La condena a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el ataque a Cristina Kirchner en septiembre de 2022 -de 10 y 8 años de prisión, respectivamente- puso punto final a un juicio oral marcado en todas sus dimensiones por una gran cantidad de particularidades.

Enigmas que permanecen abiertos, declaraciones tan estruendosas como confusas, dudas sobre la inimputabilidad de los acusados, complejas aristas judiciales y discusiones y escenas de alto voltaje le imprimieron al juicio dosis similares de dramatismo y acción, cuando no de humor, con episodios nunca vistos en los tribunales.

El juicio fue también una ventana para observar los altos niveles de marginalidad a los que estaban expuestos los acusados y parte de su entorno. Los relatos que volcaron muchos de los testigos fueron los hilos de una trama que parece tejerse a un costado de lo esperable.

En ocasiones, fueron los propios abogados quienes lo marcaron, con la intención de contextualizar algunas de las acciones para atenuarlas.

Desde la primera audiencia, en junio de 2024, cuando Sabag Montiel intentó fundar en motivos éticos su intención de querer matar a Cristina Kirchner, comenzó a dibujarse un arco de testimonios atravesado por el drama y la vulnerabilidad.

Uno de los testigos, por caso, miembro del grupo ampliado de los vendedores de copitos de azúcar, es el hijo de la única sobreviviente que tuvo un incendio intencional, en mayo de este año, en un hotel familiar en Barracas, episodio que se cobró la vida de las otras tres mujeres que vivían allí y que fue catalogado como un “triple lesbicidio”.

Hipótesis del financiamiento

A pesar de que el asunto tramitaba en un proceso paralelo, el TOF 6 no le cerró las puertas a la hipótesis de un presunto financiamiento detrás del ataque, por lo que durante el juicio se ventilaron cuestiones de índole patrimonial.

Así se supo que Uliarte vendía material erótico en redes sociales y se llevó al estrado a uno de sus clientes, un hombre de 44 años que trabajaba en una planta panificadora pero que le decía a Uliarte que era un agente encubierto de la DEA, la agencia antidroga norteamericana.

Declaró, entre otras cuestiones, que le pagó a Uliarte mil pesos por una de sus fotos y que había inventado todas las historias en las cuales le aseguraba a un tercero que el ataque contra Cristina había sido motivado por el propio gobierno.

Otra persona se convirtió en testigo por llamar a Uliarte la noche de los hechos para tener sexo con ella, luego de que se hiciera público el ataque. “Estaba pensando con el miembro”, dijo ante los jueces.

“No estamos acostumbrados en Comodoro Py a este tipo de testimonios”, señaló un letrado que siguió el proceso de cerca.

Una de las testigos, una mujer cercana a Carrizo, quedó detenida al término de una audiencia, luego de afirmar en reiteradas oportunidades que los mensajes y dichos que comprometían a su amigo no eran serios, sino meras humoradas que carecían de verosimilitud.

Los jueces, la querella y la fiscal no consiguieron correrla de su guion; la mujer repitió una y mil veces que todo se trataba de un chiste. Su relato, sin embargo, que corrió en línea con lo declarado por Carrizo, estuvo cargado de inconsistencias y contradicciones que derivaron en la decisión del Tribunal de ordenar su detención por falso testimonio.

Su madre, que vivía en la Villa 31 y estaba vinculada al Polo Obrero, la esperó sentada en uno de los escalones de los tribunales hasta altas horas de la noche, aguardando una liberación que solo ocurriría días más tarde.

Fue un patrón común escuchar a testigos desmentirse bajo juramento o insistir en que no recordaban los hechos por los que se les preguntaba, tal como hizo el primo de Uliarte, un policía de la Federal de 22 años que mantuvo conversaciones con ella la noche de los hechos, pero que no recordaba siquiera la fecha del atentado.

El juicio también presentó novedades en su forma: fue la primera vez que un caso de tamaño impacto fue transmitido en vivo por Youtube. Fue a pedido de la querella y en virtud de un artículo del nuevo Código.

En una de las audiencias más esperadas del juicio, cuando los peritos manipulaban el arma intentando reconstruir frente a los jueces cómo se carga y se descarga una Bersa calibre .32 -como la que intentó utilizar Sabag en 2022- la transmisión del juicio fue dada de baja por la plataforma, que no admite la exhibición de armas de fuego en sus videos.

La transmisión también representó un desafío adicional para el Tribunal: las audiencias quedaron guardadas en el canal del Poder Judicial, lo que hace relativamente fácil para los testigos acceder a las declaraciones de quienes los precedieron. Fuentes de los tribunales explicaron que eso podría eventualmente condicionar la visión de los testigos sobre los hechos y, en consecuencia, alterar de alguna manera su declaración.

Por el estrado desfilaron amigos, conocidos y allegados de los copitos; peritos que intervinieron en algún momento del proceso, psicólogos y psiquiatras; gente del entorno de la expresidenta, como secretarios y custodias, y la propia Cristina Kirchner, que al declarar hizo hincapié en la idea de que allí no estaban siendo juzgados los “ideólogos” del ataque, en alusión a un presunto financiamiento.

