POLITICA
Un fiscal pidió llevar a juicio al policía que roció con gas pimienta a una chica de 10 años durante una movilización frente al Congreso
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó elevar a juicio la causa en la que investigó al policía acusado de rociar con gas pimienta y herir a una chica de 10 años durante la movilización frente al Congreso, ocurrida el 11 de septiembre del año pasado, cuando el Gobierno logró sostener el veto del presidente Javier Milei contra la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
El policía acusado es Cristian Miguel Rivaldi, de 38 años, que presta servicios en la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOCUAD). En julio de este año, la Cámara Federal confirmó su procesamiento por haber rociado deliberadamente con un gas irritante a Fabrizia Pegoraro, la menor, y también a su madre, Carla Mariana Pegoraro.
El fiscal Taiano acusa a Rivaldi de abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones leves, puesto que la nena acabó con un cuadro de conjuntivitis química, de acuerdo con las constancias aportadas por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía.
De acuerdo al requerimiento de elevación, para el fiscal quedó acreditado que Rivaldi “utilizó el disuasivo presurizado orgánico que tuvo asignado y roció, de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia, a las víctimas que se hallaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna”, señala en el requerimiento de elevación.
“Al estimar completa la instrucción del caso -agregó- solicito se eleven a juicio oral las actuaciones seguidas respecto de Cristian Miguel Rivaldi”. Ahora, el juez que lleva la causa, Sebastián Ramos, deberá decidir si eleve el caso a juicio oral.
En la tarde de los hechos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evitó referirse al accionar de las fuerzas y apuntó con un tuit contra la madre de la chica. “La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable”, dijo la funcionaria, en respuesta a un informe crítico de Amnistía Internacional que sostenía que los “niños no pueden ser blanco de gases e impactos de balas”.
La movilización de aquel día frente al Congreso estuvo marcada por los desmanes. Dio un vuelco cuando, dentro del recinto y con la ayuda de un grupo de radicales que cambiaron el sentido de su voto, el Gobierno consiguió sostener el veto presidencial contra la nueva fórmula jubilatoria, que buscaba recomponer los habares.
Apenas seis minutos de concluida la votación, un grupo de manifestantes logró vencer el vallado que protegía la entrada del Congreso sobre la avenida Rivadavia. Algunos de ellos, incluso, alcanzaron a golpear las puertas que el edificio parlamentario tiene sobre esa avenida.
Pero en cuestión de segundos un cordón de uniformados avanzó hasta la puerta haciendo retroceder al pequeño grupo que ya golpeaba las puertas del Congreso, dando inicio a una avanzada policial que recuperó el control de la calle y terminó con la desconcentración.
En su declaración ante la Justicia, el policía Rivaldi negó el hecho que se le imputa. Reconoció haber utilizado el gas como elemento disuasivo luego de comenzados los desmanes sobre la avenida Rivadavia, pero sostuvo ante el fiscal y el juez que nunca roció con gas a la chica y que solo se enteró del hecho al día siguiente, en las noticias. Agregó que de haber visto a la menor la habría apartado del foco de conflicto.
Entre el material recabado por la fiscalía hay imágenes, notas periodísticas y un video que captó el momento exacto de la agresión, grabado por el medio La Política Online.
“Las imágenes son elocuentes -dice el fiscal en su escrito- y demuestran que Rivaldi, además de apuntar al hombre con bastón, también apuntó a las mujeres que se hallaban sentadas. La actitud de la niña es nítida, pues tras recibir el gas en su cara intuitivamente se cubre, y además es notoria la mancha que queda en la parte trasera de la campera azul de su madre tras el rociamiento”.
El accionar de las fuerzas de seguridad volvería a quedar marcado en la movilización del 12 de marzo de este año, en la que el fotógrafo Pablo Grillo fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno y quedó luchando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.
Héctor Jesús Guerrero, el gendarme que realizó el tiro de manera irregular -sin trazar una parábola, como indica el manual de uso del arma-, fue procesado por la Justicia en octubre, por el delito de abuso de armas agravado, en una causa en la que también interviene el fiscal Taiano.
