La jubilación y la pensión vuelven a actualizarse en julio y el nuevo valor impacta directamente en los haberes de millones de beneficiarios. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó el aumento mensual por la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

El incremento alcanza a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la PUAM y asignaciones familiares. El porcentaje definitivo quedó en 2,15%.

El aumento confirmado para jubilados en julio es del 2,15%. Ese porcentaje se aplica sobre los haberes previsionales y surge de la movilidad mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de mayo.

El Gobierno nacional oficializó la actualización mediante la resolución 186/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El ajuste se fundamenta en la Ley N° 26.417 y en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24, que sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241 estableciendo que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional.

De cuánto es la jubilación mínima y máxima que se cobra en julio 2026

La resolución también establece las bases imponibles mínima y máxima para el período devengado julio de 2026. El valor mínimo será de $138.757,90, mientras que el máximo ascenderá a u$s4.509.567,41.

Con esta actualización, el haber mínimo llega a $411.989,33. Ese monto corresponde al básico de julio para quienes se ubican en el tramo más bajo del sistema previsional.

A ese valor se suma el bono extraordinario previsional de $70.000, destinado exclusivamente a jubilados y pensionados de menores ingresos que no superan el umbral del haber mínimo. De esta manera, quienes cobran la mínima y acceden al refuerzo completo llegan a un total de $481.989,33.

El bono no modifica el haber mensual de base. Se paga como adicional y, por eso, el aumento por movilidad se calcula sobre la jubilación, no sobre el total integrado por haber más refuerzo.

La jubilación máxima también se actualiza por movilidad. Con el aumento de julio, el haber máximo queda en $2.772.298,06, sin bono adicional.

El refuerzo de $70.000 está reservado exclusivamente para los beneficiarios de menores ingresos que no superan el umbral del haber mínimo.

La Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $188.466,31 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $329.591,46 a partir de julio de 2026.

Cuánto cobran los beneficiarios de la AUH en julio 2026

Las asignaciones de ANSES también tienen aumento en julio de 2026. La actualización alcanza a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares del SUAF y las prestaciones por hijo con discapacidad.

El Gobierno dispuso por la Resolución 187/2026 un incremento del 2,15% sobre los límites, rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiares. El aumento alcanza tanto a trabajadores registrados en el sector privado y público nacional, como a beneficiarios del seguro de desempleo, monotributistas, titulares del SIPA, pensiones no contributivas y la PUAM.

La AUH queda en $148.049 por hijo. Como todos los meses, ANSES paga de forma directa el 80% de la prestación, por lo que el monto mensual a cobrar es de $118.439,20.

El 20% restante queda retenido y se liquida más adelante, cuando se cumple con la presentación de la Libreta AUH. Esa retención equivale en julio a $29.609,80 por hijo.

La asignación por nacimiento se fijó en $86.295 en todo el país, mientras que la adopción asciende a $515.930 y el matrimonio a $129.209, con valores idénticos en todas las zonas geográficas.

Tope de ingresos para acceder a las asignaciones familiares

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es el establecimiento de un tope individual de ingresos para el acceso a las asignaciones familiares. La percepción de un ingreso superior a $3.034.844 por parte de cualquiera de los integrantes del grupo familiar excluye automáticamente a ese grupo del cobro de las asignaciones.

Esta exclusión opera aun si la suma de los ingresos del grupo no supera el límite máximo fijado en los anexos de la resolución. El criterio busca focalizar el beneficio en los hogares de menores recursos.

Cuándo cobran jubilados y pensionados en julio 2026

ANSES pagará los haberes de julio según la terminación del DNI. Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán primero, dentro del tramo inicial del calendario mensual.

Para este grupo, el dato central es el nuevo piso previsional. La jubilación mínima de julio queda en $411.989,33 y el total con bono completo alcanza los $481.989,33.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

• DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio
• DNI terminados en 1: viernes 10 de julio
• DNI terminados en 2: lunes 13 de julio
• DNI terminados en 3: martes 14 de julio
• DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio
• DNI terminados en 5: jueves 16 de julio
• DNI terminados en 6: viernes 17 de julio
• DNI terminados en 7: lunes 20 de julio
• DNI terminados en 8: martes 21 de julio
• DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

• DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
• DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
• DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
• DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio
• DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

El calendario completo está disponible en la página oficial de ANSeS. Los beneficiarios pueden consultar fechas y montos con número de CUIL en Mi ANSES.

