POLITICA
Senado: el oficialismo apuesta a aprobar Ficha Limpia, pero no descarta desactivar la sesión si no se asegura los 37 votos
La sesión para debatir en el Senado la demorada ley de Ficha Limpia, convocada durante la noche del jueves último para las 11 de pasado mañana, podría dilatarse una vez más en la Cámara alta, tras un fin de semana de intercambios informales entre oficialismo y oposición que derivó en una instancia a definirse hoy: si el escaneo de votos no da 37 -esta ley requiere mayoría absoluta-, el encuentro será postergado.
El proyecto fue aprobado tras años de idas y vueltas por Diputados y ya cuenta con un dictamen exprés en la Cámara alta, tras el despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales, ocurrido durante las sesiones extraordinarias que activó el Ejecutivo para el último período estival.
Previo al dictamen, las alarmas se depositaron en las potenciales adhesiones de los renovadores misioneros -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes no integran la comisión y se comprometieron, en principio -y luego de vaivenes de su jefe, el exgobernador Carlos Rovira-, a apoyar la iniciativa cuando ésta aterrice en el recinto. Sobre el primero de los tres, Infobae contó semanas atrás que contrató una modelo en la Cámara alta y la dio de baja en menos de 20 días, tras varias jornadas de consultas -sin respuesta durante más de una semana- desde este medio.
Asuntos Constitucionales está conformada por 19 legisladores: 11 están distribuidos entre oficialistas y “dialoguistas”, mientras que los restantes ocho son kirchneristas o peronistas, según la ocasión. Todo el primer lote suscribió al despacho de mayoría, donde se encuentran libertarios, macristas, radicales y silvestres provinciales.
El jueves pasado, horas antes de la sesión donde el Senado rechazó dos pliegos enviados por el Gobierno para la Corte Suprema de Justicia, se realizó una reunión informal entre dialoguistas y oficialistas para analizar la posibilidad de empujar, en los siguientes días, la ley de Ficha Limpia. Lo que llamó la atención fue el anuncio nocturno de ese mismo día para las 11 de pasado mañana, en lo que será una jornada traumática por el paro anunciado por sindicalistas para miércoles -desde el mediodía- y jueves.
Desde un despacho oficialista reconocieron a este medio que, tras la sesión por la Corte, el sector más aliado al Ejecutivo reiteró la necesidad de llevar Ficha Limpia al recinto y, con una solicitud de semanas atrás por este tema que se encontraba en la nebulosa -sin fecha ni hora-, se concretó la convocatoria.
Al día siguiente, todos comenzaron a preguntarse el objetivo real de una sesión sin votos asegurados y, con el recuerdo a flor de piel de la jornada anterior, aparecieron los usuales “pajaritos llamadores”, con reclamos de legisladores a favor de sus distritos y sugerencias de modificaciones. Por caso, un experimentado senador dialoguista blanqueó: “No quiero que quede para la corrupción y nada más. O sea que estafadores privados ya condenados como -Leonardo- Cositorto u otros que habrá en el futuro podrán ser candidatos sin ningún problema. No tengo la culpa que haya salido tan floja de Diputados. Y no hay margen para que nos apuren con Cristina Kirchner”. Otras voces adhieren a esto. Una realidad: si se toca una coma, el proyecto regresará en segunda revisión a Diputados.
Más allá de esto, otra lupa está direccionada hacia José María Carambia y Natalia Gadano. Tras un guiño de YPF en relación con Santa Cruz, mañana se reactivará la comisión de Energía, donde los legisladores empujan con ahínco algunos proyectos. Fue tomado como algo positivo, aunque lejos de convertirse en definitorio. Sin ellos, sería imposible el quorum -como quedó demostrado para la frustrada renovación de autoridades de semanas atrás- y la realización de la sesión. Pero no son los únicos, tal como se percibe con algún radical. En cambio, del otro lado ya hay todo un interbloque kirchnerista -34- dispuesto a rechazar la ley. En caso de sanción, la principal “perjudicada” sería la ex presidenta.
El oficialismo quedó cruzado por un supuesto enojo de la Casa Rosada por una sesión sin el consentimiento del Ejecutivo. En especial, después de la dura derrota en el recinto por los pliegos para la Corte Suprema. “Si no están los votos, la levantamos”, deslizó un libertario de peso a Infobae. El costo de un “piletazo” sería el de dos eventuales traspiés, en cuestiones sensibles desde lo institucional, en menos de una semana.
Qué establece la iniciativa
La norma modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner. En concreto, abraza a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”. Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.
En Diputados se eliminó la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, por lo que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general, algo así como finales del corriente mes.
Por otra parte, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
En el artículo 2, el inciso A se cambió en la Cámara baja por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.
Junto a los cargos electivos, los involucrados en la ley tampoco podrán ser designados como “jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social”, así como de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni representantes en empresas con participación estatal de cualquier clase.
Un nuevo informe del Centro de Información Judicial (CIJ) sumó evidencias que podría vincular a más dirigentes de La Cámpora con el ataque al edificio de TN y eltrece, ocurrido el 10 de junio, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El análisis de las comunicaciones y la geolocalización de los teléfonos detectó vínculos entre los seis sospechosos ya identificados y otros militantes pertenecientes a la agrupación kirchneristas, quienes estuvieron en las inmediaciones del canal durante el episodio.
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El CIJ cruzó los llamados realizados por los seis imputados entre las 19.50 y las 23.54 de ese día —el rango horario en que se produjo el ataque— y determinó la existencia de posibles nuevas conexiones telefónicas.
Nuevas pruebas vinculan a más dirigentes de La Cámpora con el ataque a TN y eltrece
Aunque el informe aclara que no hay pruebas de que estas personas efectivamente hayan ingresado al edificio, sí pudo constatarse que sus celulares impactaron en celdas cercanas al canal y que mantuvieron comunicaciones con quienes protagonizaron los destrozos.
Las personas que TN mencionará en este informe no están imputada ni aún está probado que hayan ingreso al canal para provocar los destrozos pero sí expone que se comunicaron con el grupo de seis que sí ingresaron a las instalaciones.
Los seis ya identificados por la Justicia son Alberto Alejandro Grasso Rivaldi (detenido el día del hecho), Pablo Daniel Giles, Matías Sebastián Federici, José Lepere, Rubén Ezequiel Pavón y Facundo Nazareno Lococo. Todos ellos enfrentan imputaciones por haber actuado de forma coordinada para ingresar al predio de Artear, donde funcionan TN y eltrece, pese a las advertencias del personal de seguridad.
A partir del análisis del CIJ se sumaron ahora nuevos nombres. Entre ellos, Juan Agustín Debandi, concejal de Tres de Febrero, integrante de La Cámpora y exvicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Su teléfono fue localizado en Lima 1149 (a una cuadra del canal), y mantuvo llamadas con Lococo y con Santiago Ezequiel Gambarte, otro militante camporista de 26 años que estudia en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
TN se comunicó con Debandi pero este no contestó.
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Gambarte estuvo en distintos puntos próximos al canal —Lima 1149, Humberto Primo 1425, Avenida Independencia 1458 y Cochabamba 985— y habló, además de con Debandi y Lococo, con Andrea Paula Benítez, empleada de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense. TN se comunicó con Gambarte pero este no contestó.
Otro señalado es Ángel Gabriel Pereira, alias “Pachu”, también de 26 años, exempleado del Renaper, excandidato del peronismo y estudiante de la misma universidad. Su teléfono fue ubicado en Lima 1149 y Humberto Primo 1425, y mantuvo comunicaciones con Lococo, Gambarte y Melisa Nahir Escandar, empleada de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. TN se comunicó con Pereira pero esta no contestó
La lista de presuntos implicados incluye además a Roxana Alejandra López, exdiputada provincial y actual empleada del Ministerio de Salud bonaerense, quien en sus redes sociales aparece en fotos junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Su celular fue rastreado en Humberto Primo al 1400, y registró llamadas con Lococo.
También figuran Rodolfo Enrique Muñoz, empleado de la UBA, de 60 años, cuyo teléfono fue detectado en Lima 1149, Humberto Primo 1400 y avenida San Juan 1502; Norberto Jorge Peracho, integrante de Fuerza Patria Ituzaingó y exempleado municipal, ubicado en Estados Unidos 1577; y Bruno Moro, empleado de la Cámara de Senadores bonaerense, presente en Lima 1149. Todos mantuvieron comunicaciones con Lococo durante las horas del ataque.