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La noticia sobre la muerte de Dylan, el perro de Alberto Fernández, ex presidente de la Argentina, se conoció este miércoles 12 de noviembre durante la tarde, cuando el ex jefe de Estado publicó un emotivo mensaje donde expresó: “Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura”, despidiendo así a la mascota que lo acompañó durante los años en que residió en la Quinta de Olivos.
Alberto Fernández optó por contar a sus seguidores el fallecimiento de Dylan a través de sus redes personales. En el texto, el ex presidente detalló la relación profunda establecida con su mascota con frases de marcado contenido afectivo. “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado… En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido”, escribió el ex mandatario.
La figura de Dylan trascendió el ámbito privado para instalarse como un fenómeno en redes sociales durante el gobierno de Alberto Fernández. La cuenta de Instagram de la mascota alcanzó más de 46 mil seguidores, mientras que en Twitter sumaba cerca de 21 mil seguidores. En estas cuentas, administradas por un community manager, se difundían imágenes y videos de la rutina de Dylan junto a Fernández y otros miembros de su entorno, incluidas fotografías en el barrio porteño de Puerto Madero, donde la familia residía cuando el político no se encontraba en la Quinta de Olivos.
Durante la campaña presidencial de 2019 y a lo largo de su mandato, Dylan se transformó en una figura presente en la comunicación pública del ex presidente y participó en momentos clave, como la jornada de las PASO, cuando Fernández fue retratado paseando a su perro por las calles de la ciudad antes de dirigirse a votar. La biografía virtual de Dylan remarcaba ese perfil: “Collie nacional y popular”, nacido en Pilar y bautizado en honor a Bob Dylan, como recordaba el propio Fernández en referencias previas.
La historia y características de los collies también fueron reseñadas: “La raza de Dylan proviene de Escocia, de lo profundo de las colinas y las montañas, donde durante siglos fueron utilizados como perros pastores. Necesitan largas caminatas diarias y mucho ejercicio al aire libre para mantenerse sanos y felices. Son eficaces al aprender órdenes y su entrenamiento debe ser suave”. El perfil del animal se completaba con adjetivos vinculados a la lealtad, la amabilidad y la capacidad de convivencia con núcleos familiares.
La biografía y las redes de Dylan incluyeron imágenes y videos que reflejaban el día a día de la mascota tanto en las oficinas como en los parques de la Quinta de Olivos. En varias de esas publicaciones, se mostraba la interacción entre el ex presidente y su collie, así como paseos en la residencia y reuniones informales de trabajo. El tono de las publicaciones variaba entre el humor y la ironía, ofreciendo un ángulo cotidiano de la vida política y familiar de Fernández. En ese marco, sobresalió el posteo dedicado al Día del Amigo, donde se leyó: “Alberto es mi mejor amigo. Últimamente nos vemos menos porque está muy ocupado y lo extraño mucho, pero cuando vuelve pasamos muchas horas juntos para compensar. Ojalá toda la gente cuide y quiera a sus amigos animales como él a mí”.
La historia de Dylan también estuvo marcada por su descendencia. En distintas ocasiones, organismos cercanos al entorno presidencial comunicaron a través de las redes el nacimiento de los cachorros de Dylan. En julio del año pasado, el collie fue padre de cuatro crías, y el propio Fernández entregó uno de esos cachorros a Gisele Fernández, hermana de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. Entre sus hijos figura Prócer, otro collie que participó de la vida virtual y fue frecuentemente mostrado en redes, recibiendo atención del público al que le interesan las historias de mascotas famosas.
Las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores puede tener objetivos previsibles como el apoyo a las reformas oficialistas en el Congreso, o fondos para las obras públicas provinciales. Otros, en cambio, pueden resultar inesperados. Por ejemplo, un pedido para que se implemente en las provincias el Régimen de Transparencia Fiscal, como se conoce a la obligación de que en los tickets de los consumidores se aclare cuál es la carga impositiva de cada producto.
