POLITICA
Ruta del dinero K: la Justicia le decomisó a Lázaro Báez más de 50 propiedades y 4 millones de dólares

El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó decomisar más de 3 millones de dólares que el empresario Lázaro Báez tenía en una cuenta en Bahamas, sumado a un millón de dólares que estaban depositados en un banco de Suiza.
La Justicia dispuso además llevar a cabo el remate de 56 propiedades que tenía tanto Báez como su hijo Martín, también condenado en la causa por “la ruta del dinero K». Entre ellas hay departamentos, lotes, casas y cocheras, distribuidas en distintos partes del mundo, además de una decena de quintas que tiene en Argentina.
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Esta decisión se dio en paralelo al embargo que ya le ordenó el tribunal que lo condenó, por una suma de 320 millones de pesos, una sanción económica que representa seis veces el dinero que habría recaudado mediante el lavado.
Según el fallo, el juez Néstor Guillermo Costabel repatrió un total de 2.981.646 de dólares del Banco CBH de Bahamas, a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited; y 1.009.391 de dólares que se encontraban en el mismo banco, pero con otro número de cuenta.
El magistrado también pidió la transferencia inmediata por decomiso de lo depositado en una cuenta de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, del Banco Lombard Odier de la Confederación Suiza, por un monto de U$S907.202, más las ganancias por intereses.
Además, dispuso inscribir a nombre de la Corte Suprema de Justicia unas 56 propiedades de Báez y su hijo Martín Báez, la adjudicación de $2.570.077 por la subasta del avión Rockwell Commander, y $1.757.906 de la venta del avión Learjet matrícula LV-BPL.
La defensa advierte un “serio error” en el fallo
Según pudo saber TN, la defensa de Lázaro Báez presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°4, en el que advirtieron un “serio error” en la resolución. “Se confundieron multa con decomiso. Además, se ordenó avanzar sobre bienes que no están a nombre del empresario”, señalaron.
“Venimos por medio del presente a advertir serios errores e incongruencias“, expresaron en el escrito, en el que además señalaron que los jueces se confundieron también la fecha de la emisión del fallo. ”El proveído fue fechado el 25 de agosto», advirtieron en el escrito.
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“Las cosas a decomisar tienen que haber formado parte del patrimonio del condenado antes o de manera concomitante al hecho, si fueron utilizadas para cometer el delito. O haber ingresado al patrimonio del condenado de manera concomitante o posterior, cuando fueron producto o provecho del delito”, detallaron.
La defensa adelantó que la resolución será recurrida “en tiempo y forma ante el superior”, ya que sostienen que “el tribunal ordenó de forma directa una transmisión de bienes inmuebles, en favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a todas luces, resulta ilegítima y podría aparejar serias consecuencias patrimoniales».
“Por los motivos expuestos y la gravedad institucional de los hechos reseñados, solicitamos a este excelentísimo tribunal que deje sin efecto de manera urgente la resolución referida, por los errores señalados. Subsidiariamente, en virtud del recurso de Casación que será presentado, solicitamos se suspendan los efectos de la resolución en crisis hasta tanto adquiera firmeza”, cerraron.
El caso de “la ruta del dinero K”
La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa PPT de Jorge Lanata en donde se aseguraba que el empresario, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.
El programa incluyó las declaraciones de Federico Elaskar y de Leonardo Fariña, en una cámara oculta.
Tres años después, la causa se reactivó con la difusión de un video en la financiera SGI, de Elaskar, conocida como “La Rosadita”, en donde se veía al hijo de Lázaro Báez contando billetes.
El juez Casanello ordenó en abril del 2016 la detención de Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que fugara. En aquel momento también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, cuando huyó hacia Paraguay.
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de US$ 54.872.866,69.
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Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
Luego se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal entendió acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado por calle Av. Del Libertador) por Leonardo Fariña.
También el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek y la adquisición de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena, tras rechazar un planteo de las defensas.
Lázaro Baez, ruta del dinero K
POLITICA
Reforma laboral 2026, EN VIVO: principales puntos, a quiénes afecta y qué falta para que sea ley

Todo sobre el debate de la reforma laboral en el Congreso minuto a minuto:
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Cómo seguirá el plan de lucha de la CGT: el debate interno que viene y que puede quebrar al sindicalismo

Ya terminó el cuarto paro general de la CGT y su nivel de adhesión, a diferencia del anterior, fue muy importante. ¿Y ahora? La pregunta se la hace la mayoría de los dirigentes sindicales. Todos creen que tiene que seguir el plan de lucha contra la reforma laboral, pero hay fuertes diferencias respecto de cómo debería continuar.
La próxima reunión de la cúpula cegetista para analizar sus próximos pasos se realizará el lunes o martes. El proyecto se tratará el viernes 27 en el Senado para convertirse en ley y hay poco tiempo para definir qué harán ese día para expresar su rechazo a la reforma laboral y la estrategia futura de la central obrera.
Esta vez, el debate interno de la CGT se canalizará a través de la mesa chica, de 8 a 10 integrantes, y no desde el inmanejable Consejo Directivo, de 50 miembros, donde suele haber sobreactuaciones y presencia de varios dirigentes de segunda línea.

