentes de pruebas.

Señaló que “la mera existencia de debate público o cobertura periodística no implica, por sí misma, injerencia indebida sobre la decisión judicial”.

Destacó que en un sistema republicano el control ciudadano sobre las decisiones judiciales forma parte del funcionamiento democrático, en tanto la ciudadanía se informa y evalúa el desempeño institucional a partir de resoluciones debidamente motivadas y dictadas derecho

En relación con el sistema de autorizaciones, la mayoría consideró que exigir pedidos previos, individuales y fundados para determinadas visitas no configura una sanción adicional, sino una herramienta organizativa razonable para evitar la desnaturalización del régimen domiciliario.

También descartó que exista violación al principio de igualdad, al sostener que las pautas fijadas responden a circunstancias concretas del caso y no implican trato discriminatorio ni privilegios.

En cuanto a la tobillera electrónica, el tribunal reafirmó que su utilización es la regla en los casos de prisión domiciliaria a partir de la reforma introducida por la ley 27.375.

Señaló que la ausencia de incidentes no torna innecesaria la medida, sino que confirma su eficacia preventiva.

Asimismo, aclaró que la custodia policial permanente que posee la ex presidenta por su condición institucional no sustituye el control judicial que ejerce el sistema de monitoreo electrónico, dado que ambas figuras tienen finalidades distintas.

En disidencia, el juez Borinsky propuso hacer lugar al recurso y flexibilizar integralmente el régimen. Su postura implicaba dejar sin efecto la tobillera electrónica, ampliar el uso de la terraza y eliminar la exigencia de autorización judicial previa para las visitas.

Su voto consideró que el régimen de autorizaciones individuales resultaba excesivamente restrictivo y que exigir intervención judicial previa para cada visita podría generar una situación más gravosa que el régimen intramuros, donde las visitas se desarrollan bajo pautas regladas sin autorización judicial específica para cada encuentro.

LA PLATA.-La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió en Congreso extraordinario que las clases en la provincia de Buenos Aires no comiencen el 2 de marzo “tras considerar insuficiente” la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof.

De este modo se rompería el Frente Gremial docente, donde la FEB es socio mayoritario junto al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), que responde a Roberto Baradel y que ya aceptó la propuesta.

En caso de no encontrar una solución será el primero de los seis años de gobierno de Axel Kicillof en que el ciclo lectivo comienza con un paro masivo.

Bajo el paraguas de la emergencia económica ya declarada por la Legislatura, el gobierno bonaerense busca que la crisis por los recursos que dejó de recibir de Nación – más de 13 billones de pesos- no impacte de lleno en su vínculo con el frente gremial.

Esta noticia inquieta al gobierno que ya acordó con los trabajadores estatales, los agrupados en la Ley 10430, los regidos por leyes especiales y por la mayoría de los docentes. La amenaza de la FEB supone una posible ruptura del Frente de Unidad Docente, que fue mayormente acuerdista con Kicillof, ante la alianza estratégica con Roberto Baradel (Suteba, CTA).

El 5 de febrero se retomó la negociación paritaria, que hasta ahora supone un alza de cuatro por ciento para el sector. La FEB rechazó la propuesta por considerarla “insuficiente” y espera una mejora, aunque no hay fecha de una próxima reunión.

En tanto, desde el gobierno de Kicillof informaron que “en un marco de emergencia económica provocada por las políticas del gobierno nacional, y haciendo una mejora sustancial respecto de su anterior oferta”, se acordó con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes gremiales de los trabajadores de la Ley 10430 y leyes especiales de la Provincia el nuevo aumento salarial.

“La oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo”, indicaron también.

Asimismo advirtieron del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia, “producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación”.

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