POLITICA
Ricardo Quintela le dio un contrato en el estado y la gerencia de una de sus empresas a su hija
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una maniobra que combina nepotismo, negocios privados y utilización de recursos públicos. Su hija, Guadalupe Quintela, fue designada como gerente de la empresa privada de su padre, Establecimiento Agrícola – Ganadero El Mistol SRL. No se trata de un hecho aislado: desde septiembre de 2021, Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja, con un sueldo mensual de 1.250.000 pesos.
La firma fue constituida el 4 de noviembre de 2014 por el propio Quintela junto a su socio, Ricardo Ezequiel Albrecht, y se dedica a un amplio abanico de actividades agropecuarias, comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios. Según el acta constitutiva publicada por la Justicia de La Rioja, su domicilio legal se encuentra en San Isidro 292, barrio Tiro Federal de la capital provincial, y su capital social inicial fue de apenas 100 mil pesos.
Pero no todo en El Mistol es producción rural: el Banco Central de la República Argentina todavía destaca en su Central de Deudores del Sistema Financiero que, allá por 2021, la empresa extendió un cheque por 205 mil pesos que fue rechazado por falta de fondos. El dato financiero resalta aún más en contraste con la designación de la hija del gobernador como máxima autoridad administrativa de la firma.
El caso deja al descubierto una trama de vínculos familiares y discrecionalidad en el manejo del poder. No solo Guadalupe Quintela dirige la firma, sino que, al mismo tiempo, cobra un contrato estatal por más de un millón de pesos mensuales, en una provincia marcada por los altos índices de pobreza y desempleo.
Denuncia y amenazas
Este escándalo se suma a una serie de recientes denuncias por amenazas e irregularidades que afectan directamente al mandatario riojano. Guillermo Galván, director nacional de Equipamiento Federal del ministerio de Seguridad y exviceintendente de la capital provincial, denunció recientemente a Quintela en la Justicia Federal por amenazas e intimidación mediante mensajes encriptados. Según Galván, el gobernador le habría advertido que “no vas a poder vivir más en La Rioja”.
Galván, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y actualmente responde a Patricia Bullrich, también denunció que la Nación le rechazó la rendición de cuentas a la provincia por más de 675 millones de pesos en obras públicas no justificadas, como las terminales de ómnibus de Chilecito, Chepes y Milagro.
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Una polémica estalló en el Congreso tras las declaraciones de la senadora Carmen Álvarez Rivero. La legisladora del Pro por Córdoba cuestionó el sistema de atención del Hospital Garrahan durante una reunión de comisiones que debatía la emergencia sanitaria pediátrica.
Durante su intervención en el Salón Illia del Senado, la legisladora cordobesa expuso su postura sobre la atención sanitaria en el país. En ese marco, realizó la afirmación que provocó el rechazo generalizado. Álvarez Rivero dijo textualmente: “no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.
La senadora fundamentó su posición en la idea de que la salud es una competencia provincial. Cuestionó la centralidad del Garrahan y la financiación federal. “La frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”, expresó.
Advirtió también sobre el impacto económico que la atención de pacientes de otras jurisdicciones genera en su provincia. “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, detalló.
Luego solicitó una compensación financiera. “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”, manifestó.
Las afirmaciones de Álvarez Rivero recibieron una respuesta inmediata de legisladores de diferentes bloques políticos. La primera en contestar fue la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, del Frente Nacional y Popular. “La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”, replicó.
Guadalupe Tagliaferri, senadora del Pro por la Capital, también intervino. Recordó el marco legal vigente que protege el derecho a la salud. “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado”, sostuvo. Tagliaferri también citó la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que posee rango constitucional en la Argentina. Explicó que uno de sus principios es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud.
El senador Martín Lousteau, de la UCR, fue el más duro en su crítica. Calificó los dichos de su par como una expresión de una mentalidad injusta. “Que alguien diga que los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona. Me parece de un nivel de violencia inusitado”, opinó Lousteau.
Frente al repudio que generaron sus palabras, la senadora cordobesa intentó aclarar su postura. Afirmó que sus dichos fueron malinterpretados. “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”, aclaró.
Luego, reiteró su argumento principal sobre la distribución de recursos y la competencia provincial. “No podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos… hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de Ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria”, completó.
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POLITICA
Cumbre secreta en Casa Rosada: el “Triángulo Político” de Milei se reunió de noche y tomó definiciones clave
Ayer por la noche, en un lapso no mayor a una hora, terminaron por desembocarse tres sucesos centrales para la agenda política del Gobierno. Trascendió el desplazamiento de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); la detención de Ariel García Furfaro y directivos del laboratorio HLB Pharma; y el bloqueo a la iniciativa opositora para voltear el veto de Javier Milei a los aumentos jubilatorios. Los audios de las presuntas coimas, el fentanilo contaminado y la ardua sesión de Diputados; configuraron una jornada frenética para la plana mayor de la Casa Rosada.