Su aplicación puede afectar las compras de todos los argentinos. El Régimen de Transparencia Fiscal se describe en despachos oficiales como una herramienta de la “batalla cultural” contra los impuestos. En realidad, no los elimina. “Busca llevar a la cara del consumidor cómo incide la carga tributaria en cada cosa; es hacerse cargo”, sostuvo uno de sus impulsores.
La iniciativa fue aprobada en 2024 en medio del debate de la Ley Bases. Tras más de un año, parece estar “a medio camino”. Introdujo el famoso “precio sin impuestos”, que busca exponer cuánto paga el consumidor por el bien que compra y sus tributos correspondientes. Esto fue incluido en el texto aprobado por el Congreso, pero su implementación está limitada.
Arrancó por impuestos nacionales. “Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios”, sostiene la ley. Es decir, no incluyó a los tributos provinciales y municipales.
Para ellos, la normativa estipuló: “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios”. Fue una invitación. Muy pocos la aceptaron.
Según un relevamiento de la organización llamada Lógica, precursora del proyecto, sólo dos provincias adhirieron al Régimen de Transparencia Fiscal: Chubut y Mendoza. Su mapa muestra en rojo a las jurisdicciones que, según su criterio, no iniciaron gestiones para profundizar el ticket de “precios sin impuestos” y marca en amarillo a aquellas en las que la iniciativa se encuentra “en proceso”. En este último grupo se encuentran Salta, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero más allá de esas jurisdicciones, en uno de los despachos oficiales aseguraron que la iniciativa irá por más y que intentarán introducirla en las próximas conversaciones con los gobernadores. ¿En cuáles? Las iniciadas de cara a la segunda mitad de mandato de Javier Milei. Pese a la estrategia del diálogo, fuentes oficiales señalaron que también existe un “plan B”, diseñado especialmente para aquellas donde no esperan una buena recepción de la idea. “Ya existen los fierros (herramientas) para conocer cómo impacta Ingresos Brutos en las compras”, mencionó un funcionario.
De esta manera, señaló que está en preparación una resolución que busca crear un “agente de cálculo”, compuesto por representantes de ARCA, funcionarios del Ministerio de Economía, cámaras empresariales y, según el caso, representantes provinciales. Ese equipo, tal cual describieron, tendría la función de realizar un “coeficiente sobre comercio minorista” para determinar en canastas estandarizadas la incidencia de todos los impuestos sobre el precio de las cosas.
Las canastas estandarizadas, tal cual explicaron, apuntarían a comercios cercanos a la vida cotidiana. Entre ellos, especificaron que pondrá el foco en supermercados, casas de electrodomésticos y locales de venta de ropa.
Antes de hablar de este “agente de cálculo”, la organización Lógica, precursora del Régimen de Transparencia Fiscal, inició contactos con las provincias. Envió cartas en las que les preguntó si tenían la voluntad de implementar la iniciativa y si pudieran tener sanciones las empresas que empezaran a aplicarla por “motus propio”.
La provincia de Misiones les contestó: “No se tomarán represalias alguna en la jurisdicción para el caso que algún comercio, antes de que se dicte la norma, realice el informe por ustedes mencionado”.
La provincia de Entre Ríos también le respondió a los impulsores del Régimen de Transparencia Fiscal. “No se prevé la aplicación de sanciones a aquellos comercios o contribuyentes que voluntariamente informes dichos tributos locales”, según refleja una carta firmada por el gobernador Rogelio Frigerio.
La Ciudad de Buenos Aires aclaró que “no instará la instrucción de sumarios para evaluar la tipicidad de dichas conductas para la eventual aplicación de sanciones”, en referencia a los comercios que comenzaran a exponer la incidencia de los tributos porteños en sus tickets.
Las negociaciones formales por el siguiente nivel del Régimen de Transparencia Fiscal están a punto de iniciar. Sus impulsores reconocieron que, en el corto plazo, lograr un consenso en 12 de las 24 jurisdicciones sería “un buen objetivo”.
