El presidente del bloque PRO de Diputados, Cristian Ritondo, destacó hoy “la capacidad de escucha que tuvo el Gobierno” para eliminar el polémico artículo 44, que creaba un nuevo régimen de licencia laboral, y aseguró que esta decisión destrabó la discusión para que la cámara baja pueda aprobar la ley y girarla nuevamente al Senado para su aprobación definitiva.

“Hablamos con distintas autoridades de la Cámara y, tras exponer los problemas que traía el artículo agregado, coincidimos en que era necesario eliminarlo”, explicó el legislador en diálogo con Radio Mitre, y agregó: “Me parece que complicaba mucho. Lo peor es que el texto era absolutamente inhumano”.

El legislador insistió en los problemas de fondo que representaba mantener los cambios introducidos en las licencias médicas: “Estaba mal redactado y no se entendía. En otros países, cuando hay mecanismos como este, el Estado aporta el dinero adicional, o existe una red más amplia. Aquí, no solo se reducían los sueldos, sino que en casos de enfermedad grave, los aportes se recortaban a la mitad”, indicó. “Ese artículo trababa una ley fundamental para Argentina, que por fin se animó a discutir el Gobierno. Es vital para la modernización y el ingreso de argentinos al trabajo formal», subrayó.

Consultado sobre otras posibles modificaciones, Ritondo fue enfático y señaló que no se prevén más cambios, con excepción de un reclamo conjunto del PRO para que las billeteras digitales sean incluidas como opción para cobrar sueldos: “En las billeteras virtuales, mantenemos la libertad del trabajador. Cada persona debe decidir cómo cobra su salario, sea en un banco tradicional o en cuentas virtuales. El dinero es del trabajador, no de las empresas ni del Estado”, sostuvo.

En esta línea, puntualizó: “No creo que haya ningún otro retoque. El resto está bien. El sistema de vacaciones, las indemnizaciones, todo queda como llegó del Senado”. Y reafirmó que se busca combatir “el negocio de los juicios laborales” para aliviar la carga sobre las empresas y facilitar nuevas incorporaciones formales.

Al referirse al proceso parlamentario que ahora deberá recorrer la ley, destacó que estarán los 129 votos para iniciar el debate. “Nos haremos responsables de dar este debate pendiente desde hace años en Argentina”, afirmó. Sobre la posible cantidad de votos, proyectó: “Espero un número similar al de la ley de baja imputabilidad, alrededor de 140 votos”.

El legislador también detalló los plazos: “La esperanza es que hoy modifiquemos el texto, terminemos y mañana vayamos al recinto. Así podremos sacar la ley desde Diputados y que la semana que viene el Senado termine el tratamiento”. El plazo máximo para que la cámara alta se expida sería hasta el sábado 28.

En cuanto al mecanismo parlamentario, Ritondo explicó: “En el Senado se aceptan o rechazan las modificaciones. Si las rechazan, la ley sale como está“. Así, la resolución definitiva quedará en manos de la cámara de origen, que decidirá si insiste en su versión y otorga la sanción final.

Qué cambia tras la decisión del Gobierno

Con la eliminación del artículo 44 del proyecto original, se descartó una de las modificaciones más profundas al régimen de licencias por enfermedad. La normativa que se pretendía implementar estipulaba que, cuando un trabajador sufría un accidente o enfermedad no relacionada con su empleo, el derecho a percibir su sueldo se vería segmentado según el origen de la afección.

En los casos donde la imposibilidad de trabajar surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para la salud, el trabajador pasaba a percibir el 50% de su salario habitual. Los plazos de cobertura se fijaban en tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo, o seis meses para aquellos con familiares legalmente a cargo. Además, la propuesta establecía una restricción para las enfermedades crónicas: solo se consideraba un nuevo episodio, con derecho a cobro, si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.

Por otro lado, si el accidente o la enfermedad no eran consecuencia de una conducta voluntaria del trabajador, el pago correspondía al 75% del sueldo, manteniendo los mismos plazos según la situación familiar. El texto también blindaba este derecho ante decisiones patronales, determinando que, si el empleador aplicaba suspensiones por motivos económicos o disciplinarios, esto no afectaba la percepción del porcentaje salarial previsto durante el período de convalecencia. Al retirarse este artículo, todos estos porcentajes y plazos diferenciados quedan sin efecto, rigiendo nuevamente el esquema tradicional de pago del 100% del salario.

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El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra el perfil de Instagram “Pedagogía para la acción” por difundir un video extranjero que instruía “de manera concreta” sobre la fabricación de artefactos punzantes, como Miguelitos, con el objetivo de dañar neumáticos y generar violencia en protestas.

