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Tras la pelea por los comedores, la Justicia intima al Gobierno por obras paralizadas en barrios populares y asentamientos

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La muerte del Papa opacó novedades negativas en el frente judicial para el Gobierno en un tema caro para Francisco: la urbanización de barrios populares. El juez federal de Pehuajó Héctor Heim le ordenó al Ministerio de Economía que desarrolle un plan dentro de los próximos 20 días para avanzar con las obras en 37 barrios populares y asentamientos del conurbano bonaerense, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut.

El fallo obedece a una cautelar presentada por el CELS y por la mesa nacional de barrios populares. El Ministerio de Capital Humano ya había tenido que restablecer la provisión a cerca de 60 comedores populares. El Gobierno, apenas asumió, detuvo obras en los más de 6500 urbanizaciones en el registro nacional de barrios populares (RENABAP).

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En febrero de 2024, el presidente Javier Milei desarmó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que se financiaba desde febrero de 2020 -por un decreto de Alberto Fernández- con el 30% del impuesto País. El FISU se creó también por decreto durante los últimos días de la gestión de Mauricio Macri para financiar obras por un lapso de 30 años para cumplir con la ley nacional de barrios populares sancionada en octubre de 2018 con el apoyo unánime de todas las fuerzas del arco político en el Congreso.

El FISU ejecutó partidas por US$ 1200 millones durante la gestión del Frente de Todos, cuando era administrado por Fernanda Miño, una dirigente del espacio de Juan Grabois. La administración mileísta cuestionó el uso de los fondos públicos, pero no denunció a la ex funcionaria. El detalle generó internas puertas adentro de LLA.

En noviembre de 2024, el juez Heim ya había ordenado a la Secretaría de Vivienda que culminara las obras que incluyen desde redes cloacales, de agua, conexiones eléctricas, cordón cuneta, construcción de veredas, un centro comunitario y núcleos húmedos, pero el Ministerio de Economía desoyó la orden judicial.

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Los abogados de la cartera que conduce Luis Caputo intentaron sin éxito que la demanda judicial se tramitara en los juzgados federales de la Capital.

En febrero de este año, el Gobierno eliminó la Secretaría de Vivienda y 96 mil viviendas en construcción distribuidas en todo el país quedaron paralizadas mientras el Gobierno exploraba la posibilidad de traspasar las obras a las provincias.

La Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) fue la única dependencia vinculada a las soluciones habitacionales que se salvó de la depuración y pasó a depender de la Secretaría de Obras Públicas.

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La SISU está a cargo de Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia y principal delegado de Karina Milei en el armado político bonaerense. Pareja, en declaraciones públicas, rechazó la supuesta malversación de fondos del FISU durante el anterior gobierno y mantuvo una extensa charla con su antecesora.

«He hablado con intendentes de distintos signos políticos y no he encontrado a ninguno quejándose, ni con críticas. Es más, si esta no fue la única Secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Estoy viendo que hay más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto ejecutado en más del 80%», dijo Pareja en febrero sobre la gestión de Miño.

Fuentes oficiales consultadas por Clarín advierten que pretenden ajustarse a derecho, cumplir con el fallo judicial y que las obras de urbanización continuarán siempre y cuando la economía se recupere.

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La parálisis de obras facilitó usurpaciones en loteos con servicios, pérdidas de puestos de trabajo en cooperativas de construcción y la pérdida de millones de pesos invertidos en redes de conexión eléctrica, agua y cloacas a medio terminar.

“No había amenazas de desalojo. Se estaban haciendo veredas, electricidad. El freno de obra genera caos en todos los sentidos. Necesitamos que la Justicia ordene y el Gobierno cumpla con el fallo judicial. Se está perdiendo la obra en proceso”, aseguró Gastón Batara Reyes, del barrio El Bajo, en La Matanza.

Las críticas a la falta de ejecución en barrios populares es transversal. Juan Maquieyra, titular de la Fundación Techo y con pasado en la iniciativa Scholas Ocurrentes que motorizó Francisco, también criticó la parálisis. “Es necesaria la inversión en la base de la pirámide para aguas, cloacas y electricidad para el millón de vecinos que viven en barrios populares. El fondo de integración sociourbana (FISU) que se encargaba de eso está desfinanciado y hay mil obras que se detuvieron y deben continuar”, aclaró a este diario el ex dirigente del PRO.

