POLITICA
Torres defendió la eliminación de los fueros en Chubut y apuntó contra los jueces que buscan evitar la consulta popular
COMODORO RIVADAVIA.- En la inauguración de la Ciudad Judicial de esta ciudad, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó hoy la realización del plebiscito para eliminar los fueros de gobernadores, legisladores, jueces y dirigentes sindicales, que se votará el próximo 26 de octubre junto con las elecciones generales.
Además, Torres apuntó contra el presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Claudio Petris, a quien acusó de intentar frenar la consulta popular con medidas cautelares y pedidos de inconstitucionalidad.
“Le pregunto al señor presidente de la Asociación de Magistrados, a qué le tiene miedo y cómo, siendo parte y contraparte, estando de los dos lados del mostrador, puede pensar en prohibirle al pueblo chubutense votar una ley que, en un sistema republicano como el nuestro, la Legislatura aprobó. ¿Por qué mejor no responde a mi pregunta públicamente y trata de persuadir a los chubutenses, en todo caso, a que voten en contra de la eliminación de los fueros?”, sostuvo Torres.
El gobernador habló frente a las autoridades de la Justicia provincial y estuvo acompañado del ministro de la Corte Suprema nacional Ricardo Lorenzetti.
Durante el acto, que también contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Jujuy, Carlos Sadir, Torres afirmó que los planteos impulsados por la Asociación de Magistrados representan “una acción de una gravedad institucional pocas veces vista en esta provincia”.
Apuntando nuevamente contra Petris, afirmó: “Lo que este juez quiere hacer es prohibirle al pueblo chubutense que vote democráticamente”. Además, señaló que está confiado en que los chubutenses acompañarán la enmienda impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Legislatura.
“Estamos en un momento en el que no podemos mirar hacia atrás ni hacernos los distraídos: cuando hay una avanzada de cualquier sector que pone en jaque la voluntad popular de terminar con los privilegios. Estoy profundamente convencido de que no va a ser el Gobernador quien le demuestre al juez Petris cuán alejado está de la realidad y de las demandas sociales, sino que serán los propios chubutenses quienes lo hagan, votando en octubre y luego pudiendo inflar el pecho para decir que somos la primera provincia de la Argentina en la que no existen los fueros, donde no hay ciudadanos de primera o de segunda, y donde la ley es igual para todos”, puntualizó Torres.
La Ciudad Judicial de Comodoro, un edificio de más de 16 mil metros cuadrados donde en una primera instancia comenzarán a funcionar los fueros Civil, Comercial, de Familia, Laboral y de Ejecución, y la Cámara de Apelaciones, comenzó a ser construido hace más de 20 años. Después de varias inauguraciones que quedaron en la nada, todo indica que finalmente abrirá sus puertas luego de la próxima feria de invierno.
Torres aseguró que “hace más de 23 años que se viene esperando la concreción de esta obra, que mientras estaba al 90% de ejecución generaba un gasto enorme en alquileres”. Y remarcó que el nuevo edificio apunta a desburocratizar, modernizar y acercar la Justicia a la ciudadanía”.
En la misma línea, agregó: “Esta obra es parte de una reforma estructural, que tiene mucho más sentido si avanzamos verdaderamente y con espíritu reformista, desde los tres poderes, en las verdaderas transformaciones que tenemos que hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo”.
La importancia de la obra para el Poder Judicial se vio reflejada en la presencia de Lorenzetti, quien durante su intervención advirtió sobre la desconexión entre las instituciones y la ciudadanía. “El siglo XXI nos está sorprendiendo con un gran fenómeno: la enorme desconexión entre las instituciones y la sociedad”, advirtió.
“Este es un fenómeno global, pero del cual debemos ser muy conscientes, porque los cambios que vivimos en todos los países generan preocupaciones, temores y desilusión. Por eso, todos los poderes del Estado debemos hacer una fuerte autocrítica, y muy en particular el Poder Judicial. El esfuerzo debe ser enorme para resolver problemas concretos”, añadió el ex presidente del máximo tribunal.
