Los subsuelos de la política y de los negocios cada tanto ascienden a la superficie para aturdirnos con la capacidad de impacto de sus gases más fétidos. Y suelen hacerlo con más velocidad y frecuencia que el florecimiento de la actividad económica, que el Gobierno suele pronosticar. En los últimos cinco días lograron contaminarlo todo.

Nada ha sido más elocuente al respecto que el episodio que terminó con la expulsión del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, amigo y abogado de Javier Milei, tras la difusión de audios tomados aparentemente de forma clandestina. En ellos, de comprobarse su autoría, Spagnuolo involucra en hechos de corrupción a la propia hermana presidencial Karina Milei y a su íntimo colaborador Eduardo “Lule” Menem con la compra de medicamentos. También, a una de las dos más grandes droguerías del país.

No solo lo que se escucha en esas grabaciones es material suficiente para un escándalo mayúsculo, con el agravante de que se trata de negociaciones en un área dedicada a atender situaciones de enorme vulnerabilidad y cuyos destinatarios vienen padeciendo recortes en las prestaciones recibidas. Esa situación motivó, justamente, protestas públicas y la sanción de una ley que el Poder Ejecutivo vetó y con la que Diputados insistió este miércoles, contra el veto presidencial. Nada parece casual.

La primera resolución de la Casa Rosada adoptada tras divulgarse esos audios no parece menos polémica, casi calcada de la forma en la que había respondido tras conocerse el caso $LIBRA, en el que también aparecía complicada la secretaria general de la Presidencia.

En lugar de anunciar una investigación para deslindar responsabilidades del Gobierno, en general, y, en particular de Karina Milei y de su asistente tras el involucramiento en prácticas reñidas con la ética y la ley, se resolvió echar a quien decía haber denunciado esos hechos ante el Presidente, luego de que se negara a presentar la renuncia.

Nada, por otra parte, que calmara la alta tensión que se registra en la cima del poder mileísta. Menos, después de que el jefe de Gabinete, el siempre prudente Guillermo Francos, dijera que no ponía las manos en el fuego por ningún funcionario. Aunque luego aclaró: “Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y de Lule Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia”. Fin, diría el vocero Adorni.

Lo curioso (o sugestivo) es que la expulsión responde a un episodio que en la Casa Rosada y en el entorno de Menem dicen, para minimizarlo, que data de hace varios meses, del que ya tenían conocimiento y que las acusaciones habían sido descartadas. “Fue una operación destinada a hacerla estallar con un mecanismo de relojería en el momento que más impacto y daño podría causar”, afirman en el mileísmo. Precisamente, daba esa oportunidad el tratamiento del veto presidencial a la ley que dispuso el aumento a las prestaciones para personas con discapacidad.

Nada merece descartarse a priori. Sobre todo, ante la simultaneidad del anuncio en esa misma sesión de la Cámara baja de la creación de un nuevo bloque integrado por cuatro diputados de origen libertario, entre los cuales se cuentan algunos que tendrían relaciones muy estrechas con presuntos integrantes del mundo del espionaje. Ese minibloque se sumó a los que rechazaron el veto.

Esta hipótesis, a la que se suma el supuesto vínculo de Spagnuolo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, convertida en la enemiga íntima, es avalada por un sector del Gobierno y busca alejar sospechas instaladas de inmediato sobre Santiago Caputo, cuyo desacuerdo con acciones de la hermana presidencial y de sus colaboradores no son secreto para nadie. Así como no lo es el control que él ejerce sobre la inteligencia del Estado y sus vínculos con otros sectores del espionaje. No ayudó que gente que se referencia en el gurú sonriera ante la desgracia de sus rivales internos. Todo suma, junto a recientes traspiés políticos y económicos, para avivar desconfianzas internas. Más escenas del inframundo.

No obstante, de ser los hechos como dice el Gobierno que fueron, las preguntas inevitables y cuyas respuestas la Casa Rosada aún no ha dado acabadamente son porqué se mantuvo tanto tiempo en el cargo a Spagnuolo, que ya había protagonizado situaciones polémicas en público, y se lo desplazó sólo ahora. Tampoco se ha explicitado qué investigaciones realizaron para aclarar lo que decía el ahora expulsado.

Como en el caso $LIBRA, las sombras mandan y el hilo se cortó por lo más delgado. Esta vez quien tuvo que dejar su función fue el extitular de la Andis. Tres semanas después de que estallara la criptoestafa debió renunciar a su cargo de asesor ante la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, quien antes había estado en el área a cargo de la hermana presidencial. Morales tenía vínculos con el creador de $LIBRA, Hayden Mark Davis, y habría sido uno de los que lo acercó al entorno de Milei.

Cuando ocurrió lo que se conoció como el Criptogate, el Presidente había dicho que iba a levantar muros para que no fuera tan fácil llegar a él y quedar tan expuesto.

Nunca se supo qué medidas se adoptaron posteriormente al respecto, pero si, como dicen ahora en el oficialismo, el caso Spagnuolo es de vieja data, no parece haber habido mucha eficacia para tomar acciones tendientes a evitar vínculos tóxicos y escándalos. Salvo que la persona que debiera adoptar esas medidas no estuviera capacitada o no tuviera interés en hacerlo. Dudas que las repeticiones agudizan. Más cuando sigue la rémora para registrar visitas a la Rosada y a Olivos que deberían figurar en el Registro de Audiencias de Interés, establecido por ley.