En ese mismo edificio se daría, minutos después de esa votación legislativa, una reunión reservada y sin previo aviso entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor presidencial Santiago Caputo. Los tres configuran el triángulo de funcionarios políticos de mayor confianza del Presidente, que en ese momento ya estaba en la Quinta de Olivos. Tampoco era necesaria su presencia, ya que suele delegarles la coordinación de los asuntos más relevantes de la gestión.
La reunión se dio en las oficinas de la planta baja de la Jefatura de Gabinete, inició pasadas las 20 y duró cerca de una hora. Los referentes libertarios comieron chipa (un acompañamiento que suele ser habitué en estos convites) y hablaron de los temas más sensibles de la agenda que ocupaban la plana mayor de los medios nacionales.
El secretismo suele ser una marca registrada de este tipo de encuentros, pero no tardó mucho en revelarse cuál había sido uno de los objetivos de la conversación: minutos después de la medianoche, la cuenta institucional de la Vocería Presidencial hizo la primera comunicación oficial de una entidad del Estado sobre los audios que esgrimen presuntas coimas de parte de funcionarios nacionales. En la publicación se aludió a que este episodio fue utilizado políticamente por la oposición para ganar rédito electoral, pero indicó que se había decidido la remoción de Spagnuolo.
“El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”, agregó la cuenta institucional. Ambas decisiones ya estaban redactadas y listas para ser publicadas en el Boletín Oficial de este jueves.
La intervención de la ANDIS es una nueva atribución que tomará el máximo responsable sanitario, que no se irá de la gestión. Milei tampoco prevé pedirle su renuncia: se trata de una persona de extrema cercanía del asesor presidencial, además del mayor técnico en cuestiones sanitarias de la administración libertaria. Ante todo, el Presidente espera de Lugones los lineamientos para una amplia reforma del sistema de salud, la cual no está prevista para el próximo período legislativo, pero sí para más adelante.
Lugones ya había estado reunido con Santiago Caputo horas antes. Es probable que en ese encuentro se hayan terminado de materializar algunos aspectos clave de las medidas anunciadas esta madrugada. El ministro había visitado a Francos el lunes; pero hasta entonces no había estallado la revelación de los audios de Spagnuolo. Desde el momento que se hicieron públicos, la decisión política de qué hacer en el Ministerio de Salud dejó de estar en manos de Lugones, sino al arbitrio del “Triángulo Político” de Milei, que cortó las comunicaciones informales con la prensa y se limitó a diseñar la gestión de crisis del caso.
Tanto la renuncia de Lugones como la de la intervención de la ANDIS ya estaban prácticamente determinadas al momento de la reunión de Karina, Francos y Caputo. Hacia el comienzo de la jornada, en la cúpula del Gabinete estaba la opinión mayoritaria que Spagnuolo no podía seguir un solo día más en la gestión nacional. No hay novedades de qué reestructuraciones puede suponer la intervención en la Agencia, tampoco quién puede ser el nuevo Director Ejecutivo.
El primero en irse del encuentro fue Francos, que se lo divisó caminando por el Salón de los Bustos alrededor de las 21:30. Otros altos funcionarios -como Eduardo “Lule” Menem- emprendieron retirada cerca de las 23. Los equipos de Francos y el de Caputo siguieron trabajando juntos pese a haber terminado la cumbre del Triángulo. Durante ese plazo habían ajustado la comunicación de la Vocería y continuaban monitoreando la maratónica sesión de Diputados, aunque los dos vetos que le importaban al Gobierno ya habían sido votados.
Ambos equipos ya habían aunado esfuerzos horas antes para trabajar en la ratificación del veto a los incrementos jubilatorios. Estas gestiones -que constaron en contactos con ciertos diputados y gobernadores que ofician de aliados ocasionales- se activaron al ver que el veto de la Emergencia de Discapacidad había sido volteado por la oposición.
“Si lo de jubilados no se frenaba, la masacre pintaba para seguir; por eso trabajamos juntos”, contaron desde un sector de la Casa Rosada. La cuestión era política, pero también económica. Según datos de la consultora Empiria, el costo fiscal de discapacidad para 2026 es de 0,1% del PIB, mientras que para la ley jubilatoria era de 1,2%.
