POLITICA
Una investigación en los Estados Unidos reveló el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA
Tres jueces federales de los Estados Unidos autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculadas a contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, lo que permitió exponer un sistema de recaudación paralela que habría concentrado cerca de USD 300 millones fuera del control institucional. La causa, que ya generó alertas en el sistema financiero norteamericano, avanza hacia una intervención del Departamento del Tesoro. En simultáneo, el empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de las maniobras que destaparon el escándalo, presentará en las próximas horas una nueva denuncia ante la Justicia argentina para que se investiguen la sustracción y los desvíos de fondos provenientes de los contratos comerciales de la AFA y de la Selección Nacional, según pudo confirmar esta mañana Infobae.
La investigación más delicada que enfrenta actualmente la AFA no se inició en Comodoro Py ni en tribunales locales. Tampoco surgió de una auditoría interna o de un conflicto dirigencial público. Su origen fue en tribunales federales de Estados Unidos, donde la Justicia habilitó una serie de medidas de discovery que permitieron rastrear fondos millonarios que circularon por bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la Asociación, donde impera “Chiqui” Tapia.
El resultado de estas decisiones judiciales excede una disputa comercial o una controversia contable. Se trata de una trama financiera compleja, con sociedades privadas, intermediarios, bancos internacionales y una profunda asimetría entre lo declarado en Argentina y lo registrado en el sistema financiero estadounidense. Por su volumen y sofisticación, el caso amenaza con convertirse en el mayor escándalo económico en la historia del fútbol argentino.
El punto de quiebre: el dinero bajo la lupa federal
A partir de la presentación que hizo Tofoni en octubre, tres jueces federales de distintos distritos de Estados Unidos autorizaron pedidos formales de acceso a información bancaria relacionada con las cuentas donde se ejecutaban los contratos firmados por la AFA. Las presentaciones argumentaron la existencia de un perjuicio económico derivado del desconocimiento de un contrato comercial vigente y la sospecha de que fondos generados por partidos amistosos, sponsors y acuerdos de marketing fueron canalizados a través de cuentas radicadas en ese país.
A diferencia del sistema judicial argentino, donde el secreto bancario y la fragmentación institucional suelen ralentizar los procesos, el derecho estadounidense exige obligaciones estrictas a las entidades financieras. Una vez habilitado el discovery, los bancos deben entregar información detallada sobre titulares de cuentas, beneficiarios finales, movimientos, conceptos de pago y transferencias a terceros. El Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus tuvieron que abrir sus cuentas.
Según reconstruyó Clarín y pudo confirmar Infobae, la denuncia inicial también fue presentada ante organismos federales y habilitó la intervención del propio Departamento del Tesoro, debido a las presuntas maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y desvío de fondos vinculados a esos contratos internacionales de la AFA. El dato central no fue solamente el contenido de la denuncia, sino la jurisdicción donde se sustancia la investigación: Estados Unidos.
Buena parte del dinero bajo sospecha circuló por bancos estadounidenses, habilitando la competencia directa de fiscales, jueces y agencias federales de ese país. Una vez activados estos mecanismos, el expediente deja de depender de la voluntad política o deportiva de los involucrados.
TourProdEnter LLC, la caja oscura del fútbol argentino
La documentación judicial identificó el núcleo de la operatoria: TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en agosto de 2021 en Florida. Cuatro meses después de su creación, la empresa fue designada por la AFA como Agente Comercial Exclusivo para el Exterior, con facultades para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, cubrir gastos logísticos y remitir excedentes a la casa matriz del fútbol argentino.
La decisión respondió a un contexto particular. Argentina atravesaba un endurecimiento del cepo cambiario, restricciones severas para el acceso a divisas y una brecha creciente entre el dólar oficial y los tipos de cambio financieros. Ese escenario justificó la tercerización, en una empresa extranjera, de la recaudación internacional de contratos estratégicos vinculados a la Selección campeona del mundo.
Según documentación bancaria confidencial analizada por La Nación, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC acumuló más de USD 260 millones en cuentas abiertas en los cuatro bancos estadounidenses mencionados: Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. La cifra excluye transferencias internas entre cuentas de la propia empresa, lo que sugiere que el volumen real de movimientos fue aún mayor y se aproxima a USD 300 millones.
El origen del dinero investigado
Los ingresos que abastecieron esas cuentas provinieron de al menos tres grandes fuentes:
Sponsors internacionales de la Selección Argentina, con Adidas como principal aportante.
Derechos de transmisión y plataformas digitales, entre ellas AFA Play.
