POLITICA
Uno de los acusados por las irregularidades en la Andis apuntó contra sus superiores
Roger Grant, uno de los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) investigado por las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, apuntó ante la Justicia hacía arriba en la organización: declaró que era su jefe, Daniel Garbellini, quien le indicaba todo lo que debía hacer. En los audios que dieron origen al escándalo, el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, identificó a Garbellini con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Grant fue indagado esta tarde por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ante quienes se explayó y contestó preguntas, dijeron a fuentes con acceso al caso.
Agregaron que Grant explicó el procedimiento de la adquisiciones de medicamentos desde su cargo en el área de compras, pero “apuntó a Garbelli como quien le decía a quién llamar para ofertar y a quién adjudicar”.
En su declaración, Grant terminó por admiitir sus gestiones y su participación en el hecho, cometido por otro, pero con conocimiento de lo que ocurría, señalaron.
Grant era formalmente coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
Según explicó, Grant le consultaba a Garbellini −y procedía de conformidad− en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos.
En su declaración, corroboró que era Garbellini quien sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.
Grant está acusado de direccionar las operaciones ordenadas por Garbellini y figuraba en los cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, otro intermediario clave en toda la operatoria.
En esta causa ya fueron indagados Calvete, Spagnuolo, Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno. La mayoría se negó a declarar.
Ahora está previsto que declaren otras ocho exfuncionarios ligados a estas operaciones subterráneas donde se acordaba qué empresas iban a ofertar en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia (Pacbi).
Grant fue designado como coordinador en la Andis el 11 de junio de 2024. Su trabajo era el de administrar las compras de medicamentos en el sistema Siipfis.
Grant se conocía con Garbelli por haber trabajado juntos en la obra social Ospsip. “A partir de la incorporación de Roger Grant a la Andis se puede advertir el rol que este tuvo en la agencia de discapacidad como ejecutor de las decisiones de Daniel María Garbellini en el marco de un esquema de irregularidades y arbitrariedades del que venimos hablando”, señaló el fiscal Picardi en su acusación.
Grant le informaba en forma permanente a Garbelini cuando se sacaba una cotización o a quiénes se debía convocar. Conocía el sistema de compulsa de precios “general” y otro que denominaba “especiales”.
Este mecanismo paralelo era el usado para las adquisiciones irregulares. Allí solo participarían habitualmente cuatro droguerías, por menos drogas y se alternaban en las ganancias, dice la acusación.
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POLITICA
Kicillof pidió aprobar el endeudamiento: “La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento”
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió a la Legislatura que apruebe su solicitud de endeudamiento, tras fracasar la semana pasada en ese objetivo. En un intento de última hora por lograr aval legislativo, subrayó que las cámaras deben “decidir en favor de evitar más sufrimiento” y admitió que, si su iniciativa no se aprueba, estará obligado a utilizar recursos destinados a salud y educación para pagar deuda.
“No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos originalmente con recursos que se detraigan de salud o educación, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con la normativa. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, afirmó Kicillof, en una exposición que encabezó este lunes por la tarde, en el Salón Dorado de la Gobernación.
“No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia. Por eso, con sinceridad, con firmeza, con convicción democrática, le pido a la Legislatura que apoye, que vote esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses. Es por nuestra provincia, por la historia y por el futuro”, sostuvo el mandatario bonaerense, que se mostró acompañado por su gabinete, intendentes del peronismo y de la UCR, legisladores y sindicalistas. También estuvieron presentes la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Carmen Arias, de Madres de Plaza de Mayo.
Tras fracasar el último intento por aprobar el endeudamiento, el viernes, la Legislatura volverá a sesionar el miércoles, ya en el período de sesiones extraordinarias, con ambas Cámaras reunidas por la tarde (la de Diputados, desde las 15; la de Senadores, desde las 17). Kicillof dijo que su solicitud para tomar deuda “es lo normal, es lo que tienen todos los gobiernos” y agregó: “No se pide nada extraordinario. Pedimos poder funcionar, provincia y municipios, mientras reclamamos los que nos sacó el gobierno de [Javier] Milei”.
