POLITICA
Tras las elecciones en Formosa y Santa Fe, la Casa Rosada retoma las negociaciones con el PRO para definir el armado en la Provincia
Luego del domingo de elecciones en Formosa y Santa Fe, el Gobierno reactivará las conversaciones con el PRO. Este lunes referentes de ambos espacios se encontrarán en las oficinas de Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza.
El encuentro contará con la presencia de miembros de la mesa política de LLA en la Provincia, junto a Matías Ranzini, Agustín Forchieri y Alejandro Rabinovich.
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Los primeros dos son diputados provinciales, y responden a Cristian Ritondo y Diego Santilli, respectivamente. Por otro lado, Ravinovich es senador por la Quinta Sección Electoral de PBA, donde Guillermo Montenegro es intendente.
De esta manera, las segundas líneas de los principales dirigentes que negocian con LLA desde hace tiempo buscarán ponerse de acuerdo por los lugares en las listas. Los intendentes del PRO tienen la esperanza de tener la lapicera para elegir a sus candidatos en sus localidades, algo que no estaba previsto por los libertarios.
“El foco de la reunión está puesto en empezar a coordinar territorialmente el trabajo en cada distrito, con la boleta de LLA como base”, expresó una fuente del espacio en diálogo con TN. Asimismo, desde las filas libertarias aclararon que buscan fortalecer el despliegue conjunto de ambas fuerzas “sin que se pierda la identidad de Milei”.
Algo parecido ocurre en el PRO. Hay ciertos jefes comunales que no ven con buenos ojos que la boleta de la alianza no presente ningún distintivo de su espacio. Es por eso que, frente a ese panorama, exigieron tener al menos el poder de elegir los nombres de los candidatos.
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La cuestión de los intendentes comenzó a complicar las negociaciones, cuando un grupo de ellos aseguró no estar a favor de la alianza. Entre las razones, expresaron que desconfiaban de los libertarios o que preferían aliarse con otros partidos.
Sin embargo, existen mandatarios municipales que ya dieron luz verde al acuerdo. Ellos son Montenegro (Mar del Plata), Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar) y Fernando Bouvier (Arrecifes). Ramón Lanús, de San Isidro, también estaría adentro de la alianza. Con este panorama, solo cinco de los 13 intendentes que tiene Mauricio Macri otorgarían su fuerza territorial para las elecciones del 7 de septiembre.
En este contexto, el PRO aseguró desde la semana pasada que cuidará a sus jefes municipales: “Lo que estamos haciendo es potenciarlos, sobre todo en los 13 municipios que para nosotros son prioridad”.
A pesar de ello, fuentes de ambos lados confirmaron que la discusión que empantana las negociaciones deberá terminarse cuanto antes. “Ya no hay tiempo, el 19 cierran lista y muchos ya quieren arrancar la campaña”, expresó un miembro del PRO.
La Libertad Avanza, PRO, Elecciones, Buenos Aires
En medio del debate por la reforma laboral, el senador y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recordó a su exesposa Sandra Mendoza, que murió este miércoles.
El legislador se sumó a la sesión más tarde por el fallecimiento de la dirigente política y agradeció el minuto de silencio que hicieron en el recinto al conocerse la noticia. “Muchas gracias a todos los senadores y senadoras por el homenaje y las condolencias. Se lo transmito a toda la familia y especialmente a mis hijas Jorgelina y María Guillermina”, expresó.
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En esa línea, resaltó: “Para nosotros es importante este reconocimiento para una persona como Sandra que tuvo una extensa trayectoria política. En ese devenir de la vida y de la historia nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos hijas maravillosas, unidas en el compromiso de amor, solidaridad y un cariño fuerte por la patria”.
“Muy sentidas las palabras de todos los que han participado. Quiero agradecerles enormemente esta muestra de cariño, de amor y respeto”, cerró Capitanich.
El senador Bartolomé Abdala, que presidía la sesión, lo saludó al verlo ingresar al recinto y le dedicó unas palabras: “Cuando usted se ausentó, se hizo un minuto de silencio de manera unánime dándole el pésame por lo que está viviendo personalmente. Desde ya, el saludo fue aprobado y reconocido. Le deseamos pronta recuperación y que brille para ella la luz que no tiene fin”.