Partidos amistosos internacionales, organizados en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos.
Los registros bancarios muestran transferencias millonarias con conceptos explícitos vinculados a la explotación comercial de la Selección. En numerosos casos, los fondos ingresaron directamente a cuentas de TourProdEnter LLC, sin pasar por cuentas de la AFA en Argentina.
Este punto resulta central: la AFA es la beneficiaria económica final de esos contratos, pero el dinero quedó depositado en bancos extranjeros a nombre de una empresa privada intermediaria.
Una facultad sin contrapesos visibles
Otro aspecto que inquieta a los investigadores es el control efectivo de las cuentas. En los registros, Erica Gillette figura como la única persona con facultades plenas para ordenar transferencias, tanto entre cuentas propias como hacia terceros. Si bien existen tarjetas asociadas a otros firmantes, no aparecen instrucciones documentadas de la AFA en los extractos analizados.
Desde el punto de vista institucional, la pregunta es directa:
¿Qué mecanismos de auditoría, control interno o seguimiento aplicaba la AFA sobre una empresa que administraba cientos de millones de dólares en su nombre?
Hasta ahora, esa pregunta no tiene respuesta pública.
El problema no fue cómo entró la plata, sino cómo salió
Uno de los elementos más relevantes del expediente es que los fondos ingresaron de manera regular. Los contratos se firmaban con la AFA, los sponsors pagaban los montos acordados y las transferencias se realizaban a cuentas indicadas formalmente “en representación” de la asociación. El origen del dinero no era ilícito.
La sospecha penal surge después: en la administración y el destino final de esos recursos.
De acuerdo con la investigación, una parte sustancial del dinero nunca fue transferida a la AFA. Otra porción significativa —cerca de USD 110 millones— habría sido girada a Adcap Uruguay Agente de Valores. Según la documentación analizada por La Nación, esos fondos fueron canalizados luego a través de vehículos financieros radicados en Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción asociada históricamente a estructuras offshore.
El mecanismo habría permitido custodiar fondos fuera del país y eventualmente reingresarlos mediante operaciones financieras, aprovechando la normativa vigente. Aunque la firma uruguaya sostiene que actuó dentro del marco regulatorio, el esquema refuerza la complejidad deliberada del recorrido del dinero.
Las sociedades fantasma: el capítulo más sensible
El capítulo más delicado del caso es el envío de al menos USD 42 millones desde TourProdEnter LLC hacia cuatro sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Florida:
Soagu Services LLC
Marmasch LLC
Velp LLC
Velpasalt LLC
Las transferencias se realizaron de manera sostenida durante los últimos tres años, con montos que oscilaron entre cinco y seis cifras por operación.
Las investigaciones de La Nación revelaron que estas sociedades comparten características típicas de estructuras pantalla:
No tienen empleados registrados.
No declaran actividad comercial real.
Utilizan domicilios de oficinas virtuales en Miami.
Fueron constituidas mediante un agente registrador observado en investigaciones internacionales por facilitar estructuras opacas.
El dato más llamativo es el perfil de las personas asociadas a estas firmas: ciudadanos argentinos residentes en Bariloche, con empleos formales modestos, antecedentes de deudas, ejecuciones judiciales y, en un caso, una quiebra con presunción de fraude.
La distancia entre ese perfil económico y el volumen de fondos recibidos constituye uno de los principales indicios que estudian los investigadores estadounidenses.
La paradoja contable: invisible afuera, central adentro
Mientras en Estados Unidos TourProdEnter aparece como una empresa que recibió cientos de millones de dólares vinculados a la AFA, en Argentina su reflejo contable fue durante años prácticamente inexistente.
Recién en el balance presentado ante la Inspección General de Justicia al 30 de junio de 2024, la empresa figura explícitamente, y no como intermediaria sino como deudora:
USD 14,5 millones al tipo de cambio oficial de ese momento (13.296 millones de pesos).
Ese pasivo convierte a TourProdEnter en el principal crédito a cobrar de la AFA. La inclusión tardía de la firma y la falta de desagregación previa generan interrogantes sobre la transparencia de la información financiera presentada. La IGJ ya había advertido que las partidas de “significación relativa” deben mostrarse de manera separada para permitir una interpretación adecuada. En este caso, la omisión se extendió por más de dos años.
Del expediente estadounidense al regreso a Comodoro Py
Las revelaciones surgidas en Estados Unidos alteraron el escenario local. Guillermo Tofoni, empresario y titular de WorldEleven, denunciante original de las maniobras que investiga la Justicia norteamericana, presentará en las próximas horas una nueva denuncia ante la Justicia argentina.