En el Ejecutivo hay preocupación por la avanzada de la oposición en el Congreso. “Estamos como un boxeador que sube la guardia esperando a que lo muelan a piñas”, graficó un funcionario. Y es que mañana el Senado prevé sesionar para tratar los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría y el volteo de los decretos desreguladores de Vialidad Nacional, la Marina Mercante, el INTA y el INTI, entre otros más.
Aquello resulta anecdótico en relación al panorama mediático que se espera para las próximas jornadas. Mientras tanto, se supone que ya debería estar planificándose el inicio de la campaña electoral nacional. Pareciera que ese asunto fue dejado de lado solo por este miércoles.
Dos legisladores del bloque La Libertad Avanza facilitaron este miércoles el quorum para una sesión clave en la Cámara de Diputados. La maniobra expone las tensiones internas en el oficialismo y habilita el tratamiento de los rechazos a vetos del presidente Javier Milei. La oposición busca anular las decisiones del Poder Ejecutivo sobre los aumentos en las jubilaciones, las pensiones por discapacidad y la ayuda económica para Bahía Blanca por las inundaciones de marzo.
Los diputados libertarios que dieron quorum son Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro. Ambos integran el bloque oficialista, pero mantienen serias diferencias y enfrentamientos con la conducción de La Libertad Avanza. Sus presencias en el recinto fueron determinantes para que la oposición alcanzara el número necesario de legisladores e iniciara el debate. Los dos diputados arrastran conflictos personales y políticos que los posicionan en un lugar de disidencia dentro de su propio espacio.
Marcela Pagano, experiodista, protagoniza una fuerte interna desde abril. Su conflicto se originó por la presidencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Pagano intentó asumir ese cargo, pero el titular del cuerpo, Martín Menem, impidió su designación. Menem utilizó su atribución como presidente de la Cámara para frenar el nombramiento.
La comisión puede definir las derivaciones de la investigación legislativa sobre el escándalo que involucró al presidente Milei con la criptomoneda $LIBRA. El enfrentamiento por el control de este cuerpo legislativo sigue sin resolución. Las reuniones para su constitución se suspendieron en reiteradas ocasiones.
En medio de la disputa, Pagano acusó a Martín Menem de ‘fascista’ y denunció presiones para que bajara su candidatura. La tensión escaló dentro del recinto, donde también protagonizó fuertes cruces con otras legisladoras libertarias, como Lilia Lemoine.
Durante una de las sesiones para definir la conformación de la comisión, Lilia Lemoine le tomó una foto a Pagano para acusarla de haber dado ‘quórum al kirchnerismo’. La situación derivó en un cruce de insultos. Rocío Bonacci, diputada que acompañaba a Pagano, reaccionó arrojando agua a Lemoine y a Celeste Ponce, quien también se había sumado al reproche
El caso de Carlos D’Alessandro es más reciente y se vincula con la situación del partido en su provincia. El legislador representa a San Luis en el Congreso. Allí, La Libertad Avanza sufrió una intervención del partido en San Luis por orden de aliados de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.
D’Alessandro intentó unificar al espacio libertario de cara a las elecciones nacionales de octubre, pero no lo logró. Ante la falta de acuerdos, el apoderado nacional del partido, Santiago Viola, solicitó la intervención judicial. La jueza María Servini hizo lugar al pedido y desplazó a D’Alessandro de la conducción partidaria local.
“Rechazamos la intervención de ‘Lule’ Menem. Nos quieren callar porque no nos pueden comprar”, declaró D’Alessandro tras la medida. El diputado había ganado una banca provincial en San Luis con un sello propio llamado Tercera Posición, dentro de un mileísmo fracturado. Su figura se hizo conocida a nivel nacional cuando realizó un sorteo de 50 botellas de vino marca Llanto de mandriles en su cuenta de Instagram.
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expone las tensiones internas en el oficialismo y habilita el tratamiento de los rechazos a vetos,Audiencia,Jubilaciones,Hospital Garrahan,,Emergencia en discapacidad. Una primera votación que reveló la pérdida de aliados del oficialismo,,Enojo y sorpresa en su bloque. Randazzo promocionó la sesión en Diputados pero cuando había que habilitar el debate por discapacidad se fue: qué motivo dio,,Dos libertarios dieron quorum. Pagano y D’Alessandro se sumaron a la oposición para tratar los vetos de Milei: los motivos,Audiencia,,Piratería digital. Qué pasó con Al Ángulo TV, la plataforma ilegal que retransmitía partidos de fútbol,,Prueba por prueba. Los resultados de Agostina Hein en el Mundial juvenil de natación,,Jueves agradable. Pronóstico del tiempo: alerta por ciclogénesis, lluvias y fuertes vientos este miércoles 20 de agosto
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