En la misma línea, el ministro de la Corte agregó: “Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por resolver los problemas reales. Las leyes ya existen: hablan de igualdad, de derechos sociales, de ambiente, de género. Pero hay que hacerlas realidad”.
Tras la finalización del acto fue consultado por su opinión sobre las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, aunque eligió no referirse al tema. “No puedo opinar del caso. Eso está judicializado, de manera que yo lo tengo prohibido. No puedo opinar sobre eso, es un caso judicial”, argumentó.
POLITICA
Baja de la edad de imputabilidad: Mariano Cúneo Libarona defendió la media sanción y prometió reinserción para menores
El debate por la seguridad y la responsabilidad penal de los menores volvió a ocupar el centro de la agenda política. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió a defender la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y buscó despejar críticas sobre su alcance.
El funcionario remarcó que la reforma no apunta a endurecer penas indiscriminadamente, sino a modificar un sistema que —según sostuvo— hoy no logra contener ni reinsertar a los adolescentes en conflicto con la ley. “La idea no es castigar por castigar, sino dar una oportunidad real de recuperación”, planteó en declaraciones radiales.
En ese sentido, explicó que la discusión pública quedó reducida a la edad, cuando el proyecto contempla cambios estructurales más amplios. De acuerdo con el ministro, el régimen vigente termina dejando a muchos menores sin seguimiento estatal efectivo y en condiciones de alojamiento precarias, lo que favorece la reincidencia.
Diputados le dio media sanción a la baja en la edad de imputabilidad
La iniciativa establece que solo en casos de delitos graves los jóvenes podrán ser privados de la libertad. Para el resto de las situaciones, se prevén medidas alternativas supervisadas por equipos interdisciplinarios. El objetivo central, insistió, es la reinserción social.
El funcionario libertario aseguró que el Estado creará establecimientos específicos para adolescentes, distintos de las cárceles comunes. Allí, los jóvenes deberán asistir obligatoriamente a la escuela, aprender oficios y participar de actividades deportivas, además de contar con acompañamiento psicológico y control judicial permanente.
“Quien comete un delito tiene que entender que hay consecuencias, pero también necesita herramientas para no volver a hacerlo”, explicó el ministro. Según detalló, el programa incluirá participación activa de las familias y seguimiento posterior para evitar que los menores regresen a entornos delictivos.
El funcionario también adelantó que habrá presupuesto asignado para implementar el nuevo régimen. La administración nacional prevé financiar infraestructura, personal especializado y programas educativos, aspectos que el Gobierno considera clave para que la ley funcione en la práctica.
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad
El proyecto generó un fuerte cruce político en el Congreso. Sectores de la oposición cuestionaron la medida por considerar que criminaliza la pobreza y no ataca las causas profundas de la violencia juvenil, mientras que el oficialismo sostuvo que la normativa busca cerrar un vacío legal existente y brindar herramientas tanto a la Justicia como a las víctimas.
Ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado, donde se anticipa un debate igualmente intenso. El resultado será determinante para definir si Argentina modifica uno de los puntos más sensibles de su legislación penal juvenil, un tema que reaparece de manera recurrente cada vez que un delito grave involucra a menores de edad.
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POLITICA
Régimen Penal Juvenil: Sergio Berni criticó la ley que sancionó Diputados y planteó que “el delito no tiene edad”
El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni cuestionó hoy la media sanción en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Para el exfuncionario, el proyecto “no resuelve nada y solo agrava la situación”, y consideró necesario cambiar el enfoque y no atarlo a una cuestión de edad, sino a pericias psiquiátricas.
“Esta ley es totalmente arbitraria. Nadie, absolutamente nadie, los 259 legisladores, pudo explicar por qué la edad es a los 14 años y no a los 13 o los 15. Es como una paritaria salarial: partimos la diferencia en el medio”, sostuvo Berni, entrevistado en Infobae al Amanecer por Luciana Rubinska, Nacho Girón y Belén Escobar.
En esta línea, el exministro bonaerense se desmarcó de los argumentos del oficialismo y planteó: “Refuto el eslogan del Gobierno que dice ‘a delitos de adulto, penas de adulto’. El delito no tiene edad. Toda persona que incurre en un delito debe ser sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si comprendía la criminalidad del hecho”, sotuvo.
