A horas del comienzo del debate en comisión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, desde el gobierno de Javier Milei confirmaron que descontarán el pago de la jornada a los empleados estatales que adhieran al paro general convocado por la CGT para el día en que el proyecto se debata en el recinto de la Cámara baja.

“El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, expresaron a cerca del presidente Javier Milei, en una Casa Rosada con actividad presidencial a pesar del feriado nacional de carnaval.

Con la intención de escalar en la confrontación con las centrales sindicales, fuentes oficiales destacaron que el descuento a los estatales “se dará como se hizo en otras oportunidades” en las que la CGT organizó un paro general contra las políticas del gobierno de Milei. Se trata de unos $50.000 según fuentes sindicales y la categoría de cada empleado.

Hasta el momento, fueron tres las jornadas en las que la central obrera recurrió al paro general. En esta oportunidad, adhieren los gremios del transporte y la huelga se anunció sin movilización hacia el Congreso.

Quienes sí se manifestarán serán los integrantes del gremio estatal ATE, que prevé una manifestación hacia el Parlamento para el día en que se debata el proyecto, posiblemente este jueves, aunque de todos modos el proyecto volvería al Senado con las anunciadas modificaciones al régimen de licencias por enfermedad o accidente.

“Esta amenaza tiene menos legitimidad que las compras de la Andis. El paro en la administración pública va a ser total en todo el país”, agregó con ironía el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, en una respuesta que hizo llegar a este diario.

Desde el Gobierno también tomaron con pinzas las declaraciones del titular del gremio de La Fraternidad, Omar Maturano, quien además criticar el eventual descuento en los haberes de los estatales (“nos hacen perder 100.000 pesos”, estimó), anunció que no habrá transporte ferroviario durante la jornada de paro y pronosticó que, si el Gobierno no reflexiona, “esto va a terminar mal, como en el 2001, cuando se canse la gente”. Para un funcionario cercano al Presidente, “Maturano es miembro del club del helicóptero, los que quieren que a la Argentina le vaya mal. La mayoría de los trabajadores están a favor de la modernización laboral”, afirmaron cerca del Presidente.

En la Casa Rosada, Milei conversó detalles del proyecto de la reforma laboral con sus colaboradores, en una jornada en la que, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, recibió a directivos de las empresas mineras BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá), quienes les acercaron detalles sobre el multimillonario proyecto Vicuña en la provincia de San Juan.

Reina en el Gobierno la certeza de que las modificaciones al proyecto, luego de la polémica por los recortes a los salarios de quienes atraviesen una licencia por enfermedad, retrasarán su aprobación una semana. “Será el 27, pero va a salir antes de la inauguración de las sesiones ordinarias”, aseguraban en Balcarce 50, sin especificar quién o quiénes fueron los responsables de incluir el artículo 44 en la ley de modernización.

Ese artículo permite al empleador pagar el 75% de los salarios de los trabajadores que sufran un impedimento a consecuencia de un imprevisto, como un accidente domiciliario o una gripe, por ejemplo. La licencia se pagará por seis meses.

Pero, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad “producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador”, como el ejemplo de la lesión jugando al fútbol que dio el ministro Federico Sturzenegger, el empleador podrá pagar el 50% del salario. Y la licencia se extenderá hasta tres meses, o hasta seis si el trabajador tiene familiares a su cargo.

En línea con las declaraciones de la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien prometió “revisar” el artículo ante los pedidos de Pro y la UCR, en el Gobierno negaban que se tratara de una derrota política. “Estas cosas pasan, será una semana después pero va a salir”, prometía un funcionario mileísta.

Mañana, según comentaron fuentes oficiales, el Presidente se reunirá temprano con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para pulir la estrategia oficialista de cara a la reunión de comisión de Legislación del Trabajo.

El Consejo de la Magistratura aceleró las obras para mudar al edificio de Comodoro Py 2002 al tribunal oral que juzga el caso de los cuadernos de las coimas contra Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y empresarios.

La razón formal de las obras de remodelación es adecuar el edificio para la puesta en marcha el sistema acusatorio, que arranca el 20 de abril, pero la idea es darle mayor celeridad y presencialidad al juicio de corrupción más importante que tramita en la Justicia. La mudanza se haría a fines de la feria de julio, dijeron a fuentes que están trabajando en el proyecto de adecuación del lugar.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli deberán dejar entonces sus despachos en el Palacio de Justicia, frente a Plaza Lavalle, y mudarse a la planta baja del edificio de los tribunales federales de Retiro.