Según las cifras de la organización Lógica, en el precio de los alimentos la incidencia de los impuestos puede llegar al 42%. En el caso de la ropa, al 50% y en el de los autos, a 53%. Sostienen que transparentarlo puede ser un primer paso para luego bajarlos. O, eventualmente, para darles más herramientas a los consumidores a la hora de decidir donde comprar.
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POLITICA
Cómo será el acto en el que Milei y Luis Petri recibirán a los primeros aviones F-16 que compró la Argentina
El presidente Javier Milei y el saliente ministro de Defensa, Luis Petri, están preparando el acto en el que recibirán en vivo a los primeros seis aviones F-16 que fueron comprados a Dinamarca y con los que la Argentina recuperará su capacidad supersónica luego de una década.
La ceremonia se realizará el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Río IV, provincia de Córdoba, donde se encuentra un área de mantenimiento en la que los vehículos permanecerán hasta que haya sido completamente reacondicionada la VI Brigada Aérea de Tandil, donde estará la sede final.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la operación, el mandatario nacional y el funcionario quieren estar presentes en el momento exacto en el que los cazas pisen el suelo argentino.
En el caso de Petri, tiene pensado solicitar una prórroga a la Cámara de Diputados para poder jurar en su banca unos días más tarde, ya que técnicamente debería hacerlo antes de este evento.
El ministro pretende recibir los F-16 todavía estando al frente de la cartera de Defensa, en lo que sería su última actividad en ese rol que quedaría en manos de un sucesor que aún no fue confirmado.
También está previsto que participen el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac; el de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Javier Valverde; de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi, y del Ejército, general de división Carlos Alberto Presti.
Las aeronaves partirán desde Dinamarca siendo piloteadas por expertos norteamericanos contratados por el Estado especialmente para esta misión, y realizarán dos escalas en Brasil antes de llegar a Córdoba.
Al tener una autonomía de hasta dos horas -aunque alcanzando una velocidad máxima mayor a Match 2 (casi 2500 km/h)-, los cazas tendrán varios reabastecimientos de combustible en vuelo mientras hacen el viaje.
En Río IV ya se encuentra una unidad de estos aviones, la denominada “número 25″, que si bien tiene plena capacidad operativa y podría despegar sin problemas, se utiliza solamente para entrenamiento.
El objetivo de ese aparato, que fue presentado en febrero pasado, es que los pilotos argentinos comiencen a familiarizarse con el equipamiento y los mecánicos hagan todas las pruebas necesarias para aprender a reparar los que sí entrarán en operaciones.
De esta manera, el país recuperará la capacidad de defensa supersónica que perdió tras la salida de los Mirage, de fabricación francesa y que ingresaron a la Fuerza Aérea en la década de los sesenta, pero fueron retirados en el 2015.
Los nuevos cazas, que fueron adquiridos por más de 300 millones de dólares -monto que incluye todos los costos del programa, como adiestramiento y equipos secundarios- se quedarán en Córdoba durante un tiempo.
Las autoridades nacionales todavía están modernizando las instalaciones de la VI Brigada Aérea que se encuentra en la localidad bonaerense de Tandil, según los estrictos requerimientos de los Estados Unidos.
Al ser el proveedor de estas aeronaves, el país norteamericano autoriza y supervisa las compras de todos los F-16 y exige a quienes los usan que cumplan con determinados estándares de calidad.
Por este motivo, en Tandil no solo se están mejorando las instalaciones existentes para albergar la nueva tecnología de última generación, sino que incluso se están construyendo edificios enteros.
Mientras tanto, las seis aeronaves que arribarán el 5 de diciembre operarán desde Río IV, que tiene una pista de aterrizaje completamente renovada y hangares adaptados.
Los responsables del programa son el comodoro Juan Manuel Sosa y el vicecomodoro Cristian Darío Giaccaglia, quienes desde hace meses se encuentran trabajando intensamente en la misión.
“Obviamente,pensamos en la ceremonia, pero sabemos que, en enero, esos aviones empiezan a volar y que, por lo tanto, hay que hacer las proyecciones logísticas”, remarcó el primero de ellos en diálogo con DEF.
Anniversaries,South America / Central America,BUENOS AIRES
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