Y amplió: “¿Por qué a los 14 años? ¿Alguien me lo puede explicar? La Argentina se está perdiendo la posibilidad de cambiar una ley totalmente arbitraria. Brasil, por ejemplo, tiene la edad de imputabilidad a los 12, Uruguay a los 13 y Chile a los 14. No hay un solo argumento neurofisiológico que justifique esa cifra: la maduración del sistema temporofrontal depende de muchos factores, no de un cumpleaños”, remarcó.
El exfuncionario explicó que la imputabilidad “es la capacidad que tiene una persona de presentarse en un proceso penal y tener un juicio justo. Para nuestra Constitución y para el Código Penal argentino, la condena tiene como objetivo la resociabilización”. En ese sentido, defendió la necesidad de evaluar caso por caso: “Así como en los adultos un juez pide un test psiquiátrico para ver si comprendió la criminalidad del hecho, con los menores debería ser exactamente igual”.
Sostuvo, además, que la decisión del Congreso “no tiene propósito alguno; es un anuncio rimbombante. Si usted pide bajar la edad de imputabilidad, es para comenzar el camino de resociabilización. Pero esta ley ni siquiera contempla los mecanismos, el presupuesto ni los lugares para hacerlo”.
El caso Kim y el riesgo de criminalizar sin resocializar
Durante el reportaje, Berni recordó el crimen de Kim Gómez en La Plata. “Esta semana comienza el juicio de los asesinos. Había dos menores, uno de ellos había sido detenido una semana antes por robo de automóvil y la Justicia lo devolvió a los padres. Terminó asesinando a la nena”.
Para el exministro, “esos chicos deberían haber tenido la oportunidad de afrontar un juicio y, si se los declaraba culpables, empezar un camino de resocialización. Pero hoy el sistema los deja afuera y mañana los vuelve a castigar sin lógica alguna”.
Alertó, además, sobre el posible efecto adverso del proyecto: “Las bandas de narcotraficantes se aprovechan de los chicos inimputables. Si bajás la edad, solo lográs que empiecen más rápido en el delito. Ahora los van a buscar cada vez más chicos, ‘soldaditos’ que venden droga y cuando la policía llega, se los entregan a los padres porque son inimputables”.
En este sentido, fue tajante sobre el sentido original de la baja de imputabilidad: “El objetivo es que el Estado se haga cargo de la resociabilización de esos chicos. Cuando uno escucha a los padres, piden a gritos: ‘Por favor, que los jueces actúen, se hagan cargo, los encierren’. Porque saben que van a terminar matando o muertos en un tiroteo”.
Sin embargo, criticó la letra del proyecto: “En el artículo diecisiete, la ley dice que se van a poner módulos en cárceles de mayores. Esto no resuelve absolutamente nada, viene a profundizar el problema”.
“El Estado debe actuar rápido, como cuando uno pone un tutor a un pino que crece torcido. Pero no conozco a nadie que enderece un pino de cien años. Si no damos herramientas para la resociabilización, vamos a seguir perdiendo generaciones”, advirtió.
Finalmente, alertó sobre la inseguridad jurídica: “Esta ley, por ser como se está tratando, viene a poner en conflicto muchas legislaciones provinciales y puede ser declarada inconstitucional porque agrede a la Constitución y al Código Penal”.
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POLITICA
El Gobierno denunciará por terrorismo a los manifestantes que causaron destrozos afuera del Congreso
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este viernes que el Gobierno denunciará por hechos de terrorismo a los manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso el miércoles, cuando se trataba en el Senado el proyecto de reforma laboral.
“Vamos a denunciar porque esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, indicó la funcionaria.
Y agregó, en diálogo con radio Mitre: “Acá hay autores intelectuales y económicos. Lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento, desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo”.
Mientras el Senado debatía la reforma, se registraron fuertes incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la movilización convocada por gremios y distintos sectores sociales. Imágenes captadas por canales de televisión mostraron uno de los episodios más graves de la jornada: la preparación y el lanzamiento de bombas molotov por parte de un grupo reducido de manifestantes. En tanto también hubo gente que arrojó palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona.
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