“Tenemos un pedido, no de nueva deuda, sino de los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda, [es] parte del año pasado, que no tuvimos las leyes, y parte de este año. Se trata de cubrir los vencimientos. La deuda no va a subir ni bajar. No es nueva deuda”, aseveró el gobernador bonaerense.
La falta de acuerdos por el dinero surgido del endeudamiento que el gobierno de Kicillof girará a las intendencias es el punto crucial del desacuerdo, que derivó en la falta de apoyo de bloques opositores como los de Pro y La Libertad Avanza, entre otros. El peronismo se había encolumnado detrás del proyecto del gobernador, más allá de las diferencias que persisten entre el kicillofismo, el cristinismo y el massismo.
Kicillof puntualizó el ofrecimiento para ese fondo destinado a los municipios. “Junto con este pedido de financiamiento, se ha planteado un fondo a distribuir entre los municipios de la provincia de Buenos Aires. El equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la ley de financiamiento se distribuirá entre los 135 municipios, con un adicional, producto de las conversaciones de estos días. Estamos hablando de un total de 350 mil millones de pesos a distribuir hasta junio. Hemos resuelto garantizar aproximadamente 250 mil millones de pesos en cinco pagos fijos y determinados por la ley. Eso, más allá del volumen que alcancen las colocaciones de deuda”, aclaró el gobernador.
La deuda que pide tomar Kicillof es por hasta US$3685 millones, si se contabiliza lo solicitado para el Poder Ejecutivo, el Sector Público Provincial, la Tesorería General, y las empresas Buenos Aires Energía y Autopistas de Buenos Aires.
Antes de especificar su pedido de apoyo legislativo (la autorización para el endeudamiento requiere dos tercios en ambas cámaras), el gobernador hizo una introducción con críticas al gobierno de Milei. “Estamos transitando una profunda recesión”, subrayó. Dijo que, desde la gestión nacional, “se habló irresponsablemente de amenazas de intervención” y “hay agresiones públicas diarias”. Aseguró que la Nación le adeuda a la Provincia 13 billones de pesos, lo que consideró “un robo”.
Entre los intendentes que pudieron observarse en la conferencia de Kicillof estuvieron los alineados con su Movimiento Derecho al Futuro, como Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas). También se acercaron jefes locales enrolados en el cristinismo, como Gustavo Menéndez (Merlo), Nicolás Mantegazza (San Vicente), o Hernán Arranz (Monte Hermoso), entre otros. Desde el radicalismo, dijeron presentes jefes comunales como Maximiliano Suescun (Rauch), quien preside el Foro de Intendentes Radicales.
La Cámpora estuvo representada por el jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo, Facundo Tignanelli, y por legisladores de la organización conducida por Máximo Kirchner, como Martín Rodríguez. El massismo aportó a Malena Galmarini, senadora bonaerense electa, y al diputado provincial Rubén Eslaiman, entre otros. Federico Fagioli, senador provincial, fue una de las caras de la tropa de Juan Grabois. La vicegobernadora Verónica Magario acompañó a Kicillof, sentada a su izquierda. El gabinete provincial ocupó las primeras filas de asientos
Kicillof logró que la Legislatura apruebe su presupuesto y su ley fiscal e impositiva, en sesiones que se desarrollaron en simultáneo entre el miércoles por la noche y las primeras horas de la madrugada del jueves de la semana pasada. Las cámaras de Diputados y Senadores estuvieron en cuarto intermedio hasta el viernes, para intentar cosechar el respaldo de dos tercios de los legisladores (ese tipo de mayoría especial es necesaria en casos de endeudamiento), pero el viernes se cayó la sesión en Diputados, con lo que el endeudamiento (ley de financiamiento, como la denominó el gobierno provincial) no se trató.
El miércoles -ya en período de sesiones extraordinarias autoconvocadas por los legisladores, un mecanismo previsto en la Constitución bonaerense- el endeudamiento se intentará debatir en paralelo en la Legislatura. La Cámara de Diputados sesionaría desde las 15; la de Senadores, desde las 17.
