La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, terminará resolviendo qué juez investigará a los verdaderos dueños de una quinta en Pilar que se adjudica a las autoridades de la AFA: si será el juez federal de Campana Adrián González Charbay, como ahora, o si el caso regresará al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky.

Esto es así porque el fiscal Carlos Cearras presentó una queja pues la Cámara Federal de San Martín le denegó un recurso extraordinario donde cuestiona la competencia asignada al juez de Campana.

Se sorteó y el caso fue resuelto por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo. El fiscal es Mario Villar.

Caerras insistió en que el caso sea resuelto por la Cámara en lo Penal Económico y quede en manos de Aguinsky, juez en lo penal económico, pues entiende que es competente por la materia, es decir, el supuesto delito de lavado de dinero.

Además, argumentó que en los casos de lavado de dinero la competencia territorial no siempre se define por el domicilio del bien investigado.

Dijo que quien debería haber determinado el destino final del caso no era la Cámara de San Martín, sino la Cámara en lo Penal Económico, pues es el tribunal de alzada del juez que previno primero.

Aguinsky -antes de dejar el caso- terminó con la convicción de que Luciano Pantano y Ana Conte, titulares de la sociedad dueña de la quinta son supuestos testaferros de autoridades de la AFA, pues no tiene actividad económica como para ser los propietarios de la casona de Pilar, con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio, y 40 autos y motos de alta gama.

Se investiga quiénes son los dueños de una fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción procesal, sino que supuestamente oculta una maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero penal económico y más cerca del juzgado federal de Campana, a quien consideran más confiable.

El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Germán Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky.

Este juez avanzó con decisión, luego de que su colega federal, Daniel Rafecas, preservó el lugar, mandó a valuar la quinta -que resultó en unos 20 millones de dólares- y luego Aguinsky analizó las sociedades a la que pertenece, y su historia, además de tomar diversas decisiones. declaraciones.

La defensa de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y de Toviggino, buscaron sacar el caso del fuero Penal Ecpnómico y logró llevarlo a la justicia federal de Campana, jurisdicción donde está situada la quinta.

Fue clave allí el voto del camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II, de la Cámara Federal de San Martín, de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados. Los abogados de la AFA creen que el juez González Charvay es un juez más confiable para ellos.

El fiscal Claudio Navas Rial como su colega Bringas tienen la misma opinión y sostienen que el expediente debe regresar a la justicia en lo penal económico. El caso llegó a Campana por un pedido de inhibitoria que los dueños formales del predio y presuntos testaferros −el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte− presentaron ante el juez de Campana González Charvay.

La Justicia tiene la firme sospecha de que nada de eso pertenece en los hechos a Pantano y a su madre Conte, quien durante la pandemia cobró un auxilio estatal: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono destinado a hogares vulnerables, dirigido a trabajadores informales, monotributistas y otros grupos con ingresos afectados.

Esa hipótesis se reforzó cuando el juez Aguinsky pudo constatar que los telepases de peaje de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, quien supo ser dirigente de la entidad, pero ya no lo es.