Es una prioridad para el Gobierno avanzar este jueves con la reforma de la ley de Glaciares cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente. Pero el oficialismo cuenta con los avales justos: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa.

Se trata de un dato político simbólico. En la última sesión preparatoria, los libertarios le arrebataron al PJ la vicepresidencia de la Cámara y los dejaron sin autoridades. El lugar que ocupaba Silvia Sapag (Neuquén), y que el peronismo esperaba retener con Lucía Corpacci (Catamarca), lo ocupó Carolina Moisés (Jujuy), una díscola que fue suspendida del partido por Cristina Kirchner.

La jugada tiene un componente simbólico para el oficialismo conducido por Patricia Bullrich: demostró que tiene la fortaleza suficiente para avanzar sin el aval del espacio en el que todavía gravita, en parte, la exvicepresidenta.

Pero pocas horas después, esta potencia se debilitó. La negociación por la reforma de la ley de glaciares, que atraviesa dogmatismos para arraigarse en las particularidades de cada territorio, volvió a poner el foco en el PJ. Sus votos volvieron a ser determinantes.

Es que los aliados habituales del Gobierno votan divididos. En la UCR estiman que solo cinco de 10 acompañarían la reforma. En el Pro, solo uno estaría dispuesto a votar a favor. Los pampeanos como Daniel Kroneberger (UCR) y Victoria Huala (Pro) se resisten por el antecedente del Río Atuel cuyo cauce se secó -afectando la actividad agrícola ganadera- presuntamente por actividades mineras en la zona de Mendoza. El conflicto interprovincial llegó a las Corte Suprema: en 2020 el máximo tribunal ordenó a las provincias fijar un caudal hídrico para recomponer el ecosistema. A los pampeanos se le suman otras voces disidentes en ambos espacios. Según pudo saber este medio, las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina, aliadas al gobernador Ignacio Torres, tampoco están de acuerdo con el texto final.

Desde Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo se inclina por el rechazo. También el correntino Mauricio “Camau” Espínola, pero podría modificar su postura frente a la presión del Gobierno. En el oficialismo evitan contar a los santacruceños, a quienes consideran “impredecibles”.

En cambio, avalarían la propuesta oficial los misioneros aliados a Carlos Rovira y la salteña Flavia Royón. Está en duda la neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

Con este panorama, el Gobierno necesitará de la ayuda del PJ para avanzar. Confía en los votos de los tres peronistas disidentes de Convicción Federal: Moises, Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Pero también de dos referentes cordilleranos del bloque Justicialista que conduce José Mayans: los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y la catamarqueña Corpacci, quienes saben de primera mano el impacto económico que tendría una flexibilización de la protección en sus distritos. Celeste Navarro, también de San Juan, se plegará a la conducción partidaria que definió votar en contra.

La cuenta final da una mayoría ajustada que depende de que ningún peronista modifique su postura a último momento. Fue justamente lo que los libertarios buscaron evitar con la última movida. Esta vez, no lo lograron.

Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.

Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía -como autoridad de aplicación- defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó de forma pública la conducta de la legisladora Florencia Carignano durante el debate por la reforma laboral en el Congreso. La diputada de la oposición desconectó los micrófonos de la consola técnica para frenar la discusión del proyecto oficialista y Menem calificó la maniobra como un acto vandálico.

El titular de la Cámara baja utilizó términos duros para referirse a la conducta de la representante de Unión por la Patria y sostuvo que el accionar de la legisladora representa un retroceso en el respeto a las instituciones. En diálogo con Radio La Red, el dirigente expresó: “Entiendo que las sesiones se calientan. Me parece un acto vandálico. Me parece nefasto que Carignano reivindique su actitud, ella tiene que entender las reglas democráticas. Debería haber pedido disculpas. El partido por el que fue electa perdió. Se votó una ley que no le gusta y se la tiene que comer, se la tiene que bancar”.

El presidente de la Cámara apoya la iniciativa para remover a la legisladora de su cargo tras el incidente, ya que considera que las conductas de este tipo exigen sanciones ejemplares dentro del Poder Legislativo. “Creo que Carignano debe ser expulsada pero los números no están. Ese tipo de conductas deben ser sancionadas. Es un acto vandálico que podría tener la consecuencia de poder suspender la sesión”, sostuvo el dirigente libertario.

En la misma linea, mencionó el estado actual de las normas internas del Congreso y señaló que el reglamento requiere una actualización profunda para evitar estos episodios: “Entiendo que la temperatura sube, los temas en disputa son caliente. Tenés un espacio que gobernó mucho tiempo y fracasó, y un espacio nuevo que genera resultados. Se genera un clima denso en el Congreso. Yo condeno cualquier actitud que esté por fuera del reglamento. Pero para condenar esas cosas tenemos que modificar el reglamento, está desactualizado. Pero no tengo facultades para eso, tiene que ir a comisión con un proyecto de resolución. Dos tercios no tiene nadie. Vamos a intentar ir purificando de a poco el sistema. De fondo, las conductas no dejan de ser un problema moral”.

La falta de una mayoría de dos tercios impide el avance inmediato de la expulsión. Menem reconoció que ningún bloque político posee esa fuerza numérica en la actualidad.

El escándalo se desató en la previa del tratamiento de la reforma laboral, cuando los diputados de la oposición denunciaron que el bloque oficialista buscó un debate con pocos oradores. Varios legisladores se acercaron al estrado de la presidencia para manifestar su descontento y en ese entonces, Carignano desconectó los cables de audio de una consola. La diputada libertaria Lilia Lemoine grabó la situación con su dispositivo móvil. En el registro audiovisual se escucha la advertencia de Lemoine: “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”.

Carignano mantuvo su postura firme ante las críticas del oficialismo y reivindicó su decisión de interrumpir el funcionamiento de los micrófonos. La diputada declaró: “Lo volvería a hacer para que no se trate esa ley de mierda”. También utilizó términos despectivos contra los integrantes de la bancada oficialista al llamarlos “descerebrados”.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.