La presentación busca que se investiguen la sustracción y los desvíos de fondos millonarios provenientes de contratos comerciales de la AFA y de la Selección Nacional. El planteo sostiene que estas maniobras habrían perjudicado al fútbol argentino en su conjunto, incluyendo clubes, selecciones, jugadoras, jugadores y recursos que debían ingresar al circuito institucional.
Según Clarín, organismos del Estado argentino ya intervinieron formalmente y remitieron documentación a fiscales estadounidenses, señalando una presunta “mala conducta financiera” y la posible elusión de controles fiscales. También se habrían efectuado presentaciones ante organismos internacionales del fútbol.
Un escándalo en expansión
La conducción de la AFA destacó en reiteradas ocasiones haber alcanzado el “fair play financiero” tras el Mundial de Qatar. Los números locales exhiben superávits crecientes. Sin embargo, la investigación expone una tensión estructural: superávit contable interno versus opacidad en la gestión de fondos internacionales.
El expediente se encuentra en etapa de investigación. No existen imputaciones formales ni resoluciones definitivas. Aun así, el volumen de fondos, la sofisticación de las estructuras utilizadas y la acumulación de indicios convierten al caso en una bomba de tiempo institucional.
En esta historia, la pelota ya no rueda. El partido se disputa en los tribunales. Y esta vez, el árbitro está en Washington.
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POLITICA
El Gobierno no da por muerta la rebaja de Ganancias, pero todavía es incierto cuándo volverá a presentarla
Mientras acelera para llegar a sancionar la ley de reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias, el Gobierno no da por muerta la pelea por el articulado tributario que quedó afuera del proyecto por los pedidos de los gobernadores.
En las filas oficialistas consideran que ese tramo, en el que se incluía la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas y otros rubros, es una pelea “que se tiene que dar”.
Mientras algunos en la Casa Rosada miran el período de sesiones ordinarias que arranca en diciembre como la ventana de oportunidad para volver a intentarlo, otros reconocen que “aún no hay fecha” y que su debate es incierto.
Así coincidieron dos fuentes que se sientan alrededor de la mesa política que diseñó la estrategia de la agenda legislativa.
“Tenemos la idea de insistir con todo lo que quedó afuera”. dijo a una de las fuentes en referencia a lo que viene.
La misma agregó que la intención es hacerlo “pronto”. Otras se mostraron más cautas con respecto a los tiempos. No hay unanimidad.
“Bajar impuestos, hacer más cambios, todo cada vez con más fuerza”, completó una de las fuentes sobre la idea de lo que viene.
Sin embargo, en la reforma laboral, el Gobeirno terminó por eliminar el capítulo tributario frente a la presión de los gobernadores que veían caer su recaudación.
En la Casa Rosada reconocen que el Gobierno todavía no resolvió el “cómo” de la instrumentación.
Eso es parte de lo que está siendo evaluado en la Casa Rosada de cara al próximo período de sesiones ordinarias. En especial frente a las complicaciones a la hora de conseguir votos, cuando el oficialismo debe necesariamente recurrir a los gobernadores.
Con respecto al presupuesto, el Gobierno debió resignarse el año pasado a perder en el camino el Capítulo XI, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. También resignó los cambios a la Ley de Zonas Frías que eliminaba la ampliación votada en 2021, y retrotaía el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.
Ahora, el Gobierno evalúa cómo insistir.
Por eso, la mesa política encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evalúa el diseño de un proyecto de ley específico, para llevarlo al período de sesiones ordinarias.
A priori, la idea más fuerte podría ser contemplar casi la totalidad de lo abarcado en ese capítulo, salvo la segura excepción de la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Sobre este último punto, el Ejecutivo, tal como adelantó , ya resolvió incluirlo en el temario de extraordinarias, a través de una reformulación de la ley para compensar al sector universitario.
Allí se contempla esa compensación sin romper el equilibrio fiscal, principal objetivo del Gobierno, pero a la vez desactivando un reclamo que dio lugar a una de las movilizaciones más grandes en tiempos de la administración libertaria.
En el caso de la rebaja de Ganancias para empresas, se trata del punto que debió resignarse en la negociación con gobernadores aliados, para conseguir sus apoyos. Eso quedó oficializado la última semana, tal como lo anunció en conferencia de prensa, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
En esa misma ocasión, Bullrich apuntó también a la posibilidad de avanzar con una Reforma Fiscal integral, que el Gobierno espera que esté en el año legislativo que comienza el mes próximo. Aunque la forma en que se incluiría el tema y se materializaría aún está en evaluación.