Para el actual triunvirato cegetista, que asumió el 5 de octubre pasado, el fuerte impacto del paro general significó la convalidación de su incipiente liderazgo: algunos miraban de reojo a los 3 cotitulares porque les achacaban falta de experiencia para cargarse al hombro el desafío de pilotear la batalla contra la reforma laboral.
Una clave del alto acatamiento a la huelga fue la adhesión brindada por los choferes de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que hace cuatro meses decidieron quedarse afuera de la CGT porque no querían que llegara el triunvirato Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). El sindicato que lidera Roberto Fernández tiene una vieja fama de no sumarse a los paros generales para “congraciarse con los gobiernos de turno”, como dicen sus colegas. Esta vez, sin embargo, el cotitular cegetista Jorge Sola (Seguro) habló el fin de semana pasado con los jefes de la UTA y su tarea persuasiva logró que, con la excepción de los vehículos de dos empresas, este jueves circularan pocos colectivos.
Por debajo del triunvirato (que se completa con Octavio Argüello, de Camioneros), había dirigentes de cuño dialoguista que la semana pasada no compartían la idea de hacer un paro general, que fue promovido el sábado pasado por los 3 cotitulares de la CGT, con un oído puesto en las presiones del ala dura por una protesta urgente y otro en el malestar que generó en la sociedad el polémico artículo 44 de la reforma laboral, que reducía los sueldos en caso de accidentes o enfermedades.

Su propuesta de un paro general de 24 horas el día que Diputados tratara el proyecto sirvió para unificar el frente interno de la CGT, taponando críticas de “tibieza” ante el Gobierno y demostrando que pueden mantener autonomía respecto de referentes dialoguistas que promovieron su ascenso y retienen una elevada cuota de poder en el comando de control cegetista.
Además de impulsar el paro general, los 3 líderes de la CGT endurecieron su discurso: en la conferencia de prensa de este jueves, Jerónimo no sólo criticó a los “gobernadores inescrupulosos” que apoyaron la reforma laboral y aseguró que “recién empieza el plan de acción”, sino que lanzó una advertencia que hizo tambalear su pertenencia al sector dialoguista: “No vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico de nuestro país”.
Ahora, el gran dilema de la CGT es qué hará después del paro general. “Está todo sobre la mesa -dijo a Infobae un directivo cegetista-. La movida de hoy (por la huelga) fue muy importante y debemos ser estratégicamente exitosos en la protesta que llevemos adelante».

Que esté “todo sobre la mesa” quiere decir que se analizará realizar el día que sesione el Senado otro paro general de 24 horas, uno de 36 horas con movilización o sólo una movilización ante el Congreso. Incluso hay quienes opinan que, antes que una protesta para el viernes 27, la CGT debe expresar de forma contundente su repudio a la reforma laboral con una masiva marcha hacia el Palacio de Tribunales cuando se presente la impugnación a la ley (similar a la que se hizo el 27 de diciembre de 2023 contra el DNU 70).
Este debate se dará en medio de las presiones del ala dura, que se radicaliza aún más e incluso suma adherentes. El titular de la UOM, Abel Furlán, que se independizó de la CGT (aunque mantiene a Osvaldo Lobato como secretario Gremial de la central obrera) dispuso un paro y se movilizó este jueves al Congreso junto con sus socios del combativo Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), donde están Aceiteros, pilotos, ATE, SOMU y Viales, entre otros, y propuso un paro de 36 horas, con movilización las primeras 12 horas y después un paro activo en todo el país durante 24 horas (es lo mismo que promueve el trotskismo sindical).
Desde ese sector también hay propuestas de un paro por tiempo indeterminado, como plantearon Daniel Yofra (Aceiteros) y el flamante aliado del Fresu Omar Maturano (La Fraternidad), quien extrema sus posiciones dentro de la CGT y ya se reunió con dos líderes del frente sindical combativo para consensuar un plan de acción.

En la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), también parte del ala dura, no quieren apartarse por ahora de la estrategia de la CGT, aunque plantearán profundizar el plan de lucha con una ola de paros parciales y sectoriales, donde cada día se alternen huelgas en el transporte, la educación y otros servicios públicos, como se hizo en Francia. Cerca del titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) piensan que será más efectivo como método de protesta que un simple “paro dominguero”.
Desde la fracción dialoguista, mientras, uno de sus representantes está convencido de que la CGT debe elegir un camino moderado. “Por ahora hay saber mediatizar el espacio que nos dio el paro para avanzar en los temas que debemos seguir negociando con el Gobierno”. Y agregó: “Hay que mantener esa lógica de acción y negociación con este gobierno hasta 2027″.

Se trata de una postura pragmática. Con resignación ante la sanción de la reforma laboral y el alivio de haber dejado a salvo las cuotas solidarias y los fondos de las obras sociales, hay sindicalistas que no quieren romper con el Gobierno: buscan influir en la reglamentación de la futura ley y, además, saben que dependen del poder libertario para no complicar la gestión cotidiana de sus gremios y las entidades de salud que administran.
Es evidente que hay diferencias profundas entre los dirigentes sobre los próximos pasos de la CGT. El paro general de este jueves ayudó a congelar la interna sindical, pero el debate que se viene puede poner al rojo esa eterna grieta entre el ala dura y los dialoguistas, con la reforma laboral del Gobierno como telón de fondo.
Aun así, la agenda del sindicalismo estará dominada por la conflictividad por otro tema sensible: a unos 10 días del comienzo de las clases, y sin propuesta de aumento salarial a la vista, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, evalúan iniciar medidas de fuerza que pueden complicar el inicio del ciclo lectivo.
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Dos contadoras revelaron que Toviggino concentraba la información impositiva y daba las órdenes de pago

Dos contadoras que trabajan para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declararon ante la Justicia que el tesorero Pablo Toviggino concentraba toda la información impositiva vinculada a la entidad y que daba las órdenes para ejecutar los pagos. Esos testimonios fueron valorados por el juez Diego Amarante al momento de citar a indagatoria a los jerarcas de la AFA, a los que acusa haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos por más de $19.300 millones.
Una de las contadoras que declaró como testigo es Mónica Bouvet, a cargo de la gerencia de Administración y Control de la AFA. Ante la Justicia aseguró que las declaraciones juradas vinculadas a las percepciones del decreto 510/2023 (que estableció el régimen previsional de los clubes) se elaboran en su área y que luego ella misma informa “por mail” a Toviggino sobre los vencimientos.
“Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y el me transmite la instrucción de pagar, con la cual generamos los Vep, los puedo generar yo o alguien de mi oficina”, explicó Bouvet. Luego de eso, el tesorero daba la instrucción de pago, siempre de manera “verbal”, personal o telefónica. Y finalmente intervenía el área de Finanzas de la AFA, que debía ratificar “la instrucción” con el tesorero.
“Yo desconozco quién toma las decisiones, sólo puedo decir que las instrucciones de pago de lo impositivo y retenciones y percepciones relacionados al decreto 510, las transmite el tesorero”, detalló Bouvet hace una semana.
La otra contadora que declaró como testigo, Paula Méndez, ratificó que Toviggino es el responsable del control económico de la AFA y explicó que el presidente, Claudio “Chiqui” Tapia se encarga de firmar los estados contables y además es el administrador de la clave fiscal de la entidad.
“Recibida la orden del tesorero respecto de qué obligaciones van a ser abonadas, nosotros generamos el volante electrónico de Pago, la doctora Bouvet informa a Finanzas que está el VEP para su pago y entiendo que finanzas vuelve a ratificar la orden de pago con el tesorero”, explicó Méndez como testigo.
Los abogados de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Matías Alejo Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, plantearon ayer que más allá del rol central de Toviggino, todos los dirigentes que integran la “mesa chica” de la AFA tenían conocimiento de la situación financiera y por lo tanto algún grado de responsabilidad penal. Ahí aparecen Cristian Malaspina (secretario general desde 2025), Gustavo Lorenzo (director general), y Víctor Blanco Rodríguez (secretario general hasta 2025).
“Todos ellos estaban vinculados a las cuentas que la entidad poseía en el Banco Credicoop (cuentas que siempre utiliza la contribuyente para el pago de los veps)”, resaltaron los abogados de ARCA al momento de pedir las indagatorias.
Según un informe de esa entidad, aportado al expediente el 13 de enero, para firmar cheques o disponer de los fondos de la AFA, era indispensable la firma conjunta de tres de los integrantes de la “mesa chica”.
El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó ayer las indagatorias de Tapia, Toviggino y otros tres directivos. Todos deberán declarar entre el 5 y el 9 de marzo en los tribunales de la avenida Inmigrantes.
Según la denuncia de ARCA, presentada a fines de diciembre, hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros: retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Luego el organismos recaudado amplió la denuncia y sumó otros $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones.
Además de citarlos a indagatoria, el juez les prohibió de salida del país por “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponderle”. En este caso, el delito está regulado por los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de prisión de entre 2 y 6 años.
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