La legisladora kirchnerista, Juliana Di Tullio, fue quien solicitó un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada.
El pedido fue acompañado por la senadora Patricia Bullrich, quien también le dedicó unas palabras. “He tenido el honor de conocer a Sandra Mendoza. Creo que merece el reconocimiento de todos. Adherirnos a este homenaje, a esta tristeza que está pasando su familia, sus hijos y darle el pésame de parte de todos nosotros”, manifestó.
El comunicado que confirmó la muerte de Sandra Mendoza
La dirigente peronista tenía 62 años y se encontraba internada en una clínica privada de Buenos Aires atravesando un grave cuadro de salud.
“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresaron desde el Partido Justicialista chaqueño.
Mendoza nació en la ciudad de Sáenz Peña el 20 de abril de 1963. Fue kinesióloga, formó parte del Frente para la Victoria (FpV), en 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses y ejerció como diputada nacional por Chaco entre el 2009 y el 2017.
Estuvo casada con el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas.
Mendoza se encontraba atravesando complicaciones de salud desde octubre, cuando su cuadro de diabetes se agravó por un accidente doméstico que le generó dificultades en la movilidad. Desde entonces se instaló en Buenos Aires y hace poco fue internada a una clínica privada.
Jorge Capitanich, Sandra Mendoza, Senado
En un anticipo de lo que ocurrirá este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo hoy un amplio respaldo en torno al dictamen de un nuevo régimen penal juvenil, iniciativa cuyo punto medular es la baja en edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El dictamen, que se firmó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto, obtuvo 73 firmas y será llevado mañana a la sesión especial que convocó el oficialismo, adonde espera darle media sanción. Se descuenta que será aprobado con amplia mayoría con el apoyo de Fuerza del Cambio –el interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-; los bloques provinciales de Innovación Federal, los diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas.
Este debate meterá una cuña en la bancada de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo al proyecto, el Frente Renovador –que se referencia en Sergio Massa– se desmarcó del resto del bloque con un dictamen propio que, si bien propicia la baja a 14 años de la edad de imputabilidad al igual que el oficialismo, considera que para ello debería modificarse el Código Penal y no instrumentarse por medio de este régimen especial. Por ello se abstendría en la votación en general pero acompañaría el artículo puntual que establece los 14 años como el piso mínimo de imputabilidad.
También votará dividido el interbloque Provincias Unidas, ya que los diputados cordobeses acompañan –con disidencias- el proyecto impulsado por el oficialismo.
Los libertarios celebran el consenso alcanzado. Si bien su intención original era bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la propuesta no tuvo consenso entre sus potenciales aliados.
“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable –destacó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal-. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”.
El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para los adolescentes será de 15 años (el proyecto del oficialismo lo fijaba en 20). Empero, este castigo -el de la privación de la libertad- sólo se aplicará como último recurso y para el caso de los delitos muy graves.
En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Lo mismo le cabría a aquel menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores.
Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. Enfatizó que la iniciativa atenta contra los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y es objetada por un amplio abanico de especialistas en la materia, incluso la Iglesia.
“No cuestionan el proyecto porque Argentina no necesite un nuevo régimen penal juvenil —lo necesita— sino porque ‘delito de adulto, pena de adulto es una consigna vacía e inconstitucional”, advirtió Tolosa Paz, quien alertó que el presupuesto que asignó el Gobierno para financiar este nuevo régimen -$23.000 millones- es insuficiente y no llegará a las provincias.
El grueso de la bancada de Unión por la Patria es contrario a reducir la edad de imputabilidad aunque sí propone un nuevo régimen especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal “sin punibilidad, con justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, expuso la legisladora
En réplica a Tolosa Paz, la diputada oficialista Silvana Giudici insistió en que el proyecto “no niega derechos” y que, por el contrario, “adecúa los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”.