“Se posterga el tratamiento de Ganancias hasta construir un programa de reforma fiscal e integral que tome a los tres niveles”, dijo entonces la exministra.
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POLITICA
Reforma laboral: cómo se gestó la quita del artículo 44 y qué condiciones puso la oposición para aprobarla
El Gobierno de Javier Milei finalmente cedió a las presiones de la oposición, que condicionaba la aprobación de la reforma laboral a cambios clave en el proyecto. Así, decidió eliminar el artículo 44 sobre las licencias por enfermedad que generaba repudio en la oposición.
El artículo 44 del proyecto, incorporado durante el debate en el Senado, establecía que el trabajador cobraría el 75% del salario en caso de enfermedades “involuntarias” —como gripe, cáncer u operaciones— y el 50% cuando se trate de enfermedades “voluntarias”, es decir, derivadas de actividades en las que el empleado sabía que corría riesgo, como la práctica de ciertos deportes. Actualmente, esa situación está regulada por el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Leé también: Tras coincidir con el Gobierno en la baja de la edad de imputabilidad, el PRO busca cambiar la reforma laboral
De esta manera, la reforma laboral volverá al Senado, aún cuando se apruebe en Diputados, ya que se le hicieron modificaciones al proyecto original. Pese al contratiempo, el Gobierno confía en aprobarlo la semana que vine en la revisión en la Cámara Alta.
Luego de los reclamos iniciales del PRO respecto de la reforma laboral, el bloque que conduce Cristian Ritondo en Diputados sumó más presión al oficialismo. Al pedido por modificar la instancia que excluía a las billeteras virtuales del pago de sueldos, ahora se pusieron todavía más firmes contra los cambios en el régimen de licencias.
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“La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44″, señaló Ritondo este martes en sus redes sociales antes de conocerse la decisión del Gobierno de eliminar el inciso de la polémica. “En el PRO no quedamos conformes con las modificaciones que se incorporaron a último momento en el régimen de licencias dentro de la reforma laboral”, explicó un integrante del bloque del PRO a TN.
En la misma líena, desde la bancada del partido fundado por Mauricio Macri explicaron: “Tal como quedó redactado, el artículo puede terminar perjudicando a los trabajadores, especialmente en lo que respecta a licencias por enfermedad, porque reduce niveles de protección que hoy existen”.
Hay dos aspectos clave que cuestionaron en el PRO: la reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en el esquema de remuneración. “Deja de garantizar el 100% del salario durante el período de enfermedad, merece ser revisado”, apuntaron a este medio.
“Entendemos la necesidad de ordenar el sistema y evitar abusos, incluso mejorando los mecanismos de control y certificación médica, pero la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos”, aclararon a TN. Al respecto, buscan lograr una redacción “más equilibrada, que brinde previsibilidad y controles adecuados sin afectar la protección del trabajador”.
Un reclamo del PRO en dos frentes
El PRO también reclama por la “libertad de los trabajadores para cobrar su sueldo” y eso implica contemplar expresamente a las billeteras virtuales en la redacción del artículo 35, que modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. “Vamos a insistir en ese punto porque creemos que el trabajador debe poder elegir cómo percibir su salario, sin restricciones impuestas por el Estado ni en beneficio de los bancos”, señalaron.
Respecto del procedimiento, el Gobierno planteó que los cambios podrían instrumentarse dentro de la misma ley, en una ley complementaria o vía reglamentación. “Lo correcto es que el texto siga la vía institucional correspondiente y que, ante cualquier modificación introducida por nuestro bloque o por cualquier otro, vuelva al Senado para su revisión. La ley debe salir del Congreso lo más clara posible, sin grises y sin dejar cuestiones centrales libradas a la reglamentación”, sentenciaron en el PRO.
Desde el Bloque PRO estamos a disposición para trabajar esta ley con la mayor celeridad posible, de modo que, si debe regresar al Senado, estén dados los tiempos para que pueda tratarse durante el período de extraordinarias.
El escenario en Diputados que altera los planes del Gobierno
Este miércoles comenzará a discutirse la reforma laboral en la Cámara Baja, en plenario de comisiones (Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda) de la Cámara Baja. El oficialismo apuesta a firmar el dictamen en el debate en las comisiones lideradas respectivamente por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, para luego llevar el proyecto al recinto el jueves.
