CÓRDOBA.- En la apertura del año legislativo cordobés, el gobernador Martín Llaryora mostró un video con las obras realizadas durante su gestión, aseguró que no traspasará la Caja de Jubilaciones provincial a la Nación y anunció que el próximo año habrá “nuevas rebajas impositivas”.

En la primera fila de la ceremonia que se realizó en Laboulaye, en el sur cordobés, estuvieron los referentes de la oposición, el senador Luis Juez y sus socios libertarios, los diputados Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, y el radical Rodrigo de Loredo.

Llaryora no tuvo críticas directas al presidente Javier Milei, aunque -como en otras oportunidades- se diferenció por las políticas que lleva adelante en su distrito, en el que siempre subraya que el Estado está presente a donde debe, y trabaja junto con los privados.

En cambio, sí apuntó contra la oposición provincial. En los últimos días, ya hubo cruces porque desde el Tribunal de Cuentas el juecismo, que es mayoría, trabó compras de drones para el área de Seguridad. Llaryora, sostuvo que corresponde el control previo y la legalidad administrativa -“¿cuál es el problema de que la oposición controle el gasto del gobierno de turno?”, preguntó-, pero criticó “cuando es abusivo, no respetando los marcos institucionales”.

“No hagamos estos papelones, porque lo único que hacemos es parar la posibilidad del progreso”, dijo y sostuvo que él cree, “sinceramente que han recibido una orden. Tienen miedo de perder la próxima elección y los mandaron a obstruir”.

En ese contexto, repasó que la oposición no aprobó la Ley de Seguridad, por la que se crearon siete fiscalías antinarcotráfico y 11 fiscalías de instrucción en distintos puntos de la provincia y rechazó otras medidas como el uso de armas menos letales, la conformación de guardias locales, la incorporación de personal con formación militar y la realización de exámenes toxicológicos. Cuestionó que, a nivel nacional, hacen una cosa y en lo local, otra.

Sobre la Caja de Jubilaciones -Córdoba, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tiene un acuerdo con Nación de financiamiento que se debe renovar en poco tiempo- Llaryora señaló “asumí y asumo el compromiso de defender la Caja, a pesar de que hay muchos que quieren que pase a manos nacionales o de los gremios» lo que “provocaría la caída masiva de los ingresos” de los pasivos locales. “Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere, se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, subrayó.

En otro segmento anunció un plan habitacional que contempla la entrega de 10.000 lotes en toda la provincia mediante el nuevo programa Mi Lugar y la puesta en marcha del programa Córdoba Hogar, para 5.000 familias.

Al adelantar que seguirá la obra pública, cerró con un “hay que animarse a defender a Córdoba, a defender al interior. Por eso, ¡Viva Córdoba!“.

“Pasamos de una provincia quebrada, con un atraso en infraestructura de más de 4.000 millones de dólares, a una provincia con superávit, en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha”, dijo el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa al hacer un repaso de las cuentas de su gestión, que ingresa en su tercer año. “Lo más importante es que ese superávit hoy se traduce en respuestas concretas para los neuquinos”, añadió.

En un comunicado, su administración enfatizó que no ha emitido deuda pública para gastos corrientes mientras que, cuando asumió, el 55% del stock de deuda tenía ese fin. En los dos años, “se ha podido financiar más del 90% de la obra pública con fondos propios, en cambio en 2023 el 100% de la obra fue ejecutada con fondos de terceros”. También destacó que achicó 38% la deuda pública.

A diciembre de 2025, el stock de deuda pública representaba el 20% de los ingresos totales del ejercicio, el más bajo de los últimos 20 años, lo cual le permite a la actual gestión de gobierno mejorar el ranking interprovincial.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con presencia en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), pospuso el paro en aeropuertos, anunciado en principio para mañana, para el próximo lunes 9 de febrero.

La medida sindical fue adoptada luego que la ANAC garantizara el pago de salarios para esta semana. Ese fue justamente el reclamo que derivó en la medida de fuerza.

“Ya están cargados los recibos de haberes en el sistema, pero sin el aumento que habíamos acordado”, dijo a el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. En el sindicato esperan que el pago de salarios se efectivice entre lunes y martes.

Ante la falta del pago del aumento, ATE decidió mantener la medida de fuerza de 24 horas, pero posponerla para el lunes 9 de febrero. “Mañana a primera hora estaremos notificando formalmente: hay un decreto que declara a los servicios aeronáuticos como esenciales, y exige notificar con 5 días de anticipación”, adelantó Aguiar.

“Mantenemos el estado de asamblea permanente y movilización en 27 aeropuertos”, advierten fuentes sindicales. ATE ANAC, encabezada por Marcelo Belelli, había denunciado que sus trabajadores no cobraron en el último día hábil de enero y que un aumento salarial acordado previamente con el Gobierno no estaba contemplado en la liquidación.

Según supo , el aumento se daría en el ítem “racionamiento”, un suplemento no remunerativo que se paga por guardia, y que depende de la cantidad de horas trabajadas por afuera de la jornada habitual. Ese extra iría desde los $250.000 hasta los $500.000.

“Las autoridades saben que no alcanza solo con pagar los salarios, se tiene que liquidar el aumento acordado. Esta semana tienen que verificarse avances”, advirtió Aguiar. “Son los funcionarios quienes con su incumplimiento generaron un conflicto innecesario”, apuntó el sindicalista de ATE.

El día del anuncio del paro, Aguiar indicó en su cuenta de X: “El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo”.

La medida de fuerza impactaría en 27 aeropuertos del país. En caso de que ATE avance con el paro, éste alcanzaría a los trabajadores del control terrestre, sanitarios, bomberos, inspectores, administrativos, entre otros. Se verían afectados todos los vuelos salvo los de Estado, sanitarios, humanitarios y de traslado de órganos.

Al actual conflicto salarial se suma una denuncia por parte del gremio que apunta a más de 200 despidos en ANAC desde el año pasado. En julio, fuentes de la ANAC indicaron que se estaban dando de baja contratos que “no resultan imprescindibles para el normal funcionamiento del organismo”.

Ahora, la medida de fuerza agendada para el próximo lunes 9 de febrero podría ocasionar demoras en los vuelos en plena temporada turística del verano 2026. “La sociedad tiene que saber que si se interrumpen las actividades en los aeropuertos, es exclusiva responsabilidad del Gobierno”, aseveró Aguiar.