Remarcó, además, que la mayoría de los proyectos presentados sobre la materia en la Cámara de Diputados, de la mayoría de las bancadas, proponen reducir la edad de imputabilidad, tendencia que se consolidó en legislaciones de distintos países del cono sur, como Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.
se abstendría en la votación en general,Cámara de Diputados,Conforme a,,Rechazo a la reforma laboral. La marcha de la CGT se desarmó tras los incidentes y la plaza quedó vacía: hay detenidos,,Salió sorteado. Lijo será el nuevo juez del caso que investiga la corrupción en la Agencia de Discapacidad,,Reforma laboral. El nuevo apretón de manos de Milei con la “casta sindical”,Cámara de Diputados,,Diputados. Convocan a sesión para tratar el jueves la reforma penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea,,Idas y vueltas en Diputados. El Gobierno envió el proyecto de reforma penal juvenil, pero horas después lo retiró,,Ola de repudios. Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos
POLITICA
Reforma laboral: así se vieron los graves incidentes en el Congreso desde el drone de Infobae
La tarde en el Congreso de la Nación quedó marcada por una importante cobertura aérea de los incidentes durante el debate de la reforma laboral. Imágenes captadas por el drone de Infobae ofrecieron una perspectiva integral del enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, registrando escenas de tensión en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores. La transmisión permitió observar con nitidez la magnitud de la movilización y la respuesta oficial, en una jornada que alteró el pulso de la Ciudad de Buenos Aires y acaparó la atención pública y política.
Desde las alturas, el dispositivo mostró la llegada sostenida de columnas sindicales y organizaciones sociales que se congregaron frente al Parlamento para rechazar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
A medida que avanzaba la tarde, el drone captó el despliegue de gendarmería, policía federal y prefectura, apostados en distintos puntos para reforzar el perímetro de seguridad.
Las imágenes evidenciaban la tensión latente: grupos de manifestantes se desplazaban entre las vallas y banderas, mientras los efectivos aguardaban la orden de intervención. El sobrevuelo documentó el momento exacto en que se produjeron los primeros choques, con movimientos sincronizados de ambas partes y la utilización de carros hidrantes y gases lacrimógenos para disuadir los intentos de avance.
Los registros difundidos por Infobae permitieron dimensionar el alcance de los incidentes, que incluyeron la dispersión de manifestantes sobre la Avenida de Mayo y calles adyacentes. A través de la lente aérea, se observó cómo los grupos más enfáticos intentaron derribar vallas y arrojar objetos contra el cordón policial, desencadenando la respuesta de las fuerzas federales.
El drone captó imágenes de personas huyendo de los chorros de agua, mientras otros intentaban protegerse de los efectos de los gases y se reagrupaban en las esquinas cercanas. En paralelo, el tránsito quedó completamente interrumpido y decenas de unidades móviles policiales se desplazaron por la zona.
El operativo de seguridad, supervisado por la ministra Patricia Bullrich, incluyó la aplicación del protocolo antipiquete y la movilización de recursos logísticos inéditos para una jornada parlamentaria. El drone registró el despliegue de uniformados sobre Avenida Callao, Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, así como la presencia de ambulancias y equipos de emergencia atendiendo a los primeros heridos.
Según consignó Infobae, el saldo provisorio fue de al menos diez personas lesionadas y varias detenciones, en medio de una jornada signada por la tensión y la incertidumbre.
La cobertura aérea evidenció también la reacción de los manifestantes, que respondieron con cánticos, pancartas y banderas en defensa de los derechos laborales. Las imágenes muestran grupos organizados replegándose y reorganizándose tras cada embestida policial, mientras otros intentaban negociar con los funcionarios encargados del operativo.
En los videos difundidos, se aprecian escenas de dispersión, corridas y enfrentamientos directos, seguidos de momentos de relativa calma antes de nuevos choques.
Mientras tanto, en el interior del Congreso, los legisladores continuaban el tratamiento de la reforma laboral bajo la custodia de un nutrido operativo. La cobertura aérea mostró el contraste entre la calma institucional en el recinto y el clima de confrontación en el exterior.
Funcionarios del Gobierno y dirigentes sindicales emitieron comunicados cruzados sobre la legitimidad de la protesta y el uso de la fuerza pública, mientras organismos de derechos humanos exigieron garantías para los manifestantes.
El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó: “Del otro lado tenemos esto”, en alusión a las imágenes de los disturbios difundidas ampliamente.
El tuit presidencial reavivó el debate sobre el protocolo antipiquete y los límites del derecho a protesta, en una jornada que quedará registrada por la singularidad de su cobertura visual y el impacto político que generó el desarrollo de los acontecimientos en el Congreso de la Nación.
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