MENDOZA.- La provincia de Mendoza será este verano el escenario de una elección atípica y descolgada del calendario que ya se desarrolló en todo el país. Se trata de los comicios en los municipios cuyos intendentes, en su mayoría peronistas, decidieron desdoblar para el próximo 22 de febrero.

Así, después de las votaciones de octubre, llegó el turno de ver qué ocurre en las urnas en los históricos bastiones justicialistas, que prefirieron separarse del cronograma electoral nacional y provincial para intentar convalidar las gestiones locales.

Sin embargo, están en alerta: la alianza oficialista de Cambia Mendoza (CM) y La Libertad Avanza (LLA), con el impulso del gobernador radical Alfredo Cornejo y del presidente Javier Milei, jugará fuerte con el objetivo de ampliar el poder territorial rumbo a las elecciones de 2027. De hecho, está prevista la visita del líder libertario o de su hermana, Karina Milei, para el cierre de campaña.

En pleno verano mendocino, son seis las comunas que medirán su desempeño, de las cuales cinco, San Rafael, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, responden al Partido Justicialista (PJ) y solo una, Luján de Cuyo, a Pro, que decidió aliarse con CM y LLA, lo que le asegura una mejor performance, teniendo en cuenta que en octubre, en la mayoría de esas comunas, arrasaron los violetas.

Hay dos distritos clave para el peronismo, San Rafael y Maipú. Allí, las fuerzas políticas locales, con los caciques justicialistas Omar Félix y Matías Stevanato, medirán su poder territorial de cara al resto del año político, pero sobre todo a 2027, cuando se deberá elegir intendente, gobernador y presidente.

En un contexto habitual se trataría de elecciones poco trascendentes, ya que solo se renovarán la mitad de los concejos deliberantes, casi un trámite para los justicialistas, pero los resultados de las legislativas de octubre le agregaron el condimento que faltaba, sobre todo por el interés de Cornejo y de los libertarios de ocupar cada vez más lugares.

Bajo este escenario, en los gobiernos provincial y nacional se entusiasman con dar la sorpresa. Sin embargo, los peronistas resisten y se envalentonan en que los vecinos se inclinarán por la cercanía y los servicios que les prestan, más allá de los vientos a favor de las administraciones de Mendoza y de la Casa Rosada.

Con la campaña ya activa, el objetivo de ese domingo electoral que se aproxima es la renovación del 50% de las bancas de los ediles. En cuanto a las claves de los comicios, hay que tener en cuenta que están habilitadas para votar 494.029 personas, que lo harán bajo el sistema de Boleta Única Papel, que ya rige en la provincia.

Las comunas se harán cargo de los costos logísticos del operativo y la impresión de boletas, por un monto superior a los 2.700 millones de pesos, indicaron desde la Junta Electoral, lo que representa de un costo promedio 5500 pesos por votante. En cuanto a las autoridades de mesa, el organismo convocó a docentes para cubrir los puestos de autoridades, con un viático estimado de 100.000 pesos por la jornada y la capacitación previa.

El pasado domingo 18 de enero empezó a regir la campaña electoral, que ya se siente en las calles con festivales y obras municipales, que podrán anunciarse hasta el 6 de febrero, momento en el que se ingresará en etapa de definiciones.

CÓRDOBA.- Desde que empezó sus reuniones con los gobernadores, primero por el presupuesto 2026 y en estos días por el proyecto de reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, escucha sus reclamos por la falta de respuesta del Gobierno nacional en materia de obras públicas. Cada mandatario hace su planteo, pero la base de la coincidencia es que, desde la asunción de Javier Milei hay una fuerte caída en las partidas de Inversión Real Directa (IRD) y de transferencias de capital de Nación a provincias.

En las negociaciones por la reforma laboral, los gobernadores apoyan la necesidad de cambios a la vez que rechazan el fuerte impacto que tendrá en la coparticipación las modificaciones en Ganancias que incluye el proyecto. En ese contexto, ratifican la necesidad de que la Casa Rosada atienda el mantenimiento de rutas nacionales y retome la ejecución de infraestructura que consideran claves para la competitividad.

Fuentes del Ministerio del Interior confiaron a que Santilli traslada estos planteos tanto a la mesa política como al ministro de Economía, Luis Caputo. Un reporte de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap) da cuenta de que, si bien la IRD muestra una recuperación nominal del 27,5% interanual, en términos de PBI (0,32%) sigue siendo insuficiente para el mantenimiento de la infraestructura. El gasto de capital total se estima en $3,286 billones, un aumento del 32% interanual, pero representa una caída real si se considera la ejecución de 2025.