Se trata de un historia del perfil que en su bio aclara que es un “espacio de formación antifacista de la clase obrera” y que subió una publicación de un video de una cuenta en inglés que enseña a hacer herramientas de defensa del hogar caseras: en ese caso, con una maguera y clavos.

La denuncia sostiene que este contenido no es educativo, sino un llamado directo al sabotaje y al delito, especialmente en el marco de los recientes disturbios en el Congreso de la Nación.

Firmada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio, la denuncia detalla que la publicación se dio este martes, es decir, en el mismo contexto en el que el Gobierno ya había iniciado causas por hechos delictivos ocurridos durante las sesiones extraordinarias en el Congreso y zonas aledañas.

La preocupación oficial es que la difusión de este material, junto con otras publicaciones del perfil que postulan “el boxeo popular como resistencia para el asedio” y promueven la “lucha activa”, sean en realidad instrucciones tácticas para enfrentar a las fuerzas de seguridad en manifestaciones no pacíficas.

La presentación afirma que el video, utilizado como prueba principal, va acompañado de imágenes que muestran figuras de individuos con el rostro cubierto, alzando los brazos en medio de incendios, y que el perfil que difunde el material plantea abiertamente la “formación doctrinaria e ideológica” con métodos violentos.

Según el Ministerio, este accionar podría encuadrarse dentro del delito de instigación pública para cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 del Código Penal de la Nación Argentina, considerando los artículos 184 y 237 del mismo código.

En el escrito se advierte: “La difusión de este tipo de contenidos no tiene carácter informativo ni pedagógico: no se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”. Se resalta además que esta situación reviste una gravedad particular por ocurrir en medio de tensiones políticas y hechos violentos ya judicializados por el Ministerio.

La denuncia elevada ante la Justicia federal exige la apertura inmediata de una investigación, el seguimiento digital del perfil y la identificación de las personas responsables, con la posibilidad de que se los vincule a otras figuras penales vinculadas con la organización ilícita.

El detalle más relevante radica en que la denuncia no sólo pide sanciones para los administradores del perfil, sino que solicita explícitamente que la Justicia determine si el canal pudo haber servido también para la comisión de otros delitos y la formación de organizaciones ilegales.

Como prueba se acompañó el archivo con el video publicado por “Pedagogía para la acción”. El Ministerio fundamenta la presentación en la urgencia de frenar la escalada de contenidos digitales empleados para planificar sabotajes y ataques durante episodios de protesta.

La denuncia fue remitida al juzgado federal que resulte de turno, con una solicitud explícita: “Se individualicen a los responsables y, en su caso, se aplique la pena correspondiente”.

El Gobierno nacional extendió hasta el 28 de febrero el período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación Argentina, a través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida fue dispuesta por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e incorporó al temario la discusión de un proyecto de reforma de la ley de financiamiento universitario.

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Un decreto que reabre el conflicto por el financiamiento universitario

El Decreto 103/2026 incluyó entre los asuntos a tratar “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, iniciativa que será enviada por el Poder Ejecutivo.

La decisión se conoció luego de que el Gobierno apelara una medida cautelar dictada por el juez Martín Cormick, que había ordenado actualizar las partidas presupuestarias previstas en la ley sancionada por el Congreso el año pasado. Aquella norma había sido vetada por Milei, pero el Parlamento insistió con más de dos tercios en ambas cámaras, en un clima de fuerte tensión política previo a las elecciones legislativas.

Tras esos comicios, el debate sumó un nuevo capítulo con el rechazo al capítulo XI del Presupuesto 2026, que buscaba derogar la ley de financiamiento universitario, pese a que el proyecto fue aprobado en general.

El balance de las extraordinarias y los proyectos en debate

Durante la primera etapa de las sesiones extraordinarias, realizadas en diciembre, el Ejecutivo impulsó seis iniciativas y logró aprobar solo dos: el Presupuesto 2026, sin el capítulo cuestionado, y la Ley de Inocencia Fiscal.

En esta segunda tanda, iniciada el 2 de febrero, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al acuerdo Mercosur–Unión Europea y a la Reforma Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a 14 años.

Por su parte, el Senado aprobó la semana pasada la Reforma Laboral, aunque uno de sus artículos sobre licencias médicas generó polémica y llevó al Gobierno a admitir que cometió “un error”. Desde el oficialismo anticiparon que el texto será corregido cuando se trate en Diputados, con el objetivo de evitar que el proyecto deba volver a la Cámara Alta.

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