Frigorífico General Pico, la empresa de la familia Lowenstein, vinculada al origen de las hamburguesas Paty, retomó su producción tras más de seis meses de parálisis total. Luego de su venta frustrada a un holding europeo, la empresa recuperó su actividad de la mano de un grupo local, a la vez que reincorporó a más de 400 trabajadores que permanecían suspendidos en su planta de Trenel, en la provincia de La Pampa.

El nuevo operador de la compañía es el Frigorífico Gorina, uno de los mayores exportadores de carne vacuna de capitales exclusivamente argentinos. La firma tomó la conducción de la planta mediante un contrato de alquiler por tres meses, renovable, en el marco del concurso preventivo que el frigorífico General Pico atraviesa desde marzo.

Los dueños y accionistas históricos de Frigorífico Gorina son los hermanos Carlos y Roberto Riusech, representantes de la tercera generación familiar de la empresa. La firma ocupa un lugar de peso en el sector, ya que se ubica detrás de Swift Argentina —líder en volumen de faena y exportación— pero se posiciona como el mayor exportador del rubro con capital exclusivamente nacional. El Grupo Lequio completa el podio de los grandes jugadores del sector.

Dardo Loza, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de La Pampa, fue quien confirmó públicamente la novedad y aportó los detalles del acuerdo. “Tiene un alquiler por tres meses que lo van a ir renovando”, dijo el dirigente, y precisó que la firma “comenzó a trabajar la semana pasada”. Sobre el plazo trimestral, Loza explicó que responde a que “hay cuestiones legales que hay que resolver con el Directorio”, en alusión a las instancias judiciales propias del concurso preventivo. El sindicalista también salió a desmentir versiones que reducían la cantidad de reincorporados: “No son 200 personas que están trabajando”, aclaró, y afirmó que se trata de “450 compañeros que ya ingresaron a trabajar”.

Como condición previa al regreso del personal, la empresa regularizó la deuda salarial acumulada durante los meses de parálisis: abonó los haberes correspondientes a parte de abril y a la totalidad de mayo. Recién con esa deuda saldada se habilitó la vuelta a la actividad. Infobae intentó comunicarse con voceros de la compañía que no respondieron respondió al momento de cierre de esta nota.

La planta opera con una faena de alrededor de 400 cabezas diarias, destinadas tanto al mercado interno como a la exportación, con proyección de aumentar ese volumen de forma gradual hasta estabilizar la actividad en las próximas semanas. Toda la producción se concentra en Trenel; la instalación de General Pico permanece inactiva. Los activos de esa planta —infraestructura, equipamiento y habilitaciones internacionales— son los que el propio comunicado de los Lowenstein identificó como el principal activo productivo de la empresa y la base sobre la que se apoya la eventual recuperación.

La crisis de Frigorífico General Pico se fue profundizando a lo largo de varios meses hasta llevar a la empresa al borde del colapso. A fines del año pasado, la compañía suspendió a la totalidad de sus 450 empleados y redujo al mínimo su actividad ante el deterioro sostenido de sus finanzas. En los meses siguientes, desvinculó a 194 trabajadores distribuidos entre sus tres plantas en la provincia: alrededor de 156 en la localidad de General Pico, unos 30 en Trenel y ocho en Arata. El plantel quedó reducido a poco más de 250 personas, todas ellas en un limbo laboral que se extendió por meses.

El cuadro financiero era grave. La empresa acumuló una deuda superior a los $34.000 millones y registró más de 1.186 cheques rechazados por casi $16.000 millones, lo que evidenciaba la imposibilidad de sostener la cadena de pagos. Las exportaciones habían caído, los costos internos se dispararon y los efectos de la última devaluación golpearon de lleno la estructura de costos de la firma.

Ante ese panorama, en marzo de 2026 Ernesto “Tito” Lowenstein y su hijo Alan Lowenstein —al frente de una empresa cuya historia se remonta a la participación de Tito como accionista de Quickfood en 1960, el frigorífico creador de la marca Paty— solicitaron la apertura del concurso preventivo. En el comunicado oficial, los directivos describieron el proceso como una herramienta para “blindar de la mejor manera posible la continuidad de la empresa, preservar las fuentes de trabajo y encauzar de forma ordenada su situación financiera”.

