La semana pasada, la Policía Federal llevó a cabo más de 40 órdenes de presentación en droguerías, sanatorios y clínicas ubicadas en CABA, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Santa Fe para recuperar el fentanilo contaminado de la empresa HLB Pharma que provocó 173 muertes. Más de 82 mil ampollas de dos lotes que incautadas tras un trabajo del juez Ernesto Kreplak y su equipo. Este dato es clave para entender la otra parte del problema: en Argentina, el fentanilo que se trafica de manera ilegal proviene de, precisamente, droguerías, sanatorios y clínicas.

Este fentanilo clandestino es el mismo que reciben los pacientes de manos de anestesistas en centros médicos, una sustancia de grado médico, en teoría altamente controlada. Sin embargo, una subcultura se dedica a birlar estas ampollas para revenderlas a clientes como centros de estética y consultorios oftalmológicos a un costo mucho menor al oficial, con tratos por WhatsApp, ocultas en encomiendas que viajan por expresos en micro, de una punta a la otra en el país. No son compradas por adictos y consumidores, al menos según las investigaciones actuales. Sin embargo, el riesgo de que se aplique fentanilo sin control alguno, esquivando cualquier control sanitario para recortar precios, es notable.

Hay, por lo pronto, una lista de nombres vinculada a este problema.

A fines de agosto último, la jueza federal María Verónica Skanata procesó en Posadas, provincia de Misiones a Gerónimo Enrique Laje, Juan Carlos Gibilisco, Martín Hernán Alarcón, Magdalena Elizabeth Núñez y Natalia Soledad Butera, tras una investigación del fiscal coadyuvante Martín Uriona de la PROCUNAR junto a la fiscal Silvana Gutiérrez.

La jueza los acusó de integrar una asociación ilícita dedicada al transporte de estupefacientes agravado. Núñez y Butera recibieron el arresto domiciliario; el resto fue enviado a penales bajo prisión preventiva. Todos se negaron a declarar en sus indagatorias. Hoy, este procesamiento

La PROCUNAR halló un dato inquietante en el marco de su investigación. Apareció en una pericia a los celulares de los acusados. El 9 de marzo de 2023, Alarcón recibió un mensaje de un mensaje de uno de sus proveedores usuales, un contacto agendado como “Fede”, le ofrece 200 ampollas de HLB Pharma. En la causa, se detectaron ofertas de ampollas de otros cuatro laboratorios argentinos más.

El dato fue investigado por el juez Kreplak, encargado de esclarecer las muertes por el fármaco contaminado. Se descubrió que el fentanilo del chat no corresponde a los dos lotes vinculados a las muertes; fue producido por la empresa del clan Furfaro en entre 2021 y 2022, al menos un año antes del fentanilo asesino.

Alarcón es un personaje interesante. Porteño, de 44 años, reconoció ser visitador médico y comerciante ante la Justicia, con una empresa familiar dedicada al rubro de la venta de material médico. En un chat de septiembre de 2024 hallado en la causa, aseguró: “Yo vendo en estética y clínicas de oftalmología”. Sospechan que vendía propofol y remilfentanilo, entre otras sustancias altamente controladas. La morfina fue otra de las drogas detectadas.

Las conversaciones van más atrás en el tiempo. En una charla con una presunta clienta que data de junio de 2021, que se le atribuye, Alarcón indica: “¿A qué hora te mando la moto. Decime, ¿a qué precio pagas el fentanilo? Así cotejo a ver si puedo mejorar”.

En otra conversación que data de 2022, el comerciante porteño le ofrece remilfentanilo a otro cliente. “Si lo consigo, creo que tengo unas doscientos dando vuelta, pero el flaco ahora no me contesta, el lunes te digo a primeras horas, pero si hay remis”, aseveró.

Natalia Soledad Butera, según la causa, es la pareja de Alarcón. “Pará Sole, mostrame la caja, porque si entra todo en una caja, vas en una embaladora ahí de Urquiza, lo embalas y no se ve nada lo que llevas, mostrame, frená”, le pide, antes de despachar una encomienda por expreso en micro. El envío data de 2021. Los destinatarios, según el pedido de procesamiento de la PROCUNAR y la fiscal Gutiérrez, son dos: Magdalena Núñez y Gustavo Gallardo.

El resto de la banda

Núñez es comerciante, vecina de Posadas, Misiones, tal como Juan Carlos Gibilisco. Según los fiscales, “eran quienes detentaban mayor poder de decisión en las maniobras y percibían, por lo tanto, mayores ganancias por la actividad ilícita. Se encargaban de obtener en cantidad las sustancias medicinales desviadas y coordinar el accionar de los demás integrantes, en especial con Gustavo Eloy Gallardo, para lograr la comercialización de las mismas a cambio de diferentes sumas de dinero».

Gallardo es de San Salvador de Jujuy, odontólogo, según declaró. “Respecto de Gallador -con residencia en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Jujuy-, tenía como función operar como intermediario en la adquisición y distribución de tales sustancias, para continuar con la cadena de comercialización ilícita, como así también girarle parte de las ganancias obtenidas a Gibilisco y a Núñez”.

La cadena finalizaba en Alarcón y su pareja, quienes supuestamente recibían los envíos a través de Laje, un intermediario, registrado como electricista. La ANMAT aseguró a los investigadores que ninguno de los sospechosos en la causa tenía “la debida autorización y/o registración para la comercialización de las ampollas”, asegura un documento en el expediente.

El hospital y el agujero negro

El caso había comenzado el 14 de abril de 2023 en un micro que viajaba por la Ruta Provincial 12. A bordo había una encomienda enviada desde Misiones a uno de los imputados de la causa en Buenos Aires. Gendarmería decidió controlar la carga del vehículo y la caja enfrentó un scanner. Así se descubrió que allí había 500 ampollas de fentanilo, líquido o en polvo, como citrato, con la marca de tres laboratorios argentinos.

La caja tenía adherida, también, la copia del DNI de otro de Laje. El destinatario era Alarcón. La PROCUNAR descubrió que el electricista envió 14 encomiendas a lo largo del tiempo: al menos cuatro al empresario porteño, el resto a otros dos sospechosos en Córdoba y Salta.

Con el tiempo, se descubrió que las ampollas venían de las farmacias de dos hospitales misioneros: Doctor Ramón Madariaga y Nuestra Señora de Fátima, ambos ubicados en Posadas. La PROCUNAR pidió que las fuerzas de seguridad se presenten en ambos lugares con una orden oficial.

El caso, con el procesamiento bajo análisis en la Cámara misionera, implica otro problema que preocupa a las autoridades: un agujero negro de miles de ampollas de fentanilo que circulan en el país, sin control alguno.

El agujero podría ser más grande de lo que parece. En su investigación por las 173 muertes vinculadas a la droga de HLB Pharma, el juez Kreplak detectó el faltante de cinco kilos de citrato de fentanilo, el precursor de la sustancia, capaz de producir diez millones de ampollas.

El laboratorio aseguró que esos cinco kilos, importados de Asia, fueron destruidos tras su fecha de vencimiento. Kreplak, sin embargo, no está tan convencido.