La expresidenta sostuvo que la antesala del ataque estuvo atravesada por un cuadro de violencia generalizada. En esa línea, apuntó contra el “histrionismo” del fiscal Diego Luciani, por la animada acusación en su contra durante su alegato en el juicio por Vialidad, por el que Cristina está ahora condenada.

La expresidenta declaró al abrigo de algunos grupos de militantes que, encabezados por Andrés “Cuervo” Larroque, llegaron hasta las puertas de Comodoro Py. Su relato imprimió la sensación en quienes la escucharon de cerca que la dos veces presidenta seguía profundamente movilizada a dos años del ataque.

Por haber trabado algún tipo de relación con los implicados, por el juicio también pasó un influencer libertario conocido como “El Presto» -que mantuvo un breve amorío con Uliarte- y un humorista, también libertario, conocido como el “Negro” Almeida, que se despachó con algunos chistes durante su declaración.

Un golpe en la trama

El juicio también pasará a ser recordado en los tribunales por un episodio inédito, que tuvo lugar al cierre de una de las audiencias.

Uliarte, que estuvo presa durante todo el proceso y fue vigilada siempre por mujeres del Servicio Penitenciario, se las ingenió para sortear la custodia, cruzar la sala Amia y golpear, al grito de “no me van a dar perpetua”, al abogado de Carrizo en uno de sus brazos.

Lo más llamativo del episodio fue que el letrado, Gastón Marano, acababa de argumentar en favor suyo, al sostener ante los jueces que Uliarte, por ser mujer, no podía ser juzgada como femicida, tal como pretendía la fiscalía. Fue otra de las conductas que profundizó las dudas acerca de si estaba simulando como parte de una estrategia de defensa.

En ocasiones, Uliarte parecía desconectada, se reía sola, susurraba algo en voz baja o cantaban melodías. Fue reprendida en más de una oportunidad por el Tribunal y algunas audiencias las presenció de manera virtual, desde el penal.

Un bloque del juicio estuvo destinado a examinar las evaluaciones de los profesionales de la salud que intervinieron en el proceso. En sus evaluaciones, algunas más extensas que otras, bosquejaron psicologías frágiles. En el caso especial de Sabag Montiel, una personalidad propensa al desvarío.

Esta mañana, en uso de sus últimas palabras, Sabag Montiel enredó en un mismo relato al fiscal que instruyó el caso, Carlos Rívolo, con Santiago Maldonado y el fiscal Alberto Nisman, pasando por la visita de Lula Da Silva, el presidente de Brasil, a Cristina Kirchner. “Todos sabemos que [Lula] fue a visitar a Cristina y le pidió expresamente y personalmente que se encargue de mi situación”, afirmó.

Más allá de lo dicho por los profesionales en sus informes, la decisión sobre la inimputabilidad es plenamente jurídica. Hoy, el Tribunal la descartó.

Además de dirigir sus esfuerzos en mostrar que Sabag tenía un trastorno, la defensa del tirador puso en juego la idea de la ”tentativa inidónea», al intentar probar que el cargador no estuvo debidamente colocado en la empuñadura del arma.

Otro bloque del juicio indagó sobre lo sucedido con el celular de Sabag Montiel, quizás el capítulo más enigmático de toda la historia. El teléfono fue secuestrado la noche del ataque, pero quedó bloqueado y reseteado a fábrica luego de que la Policía, tras varios intentos infructuosos, intentara acceder al contenido del aparato. Ya no se guardan expectativas razonables de que el teléfono se pueda abrir.

En una de las audiencias, los peritos que recibieron el aparato en las oficinas de la PSA cruzaron versiones con la oficial que lo llevó hasta allí desde el juzgado, la noche del 2 de septiembre.

Fue un careo entre dos testigos contra uno. En soledad, la policía sostuvo que entregó el teléfono en un sobre cerrado, el cual dejó en una mesa; mientras que los peritos, en tanto, sostuvieron que lo recibieron encendido, en mano, y dentro de un sobre abierto. No pudieron zanjar las diferencias en sus relatos y el intercambio acabó a los insultos.

En un tacho de basura de la casa de la que ayer la Policía Federal se llevó a Federico “Fred” Machado, los agentes encontraron, roto y con quemaduras, una copia del contrato de 1 millón de dólares que Machado firmó con el diputado José Luis Espert.

Dos fuentes oficiales independientes confirmaron a que el documento fue hallado en el marco de un allanamiento que, en paralelo con el operativo para llevarse a Machado, ordenó ayer el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. El magistrado investiga a Espert por el cobro de los 200.000 dólares que recibió del empresario. Se trata de la causa que se abrió por la denuncia del candidato peronista Juan Grabois.