Esta semana es la última en la que intervendrá la actual composición de la Legislatura. La próxima, se renovarán las dos cámaras con el ingreso de los legisladores que fueron electos en las elecciones provinciales de septiembre. Esa nueva conformación le significará a Kicillof un número mayor de legisladores propios (de los 13 senadores provinciales que sumará el peronismo, cuatro le responden, al igual que ocho de los 21 nuevos diputados), pero el marco general le resultará adverso, porque aumentará la representación de La Libertad Avanza, que tendrá 25 diputados y 11 senadores, y es un bloque con el que se le dificulta abrir negociaciones.
su iniciativa,Javier Fuego Simondet,Axel Kicillof,Legislatura,Provincia de Buenos Aires,Conforme a,,Desde Mar del Plata. Karina Milei lanzó el primer pedido oficialista para “ir por la reelección” del Presidente en 2027,,Fútbol y reality show. Un quiebre en la pasión más argentina,,Sangría de Pro. Lospennato deja el Congreso y se abre un nuevo foco de tensión entre los primos Macri,Axel Kicillof,,Kicillof, en apuros. Se negocian las autoridades de Diputados en medio de la tensión por el endeudamiento,,Análisis. Cristina: un desafío moral para Milei,,Milei huele sangre. El plan para terminar con la Argentina peronista
POLITICA
La declaración jurada de “Chiqui” Tapia: siete propiedades, vehículos e ingresos anuales de $818.000.000
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), informó que percibe más de $818 millones anuales en ingresos netos, pero aseguró no poseer títulos ni otras inversiones ni dinero en efectivo o en entidades bancarias.
Tapia cobra por dos de sus tres trabajos: su rol como vicepresidente segundo de la Conmebol y como presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse); por la presidencia de la AFA, manifestó no percibir ingresos.
Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol
El presidente de la AFA presentó su Declaración Jurada Patrimonial en julio pasado, debido a su cargo en la empresa pública de residuos Ceamse, que administran los gobiernos porteño y bonaerense.
El documento indica que sus ingresos netos anuales superan los $818 millones, lo que equivale a unos $68 millones por mes. Aproximadamente $8 millones provienen de su trabajo en la Ceamse, al que dice dedicarle unas 15 horas semanales.
Según la declaración, la Conmebol, cuya sede central está en Paraguay, es su principal empleador, abonándole cerca de $60 millones al mes. Tapia informó que le dedica solo 120 minutos por semana a su rol en la confederación sudamericana de fútbol, lo que implicaría un pago de $7.500.000 por hora de dedicación.
Además, las bases de datos públicas indican una cuarta relación de dependencia como empleado activo de Solbayres, una sociedad anónima de servicios de limpieza.
Tapia y Ariel Vallejo, titular de la financiera investigada por lavado de dinero
La declaración jurada de Tapia también reporta ingresos extraordinarios en el año por más de $200 millones adicionales, provenientes de la venta de un vehículo ($44 millones), viáticos de la AFA para traslados y comidas ($30 millones), y el pago de “intereses/ingresos financieros” y “diferencia de cambio de dólares”, que sumaron $130.033.118,13.
Pese a reportar estos ingresos financieros, el presidente de la AFA asegura en el mismo documento que no poseer títulos ni otras inversiones, como así tampoco su grupo familiar sujeto a declarar.
En contraste con la falta de ahorros declarados, el patrimonio inmobiliario de Tapia es significativo. El presidente de la AFA declaró siete propiedades, todas de carácter ganancial y con titularidad del 100%.
La más destacada es una casa en Beccar, valuada en USD 15.740.190,05. Su patrimonio se completa con otras seis viviendas y terrenos en Río Luján, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires, además de dos automotores gananciales.
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Con críticas a Milei y un mensaje a la interna, Kicillof pidió por el endeudamiento: “No hay negociación que deba condicionarlo”
En una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en La Plata, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó nuevamente la aprobación de la ley de financiamiento en la Legislatura provincial, una iniciativa que busca dotar a la administración de herramientas para afrontar el deterioro económico que, según declaró, golpea a toda la provincia.
“No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, reiteró Kicillof, en un mensaje que apuntó tanto a la conducción nacional como a los sectores internos de la dirigencia que condicionan la aprobación del financiamiento.
Acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario, renovó su crítica al gobierno nacional que encabeza Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias de un recorte sistemático de recursos, al tiempo que lanzó un mensaje dirigido hacia las discusiones internas en el oficialismo provincial.