El objetivo del oficialismo es convertir en ley una de sus iniciativas clave antes del 1 de marzo, día de inauguración de las sesiones ordinarias, con la exposición del presidente Javier Milei en el Congreso.
Como anticipó TN, el oficialismo quiere que el proyecto, que es una de las principales reformas que impulsa el Gobierno, se apruebe tal como viene del Senado para dejar el camino allanado a la sanción. No obstante, ya anticiparon que aceptarán algunos cambios para alcanzar consensos, por lo que la iniciativa volvería a la Cámara Alta.
“Vamos a plantear modificaciones en el ámbito institucional y formal donde se deben plantear estas modificaciones”, explicó un integrante de la bancada PRO a TN. Aunque aclaró: “De ahí a que nos escuchen, hay un largo trecho”. Pese a esto, es impensado un escenario en el que no acompañen la reforma laboral.
PRO, Gobierno, reforma laboral
El empresario Alberto Samid, quien estaba internado en Punta del Este por una infección urinaria y un cuadro viral, fue trasladado a Buenos Aires en un avión privado, contratado a una empresa, según dijeron fuentes del sector aeronáutico.
Luego de que se conociera la noticia de la internación de Alberto Samid en Punta del Este, Uruguay, el empresario de la carne criticó en redes sociales al gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de la Nación, comandada por Daniel Scioli, por no enviarle un traslado sanitario de urgencia.
Samid, quien cumplió una condena por liderar una asociación ilícita para evadir impuestos, argumentó que se ofrecía a pagar el avión.
Desde el gobierno de Axel Kicillof le respondieron que habían intermediado con su empresa prepaga para facilitarle el vuelo.
Finalmente, Samid regresó en un avión privado que salió de Punta del Este a las 15.50 y aterrizó en Aeroparque a las 16.29, tras 39 minutos de vuelo.
Samid tenía prohibida la salida del país porque enfrenta un juicio por quiebra. Pero obtuvo un permiso del tribunal para pasar el día de los enamorados en Punta del Este con su esposa, donde se descompensó.
Samid fue condenado en 2019, a cuatro años de prisión por liderar una asociación ilícita, montada para evadir impuestos en su cadena de frigoríficos.
Se profugó, fue detenido en Belice por Interpol, fue repatriado y se le otorgó la posibilidad de cumplir su condena en arresto domiciliario.
Ya cumplida su condena, en las elecciones de medio término del año pasado, el empresario de 78 años fue candidato a diputado nacional de la Provincia por el Frente Patriota Federal, pero no obtuvo los votos suficientes para conseguir una banca.
“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”, escribió este martes en su cuenta de la red social X.
Horas antes, su esposa, Marisa Scarafía, había confirmado que “El Rey de la Carne” permanecía internado en el Cantegril de Punta del Este con un diagnóstico por un virus.
“Tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… Pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono», se quejó.
Pero horas después el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lo escuchó y anunció que el empresario sería trasladado. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!“, escribió.
Ante las críticas de algunos usuarios en redes que cuestionaban si Samid era un “ciudadano de primera” por el que el Gobierno intervenía de forma especial. “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”, contestó.
Este martes por la mañana, la esposa de Samid había utilizado su cuenta para comunicar la internación en el sanatorio privado. “Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, describió Scarafía desde la cuenta de X.
Fue tras eso que le pidió a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof, y a intendentes, que dispongan de los medios para que el empresario sea trasladado en avión sanitario a la Argentina. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso pido encarecidamente al señor gobernador, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó.
Y cerró: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido que recen por él. Muchas gracias de todo corrazón por lo mucho o poco que puedan hacer”.
Samid se encuentra internado en el Hospital Cantegril, un sanatorio privado de la ciudad balnearia donde años atrás también fueron ingresadas personalidades argentinas como Susana Giménez en la pandemia, la exmodelo “Pata” Villanueva y Diego Maradona por los 2000.
internación de Alberto Samid en Punta del Este,Alberto Samid,Provincia de Buenos Aires,Punta del Este,Conforme a,,¿Sin movilización? Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17,,“Lo vamos a arreglar”. Bullrich admitió el “error” con las licencias por enfermedad en la reforma laboral,,Huelga general. ¿Hay paro de la CGT este jueves 19 de febrero?,Alberto Samid,,Está internado en Punta del Este. Samid cuestionó al gobierno de Kicillof por no mandarle un avión sanitario y la Provincia intervino para ayudarlo,,Deudas millonarias. La Justicia mandó a la quiebra al empresario de la carne Alberto Samid por no pagar impuestos,,»Recen por él». Qué le pasó a Alberto Samid
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