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Maquieyra participó en junio pasado de un evento para reclamar por la reactivación de obras organizado por la Iglesia. Estuvieron, además, el presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea; el titular de Cáritas, Carlos Tissera; y su segundo Gustavo Carrara, que advirtió por el avance narco en los barrios ante la falta de urbanización. “Hay urgencias y no se puede recortar por los más pobres. Eso, desde el punto de vista cristiano, es un pecado (…) Es necesaria una presencia inteligente del Estado porque sino el narcotráfico avanza, mata personas e hipoteca la vida de niños y adolescentes”, consignó el obispo.

Caputo ya recibió dos intimaciones. Ahora tiene 20 días más para cumplir. La decisión de interrumpir las obras en los 37 municipios afecta a 334.000 familias, según los números de la mesa nacional de barrios populares.

Leonel Bazan, del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia económica del CELS, apuntó que si Economía no cumple, pedirá que se apliquen sanciones económicas diarias al ministro. “El Ministerio es el principal obligado. Ante el posible incumplimiento vamos a solicitar sanciones económicas en la cabeza de Luis Caputo hasta tanto se presente el plan para terminar las obras suspendidas”, sentenció.

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Según el monitor de obras de Integración Socio Urbana, de acceso público, con el FISU se realizaron 1.276 obras de integración en barrios populares, alcanzando a 5.060 barrios y 338.152 familias.

La estadística fría de los números oficiales también arroja un resultado lapidario: desde que Macri ordenó la realización de un censo de barrios populares en 2016, los asentamientos se multiplicaron y crecieron casi un 50 por ciento: de 4000 hace nueve años, a 6500 en 2025.

Urbanizaciones,Luis Caputo

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Villarruel activa un sistema de pasantías de 20 horas semanales y ofrece más que una jubilación mínima

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En medio de las advertencias al Gobierno sobre los niveles de desempleo, la titular del Senado, Victoria Villarruel, activó un sistema de pasantías para estudiantes mayores de 18 años con pagos por encima de lo que sería hoy un haber previsional mínimo. La Vicepresidenta, cada vez más alejada de la administración central a la que aún pertenece -al menos, en los papeles-, además extendió dos retiros para empleados: el reciente de plata en mano y el clásico previo a la jubilación, que bajo la excusa de liberación de cupos se esconde, muchas veces, la frenética ubicación de propios para copar espacios de poder y blindar cierto control en la Cámara alta, que es lo único a lo que puede aspirar en la actualidad la funcionaria en cuestión y su ínfima mesa política, que la “ayuda” casi en nada.

Para avanzar con este asunto, Villarruel se apoyó en una ley y reglamentaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué se exige? En primer lugar, ser “alumno regular de la institución secundaria técnica, terciaria o universitaria seleccionada” por el Senado, así como la mayoría de edad (18) y contar con antecedentes académicos como “promedio mínimo de 7 durante los 12 meses anteriores a la pasantía”; haber aprobado “el equivalente a 10 materias en su carrera terciaria o universitaria”, o “cursar el último año del secundario técnico”; y un certificado médico por autoridades sanitarias oficiales que permitan realizar las eventuales tareas.

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“Los pasantes percibirán una asignación estímulo mensual para viajes, gastos y erogaciones derivadas del ejercicio. El monto al que ascenderá dicho estímulo, por todo concepto, será el equivalente a 200 módulos”. El valor de cada uno se encuentra hoy en $2.554. Por ende, $510.800. La cantidad de horas que se demanda es de 20 por semana, y la relación –no laboral, pero sí correrá la antigüedad, por caso- se “extenderá durante un mínimo de dos meses y un máximo de 11”. Se permite una renovación, “por única vez”, de medio año.

Por otra parte, la “Dirección General de Recursos Humanos designará” a “tutores, de acuerdo a las áreas que se encuentren implicadas en el proyecto integral de pasantía”. En ese sentido, el decreto presidencial firmado por Villarruel impone que cada uno de éstos “podrá tener asignado hasta cinco pasantes” y que la “labor será retribuida con el equivalente a 10 horas cátedra, por todo concepto”.

La fachada principal del Congreso (Prensa Senado)

Días atrás, este medio contó que la mencionada dirección, que comanda Alejandra Figini -responde sin chistar a la vice-, fomentó un curso sobre “herramientas de coaching” ontológico “para el entorno laboral”. La tarea fue realizada por una planta permanente que trabaja hace largos años en despachos de extracción radical. Entre los “objetivos específicos” se hallaba el de “adquirir conocimiento sobre las tres dimensiones del ser humano”: cuerpo, lenguaje y emociones.