El escenario expuesto por el mandatario bonaerense incluyó una descripción de emergencia social y productiva. Detalló que “prácticamente no hay ningún sector que haya quedado igual” tras la implementación de políticas nacionales recientes. Construcción, industria, comercios y textiles, al igual que sectores como el alimenticio y el automotriz, sufren una reducción persistente de su actividad, acompañada de despidos y recortes en servicios esenciales. “Estamos transitando una profunda recesión que afecta a todos los sectores” y, de acuerdo con el gobernador, esa recesión se profundiza en Buenos Aires por el ahogo financiero a las provincias y la ausencia de transferencias automáticas de fondos.
La situación extraordinaria motivó la presentación de un paquete de leyes económicas para 2026. Dos de ellas fueron aprobadas el 26 de noviembre, mientras que la tercera —la referida específicamente al financiamiento de la gestión provincial— permanece pendiente en la legislatura. El mandatario insistió en que la provincia “necesita las herramientas claras para poder transitar este tiempo sin desproteger a nuestro pueblo”.
Los números presentados por el gobernador aluden a una crisis multisectorial: la pérdida de 28.000 empresas en todo el país y de 5.000 en territorio bonaerense; la desaparición de 171.000 puestos de trabajo; y cerca de mil obras públicas frenadas en distintos rubros. Sostuvo que el cierre de fábricas emblemáticas como Whirlpool, además de despidos en sectores como pesca, laboratorios, automotrices y alimenticias, impacta directamente en la demanda de medicamentos, alimentos y ayuda económica por parte de las familias. “Estamos en récord de la serie de morosidad. La gente se ha endeudado porque no le alcanza la plata, no puede pagar el mínimo de la tarjeta”, remarcó en su análisis.
El cálculo de la deuda reclamada por la provincia al gobierno nacional asciende, según Kicillof, a “13 billones de pesos”, equivalente a “9.000 millones de dólares” sólo por las transferencias automáticas y partidas específicas para seguridad, transporte, cajas previsionales e incentivo docente que la Nación dejó de girar. El gobernador aseguró que se trata de fondos “que indebidamente retiene y no paga, con los que presume un supuesto superávit”. Denunció también una caída en la recaudación provincial de “3,6 billones de pesos”, lo que, sumado, representaría un monto que “Milei le quitó a la provincia de Buenos Aires” en torno a los “11.500 millones de dólares”.
Pese a esta coyuntura, la gestión bonaerense defendió lo realizado en términos de obra pública, salud y asistencia social. Enumeró como logros la continuidad de nuevos centros de salud, la entrega de ambulancias y un fondo adicional de 170.000 millones para patrulleros ante el corte de transferencias, así como la provisión diaria del servicio alimentario escolar. Subrayó la decisión de “trabajar con planificación, eficiencia, responsabilidad y sensibilidad”, apuntando que la austeridad no debe recaer sobre la sociedad sino sobre la política: “No trasladamos la austeridad a un pueblo que sufre la crisis económica. Austeridad para la política, sensibilidad para la sociedad”.
La provincia se comprometió también a preservar los recursos destinados a los municipios. En respuesta a la demanda de intendentes por la caída de ingresos y la dificultad para cubrir gastos como los aguinaldos del personal, Kicillof anunció la creación de un fondo especial equivalente al 8% de la suma solicitada en la ley de financiamiento, “a distribuir entre los 135 municipios”, con un adicional negociado recientemente. Precisó que ya se garantizó una partida de 200.000 millones de pesos a distribuir en cinco pagos, “más allá del volumen que alcance la toma de deuda”.
El titular del ejecutivo bonaerense reclamó que la legislatura “vote esta ley”, que calificó como “simples instrumentos”, y puntualizó que no se solicitan fondos para proyectos extraordinarios, sino la facultad de cubrir necesidades corrientes y garantizar el funcionamiento de las áreas críticas. Remarcó el carácter deficitario del reparto fiscal y la desventaja estructural de Buenos Aires: “Somos la provincia más austera. A veces a un costo altísimo porque son prestaciones que no llegan. Somos junto con Córdoba la provincia con menos empleados públicos por habitante. Somos la provincia que más aporta y menos recibe”.
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