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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) decidió extender el plazo para que su personal pueda adherirse al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), una herramienta que permite la desvinculación laboral de común acuerdo entre el agente y el organismo.

La prórroga, según lo publicado hoy mediante la resolución 81/2026 en el Boletín Oficial, fija como nueva fecha límite el 24 de abril de este año a las 23:59 horas. Este cambio responde a motivos operativos y a la alta aceptación que ha tenido la iniciativa en su etapa inicial, según se informó oficialmente.

La medida, adoptada en virtud de las facultades conferidas a la máxima autoridad del organismo por el Decreto N° 2741/1991 y el Decreto N° 162/2026, fue impulsada tras un pedido concreto de la Subdirección Ejecutiva de Administración. El objetivo es garantizar que todos los interesados en acceder al plan cuenten con el tiempo necesario para analizar los términos y condiciones y completar el procedimiento administrativo de manera adecuada.

El Plan de Retiros de Voluntad Recíproca fue aprobado por la Resolución N° RESOL-2026-68-ANSES-ANSES y establece un marco legal para que los agentes puedan desvincularse voluntariamente de ANSES, bajo condiciones previamente estipuladas. Esta extensión del plazo se integra en las políticas de modernización de la gestión de recursos humanos impulsadas por la administración pública nacional en los últimos años.

El RVR está diseñado bajo la normativa del Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E” y la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que habilitan la extinción del contrato laboral tanto por jubilación como por retiro voluntario o por acuerdo entre las partes. En este contexto, la modalidad de retiro recíproco surge como una alternativa flexible que favorece la reorganización interna del organismo y la gestión eficiente de sus recursos humanos.

El cronograma original establecía que la adhesión al programa podía realizarse hasta el 5 de abril de 2026. Sin embargo, diversas áreas técnicas de ANSES advirtieron la necesidad de contar con una ventana temporal adicional para atender el volumen de solicitudes y garantizar la correcta instrumentación de los trámites.

La Dirección General de Recursos Humanos ha sido facultada para implementar todas las acciones necesarias que permitan la operatividad de la extensión del plazo. Esto incluye la actualización de sistemas internos, la comunicación directa con los agentes y la articulación con otras áreas relevantes para asegurar la transparencia y agilidad en el proceso.

Una de las condiciones más relevantes es la prohibición de reincorporación al sector público nacional durante cinco años. El texto normativo establece: “El personal que adhiera al presente programa, no podrá ser reincorporado ni continuar prestando servicios, bajo ninguna modalidad de empleo o contratación… por el término de cinco años contados desde la fecha de su baja”.

El retiro voluntario implica la finalización definitiva de la relación laboral por acuerdo mutuo. Quienes se acojan al programa deberán declarar que no tienen reclamos laborales pendientes y aceptar que no podrán trabajar en el sector público nacional dentro del plazo fijado. Además, aquellos que ocupen cargos sindicales deberán renunciar tanto a esos puestos como a la tutela sindical si desean acceder al beneficio.

El nuevo régimen de retiro busca ordenar la transición del personal en la administración pública nacional, fijando restricciones claras sobre futuras reincorporaciones y asegurando que solo quienes cumplan con los requisitos puedan acogerse al programa.

La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, calculada sobre los conceptos brutos mensuales habituales, con un tope de 24 haberes brutos.

En cuanto al cobro “se abonará en una cuota de pago único, hasta la suma de pesos ochenta millones ($ 80.000.000)” y para los importes superiores a dicha suma “el pago se efectuará en dos cuotas mensuales, iguales, y consecutivas”.

Tal como había sido anunciado, el Gobierno publicó hoy en Boletín Oficial el decreto 219/2026 con el que otorga un anticipo a doce provincias en materia de coparticipación de hasta $400.000 millones “a ser reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal en curso”. La medida había sido anticipada la semana pasada, cuando se habló del tratamiento de Ley de Glaciares que se espera para el próximo miercoles.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, que busca demostrar una postura concesiva y reforzar la relación con los gobernadores -incluso con la modificación de la mencionada ley-. Las provincias que recibirán este anticipo financiero son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra Del Fuego y Tucumán; algunas de ellas alineadas con el oficialismo mientras que otras solo mantienen un diálogo frecuente.

Asimismo, el artículo primero señala que “el monto a otorgar a cada provincia lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía conforme a la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”.

El mecanismo elegido prevé que los anticipos sean devueltos dentro del mismo Ejercicio Fiscal 2026, a través de retenciones automáticas sobre los fondos que cada estado provincial reciba en concepto de coparticipación federal de impuestos. Será la secretaría la encargada de “disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación de las provincias detalladas”.

Las provincias beneficiarias deberán autorizar al organismo bajo la órbita de Economía, a retener automáticamente los fondos emergentes del régimen, hasta cubrir el total del anticipo más los intereses correspondientes. La normativa prevé la posibilidad de que las autoridades de Hacienda acuerden con cada jurisdicción las condiciones de desembolso, los plazos y las modalidades de devolución de los fondos «pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos».

En otro orden el documento subraya que a fin de dar cumplimiento a la reciente medida, los Gobiernos de las provincias deberán “afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias establecido en la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado, con más sus intereses».

Dentro del Gobierno, se señala que las negociaciones para alcanzar estos acuerdos contaron con la intervención del ministro del Interior, Diego Santilli, en el plano político, y del ministro de Economía, Luis Caputo, en lo referido al control de las cuentas públicas. “Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa (sic). Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, afirmó a Infobae una fuente cercana al Gobierno.

La implementación de este mecanismo de anticipos surge como respuesta a ocho meses seguidos de caída en la recaudación y apunta a mitigar la crisis fiscal que afecta a las provincias. Desde los gobiernos provinciales advierten que la recaudación total del primer trimestre muestra una disminución de un billón de pesos respecto al mismo período del año anterior.

“Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman. El anticipo de fondos de coparticipación representa una de las opciones con las que contaba el Gobierno para dar alivio financiero a algunos gobernadores.

La normativa también modificó el decreto 922/25, que había autorizado un anticipo financiero a la provincia de Entre Ríos, para ajustar la tasa de interés aplicable y equiparar las condiciones con las de las nuevas jurisdicciones incluidas en la medida.

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