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Retiros por doquier

Según consta en la web de la Cámara alta -pese a olvidos selectivos de decretos, continúa muy arriba de Diputados a la hora de comparar la transparencia en información-, Villarruel aprovechó el 19 de marzo último para sostener dos medidas.

Una de ellas reanuda “a partir del 9 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2026, inclusive, el plazo para la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Retiro Anticipado Previo a la Jubilación”. Este tema ya fue comentado en el pasado y permite limpiar decenas de cupos por todos lados. Varias gestiones lo han llevado a cabo. No es nuevo.

Sí fue llamativa la prórroga, hasta el 30 de abril, del que implica plata en mano -sólo para planta permanente-, debido a quesignificaría un gasto adicional para un presupuesto en el Senado sobre el que advirtió la propia Villarruel, en diciembre, último a este medio y un centenario matutino impreso. Las cosas parecen haber cambiado y hasta se actualizaron los viáticos de legisladores y autoridades que viajen al exterior, ya sea en euros o dólares, según la zona. Curioso.

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Aumento salarial para los empleados públicos: de cuánto será y cuándo pagarán una nueva suma fija

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El Gobierno oficializó esta madrguada un nuevo aumento salarial para los empleados públicos. Este entendimiento, formalizado mediante el Decreto 206/2026, tiene carácter retroactivo y abarca a agentes permanentes y no permanentes de la administración pública nacional. El pacto fue oficializado con la homologación de las Actas Acuerdo firmadas el 6 de marzo de 2026.

De acuerdo con lo dispuesto, el nuevo esquema de remuneraciones máximas para quienes prestan servicios extraordinarios —salvo los requeridos por terceros— fija topes que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Para el cálculo de estas sumas no se tendrán en cuenta compensaciones transitorias, adicionales por zona, premios por asistencia ni otros conceptos fijos no bonificables, tal como se detalló en la normativa oficial.

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A partir de enero, los aumentos serán del 2,50 % a partir de enero de 2026; del 2,20 % desde febrero; del 2 % en marzo; del 1,70 % en abril; y del 1,50 % en mayo, siempre calculados sobre la base de las retribuciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al último día del mes anterior.

Hay actualizaciones salariales para bibliotecarios y empleados del ISER entre otros (REUTERS/Agustin Marcarian)

A su vez, también se extenderán aumentos anteriores —homologados por varios decretos entre 2024 y 2026— al suplemento previsto para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), según lo dispuesto en el artículo 84 del convenio sectorial.

Las escalas retributivas de los diferentes escalafones y entidades comprendidas serán actualizadas conforme a los nuevos valores, incluyendo compensaciones por viáticos, servicios en la Antártida, reintegros de comida y movilidad, y gastos de guardería.

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En cuanto al régimen de licencias, la normativa introduce modificaciones en los incisos b), c) y d) del artículo 3° del régimen sustituido por la Cláusula Primera del Acta Acuerdo del 29 de septiembre de 2020. Estas modificaciones alcanzan a licencias para rendir exámenes, por enfermedad, tratamientos médicos y acompañamiento terapéutico de familiares a cargo. Se estableció que las sumas fijas remunerativas no bonificables otorgadas por el Decreto N° 56/20 mantendrán sus montos hasta el 31 de mayo de 2026.

Por otra parte, se acordó la entrega de una suma fija excepcional y no bonificable de $40.000, a liquidarse en mayo de 2026, para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General. Esta medida será de percepción única por persona y busca cubrir el diferencial inflacionario acumulado en el período.

Aumentos para residentes nacionales

La normativa también fija los montos para los profesionales residentes nacionales en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud y el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. A modo de ejemplo, la remuneración de un jefe de residentes será de $1.473.717 en enero y alcanzará $1.585.814 en mayo, mientras que los residentes de primer año percibirán $1.117.549 en enero y $1.202.555 en mayo.

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Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (Google Maps)

Además, se actualizan las asignaciones de becas para residentes, que irán desde $470.883 para jefes en enero hasta $506.700 en mayo de 2026, y desde $353.803 a $380.715 para residentes de primer año en igual período.

Otras actualizaciones de salarios

El Gobierno también hizo efectiva la suba para cargos docentes y administrativos de escuelas y organismos estatales. La medida se oficializó mediante el decreto 208/2026 e impacta directamente en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y otras dependencias.

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La medida también alcanza a quienes cumplen funciones en organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Curia Castrense y el Tribunal Fiscal de la Nación, así como a quienes prestan servicios en la Antártida. De este modo, el nuevo esquema salarial pretende garantizar la actualización uniforme de los ingresos en todos los estamentos del Estado, en cumplimiento de los acuerdos paritarios y los dictámenes técnicos y jurídicos requeridos.

