La interna judicial por el control de una de las causas que más salpica al poder del fútbol argentino llegó a una definición. La Cámara Federal de La Plata determinó que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, es quien debe llevar adelante la investigación DE la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De esta manera, se resolvió el conflicto de competencia que Villena mantenía con su par, el juez Luis Armella. El tribunal consideró que las maniobras denunciadas por el organismo recaudador guardan una “conexidad directa” con la investigación que Villena ya tenía abierta sobre la misma entidad y sus directivos por presunto lavado de activos.

Noticia que está siendo actualizada.-

Sur Finanzas, AFA, Claudio Tapia

Un dictamen de alto impacto firmado por la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) puso bajo la lupa una compleja trama de presunto lavado de activos que habría utilizado estructuras del fútbol argentino para reciclar y proyectar al exterior fondos de origen ilícito. La investigación describe una ingeniería financiera que combina clubes, fideicomisos, proveedores de servicios de pago, financieras y sociedades offshore radicadas en los Estados Unidos, con un volumen de negocios bajo análisis que ronda los USD 300 millones.

El expediente, que tramita ante el Juzgado Federal a cargo de Luis Armella, advierte que no se trata de hechos aislados sino de un esquema sistemático, con una fase inicial de colocación, una estratificación local y una proyección internacional, apoyada en contratos de apariencia lícita, cesiones de derechos de cobro y una red de empresas y personas interpuestas.En ese contexto, la investigación judicial que sacude al fútbol argentino sumó un dato de alto impacto: durante los allanamientos realizados el martes 30 de diciembre, los investigadores hallaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) un contrato que vinculaba a la entidad con una empresa ligada al empresario teatral Javier Faroni, a la que se le habría otorgado la exclusividad para gestionar los cobros y pagos en el exterior del fútbol argentino a cambio de una comisión del 30%.

El documento fue secuestrado en el edificio de la calle Viamonte 1366, quedó incorporado al expediente como prueba central y pasó a ser una de las piezas clave para reconstruir la operatoria bajo sospecha. Según la investigación, ese contrato formalizó la delegación de funciones financieras estratégicas en una estructura privada radicada en el exterior, sin que existieran controles internos equivalentes al volumen de fondos administrados.

Ese hallazgo se produjo en el marco de una serie de procedimientos simultáneos impulsados por la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco. Los operativos incluyeron, además de la sede de la AFA, el predio que la entidad posee en Ezeiza y la vivienda del empresario Javier Faroni en Nordelta.

En paralelo a los allanamientos, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter LLC.

La medida, adoptada tras un dictamen de ampliación del objeto de la investigación presentado por la fiscalía y la PROCELAC, habilita el acceso judicial a información financiera tanto en la Argentina como en el exterior, en particular a registros bancarios de Estados Unidos.

Faroni, el viaje frustrado y la autorización posterior

En forma concomitante con los allanamientos, la Justicia activó una alerta que impidió inicialmente la salida del país de Javier Faroni, cuando intentaba viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo privado. La intervención estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Durante ese episodio, el empresario descartó un teléfono celular, que hasta el momento no fue hallado y cuyo contenido es considerado de interés para la causa.

Fuentes judiciales indicaron que, tras las primeras diligencias y sin que mediara una orden formal de detención, Faroni finalmente fue autorizado a viajar a Uruguay, aunque quedó sujeto a la investigación y a eventuales nuevas medidas procesales. De igual forma, él y su esposa deberán presentarse el próximo 19 de enero a las 10 y 10.15 horas, respectivamente, ante el Juzgado Federal Criminal y Correcional de Lomas de Zamora.

TourProdEnter, el engranaje central del esquema

En el corazón del expediente aparece TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, estructurada por Javier Faroni. A pocos meses de su creación, la firma fue designada agente comercial exclusivo de la AFA para contratos internacionales, bajo un acuerdo aprobado por el Comité Ejecutivo que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Ese contrato —ahora secuestrado y formalmente incorporado al expediente— habilitó a TourProdEnter a cobrar ingresos provenientes de sponsors globales, derechos televisivos y partidos amistosos de la selección argentina, realizar pagos a terceros, descontar una comisión del 30% y transferir los excedentes a la AFA.

Peritos de la Policía Federal Argentina trabajan sobre ese documento —al que tuvo acceso Infobae— titulado “Acuerdo de Agente Comercial Internacional”, el documento está refrendado por el titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia. La esposa del empresario teatral, Erica Gillette también lo firmó. El acta tiene fecha del 9 de diciembre de 2021.

En la parte superior izquierda del documento se hace mención de la dirección legal de la sociedad: “4604 Waterview Circle, Palm Soring FL, Estados Unidos de Norteamérica.”

Infobae pudo establecer por fuentes de la investigación que el contrato autoriza a TourProdEnter LLC la representación comercial exclusiva en todo el mundo de la Selección, salvo en la Argentina, para suscribir acuerdos de sus marcas, imágenes y otro tipo de derechos.

En los hechos, la empresa actuó como agente concentrador de cobros y pagos en el exterior que hoy es pesquisada por los investigadores.

Para la Justicia, una porción relevante de ese flujo de dinero, no tuvo como destino directo las cuentas oficiales de la AFA, sino que habría sido desviada hacia terceros sin una justificación económica clara.

