En el Gobierno nadie salió a repetir o bancar ayer el pedido de renuncia que le hizo públicamente Diego Santilli a Victoria Villarruel, pero puertas adentro todos coincidían en que dijo lo que muchos piensan y no se animaban a decir en voz alta.

El jefe de Gabinete pidió que la vicepresidenta “dé un paso al costado” si no está de acuerdo con Javier Milei. Y la frase terminó corriendo el eje de la agenda oficial en un día que el Gobierno había diseñado para hablar de otra cosa: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, anunciada por el propio Presidente en cadena nacional, y los anuncios de inversiones de Pampa Energía.

La conversación, en cambio, terminó centrada sobre Villarruel, quizá la principal enemiga política de Milei hoy.

El conflicto con la vice viene de larga data, y no hay marcha atrás desde hace varios capítulos. Pero ayer, con las palabras de Santilli, escaló a un nivel inusual, que no se había planeado.

En Gobierno dicen que el ministro coordinador se mandó solo y que nadie le había pedido ni había autorizado que planteara la renuncia de la vicepresidenta. De hecho —remarcan— si hubiese sido una decisión política, la habrían intentado aplicar mucho antes. “No fue algo planeado, lo dijo porque se lo preguntaron“, reconocieron en Balcarce 50, donde no van a insistir con el planteo o llevarlo a la acción, pero tampoco van a desautorizar a Santilli.

De hecho, deslizaron, el recientemente nombrado jefe de ministros tiene el respaldo tácito de Javier y Karina Milei en esta cruzada. “Ella (por Villarruel) es anti democrática diciendo que el Presidente está loco”, sostuvieron en el entorno del jefe de Estado.

“Diego está en su rol de defender al Presidente y Villarruel salió a dudar de su salud mental”, lo justificaron en la Jefatura de Gabinete. “Lo antidemocrático es que la vicepresidenta conspire contra la investidura presidencial. Si hay alguien que no puede hablar de lo democrático es ella… menos con los personajes que la rodean”, agregaron.

En el Gobierno reconocen que la frase de Santilli no estaba en ningún libreto y que la narrativa estaba planeada en torno a instalar la reforma del Banco Central como el primer capítulo de la campaña 2027.

El desvío de agenda fue para varios funcionarios el verdadero costo de las declaraciones de Santilli. Que, si bien expresó un consenso implícito dentro del oficialismo, puesto en palabras de un funcionario de su peso generó una imagen negativa en torno al respeto a la institucionalidad. El histórico problema de Milei es que, como él, Villarruel fue electa por mandato popular. Por lo que la gravedad de pedirle la renuncia equivale a la de pedirle que renuncie al Presidente.

Además, el exabrupto de Santilli le dio a la vicepresidenta algo que hasta ahora no tenía: la marca de víctima. Con Villarruel ya posicionada como una referente opositora para la Casa Rosada de cara a 2027, la posibilidad de que apareciera como blanco de un pedido de renuncia le regaló, sin que nadie lo planificara, el rol de damnificada frente a un Poder Ejecutivo que la ataca. Un lugar que, hasta el jueves, no tenía.

La respuesta de Villarruel llegó horas más tarde, sin mencionar a Santilli por su nombre pero con destinatario inequívoco. “Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió en X. Y agregó: “Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”. El posteo confirmó, en los hechos, el diagnóstico que circulaba puertas adentro del Gobierno horas antes: lejos de retroceder, Villarruel usó el mismo lenguaje que Milei suele reservar para sus adversarios —“casta”, “parásitos”— para devolverle la acusación a quien se la había hecho, y volvió a instalarse en el lugar de la que responde a un ataque, no la que lo provoca.

Con el respaldo de la cúpula, lejos de bajar el tono, ya entrada la noche del viernes Santilli redobló la apuesta. Repitió su frase de la mañana y agregó: “Que arme su partido y compita”.

En la “Santineta”, donde ya no ocultan el entusiasmo por la candidatura bonaerense en 2027, algunos temen que su jefe se ensucie en el barro de la política libertaria y lamentan que tenga que desperfilarse hacia las formas poco sutiles de La Libertad Avanza.

Santilli ya había tenido un aparente gesto de rechazo con Villarruel, que quedó capturado en video en el acto el 9 de julio en Tucumán, durante la vigilia, donde pareció evitar saludarla adrede. En su entorno lo exculparon y aseguraron que no lo había hecho adrede. “Él no haría una cosa así, no es su estilo”, aseguraron.

Esta vez, no hay dudas de que Santilli arremetió con artillería pesada contra la vicepresidenta a conciencia. De hecho, sus declaraciones contrastaron con los habituales cuidados a la hora de referirse a PRO o con la orden que bajó a su equipo de que eviten a toda costa meterse en la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo.

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El Gobierno se prepara para enviar al Congreso un nuevo paquete de leyes para desregular y suprimir leyes relacionadas a la actividad económica y productiva.