El texto también apuntó directamente contra un grupo financiero que era a la vez accionista y acreedor de la compañía, al que responsabilizaron por el fracaso de las negociaciones previas. Según el comunicado, ese grupo bloqueó todas las propuestas que se pusieron sobre la mesa, entre ellas una alternativa de leasing a ocho años por cerca de USD 40 millones y otras ofertas de resolución inmediata al contado. La acusación fue explícita: el grupo priorizó “el recupero de su crédito contrariando el interés social”, sin presentar propuestas superadoras. Esa obstrucción fue, según los Lowenstein, la que terminó por cerrar el camino a una solución extrajudicial.

Con el proceso concursal abierto y la planta paralizada, la búsqueda de un operador que pudiera hacerse cargo de la operación derivó en el acuerdo con Gorina.

Si bien no va a cumplir con aquella promesa, simbólica o no, de dinamitar el Banco Central (BCRA), el gobierno de Javier Milei se prepara para cambiar sus funciones. La Carta Orgánica de la autoridad monetaria, instrumento esencial de la política monetaria, tuvo su última reforma en 2012, en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y hacia allí apunta el gobierno, según explicó el propio Presidente durante una reunión con legisladores oficialistas en la que se repasaron las prioridades de la agenda parlamentaria.

La reforma del 2012, impulsada por la presidenta del BCRA de entonces, Mercedes Marcó del Pont, dispuso diversos cambios. El kirchnerismo puso especial énfasis en modificar el artículo 3, que establecía como “función primaria y fundamental” de la entidad “preservar el valor de la moneda”. Esa función se reemplazó por un mandato múltiple que sumó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Con ello, se aspiraba a que el rol del Central no se limite a contener la inflación sino que tenga también obligaciones que la orienten a fomentar el crecimiento de la economía y promocionar el empleo, pese a existir otros organismos del Estado a cargo de esas tareas. Tal fue el impulso a esa idea, que Marcó del Pont mandó a cambiar el cartel montado en el ingreso al edificio de Reconquista 266 con el antiguo artículo 3 para que pudiera leerse el nuevo.

Los años posteriores no trajeron ni inflación baja ni desarrollo con equidad. Pero si fueron testigos de una consecuencia de fondo de la nueva Carta orgánica -menos anunciada pero más utilizada- que fue el cambio del artículo 20 dedicado a los adelantos transitorios. Se trata de una herramienta crucial para que el Banco Central financie al Tesoro con emisión monetaria. Antes de la reforma, los adelantos transitorios se otorgaban por un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, a lo que podía sumarse un 10% de la recaudación obtenida por el Gobierno nacional en el último año.

La reforma del kirchnerismo elevó esos topes y añadió otro 10% de la recaudación del último año con “carácter excepcional”. También eliminó la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo al Poder Ejecutivo utilizar los adelantos transitorios para cualquier destino.

De ese modo, siguiendo el principio impulsado por Marco del Pont de que el BCRA debía financiar al Tesoro como función primordial, en 2012 se inició un proceso de llevar al límite los fondos que el Central le giraba al Gobierno. Como contrapartida, el Banco Central debía emitir sus propios títulos para esterilizar esos fondos y atenuar el impacto inflacionario. Así comenzó el crecimiento de los pasivos remunerados del BCRA, que derivaron en consecuencias posteriores.

Otros aspectos de la reforma establecían que el Banco Central deberá actuar “en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional”, para reducir su margen de independencia.

Si bien el actual gobierno ya limitó de hecho la independencia del Central, y aún sin conocerse los detalles de la contrarreforma que propone Milei, se espera que la iniciativa busque reducir la capacidad de emisión monetaria, ampliada por la reforma de 2012 para cubrir el déficit fiscal, especialmente en contextos de restricción o ausencia de financiamiento.

En su presentación ante la Fundación Faro la semana pasada, Milei propuso volver a la Carta Orgánica previa a 2012. “¿Qué podemos pretender de alguien de un Banco Central kirchnerista?“, afirmó el Presidente.

”La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper. Pero, lo que quiero decir es que el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, decía que era misión fundamental del Banco Central de la República Argentina defender el valor de la moneda. Parece que no les salió, le sacaron 13 ceros», sentenció Milei.