Estarán muy cerca de la sala de audiencias llamada AMIA, o Auditorio, una gran sala que consta de una planta baja amplia con el estrado para los jueces y los testigos, un espacio para las defensas y la fiscalía, y un pullman destinado al público, con capacidad para unos cien asistentes, en un piso superior. Entran más de 200 personas y en este juicio hay 87 acusados.

La Sala fue recientemente remodelada. Se instaló tecnología que permite la transmisión por Zoom y se adecuaron tanto los proyectores para mostrar pruebas, como los monitores y el equipo sonoro. Se renovaron techos y pisos; se mejoró la acústica y la iluminación. Se remodelaron el foyer de acceso y los baños. Se retiraron los cortinados originales y se colocaron paneles acústicos, y el antiguo tapizado fue reemplazado por un sistema de alfombras modulares.

El Consejo de la Magistratura dispuso en diciembre pasado una inversión de 162 millones de pesos para una obra que duró 75 días.

A pesar de que estaba destinada al juicio del caso cuadernos, nadie usó la sala AMIA desde que se inauguró formalmente el año pasado.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 nunca se mudaron porque alegaron que era una complicación hacer el juicio en Comodoro Py cuando su tribunal tiene sede en el Palacio de Justicia. Dijeron que tendrían inconvenientes para trasladar la causa y mudar a los empleados auxiliares necesarios para hacer el juicio allí. Eso le informaron a la Cámara Federal de Casación Penal.

Fuentes del Consejo de la Magistratura explicaron que las obras son parte del plan estratégico para mejorar los edificios de Comodoro Py 2002 e Inmigrantes 1950 y que el foco estará puesto ahora en la planta baja de Comodoro Py. Ya se decidió ampliar el espacio donde funciona la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación, área desde donde se planifica y gestiona la asignación y distribución de causas en el sistema acusatorio.

Entre las novedades a implementar en los próximos meses figura la relocalización del Tribunal Oral Federal 7, que desde su puesta en marcha funciona en el edificio del Palacio de Justicia. Se trata del único tribunal oral que no está asentado en Retiro.

La nueva ubicación del TOF7 facilitará el uso de la Sala AMIA, destinada a la realización de juicios orales de gran magnitud. El tribunal también podrá disponer de otra decena de salas que se crearon o acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.

Según se detalló, la relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura, que se está implementado en distintas etapas. Por eso, se estima que no se concretará antes de mitad de año.

El 5 de noviembre pasado, cuando comenzó el juicio, el TOF7 dispuso que se hiciera un audiencia por semana y que fuera por Zoom. Tras las propuestas que recibieron de la Cámara de Casación, los jueces decidieron que fueran dos audiencias semanales por Zoom.

Pero la Cámara Federal de Casación no estaba conforme: le reclamaba más agilidad y presencialidad. En diciembre, se hizo una reunión entre el TOF7 y la Casación para acelerar el juicio.

Acudieron los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero (Castelli estuvo ausente), y de la Casación, los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma.

El tribunal dijo que tenia mucho trabajo y que no podía mudar el juicio ni sumar mas días de audiencia. Pidieron usar la sala del Juicio a las Juntas, del Palacio de Justicia.

Los jueces dijeron que las indagatorias iban a ser presenciales o híbridas, con el acusado en la sala de audiencias con el tribunal, la defensa y la fiscalía; el resto, por Zoom.

En la Corte y en la Casación no estaban conformes con esta modalidad. El 19 de noviembre, la Cámara de Casación dispuso que el juicio fuera presencial, en la renovada sala de audiencias de Comodoro Py, tres veces por semana. Y que si los jueces lo decidían, podían sesionar durante las vacaciones. Nada de esto pasó.

Además, los camaristas de la Casación resolvieron eximir por seis meses del sorteo de nuevas causas al TOF7, y reenviar al resto de los tribunales orales las causas residuales que tenían los magistrados.

La fiscal del caso cuadernos, Fabiana León, también reclamó que el juicio se realizara con mayor frecuencia y lo mismo hizo uno de los imputados.