Desde que asumió como ministro de Desregularización, Federico Sturzenegger ha tenido en la mira la eliminación de los diferentes institutos de promoción. Así fue que el gobierno de Javier Milei avanzó sobre una amplia cantidad de institutos y organismos vinculados a esta actividad mediante el DNU 70/23, la Ley Bases y decretos. Y ahora va por más con el argumento de reducir la intervención estatal y fomentar la competencia en sectores como la energía, la cultura y el agro.

En el nuevo megaproyecto que prepara el ministro al que Milei apodó “el coloso” y que llegaría al Congreso de la Nación, el funcionario vuelve a apuntar a los institutos de promoción y desarrollo entendiendo que los mismos atentan contra la liberalización del mercado económico local. El problema que va a enfrentar es que en este caso impacta en institutos que operan en provincias gobernadas por aliados a la Casa Rosada, lo que podría complicar que esos gobernadores que hasta ahora dieron los votos de sus diputados y senadores acompañen en este caso.

En esta nueva edición de los megaproyectos —algo que desde el Congreso supuestamente rechazan tratar pero que el oficialismo tiene como estrategia parlamentaria desde que asumió— incorpora ahora la derogación de la Ley 26.020, Régimen de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP); la Ley 23.149 que creó mecanismos de promoción y control vinculados a la actividad vitivinícola; la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola y financiada mediante aportes obligatorios del sector. La derogación implica además la liquidación de la corporación.

También deroga parte de la Ley 25.507, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), eliminando parte del sistema de financiamiento obligatorio del instituto, incluyendo los artículos 16 y 17.

La derogación implica, además, la liquidación de la corporación, medida que marca un antes y un después en la organización interna del sector.

Estas medidas que se esperan ingresen junto a un paquete que incluye la eliminación de otras normas —como la Ley 25.542, de Defensa de la Actividad Librera y la Ley 23.316, de Doblaje— en un megaproyecto de 349 artículos, se suman a otras medidas tomadas en los últimos dos años.

En total, entre julio de 2024 y julio de 2025 el gobierno disolvió, fusionó o reformuló 101 organismos públicos, según el propio Ministerio de Desregulación. La cifra no incluye las medidas tomadas antes de ese período ni las previstas en el anteproyecto de desregulación enviado al Congreso en 2026.

Hasta ahora, el Gobierno eliminó el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), Régimen de promoción industrial (Ley 21.608); Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales; Programas de promoción PyME (incluyendo agencias regionales de desarrollo productivo, programas de certificación de calidad, apoyo tecnológico y exportación); Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven y los Regímenes de promoción sectorial agropecuaria — derogados los de ganadería ovina, llamas, gusano de seda, actividad caprina, ganadería bovina en zonas áridas, búfalos de agua y producción algodonera.

Hasta el momento, se suman numerosas instituciones que fueron eliminadas, fusionadas o reformuladas en el marco de la política de desregulación.

A este grupo se le suma otro que fue desfinanciado o que se le eliminó la capacidad de mediar entre los diferentes sectores, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Yerba Mate, entre otros.

Máximo Kirchner volvió a abrir la puerta de una relación que está rota. Dio una nueva señal para volver a entablar el diálogo político con Axel Kicillof. Aunque también haya sido quien cerró esa posibilidad el día que, desde Parque Lezama, le apuntó sin nombrarlo y aseguró que el peronismo no necesitaba un candidato por default que hablara de unidad, pero que no visitara a Cristina Kirchner.

El líder de La Cámpora mandó un mensaje al campamento kicillofista que tuvo distintas interpretaciones. Para algunos fue un paso valioso en el medio de la interna inagotable que subsiste en el territorio bonaerense. Un pequeña muestra de que no todo está perdido. Para otros fue más de lo mismo. Un mensaje encriptado, sin futuro y con una tentación de fondo: que el Gobernador se someta a las formas y pareceres del cristinismo.

Lo cierto es que Kirchner fue concreto y claro cuando, durante una entrevista en C5N, le preguntaron sin tenía diferencias ideológicas y programáticas con el mandatario bonaerense. Negó rotundamente que así sea y aseguró que es Kicillof el que debe dar el primer paso para volver a entablar el diálogo. Lo dijo a su forma, dejando en el aire otros mensajes subliminales.

“No. Estoy convencido que no. Compartimos el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Es el Gobernador y el presidente del PJ de la provincia. No creo que él tenga diferencias. Lo conozco. Fue ministro de Economía de Cristina. Hemos dado la pelea juntos contra los fondos buitres. Lo he destacado siempre. No sabría explicarlo”, sostuvo.

Kirchner aseguró que “no hay una pelea en el conurbano” y que solo “puede haber cruces de declaraciones”. También señaló a Kicillof al marcar que “hubo gente que adelantó una pelea que no entendí mucho”. Esa pelea a la que se refiere es por el formato de la candidatura y el rol de la ex presidenta. Decidido a competir por la presidencia, Kicillof no quería llegar al 2027 esperando la bendición de Cristina Kirchner y ser condicionado por el dispositivo cristinista en la etapa de definiciones. Por eso libró una discusión profunda contra quien lo hizo crecer. La historia del peronismo.