El reemplazo de Spagnuolo en la Andis, por otra parte, no ha apagado las polémicas. El designado para suplantarlo es Alejandro Vilches, un sanitarista con paso previo por la obra social de las Fuerzas Armadas, virtualmente en quiebra, que se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria y que tuvo su momento de fama con controvertidas declaraciones en las que justificaba que los residentes del Garrahan percibieran bajos sueldos. Entendible si la estrategia consistiera en llenar la calle de elefantes para que un elefante llame menos la atención.

Sin embargo, no por reciente y estridente, el affaire Spagnuolo ha sido el único hecho que volvió a elevar las tensiones y las preocupaciones en la cima del Gobierno.

A los sobresaltos en materia financiera, que este jueves fueron objeto de un nuevo parche dispuesto por el equipo de Luis Caputo para contener la astronómica suba de tasas de interés, y un estancamiento de la actividad económica, con caída en algunas ramas, que se registra desde hace ya casi un mes, se le sumó una sucesión de hechos políticos que aportaron más ruidos.

El cierre de las listas para las próximas elecciones legislativas dejó muchos heridos. Aunque eso no solo pasa en el mileísmo, que se presenta como la fuerza triunfante para octubre, es en el Gobierno donde tuvo un impacto más negativo.

Se constató este miércoles en Diputados, donde desertaron de sostener el veto presidencial a la emergencia en discapacidad legisladores de Pro, el radicalismo y, también, peronistas que responden a gobernadores hasta hace muy poco amigables con el Gobierno. Y si no hubiera sido por voracidad del perokirchnerismo, lo mismo podría haber ocurrido con el veto a la ley que aumentaba los haberes jubilatorios. Las negras también se equivocan. Y mucho.

Otro golpe recibió este jueves el Gobierno en el Senado con el rechazo a cinco decretos, que afectan el programa desregulador y de achique del Estado. Habrá que ver si esta vez opera el principio de revelación, con el que Milei ha buscado transferir a sus rivales el costo de decisiones contrarias a su proyecto. Hace tiempo que las usinas oficiales han dejado de mencionar esa máxima, como si ya no confiaran tanto en su efectividad. El alto nivel de imagen que sigue conservando en las encuestas el Presidente indicaría que las facturas todavía no le llegan masivamente.

Además, la ausencia de renovación del perokirchnerismo, con su oferta electoral hiperendogámica, destinada a postergar una fractura que asoma inevitable, así como la extrema fragmentación que muestran los sectores de centro, le permitirían así al Gobierno avanzar hacia las elecciones nacionales con comodidad. Aunque el mileísmo se suele complicar con daños autoinfligidos y con medidas con consecuencias no deseadas, destinadas a mantener contenida la inflación y el precio del dólar como imán para los votantes.

Sin embargo, ha debido forzar situaciones para mantener controladas esas variables y todo parece indicar que el año se le está haciendo demasiado largo.

El adelantamiento de las elecciones porteñas de mayo, que le permitió derrotar y someter a su gusto al macrismo, también obligó al Gobierno a postergar retoques a su programa para evitar efectos negativos en pleno proceso electoral. Hoy estaría pagando el costo en la actividad y el consumo, además, de obligarlo a seguir con un ajuste que le valió el enojo de posibles aliados, como ciertos gobernadores. Una combinación complicada, aunque los economistas, que cada vez emiten más señales de alerta, incluidos muchos cercanos al oficialismo, consideran que no afectará la performance electoral del mileísmo. Ceteris paribus. Si la película sigue como está hoy.

Pero esto es la Argentina y el grado de descomposición que se registra en casi todos los ámbitos no parece encontrar su piso. La imágenes de una violencia primitiva que se vieron antenoche en la cancha de Independiente, a pesar de que la televisación oficial procuró no mostrar, son un ejemplo de la degradación.

Un drama que también se esparce por el continente, a juzgar por el comportamiento de los desaforados hinchas de la Universidad de Chile. Fueron ellos lo que iniciaron los desmanes y dejaron en evidencia que no se habían adoptado medidas de seguridad apropiadas para prevenirlos ni para reprimirlos. Los linchamientos a los que luego fueron sometidos por energúmenos de la parcialidad local espantan hasta a los menos sensibles.

El posterior intercambio de acusaciones entre la confrontativa ministra Patricia Bullrich y el cuestionado gobierno de Axel Kicillof no soluciona ni da respuesta al horror que estos hechos generan, ni a los serios episodios de inseguridad que no dejan de agravarse en la provincia de Buenos Aires.

Las acusaciones por supuestas fallas en el operativo de seguridad por parte de la policía bonaerense lanzadas por la funcionaria nacional chocaron contra la réplica esgrimida desde La Plata sobre la responsabilidad de la Conmebol y del club local, que preside el exaliado electoral de Bullrich Néstor Grindetti, quien tiene como vicepresidente a quien fuera hasta principios de año un alto funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense. Disputas estériles.

Las polémicas entre funcionarios y dirigentes tienen cada vez menos rating. Las mediciones muestran que lo que la sociedad demanda son soluciones. La recurrente emergencia en la superficie de efluvios cloacales de la política y los negocios difícilmente invite a muchos electores a salir a votar y a revertir la profunda tendencia abstencionista que viene registrándose este año.

Todavía puede haber sorpresas. Más si los subsuelos siguen apareciendo en la cima.