En ese expediente, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez imputó a Espert y pidió una serie de medidas de prueba, que incluyeron rastrear los movimientos de dinero del diputado y revisar sus cuentas bancarias.

Machado estaba hasta ayer preso, con una tobillera electrónica, en una casa familiar en Viedma. Le habían dado prisión domiciliaria, pero la decisión de la Corte Suprema de habilitar su extradición hizo que el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva decidiera trasladarlo a un destacamento para evitar que Machado intentara fugarse o dañarse a sí mismo. En la causa hay informes psicológicos que hicieron que los investigadores extremaran las alertas.

Para avanzar con la extradición, resta ahora que el Gobierno confirme que no se opondrá. Así lo hizo saber ayer la Cancillería en un comunicado, pero no se pronunció todavía formalmente. El expediente ya está en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estados Unidos reclama a Machado para juzgarlo por delitos ligados a narcotráfico, lavado de dinero y estafa.

Cuando el Gobierno ratifique la decisión de entregar a Machado, se organizará la entrega. Para eso, Estados Unidos deberá enviar, vía Interpol, la “hoja de ruta” con los detalles de cómo planea el operativo. Tiene 30 días, según la ley. El juez de Neuquén debe dar su autorización y entonces se hará el traslado. Las autoridades estadounidenses pueden recibirlo en Viedma, pero también en Esquel (como se hizo con Jones Huala) o en Buenos Aires.

Tal como informó este martes , el contrato fue firmado por Espert y Machado el 7 de junio de 2019, 15 días antes de que el hoy diputado se presentara formalmente como candidato a presidente.

Se trata de un acuerdo de “locación de servicios”. Disponía que 100.000 dólares fueran abonados “en el acto de la suscripción” del acuerdo; es decir, cuando Espert estaba a dos semanas de empezar oficialmente su campaña; y el resto, “en nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales”, todas de US$100.000 cada una, “a partir del mes siguiente al de la suscripción” del convenio, mediante “transferencia bancaria”.

Machado firmó el contrato como “representante” de Minas del Pueblo, una empresa de Guatemala que era de él y que hoy también está investigada y que fue intervenida por la justicia estadounidense.

Machado, el mismo año de firma del contrato, le financió la campaña presidencial a Espert con vuelos en un avión privado -la Justicia detectó que fueron al menos 36- y una camioneta que puso a su disposición. En ese momento no era buscado por la justicia estadounidense. Todo esto fue admitido en las últimas horas por Espert, pero Machado habló además de otras “100 o 150 lucas” (no lo especificó, pero pareció aludir a 100.000 o 150.000 dólares) para “comida, hoteles, los aviones”. Nada de esto fue declarado como fondos de campaña.

La semana pasada, cuando todavía era el primer candidato a diputado de la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Espert reconoció haber cobrado, en 2020, 200.000 dólares de Minas del Pueblo y admitió la firma de un convenio con Machado. No dijo que era por un millón de dólares ni que su redacción preveía que él recibiera pagos cuando estaba en la carrera presidencial. Dijo, por el contrario, que tuvo una reunión a mediados de 2019 con un hombre de Machado, pero que él le dijo que sólo una vez que terminara la campaña podría asumir el compromiso como asesor privado.

Espert reconoció el pago horas después de que publicó una constancia oficial, emitida por el Bank of America, de la transferencia de 200.000 dólares que una firma ligada a Machado le había hecho a una cuenta bancaria en Nueva York. Antes, el candidato Juan Grabois había denunciado la existencia de ese pago, pero Espert se había negado a admitirlo.

Según el contrato, Espert aceptó “la realización de un análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control, informando periódicamente al comitente sobre los avances del trabajo encomendado”.

En este punto, el contrato coincide con la versión de Espert -ratificada por Machado este martes- de que lo habían contratado para asesorar como economista a una minera “para la reestructuración de la deuda” que tenía.

El acuerdo preveía una estrategia de “refinanciación” y una de “expansión”. En cuanto a la refinanciación establecía que “al tratarse de un proceso complejo” que requería “un asesoramiento especializado en estos temas”, era “necesario que se realice un estudio y evaluación profunda de la situación económica en concreto, señalando y analizando las necesidades a corto y largo plazo de la empresa”.

La redacción, poco convencional, le fijaba a Espert algunas pautas. Decía, por ejemplo: “Debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación de la deuda, es siempre preferible al concurso de acreedores”. Algunos tramos del contrato fueron redactados en primera persona: “Como no todos los procesos de refinanciación son iguales considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos”, afirmó en el documento quien parecer ser Machado, que enumeró, como primer punto a considerar la “Estrategia de la Compañía” y dijo que “la propuesta de refinanciación debe contener una estrategia inicial”. También sostuvo que “el plan debe plantear una negociación colectiva e individual” y que “contendrá una reducción de costos y la mayor generación de flujos de caja”.

La copia del contrato que fue encontrado por las autoridades en la casa de Machado incluye la certificación de las firmas hecha por un abogado de la ciudad de Buenos Aires.