El decreto modifica la retribución mensual de los cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios.

Para el personal del ISER, dependiente del ENACOM, la retribución mensual del cargo de Bedel se fija en $111.212 a partir del 1° de abril de 2026 y en $112.880 desde el 1° de mayo de 2026. El ajuste se establece en el artículo 2° y responde a la política de actualización periódica de los haberes estatales.

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El valor de la hora cátedra para personal docente retribuido por este sistema en la administración central se fija en $8.143 desde el 1° de abril de 2026 y en $8.266 a partir del 1° de mayo de 2026. Esta actualización no comprende al personal docente civil bajo la Ley N° 17.409 ni a quienes están dentro del convenio marco del artículo 10 de la Ley N° 26.075. La nueva escala reemplaza la establecida por el Decreto N° 1536/08 y sus modificatorios.

En materia de viáticos, el decreto sustituye la tabla correspondiente al Decreto N° 686/08 por una versión actualizada (Anexo III, IF-2026-26826385-APN-SSDYMEP#MDYTE), que será de aplicación para el personal del Servicio Exterior de la Nación y cargos extraescalafonarios. Los valores y fechas específicas están consignados en el anexo respectivo.

El valor del adicional remuneratorio por servicios en la Antártida se establece en $1.448.923 a partir del 1° de abril de 2026 y en $1.470.657 desde el 1° de mayo de 2026, conforme lo previsto en la Ley N° 23.547. Este ajuste alcanza al personal militar contemplado en el Decreto N° 690/11 y sus modificatorios.

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POLITICA

Murió María del Carmen Roqueta, la ex jueza que dio por probado el plan sistemático de robo de bebés en la dictadura

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El mundo de los derechos humanos despidió a una de sus figuras más relevantes: la ex jueza María del Carmen Roqueta. Su trayectoria marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia para las víctimas de la última dictadura militar, especialmente en los casos vinculados al Plan de apropiación de menores.

La noticia de su fallecimiento generó expresiones de pesar desde diferentes organismos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, quienes destacaron su compromiso y agradecieron por el rol de Roqueta en su lucha.

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La ex magistrada tuvo a su cargo procesos que permitieron esclarecer y condenar crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Su presencia como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires fue determinante para poner fin a décadas de impunidad y reconocer oficialmente la existencia de un plan sistemático de secuestro, retención y ocultamiento de niños y niñas.

El 6 de julio de 2012, en una audiencia histórica, la magistrada comunicó la condena a nueve militares por estos delitos, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla, sentenciado a 50 años de prisión.

Así, bajo la presidencia de Roqueta en el Tribunal Oral Federal N°6, la Justicia dio por probada la “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Así lo declaró la jueza al comunicar la sentencia en 2012.

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Este fallo estableció un precedente fundamental al reconocer por primera vez en sede judicial la existencia de este sistema de apropiación, una de las demandas históricas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Jorge Rafael Videla fue condenado por el robo de bebés por la jueza Roqueta el 6 de julio de 2012 (Photo by AFP)

El impacto de esta resolución fue inmediato: sentó las bases para otros procesos judiciales y contribuyó a la identificación y restitución de la identidad de decenas de nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.

Durante su gestión en el Tribunal Oral Federal N°6, Roqueta también presidió otras causas vinculadas a la apropiación de bebés, como las conocidas bajo los nombres de Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela y Médicos de Campo de Mayo.

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En todos esos procesos, la actuación de Roqueta fue valorada por su rigor y su respeto por los testimonios de las víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo destacó especialmente su “trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos”, y subrayó que su tarea judicial resultó esencial para esclarecer el destino de los menores desaparecidos y restituir su identidad.

De hecho, en 2019, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos. El acto se realizó el 10 de junio en el Salón San Martín, con la presencia de familiares, colegas y referentes de organismos de derechos humanos. La propuesta fue impulsada por la diputada Victoria Montenegro.

Roqueta también se desempeñó como docente universitaria, donde formó a nuevas generaciones en temas vinculados a la justicia y los derechos humanos.

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La despedida de sus restos se realizó durante la noche del domingo en Casa América, ubicada en Acevedo 1120, entre las 20 y la 1.

En sus últimas apariciones públicas, Roqueta participó el 31 de mayo de 2025 en un acto por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA, reafirmando su vínculo con los espacios de memoria. Además, en junio de 2025, compartió reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos, aportando su experiencia a debates académicos y sociales.

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