USD 42 millones y sociedades “pantalla” en Florida

El dictamen fiscal al que accedió este medio sostiene que al menos 42 millones de dólares salieron de las cuentas de TourProdEnter hacia cuatro sociedades registradas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

La Justicia identificó como responsables formales de esas sociedades a personas con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias:

• Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculada a Soagu Services LLC: una de las sociedades radicadas en Florida que recibió transferencias desde las cuentas de TourProdEnter. Los investigadores destacaron que su perfil económico no resulta compatible con el manejo de sumas millonarias y que no registra antecedentes empresariales relevantes ni actividad comercial acorde al volumen de fondos que circularon por la sociedad. Su domicilio declarado se encuentra en Bariloche, lejos del centro operativo de las transacciones.
• Mariela Marisa Schmalz, vinculación, Marmasch LLC: se trata de otra de las firmas receptoras de fondos bajo análisis. De acuerdo con la causa, no se le conoce actividad comercial real, ni estructura empresaria, empleados ni operaciones que expliquen transferencias por millones de dólares. Susituación patrimonial y laboral declarada es incompatible con la operatoria financiera atribuida a la sociedad.
• Verónica Inés López, vinculación: figura como asociada o responsable formal de Velp LLC, una sociedad que también recibió dinero proveniente del circuito TourProdEnter. Los investigadores remarcan que no registra antecedentes como empresaria, ni capacidad económica acorde a los montos involucrados. Al igual que en otros casos, la sociedad declara direcciones comerciales virtuales en Miami, sin actividad verificable.

• Roberto Josué Salice: es señalado como vinculado a Velpasalt Global LLC, una de las sociedades más observadas dentro del esquema descripto por la Fiscalía. De acuerdo con la documentación judicial fue declarado en quiebra en 2019, en un proceso que incluyó sospechas de fraude. Ese antecedente es considerado especialmente relevante por la Justicia dado que su situación patrimonial previa contrasta de manera directa con la magnitud de los fondos que circularon por la empresa a la que aparece vinculado.

Para los fiscales, estos perfiles refuerzan la hipótesis del uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales reales de los fondos.

La investigación hasta ahora no formula imputaciones directas contra la cúpula de la AFA, pero sí analiza el entramado de relaciones personales, funcionales y de confianza que permitió que la operatoria se desarrollara.

Adcap Uruguay y el circuito ampliado

En el dictamen, la Fiscalía identifica a Adcap Uruguay Agente de Valores como un intermediario financiero clave dentro del esquema investigado, al que se le atribuye haber recibido transferencias por un monto aproximado de USD 110 millones provenientes del circuito vinculado a TourProdEnter LLC.

Esta firma habría facilitado:

• Intermediar fondos de gran volumen.
• Canalizar operaciones de cambio y liquidación de bonos.
• Introducir capas adicionales de complejidad y opacidad en la trazabilidad del dinero.

El dictamen no afirma que Adcap sea el origen del dinero, sino que la ubica como una pieza intermedia relevante en una operatoria más extensa que incluyó múltiples jurisdicciones. De acuerdo con la reconstrucción del circuito de dinero, las operaciones en las que intervino Adcap Uruguay incluyeron pasos por Estados Unidos, Uruguay, Argentina e Islas Vírgenes Británicas.

Este recorrido es señalado como típico de maniobras de estratificación, donde los fondos atraviesan distintos mercados y marcos regulatorios para dificultar el seguimiento del origen y del destino final.

Adcap Uruguay, por su parte, reconoció su intervención como agente financiero, y sostuvo que las operaciones se realizaron dentro del marco normativo vigente y que los fondos estaban debidamente documentados.

Luego de las operatorias financieras, el dinero habría sido transferido a cuentas de la AFA en bancos argentinos.

La Fiscalía, sin embargo, aclara que esas afirmaciones forman parte de la versión de la entidad, y que el objeto de la investigación es verificar la trazabilidad real y completa de los fondos, más allá de la documentación formal. El dictamen utiliza el concepto de “circuito ampliado” porque Adcap no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un esquema que comienza con TourProdEnter LLC, continúa con sociedades offshore en Florida, se proyecta a través de intermediarios financieros regionales y termina con fondos cuyo beneficiario final aún no está plenamente identificado

Una causa que entra en zona crítica

Con el contrato secuestrado en la AFA, la ruta del dinero parcialmente reconstruida, los beneficiarios formales identificados y pedidos de cooperación internacional en curso, la causa entra ahora en una zona crítica.

La lupa judicial ya no se posa sólo sobre Javier Faroni y TourProdEnter, sino sobre la estructura institucional que permitió que una operatoria de semejante volumen funcionara durante años, en una investigación que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos financieros vinculados al fútbol argentino.

El Gobierno apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes y, según informó el Ministerio de Seguridad, “el juzgado concedió el recurso con ‘ambos efectos’, es decir que la sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación”. “Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando”, advirtió.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había presentado un amparo colectivo en el que argumentaba por qué debe ser considerado inconstitucional el protocolo, diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. El juez Cormick le había dado la razón, pero tras la apelación del Gobierno, esa decisión quedó suspendida hasta que se exprese la Cámara.

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“EL PROTOCOLO SIGUE VIGENTE. La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo. El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse”, escribió la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva en su cuenta de la red social X.

Y agregó: “Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras”.

Controversias por la aplicación del protocolo

En su fallo, el juez Cormick señaló que “se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1ero de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”.

Además, indicó que quienes se consideren perjudicados por la aplicación del protocolo podrán hacer la denuncia correspondiente ante la Justicia: “Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo -Resolución 943/23, deberán -de modo individual- denunciar ante la Justicia en lo Penal quien actuará acorde a las competencias que la ley le otorga”.

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Una vez conocido el fallo, el Gobierno confirmó que apelaría la decisión, lo que terminó sucediendo menos de 24 horas después. “Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, planteó Monteoliva.

Y sumó: “No vamos a dar un paso atrás. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.

protocolo antipiquetes, Alejandra Monteoliva