“La provincia se hizo cargo de obras nacionales que se están haciendo y, si nosotros estamos cumpliendo, queremos que también Nación cumpla”, dijo el salteño Gustavo Sáenz después del encuentro con Santilli. Ese grupo de obras, sostuvo, incluye rutas estratégicas como la 9, la 34 y la 51, los puentes sobre el río Vaqueros, plantas depuradoras en la zona sur de la ciudad de Salta y en Cafayate, la escuela técnica de General Güemes y la Ciudad Judicial de Orán.

En 2024, Sáenz fue de los primeros gobernadores en firmar los convenios por los que Nación les traspasó obras inconclusas. Ese año, según el informe de Jefatura de Gabinete al Congreso, se transfirieron 278 a provincias y municipios por unos $63.000 millones.

A cambio, la Casa Rosada se comprometió a ejecutar “obras estratégicas con alto grado de avance” según “disponibilidad presupuestaria”. Sobre ese punto es el planteo de los mandatarios. El año pasado las legislaturas provinciales siguieron aprobando esos acuerdos; en total, unos 20 distritos tienen convenios cerrados.

También hay insistencia ante la Nación por las demoras en pagar los certificados de obras, lo que impacta en la velocidad de ejecución.

Antes de la votación del presupuesto en el Congreso, el santafesino Maximiliano Pullaro —quien no se ha reunido todavía con Santilli— advirtió: “No me puedo sentar a dialogar hasta que la Nación no reconozca lo que le debe a la provincia”. En esa lista, Pullaro incluyó la demanda por el financiamiento a la Caja de Jubilaciones no transferida y “las obras que se comprometió el exministro Guillermo Francos cuando firmamos el Pacto de Mayo. Sin embargo, comenzaron muy pocas. En términos generales incumplieron: no nos repararon rutas, pedimos que nos las pasen para arreglarlas y tampoco lo hicieron”.

Incluso el tucumano Osvaldo Jaldo, un peronista dialoguista desde el arranque de la gestión libertaria, el miércoles pasado reclamó a la Nación los fondos coparticipables “que le corresponden” a su provincia. “Nos quitaron incentivos docentes, conectividad, subsidios al transporte. Bajó el consumo, bajó el IVA, cada vez recaudamos menos y cada vez hay menos coparticipación para las provincias”, enumeró y agregó un reclamo de deuda por el PAMI.

“¿A dónde nos quieren llevar con esta política económica que no reactiva el consumo? A la gente cada vez le alcanza menos y las provincias cada vez reciben menos recursos”, cuestionó el tucumano, y aclaró que no exige pagos inmediatos, pero sí previsibilidad.

Marcelo Capello, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, analizó la evolución de la IRD desde 2015 hasta el año pasado. En ese período, solo los años de arranque de la serie mostraron niveles de 1,1% y 1% del PBI, después cayó a 0,9% en 2017; 0,6% en 2018 y 2019; durante la pandemia se mantuvo en 0,5% y 0,8% para volver a 0,8% y 0,9% en los dos últimos años de la administración de Alberto Fernández. En los dos primeros de la gestión Milei fue del 0,3%, el nivel más bajo de la serie.

También puso la lupa, siempre con datos oficiales, sobre las transferencias de capital a provincias, las que registraron su pico en 2015 con 1,2% para tocar el piso en los dos últimos años. El promedio de ambos componentes en la década observada es de 1,16% del Producto, tanto el 2024 como el 2025 están significativamente por debajo, con 0,4% y 0,3% respectivamente.

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional -área del Gobierno que volvería a depender de la Secretaría de Transporte- divulgaron un informe que señala que, “al menos 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, con mediciones parciales y desactualizadas. Proyecciones conservadoras indican que el deterioro real podría alcanzar al 65% y un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todas las provincias».

El año pasado los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño impulsaron una nueva distribución del impuesto a los combustibles ya que Nación no está ejecutando la asignación específica para mantenimiento de rutas.

Esta semana el neuquino Rolando Figueroa -quien estuvo con Santilli- volvió sobre el tema: “En cada litro de nafta que pagamos, el 28% son impuestos nacionales y el 10% es impuesto a los combustibles líquidos, que requiere una afectación específica de impuesto. Qué diferentes serían los números si a nosotros nos coparticiparan parte de esos impuestos a los combustibles líquidos, para poder hacer estas obras de infraestructura importante de la provincia de Neuquén”.