El juicio por el caso de los cuadernos de la coimas reúne, por primera vez en la historia argentina, a quienes fueron considerados como los funcionarios más poderosos hasta hace 10 años, incluida Cristina Kirchner, con los empresarios que manejaron durante décadas la obra pública en el país.

Entre ellos se cuentan los máximos responsables del ministerio de Planificación Federal, que comandaba Julio De Vido y donde se centralizaba la obra pública, y las concesiones ferroviarias, el transporte y las autopistas.

Por eso es que no solo el exministro está entre los implicados, sino también quien era su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y Claudio Uberti, que controlaba los corredores viales.

En el mecanismo de corrupción investigado hay pagos directos registrados en los cuadernos de Oscar Centeno de los empresarios a los funcionarios y otros tercerizados mediante pagos que recibía o requería el financista dueño de Inverness S. A., Ernesto Clarens; el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma ESUCO S. A., Carlos Guillermo Enrique Wagner.

El primer mecanismo aseguraba que los funcionarios requerían el dinero y los empresarios lo entregaban, en ocasiones, en las propias cocheras de sus empresas, en bolsos que transportaban Baratta y Centeno.

El otro mecanismo era una manera de que los empresarios que tenían contratos de obra pública pudieran cobrar los certificados. Para la Justicia estos pagos son casos de cohecho activo y pasivo, es decir de dinero requerido por los funcionarios u ofrecido por los empresarios para obtener un beneficio.

Pero los acusados explicaron esos pagos de otro modo. Algunos funcionarios dijeron que el dinero era un requerimiento de un aporte de campaña electoral, y otros señalaron que pagaron bajo coacción porque no iban a poder cobrar los certificados de obra o renovar sus concesiones.

En la cima de esta organización, la Justicia colocó a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita y acusó como organizadores a De Vido, al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, a Clarens, a Wagner y a Jaime.

Los miembros de la asociación ilícita, según la fiscalía, son José López, Juan Pablo Schiavi, Uberti, los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti y Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello y al chofer de Baratta, Oscar Centeno.

También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, preso por Vialidad; al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando.

Además, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S. A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A., Gerardo Luis Ferreyra y el presidente de Vialco S. A., Miguel Marcelino Aznar.

También se abordará la supuesta responsabilidad del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, del excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu, del exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Fabián García Ramón; del exfuncionario y el exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Hernán Gómez, de Walter Fagyas y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río.

Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez por encubrimiento agravado.

Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra, accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. e IECSA S. A., , Enrique Menotti Pescarmona, presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF,; Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S. A. y titular de Metrovías S. A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.

Entre los acusados también están Benjamín Gabriel Romero, titular de Hidrovía S. A.; Rudy Fernando Ulloa Igor, socio de la financiera Cumehue S. A; Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S. A.,; Alberto Ángel Padoan, integrante del directorio de Vicentín SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario,; los hermanos Carlos Fabián y Osvaldo Manuel De Sousa, presidentes de CPC S. A. y el Grupo Indalo; y Cristóbal Manuel López, accionista y socio mayoritario de CPC S. A. y el Grupo Indalo.

Cuando los jueces inauguren el Zoom y den inicio formal al juicio por los cuadernos de las coimas, Cristina Kirchner estará apostada en el living de su departamento de San José 1111, desde donde se conectará para el inicio del proceso. La expresidenta piensa que no hay prueba directa contra ella y que, por ese motivo, la Justicia le atribuye la figura de jefa de una asociación ilícita para cubrir ese supuesto bache jurídico.

“El mensaje es que a nadie se le ocurra tocar los intereses que tocamos nosotros”, suele repetir Cristina Kirchner entre los dirigentes de mayor confianza cuando se refiere a su situación judicial. La jefa del PJ nacional ya fue condenada en la causa Vialidad y es posible que cuando concluya el juicio por los cuadernos, ya habrá cumplido la pena de seis años que transita actualmente. Pero aún así le quedará Hotesur y Los Sauces.

Junto a la causa por el memorando con Irán, cuyo juicio podría comenzar en 2026, a Cristina le aguarda una rutina marcada por audiencias judiciales en los próximos años, con las que deberá convivir tanto como con su prisión domiciliaria, salvo que se produzca un giro copernicano que, a esta altura de las circunstancias, nadie de su entorno de anima a profetizar. Eso, por cierto, le resta margen para conducir al peronismo.

En el partido que preside, aún estando recluida, le reprochan más a Cristina el baile en el balcón la noche de la derrota electoral con La Libertad Avanza (LLA), porque no entienden qué estaba festejando la exmandataria, que sus múltiples procesos judiciales. A tal punto, que la confirmación de su condena a seis años de prisión ofició, en su momento, como una suerte de despertador para la militancia que estaba golpeada por el advenimiento de Javier Milei.

Cristina Kirchner desconoce todas las acusaciones en su contra. Si bien en alguna ocasión dijo que le provocaba “odio” haber visto a José López, el exsecretario de Obras públicas de las administraciones kirchneristas, revoleando bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez, tratando de esconder el producto de la corrupción, nunca estuvo ni siquiera cerca de reconocer que ese entramado llegara hasta ella y Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

De hecho, el principal argumento de su defensa en el juicio por los cuadernos será que “no hay prueba directa” que la vincule con los pagos de coimas que hacían empresarios de la construcción y otros sectores de la economía a la estructura del Ministerio de Planificación -que entre 2003 y 2015 controló Julio de Vido-, pese a que el chofer Oscar Centeno anotó que llevaban dinero a su departamento de Recoleta y a la quinta de Olivos.

Cristina Kirchner no tomará la palabra este jueves en el primer día del juicio por los cuadernos, pero haría un pronunciamiento público, probablemente a través de las redes sociales. En forma paralela, la expresidenta habilitó a tres voceros para defenderla en el campo político y también en el jurídico: el senador Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; y uno de sus abogados principales, Carlos Beraldi.

La expresidenta llega a esta instancia cuestionada por una parte del peronismo bonaerense, que se nuclea en torno al gobernador Kicillof, que todavía no digiere que la dama le haya echado la culpa de la derrota del 26 de octubre al desdoblamiento electoral que se pergeñó en La Plata. Sin embargo, Kicillof no duda en alinearse con Cristina cuando se trata de las causas judiciales, que encuadra en una “persecución” por motivos políticos.

En el peronismo también llama la atención el posicionamiento de la Corte Suprema, a cuyos integrantes identifican con una avanzada similar a la que sufrió Lula Da Silva en Brasil, con prisión efectiva incluida, antes de regresar al poder. El kirchnerismo hará notar que los jueces del tribunal de los cuadernos se congregarán presencialmente en el Palacio de Justicia, solo dos pisos arriba del que ocupan los magistrados supremos de la Nación.