Con el presidente Javier Milei, su secretaria general Karina Milei y cinco ministros en la “Argentina Week”, en Estados Unidos, el gobierno libertario funciona por estos días “en modo remoto”.

A eso se suma que Carlos Presti (Defensa) estará hasta mañana en Chile y que Diego Santilli (Interior) se tomó una licencia momentánea por cuestiones personales.

El Presidente está fuera del país desde el viernes, cuando viajó a Miami para la reunión de alto nivel encabezada por Donald Trump, y regresará el próximo miércoles, previo paso por la asunción de Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, en Valparaíso.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quedó a cargo formalmente y de modo “interino” de la Jefatura de Gabinete luego de emitido el decreto 130/26 desde el viernes, aunque su rutina no varió demasiado desde entonces, según informaron fuentes oficiales.

Son los funcionarios que responden al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes llevan adelante las cuestiones operativas, bajo sus órdenes pero sin firmar nuevos decretos en una Casa Rosada sin ministros, pero con el movimiento habitual.

El Gobierno esquiva de modo deliberado a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en los papeles a cargo de la Presidencia hasta el retorno al país de Milei, pero desterrada del universo oficialista, como se vio en la reciente Asamblea Legislativa.

“Soy una persona que respeta a rajatabla las instituciones. Nos eligieron por cuatro años. Listo. ¿Qué parte no se entiende? Cuatro años”, contestó el Presidente en una entrevista con LN+ emitida anoche, consultado por la frase de la vicepresidenta, quien afirmó que desde el Gobierno “quieren que renuncie” a su cargo. “Es una decisión de ella. Y mientras que ella cumpla con su rol institucional, ¿cuál es el problema?”, agregó el Presidente, sin nombrar a Villarruel.

La firma de la vicepresidenta aparece hoy en el Boletín Oficial, aunque con contenido exclusivamente legislativo, en la promulgación del Régimen Penal Juvenil, convertida en ley el 27 de febrero pasado.

“Dejamos todo firmado hasta que vuelva el Presidente”, afirmaron cerca del jefe de Gabinete, que “maneja todo desde allá”, según uno de sus funcionarios de confianza. El ministro coordinador delega las cuestiones operativas en su vicejefa, Aimé Vázquez, y en el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También trajina los pasillos de la Casa Rosada el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, cercano a Karina Milei en Balcarce 50, quien regresó anoche de la fiesta de la Vendimia, en Mendoza, provincia a la que viajó junto a su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Nos manejamos por WhatsApp y por mail de modo permanente”, graficaron cerca de uno de los ministros que participa del encuentro en Nueva York a la caza de inversiones. Además de Milei, Karina Milei y Adorni, están en Estados Unidos Pablo Quirno (Canciller), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Mario Lugones (Salud), además del secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

El ministro Presti asiste al cambio de mandos militares en Chile, y Santilli se encuentra abocado a resolver un tema particular, indicaron fuentes oficiales. Quedaron en sus puestos en Buenos Aires Pettovello, Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), estos dos últimos, de llegada reciente a sus puestos en el Gabinete.

El esquema se mantendrá al menos hasta el miércoles, cuando el Presidente arribe al país junto al canciller Quirno, luego de haber participado de la ceremonia de asunción de Kast. Adorni, en tanto, tiene a su cargo, ese mismo miércoles por la tarde, el cierre del evento en New York, por lo que regresará al país no antes del próximo jueves.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, avanzará con multas millonarias sobre los gremios de La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), a quienes acusa del incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el último paro nacional, el 19 de febrero pasado.

Según pudo saber , los importes de las multas, decididas por la cartera dirigida por Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo, serán de más de 70.000 millones para los colectiveros de la UTA y más de 20.000 millones para los maquinistas ferroviarios de La Fraternidad.

Esas cifras, cuyos montos estimados fueron confirmados a por fuentes al tanto del conflicto, fueron calculadas en los respectivos sumarios que se les iniciaron a ambos gremios luego de que adhirieran al paro general de la CGT del último 19 de febrero, en el marco de la antesala de la discusión parlamentaria por la reforma laboral.

En la previa a ese paro, desde la cartera dirigida por Pettovello habían advertido a ambos gremios que se abstuvieran de adherir a la huelga. Se argumentó que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria” al tratarse de una actividad escencial.

Ambos sindicatos estaban dentro de conciliación obligatoria desde el 14 de febrero y hasta el 27 de ese mismo mes, por lo que desde el Ministerio les advirtieron que no podían adherir a la medida.

Desde que se produjo el paro, las áreas de Transporte y Trabajo verificaron el incumplimiento en las distintas jurisdicciones. Y a fines de la semana pasada Capital Humano comunicó que, en función “de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212 conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».

A través de esos cálculos es que se llegó a las cifras de más de $70.000 millones y $20.000 millones para la UTA y La Fraternidad, respectivamente.

Desde la cartera, la semana pasada, a través de un comunicado, agregaron que se contemplan “dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.

En el Gobierno siempre distinguieron a Omar Maturano, de La Fraternidad, y a Roberto Fernández, de la UTA, como los dirigentes no dispuestos a acatar la medida. En el corazón del gobierno libertario alegaron desde el comienzo del conflicto que la adhesión de estos sindicatos fue crucial para lograr una imagen de alto impacto del paro.

Los gremios cuestionaron la medida. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política», afirmó a Ámbito Financiero Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA.