POLITICA
Un estudio relevó que un porcentaje alto de la población desconfía del sistema electoral
El sistema electoral argentino genera desconfianza en la población, concluyó un reciente estudio difundido en conjunto por la consultora TresPuntoZero y la agencia La Sastrería. Con porcentajes que rondan y en muchos casos superan el 50% de consideraciones negativas, cayeron dentro del círculo de descreimiento hacia las instituciones y los organismos que participan de cada comicio, como el Correo Argentino o la Cámara Nacional Electoral. También, se observa un marcado rechazo de la ciudadanía a participar como autoridad de mesa y una opinión mayoritaria que coincide en que es posible que se produzca un fraude en los resultados.
En el relevamiento denominado “Qué tienen los argentinos en la cabeza” del mes de abril, se estableció que un 45,9% de los encuestados tiene “poco o nada de confianza en el sistema electoral”, mientras que un 50,7% afirmó que el sistema le genera “mucha o bastante confianza”.
Cuando el estudio se enfocó en consultas más puntuales sobre actores que participan en la organización y el desarrollo de las elecciones, aparecieron mayores niveles de disconformidad. Un 52,3% indicó tener “poco o nada de confianza en el Correo Argentino, encargado de llevar las urnas” (el 44% dijo que confía). Un 53% contestó que no confía en la Cámara Nacional Electoral (el 42,1% sostuvo que le tiene “mucha o bastante confianza).
Las evaluaciones negativas se extienden sobre las responsabilidades cívicas que implica cada elección. Un 79,8% de los encuestados contestó “No, no me interesa” a la consulta “¿Le gustaría ser presidente de mesa», que tuvo solo un 20,2% de respuestas positivas. Un 42,8% aseveró que no confía en los presidentes de mesa y un 46,3%, en los fiscales de mesa. Ambas categorías, no obstante, generan mayor confianza que desconfianza.
Ante la pregunta “¿Cree que es posible que haya fraude electoral», un 49,5% respondió “Sí, es posible”. Para el 30,4%, no es posible, mientras que el 20,1% dijo no saber. Entre las fuerzas que podrían llevar adelante un fraude, el 34,9% dijo que podría hacerlos “Javier Milei y La Libertad Avanza”, el 20% eligió la opción “Cristina Kirchner, el kirchnerismo, Unión por la Patria”, el 16% eligió la alternativa “el peronismo, PJ”, el 3,6% respondió que un fraude lo podrían instrumentar “todos” los espacios políticos, un 2,8% escogió la respuesta “la oposición”, y un 1,3% identificó a Pro como un potencial responsable de una adulteración de un resultado electoral.
“Lo más curioso de estos resultados tiene que ver con una desconfianza intensa en el contexto de que la democracia argentina no ha presentado escenas traumáticas de fraude. Lo que está en juego tiene que ver con la nueva dinámica de hiperpolarización. La desconfianza se distribuye homogéneamente entre los distintos actores. Son ciudadanos que ven en el adversario más un enemigo que un contrincante político, ven que [el adversario] representa tanto el mal que lo ve dispuesto a todo. Tiene que ver con la caracterización, en cada espacio político, de lo que hay enfrente. La animalización de la política, como un mandril, o como un gorila, es algo que tiende a ponerlo en el peor lugar posible”, analizó Shila Vilker, directora de Tres Punto Zero.
Vilker añadió que la desconfianza en el sistema electoral “muestra una dificultad para la convivencia intensa”. Y subrayó: “Si gana un espacio y el otro es un monstruo que está dispuesto a todo. ¿Cómo se otorga legitimidad al sistema?“.
El estudio incluyó consultas sobre la valoración del nuevo sistema electoral que se aplicará en las elecciones nacionales de octubre, la Boleta Única de Papel (BUP). Un 49,3% de los encuestados señaló que la BUP “garantiza mayor transparencia y evita el fraude electoral”, mientras que el 37,3% opinó lo contrario.
Además de las elecciones legislativas nacionales, en septiembre se desarrollará otra cita electoral crucial, la de la provincia de Buenos Aires, en la que la BUP no será de la partida, sino que se utilizará la tradicional boleta partidaria.
En el relevamiento, se incluyeron preguntas sobre los resultados del sistema democrático. Si bien la mayoría valora la democracia, se abrieron algunas ventanas de cuestionamientos. Un 63,7% sostuvo que “no apoyaría a un gobierno autoritario en ninguna circunstancia”, pero un 29,8% señaló que “apoyaría a un gobierno autoritario si logra resolver los problemas del país”.
Cuando se planteó la consulta por los logros del sistema democrático, los encuestados valoraron las libertades, pero criticaron los resultados materiales obtenidos. “Desde 1983 a la fecha, ¿Cuáles diría que son los logros de la democracia», fue la pregunta que se formuló. Un 50,5% respondió que el logro fue “garantizar la libertad de expresión”; un 47,8%, “la defensa de los derechos humanos”, y un 44,9%, “respetar las libertades individuales”.
En sentido contrario, un 25,9% contestó “ninguno” a la consulta sobre los logros democráticos. Entre los peores indicadores, estuvieron “generar crecimiento económico” (24,9%), “distribuir la riqueza” (20,7%) e “impartir justicia” (18,2%).
En medio del debate por la reforma laboral, el senador y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recordó a su exesposa Sandra Mendoza, que murió este miércoles.
El legislador se sumó a la sesión más tarde por el fallecimiento de la dirigente política y agradeció el minuto de silencio que hicieron en el recinto al conocerse la noticia. “Muchas gracias a todos los senadores y senadoras por el homenaje y las condolencias. Se lo transmito a toda la familia y especialmente a mis hijas Jorgelina y María Guillermina”, expresó.
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En esa línea, resaltó: “Para nosotros es importante este reconocimiento para una persona como Sandra que tuvo una extensa trayectoria política. En ese devenir de la vida y de la historia nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos hijas maravillosas, unidas en el compromiso de amor, solidaridad y un cariño fuerte por la patria”.
“Muy sentidas las palabras de todos los que han participado. Quiero agradecerles enormemente esta muestra de cariño, de amor y respeto”, cerró Capitanich.
El senador Bartolomé Abdala, que presidía la sesión, lo saludó al verlo ingresar al recinto y le dedicó unas palabras: “Cuando usted se ausentó, se hizo un minuto de silencio de manera unánime dándole el pésame por lo que está viviendo personalmente. Desde ya, el saludo fue aprobado y reconocido. Le deseamos pronta recuperación y que brille para ella la luz que no tiene fin”.
La legisladora kirchnerista, Juliana Di Tullio, fue quien solicitó un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada.
El pedido fue acompañado por la senadora Patricia Bullrich, quien también le dedicó unas palabras. “He tenido el honor de conocer a Sandra Mendoza. Creo que merece el reconocimiento de todos. Adherirnos a este homenaje, a esta tristeza que está pasando su familia, sus hijos y darle el pésame de parte de todos nosotros”, manifestó.
El comunicado que confirmó la muerte de Sandra Mendoza
La dirigente peronista tenía 62 años y se encontraba internada en una clínica privada de Buenos Aires atravesando un grave cuadro de salud.
“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresaron desde el Partido Justicialista chaqueño.
Mendoza nació en la ciudad de Sáenz Peña el 20 de abril de 1963. Fue kinesióloga, formó parte del Frente para la Victoria (FpV), en 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses y ejerció como diputada nacional por Chaco entre el 2009 y el 2017.
Estuvo casada con el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas.
Mendoza se encontraba atravesando complicaciones de salud desde octubre, cuando su cuadro de diabetes se agravó por un accidente doméstico que le generó dificultades en la movilidad. Desde entonces se instaló en Buenos Aires y hace poco fue internada a una clínica privada.
Jorge Capitanich, Sandra Mendoza, Senado
En un anticipo de lo que ocurrirá este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo hoy un amplio respaldo en torno al dictamen de un nuevo régimen penal juvenil, iniciativa cuyo punto medular es la baja en edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El dictamen, que se firmó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto, obtuvo 73 firmas y será llevado mañana a la sesión especial que convocó el oficialismo, adonde espera darle media sanción. Se descuenta que será aprobado con amplia mayoría con el apoyo de Fuerza del Cambio –el interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-; los bloques provinciales de Innovación Federal, los diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas.
Este debate meterá una cuña en la bancada de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo al proyecto, el Frente Renovador –que se referencia en Sergio Massa– se desmarcó del resto del bloque con un dictamen propio que, si bien propicia la baja a 14 años de la edad de imputabilidad al igual que el oficialismo, considera que para ello debería modificarse el Código Penal y no instrumentarse por medio de este régimen especial. Por ello se abstendría en la votación en general pero acompañaría el artículo puntual que establece los 14 años como el piso mínimo de imputabilidad.
También votará dividido el interbloque Provincias Unidas, ya que los diputados cordobeses acompañan –con disidencias- el proyecto impulsado por el oficialismo.
Los libertarios celebran el consenso alcanzado. Si bien su intención original era bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la propuesta no tuvo consenso entre sus potenciales aliados.
“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable –destacó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal-. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”.
El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para los adolescentes será de 15 años (el proyecto del oficialismo lo fijaba en 20). Empero, este castigo -el de la privación de la libertad- sólo se aplicará como último recurso y para el caso de los delitos muy graves.
En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Lo mismo le cabría a aquel menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores.
Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. Enfatizó que la iniciativa atenta contra los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y es objetada por un amplio abanico de especialistas en la materia, incluso la Iglesia.
“No cuestionan el proyecto porque Argentina no necesite un nuevo régimen penal juvenil —lo necesita— sino porque ‘delito de adulto, pena de adulto es una consigna vacía e inconstitucional”, advirtió Tolosa Paz, quien alertó que el presupuesto que asignó el Gobierno para financiar este nuevo régimen -$23.000 millones- es insuficiente y no llegará a las provincias.
El grueso de la bancada de Unión por la Patria es contrario a reducir la edad de imputabilidad aunque sí propone un nuevo régimen especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal “sin punibilidad, con justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, expuso la legisladora
En réplica a Tolosa Paz, la diputada oficialista Silvana Giudici insistió en que el proyecto “no niega derechos” y que, por el contrario, “adecúa los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”.
Remarcó, además, que la mayoría de los proyectos presentados sobre la materia en la Cámara de Diputados, de la mayoría de las bancadas, proponen reducir la edad de imputabilidad, tendencia que se consolidó en legislaciones de distintos países del cono sur, como Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.
se abstendría en la votación en general,Cámara de Diputados,Conforme a,,Rechazo a la reforma laboral. La marcha de la CGT se desarmó tras los incidentes y la plaza quedó vacía: hay detenidos,,Salió sorteado. Lijo será el nuevo juez del caso que investiga la corrupción en la Agencia de Discapacidad,,Reforma laboral. El nuevo apretón de manos de Milei con la “casta sindical”,Cámara de Diputados,,Diputados. Convocan a sesión para tratar el jueves la reforma penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea,,Idas y vueltas en Diputados. El Gobierno envió el proyecto de reforma penal juvenil, pero horas después lo retiró,,Ola de repudios. Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos
POLITICA
Reforma laboral: así se vieron los graves incidentes en el Congreso desde el drone de Infobae
La tarde en el Congreso de la Nación quedó marcada por una importante cobertura aérea de los incidentes durante el debate de la reforma laboral. Imágenes captadas por el drone de Infobae ofrecieron una perspectiva integral del enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, registrando escenas de tensión en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores. La transmisión permitió observar con nitidez la magnitud de la movilización y la respuesta oficial, en una jornada que alteró el pulso de la Ciudad de Buenos Aires y acaparó la atención pública y política.
Desde las alturas, el dispositivo mostró la llegada sostenida de columnas sindicales y organizaciones sociales que se congregaron frente al Parlamento para rechazar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
A medida que avanzaba la tarde, el drone captó el despliegue de gendarmería, policía federal y prefectura, apostados en distintos puntos para reforzar el perímetro de seguridad.
Las imágenes evidenciaban la tensión latente: grupos de manifestantes se desplazaban entre las vallas y banderas, mientras los efectivos aguardaban la orden de intervención. El sobrevuelo documentó el momento exacto en que se produjeron los primeros choques, con movimientos sincronizados de ambas partes y la utilización de carros hidrantes y gases lacrimógenos para disuadir los intentos de avance.
Los registros difundidos por Infobae permitieron dimensionar el alcance de los incidentes, que incluyeron la dispersión de manifestantes sobre la Avenida de Mayo y calles adyacentes. A través de la lente aérea, se observó cómo los grupos más enfáticos intentaron derribar vallas y arrojar objetos contra el cordón policial, desencadenando la respuesta de las fuerzas federales.
El drone captó imágenes de personas huyendo de los chorros de agua, mientras otros intentaban protegerse de los efectos de los gases y se reagrupaban en las esquinas cercanas. En paralelo, el tránsito quedó completamente interrumpido y decenas de unidades móviles policiales se desplazaron por la zona.
El operativo de seguridad, supervisado por la ministra Patricia Bullrich, incluyó la aplicación del protocolo antipiquete y la movilización de recursos logísticos inéditos para una jornada parlamentaria. El drone registró el despliegue de uniformados sobre Avenida Callao, Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, así como la presencia de ambulancias y equipos de emergencia atendiendo a los primeros heridos.
Según consignó Infobae, el saldo provisorio fue de al menos diez personas lesionadas y varias detenciones, en medio de una jornada signada por la tensión y la incertidumbre.
La cobertura aérea evidenció también la reacción de los manifestantes, que respondieron con cánticos, pancartas y banderas en defensa de los derechos laborales. Las imágenes muestran grupos organizados replegándose y reorganizándose tras cada embestida policial, mientras otros intentaban negociar con los funcionarios encargados del operativo.
En los videos difundidos, se aprecian escenas de dispersión, corridas y enfrentamientos directos, seguidos de momentos de relativa calma antes de nuevos choques.
Mientras tanto, en el interior del Congreso, los legisladores continuaban el tratamiento de la reforma laboral bajo la custodia de un nutrido operativo. La cobertura aérea mostró el contraste entre la calma institucional en el recinto y el clima de confrontación en el exterior.
Funcionarios del Gobierno y dirigentes sindicales emitieron comunicados cruzados sobre la legitimidad de la protesta y el uso de la fuerza pública, mientras organismos de derechos humanos exigieron garantías para los manifestantes.
El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó: “Del otro lado tenemos esto”, en alusión a las imágenes de los disturbios difundidas ampliamente.
El tuit presidencial reavivó el debate sobre el protocolo antipiquete y los límites del derecho a protesta, en una jornada que quedará registrada por la singularidad de su cobertura visual y el impacto político que generó el desarrollo de los acontecimientos en el Congreso de la Nación.
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