El informe además menciona a Hugo Marcelo Escobar, empleado de la Cámara de Diputados bonaerense, y María Gabriela Montenegro, trabajadora de la Unión Obrera Metalúrgica, quienes también habrían hablado con Lococo en el mismo período.
Si bien estas nuevas pruebas no demuestran que los señalados hayan ingresado al canal, los investigadores consideran que las comunicaciones y ubicaciones apuntan a una posible coordinación y colaboración con el ataque y los destrozos: la hipótesis es que el ataque no fue espontáneo, sino parte de una acción organizada que contó con apoyo logístico desde las inmediaciones.
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El hecho ocurrió la noche del 10 de junio, cuando un grupo de manifestantes irrumpió por la fuerza en las instalaciones del canal tras vulnerar al personal de seguridad en la entrada de la calle Lima.
Destrozaron autos, rompieron vidrios y televisores, y dañaron el mobiliario interno. Al menos diez vehículos del estacionamiento resultaron afectados y se registraron robos de bicicletas.
El ataque ocurrió mientras militantes kirchneristas se concentraban en las inmediaciones de la casa de la expresidenta, en San José y Humberto Primo, a pocas cuadras del canal, en rechazo al fallo de la Corte. Por la noche, la movilización creció y derivó en los incidentes.
En julio, la Justicia imputó a tres dirigentes de La Cámpora —Giles, Lepere y Federici— y les impuso restricciones: presentarse cada 15 días en la fiscalía y no acercarse a menos de 300 metros del edificio de Artear.
La Cámpora, Artear , TN, eltrece
El exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, se entregó este jueves en los tribunales de Comodoro Py, donde quedó formalmente detenido. La medida judicial responde a la confirmación de su condena por la Tragedia de Once por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que habilita el inicio del cumplimiento de la pena. El exfuncionario arribó al edificio minutos antes de las ocho, casi media hora antes de su citación oficial.
La detención del exfuncionario se produjo porque la Corte Suprema de Justicia rechazó el miércoles un último recurso de su defensa, lo que dejó firme la sentencia a cuatro años de prisión por administración fraudulenta. Con esa decisión, el máximo tribunal validó el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 4, que en 2018 lo había condenado a cinco años de cárcel. La Cámara de Casación redujo más tarde la pena a cuatro años.
Enrique García Medina
El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Fernando Canero y Guillermo Costabel, citó a De Vido a presentarse este jueves a las 8.30. El exministro llegó al edificio judicial en un vehículo Volkswagen Nivus, evitó el contacto con la prensa y subió directamente al sexto piso. Tras su ingreso, quedó formalmente bajo custodia.
El exministro de Planificación se presentó en el sexto piso del edificio de Comodoro Py, donde funciona el tribunal que lo sentenció. Un operativo especial de seguridad, con agentes del Servicio Penitenciario, la Policía de la Ciudad y la Policía Federal, cerró parcialmente el acceso al área. Desde allí, De Vido se conectó de forma remota a la segunda audiencia del juicio por la causa conocida como los cuadernos de las coimas, en la que está imputado como organizador de una asociación ilícita.
Leonardo Zavattaro – Télam
La citación original era para las 10 de la mañana, pero el tribunal la adelantó para las 8.30 con el fin de asegurar su participación en el otro proceso judicial. Tras la finalización de la audiencia, se dispuso su traslado al penal de Ezeiza. La defensa del exministro, de 75 años, solicitó el cumplimiento de la condena en su domicilio por motivos de edad y salud. El TOF 4 debe resolver este pedido en las próximas semanas.
Luego del fallo de la Corte Suprema, la defensa del exfuncionario, a cargo de Maximiliano Rusconi, interpuso un recurso de reposición in extremis. Alegó que todavía estaba pendiente de resolución un planteo sobre la prescripción de la acción penal.
Los jueces del TOF desestimaron este intento y afirmaron que “los motivos esgrimidos no encuadran en ninguno de los supuestos legales” para suspender una condena firme. En su resolución, los magistrados advirtieron que “el cumplimiento de la sentencia es una obligación de esta judicatura”.
Enrique García Medina
Rusconi criticó en un comunicado la decisión del máximo tribunal. La calificó de tener una “velocidad sospechosa y oportunismo evidente”. El abogado sostuvo que la Corte no tenía jurisdicción para pronunciarse mientras el planteo de prescripción estaba pendiente. La defensa adelantó que presentará una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Esta es la primera de tres condenas contra De Vido que queda firme. El exfuncionario también tiene una pena de cuatro años por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, y otra por fraude en la adquisición de gas natural licuado.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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POLITICA
Ante industriales, Santilli anticipó que el Gobierno tendrá consenso para aprobar reformas en el Congreso
Ante un auditorio colmado de dirigentes y referentes empresariales, el ministro del Interior, Diego Santilli, cerró la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) con mensajes dirigidos a la dirigencia política y al entramado productivo del país.
“Nunca pensé que volvería acá con un triunfo electoral y como ministro del Interior”, se sinceró el funcionario en el inicio de un discurso en el que adelantó algunos lineamientos de las reformas laboral e impositiva que el Gobierno intentará que se aprueben en las sesiones extraordinarias del Congreso y que lo tendrán a él como articulador.
Santilli expresó su convicción de que el oficialismo cuenta con el respaldo necesario para impulsar y aprobar en las normas estructurales que considera indispensables, incluyendo la llamada modernización laboral y una reforma impositiva de alcance nacional.
En el encuentro, realizado en la sede de la UIA, Santilli coincidió en que la economía argentina ha transitado años sin lograr un crecimiento sostenido en el empleo formal, ni en la creación de pequeñas y medianas empresas. A pesar de los años de estabilización que atribuye a la asunción del presidente Javier Milei, el funcionario subrayó que persisten indicadores preocupantes, como la alta tasa de informalidad laboral, niveles de pobreza crecientes y múltiples tipos de cambio coexistiendo en el mercado.
“Argentina no generaba un puesto de trabajo neto en 15 años. El 52% de nuestra fuerza laboral es informal. Aquí nos tiene que doler a todos”, expresó frente a los industriales.
El funcionario puso especial énfasis en el cambio de rumbo implementado en los últimos meses. “Pasamos de una inflación del 211% a 30, del 54% al 30,7% de pobreza. Cero piquete, cero intermediación de planes”, enumeró Santilli, al repasar los resultados del programa económico del Ejecutivo. Atribuyó la posibilidad de avanzar con reformas de fondo a una nueva relación de fuerzas en el Congreso: “Hoy hay block power para lograr las reformas que hay que hacer”, aseguró.
La cuestión de las reformas pendientes ocupó un lugar central en el discurso. El ministro habló de la necesidad de un presupuesto estatal que marque un antes y un después en el manejo del gasto público, donde el 85% esté orientado a jubilaciones, educación y salud, y que prohíba el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Subrayó, además, que el presupuesto que se presentará será el de menor gasto en tres décadas.
Respecto a la modernización laboral, Santilli anticipó un proyecto de ley “claro y contundente” destinado a reducir la informalidad y generar nuevas condiciones de contratación para quienes invierten y desarrollan actividades productivas. Al referirse a la llamada industria del juicio, lamentó que los altos costos de litigios laborales desalienten la formalización y encarezcan la operación de las empresas. “No sé cómo lo que vale 10 pasa a ser 100, eso es algo que tenemos que erradicar porque destruye la industria y encarece todos los costos”, manifestó.
La reforma fiscal fue presentada por Diego Santilli como un aprendizaje de experiencias previas, subrayando la importancia de coordinar los cambios en los tres niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. Sostuvo que sin una armonización de políticas impositivas, el ajuste realizado a nivel nacional podría ser absorbido por “tasas incomprensibles” en jurisdicciones menores.
En materia de seguridad, el ministro destacó logros obtenidos durante su anterior gestión ejecutiva en la Ciudad de Buenos Aires, describiendo a esa capital como “la segunda ciudad del continente con menos homicidios” después de Ottawa, y atribuyó parte de ese éxito a acciones firmes en materia de lucha contra el narcotráfico.
La agenda extraordinaria del Congreso, según adelantó Santilli, incluirá además la modificación del Código Penal con acento en la lucha contra la corrupción y iniciativas sugeridas por los gobernadores, a quienes el ministro busca integrar activamente en el debate político.
Santilli cerró su intervención ante los industriales convocados por la UIA con un mensaje de optimismo enfocado en el crecimiento a largo plazo: “Cuenten con un ministro del Interior que va a intentar unir las partes para que la Argentina crezca 30 o 40 años. La etapa que viene es la del crecimiento”, concluyó.
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