“Todas las veces que me convocaron a dialogar y a charlar, fuí. No puedo entrar a lugares sin que me inviten. No soy el gobernador ni el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Soy un diputado nacional. Estoy preparado para dar discusiones internas, siempre y cuando, esos debates no tengan que ver con los microposicionamientos de dirigentes que crecen con la división”, planteó.

En el cristinismo consideran que la pelota la tiene Kicillof. Que es él, por el rol que ocupa, como precandidato a presidente, gobernador bonaerense y titular del PJ provincial, el que debe construir los puentes para tratar de forjar la unidad del peronismo. Ese es el mensaje que emiten en el entorno del dirigente camporista desde hace tiempo y el que el propio legislador puso de manifiesto durante la entrevista televisiva.

En el círculo más chico de Kicillof fueron tajantes sobre el mensaje de Kirchner: “No significa nada”. No les movió un músculo. Esa reacción tiene que ver con el sentimiento que los atraviesa. La desconfianza creciente aplastó cualquier posibilidad de creer en la vocación acuerdista que planteó el hijo de la ex Jefa de Estado.

No le creen. Y no confían. No ven futuro en esa relación. Tampoco ven presente. Solo divisan las heridas del pasado reciente. Sin embargo, en La Plata suelen decir que cuando haya que sentarse a hablar de temas puntuales y de interés para la mayoría del espacio, lo harán.

“La relación está muy rota y no hay manera de que ocurra algo bueno en el corto plazo. Hay un desgaste en Axel por todo lo que viene pasando desde hace tiempo. El día que tome la iniciativa, como ellos quieren, lo van a cagar igual. No hay manera”, sostuvo uno de los principales dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). En el kicillofismo creen que no hay otra forma de llegar a un acuerdo, que no sea legitimándolo a través de los votos. La supremacía con respaldo popular es la única que puede mantener la convivencia en orden.

La unidad frente a las señales de alerta en el Gobierno

Por fuera de la interna entre los Kirchner y Kicillof, en gran parte del peronismo están decodificando los mensajes de la sociedad a través de las encuestas que salieron a la luz en las últimas semanas. Dos de ellas marcaron la agenda política en los últimos cuatro días. Una es el prestigioso índice de confianza en el Gobierno, que publica la Universidad Torcuato Di Tella y que marcó una caída del 6,5% respecto a junio.

La tendencia negativa para el gobierno de Milei se mantuvo durante todo el 2026, con la excepción del mes de junio, donde cortó ese derrumbe. En enero hubo una caída del 2,8%, en febrero del 0,6%, en marzo del 3,5%, en abril del 12,1% y en mayo 1,6%. En junio hubo una suba del 3,9%. Los datos son malos para la Casa Rosada y una señal para la oposición, que está inmiscuida en sus propios conflictos y divisiones, pero que entiende que el tiempo pasa y deben construir una alternativa con cierta rapidez.

En el peronismo evitan caer en la tentación de plantear una salida segura del Gobierno en las próximas elecciones, pero ven un margen más claro para llegar competitivos a los comicios. El orden la macroeconomía ha sido un éxito, pero la microeconomía no remonta. Los sueldos no crecen al ritmo de la inflación y el consumo tampoco. Las pymes siguen cerrando, la industria no deja de caer y la construcción no se reactiva. Al comercio le va muy mal. A las textiles, peor. El peronismo ve ese panorama y ve que, a esta altura del calendario, no tiene la capacidad de constituir una opción seria. Ahí está el dilema. Los datos de la realidad empujan los acercamientos de la política.

El segundo estudio es aún más preocupante para la gestión libertaria. Una encuesta del Instituto Universitario CIAS presentó datos alarmantes para la proyección electoral del gobierno nacional. Uno de ellos es que el 42% de los jóvenes que votaron a Milei, no lo volvería a hacer en la elección del 2027. Se distribuirían entre otras fuerzas opositoras y el voto en blanco.

Del otro lado de la vereda, el 76% de los jóvenes que votaron a Sergio Massa, volverían a votar al peronismo. Y un 24% se distribuiría en el resto de las opciones electorales. Pero el dato más duro tal vez sea el que marca la situación los barrios populares. El 51% de los jóvenes que viven en esas zonas geográficas votarían al peronismo y solo un 20% lo haría por los libertarios.

Sobre un universo encuestado de jóvenes que tienen entre 16 y 24 años, el estudio rebela que el 75% percibe que en los últimos 12 meses la economía empeoró. El 60% dicen que en sus hogares tuvieron que reducir el consumo y el 40% que en sus casas se recortó el consumo de alimentos. El 57% dijo que en sus casas tuvieron que pedir plata prestada para afrontar gastos cotidianos. El panorama es muy complicado.

Entre los dirigentes el peronismo se dan cuenta de la necesidad que existe de construir una alternativa sólida. Aunque no lo hagan público, saben que deben empezar a aportar claridad sobre la edificación opositora. El tiempo de las elecciones se acerca y los conflictos de poder deben dirimirse con lucidez. En algún momento la interna tiene que terminar. Lo demandan los propios dirigentes del peronismo, pero también una parte importante de la sociedad, que no quiere votar a Milei pero que no tiene una alternativa clara en la que confiar.

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