POLITICA
Nueva protesta de movimientos sociales y sindicales contra el Gobierno: marcharán por el endeudamiento familiar
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, y la CTA Autónoma marcharán este jueves 20 de agosto al Palacio de Hacienda para reclamar soluciones ante el sobreendeudamiento de millones de familias argentinas, en lo que constituye un nuevo mojón conjunto entre las organizaciones sociales y sindicales frente al gobierno de Javier Milei.
La concentración partirá a las 14:00 desde dos puntos centrales: Paseo Colón y Estados Unidos y la intersección entre las avenidas Independencia y Paseo Colón y la Avenida Independencia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250. El reclamo apunta a visibilizar la situación de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos.
En el comunicado que convoca a “una masiva movilización”, la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, describen: “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida. Por eso movilizamos el próximo 20 de agosto en unidad de lucha al Ministerio de Economía junto con la @cgtok @cta_autonoma @cta”.
El telón de fondo de la protesta es una crisis de morosidad sin precedentes en la historia reciente del país. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En términos absolutos, 5,8 millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días, lo que representa un aumento del 132% desde febrero de 2024. La situación es aún más grave en el sector de las fintech y billeteras virtuales, donde la morosidad alcanza al 33% de los deudores, según un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) precisó que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026, mientras que en los monederos electrónicos saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo período. “Cuando le preguntÁs a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”, señaló Hernán Letcher, director del CEPA, en declaraciones al medio español elDiario.es. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% aún mantiene deudas activas.
Un sondeo de la consultora Management & Fit anticipado por Infobae reveló que más del 50% de las familias argentinas atraviesa dificultades de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal. Incluso, desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, aliado del gobierno— se reconoció que las familias no se endeudan para financiar bienes durables o inversiones, sino para cubrir gastos cotidianos de supervivencia.
La frase que encendió la controversia
La movilización tiene un blanco político concreto: la posición del Gobierno nacional, que descartó toda intervención estatal en la crisis. El presidente Milei fue el primero en marcar el tono. El domingo 2 de agosto, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+, el mandatario rechazó cualquier asistencia pública a los deudores con una pregunta que se volvió el eje del debate: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”.
Al día siguiente, en diálogo con Radio Mitre, Milei ratificó esa postura y definió la situación como “una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. El ministro de Economía, Luis Caputo, siguió la misma línea días después, durante una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde descartó medidas extraordinarias y afirmó que se trata de “un tema entre privados”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, cerró el ciclo de declaraciones oficiales el 11 de agosto con un mensaje dirigido a los deudores: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.
Frente a esas declaraciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a contraatacar el 8 de agosto con un informe titulado “La culpa es de Milei”, en el que su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expuso que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años. “La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”, afirmó Kicillof, y rechazó la tesis de la responsabilidad individual al señalar que el fenómeno se extiende en todas las provincias, todas las edades y ambos géneros.
Proyectos legislativos en el Congreso
La crisis también llegó al Congreso de la Nación, donde distintos bloques de la oposición presentaron cerca de una treintena de iniciativas legislativas. Una de las propuestas más concretas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Teep, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas a través de una línea de crédito de la ANSES, destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas. El proyecto fija créditos de hasta 1,5 millones de pesos, con un costo financiero total limitado a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales, y establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.
Otra iniciativa, con respaldo de legisladores de distintos partidos, contempla una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, planes de pago extendidos de hasta 60 meses y una tasa preferencial para quienes estén en situación de mora. Algunos proyectos van más lejos y proponen la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), que permitiría identificar y asistir de forma diferenciada a quienes contrajeron deudas para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos. En el Senado, otra propuesta busca quitas de intereses y planes de pago de hasta 60 meses para familias en mora.
En paralelo a las iniciativas parlamentarias, la Fundación Alameda y más de 40 organizaciones de todo el país lanzaron una campaña de recolección de firmas para exigir que el Congreso trate una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. “¿Por qué esa misma decisión política no puede ponerse al servicio de quienes se endeudaron para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos o evitar que les corten la luz, el gas o el agua?”, planteó Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda y ex legislador porteño.
La UTEP amplía su frente de acción
Para los movimientos sociales y las asociaciones gremiales la marcha del 20 de agosto no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de un plan de lucha que busca articular a la central obrera con sectores populares para protestar contra las políticas del gobierno libertario. “El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal.”
Después de la acción del jueves, la UTEP continuarán su plan de movilizaciones con una concentración cuando delibere el Consejo del Salario Mínimo —aún sin fecha confirmada—, una participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria el 2 de septiembre y acciones de acompañamiento a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre próximo, ocasión en la que UTEP y la CGT convocarán a sumarse a la misa que se oficiará en Luján y buscará una audiencia privada con el sucesor de Jorge Bergoglio, el impulso de la lucha por “las tres T”, tierra, techo y trabajo.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el estratégico sindicato de los colectiveros, afrontará entre el 7 y el 8 de octubre una elección de alto voltaje para definir sus autoridades nacionales. El actual secretario general, Roberto Fernández, buscará revalidar por quinta vez su cargo al frente del gremio, que conduce desde hace 18 años.
A diferencia de las últimas tres veces, Fernández se enfrentará a un escenario inédito: competirán otras tres listas que buscarán desplazarlo. La atomización opositora, sin embargo, favorece al oficialismo. Sus retadores serán Maximiliano Escriba, líder de la seccional Mar del Plata, una de las cinco jurisdicciones que el oficialismo perdió en 2022; Alberto Patiño, actual secretario de Organización que decidió desafiar al jefe, y Claudio Gómez, con raíces en la izquierda.
Las casi dos décadas de conducción de Fernández, que tiene 82 años, se encuentran marcadas por un perfil negociador con las cámaras empresarias, adaptación a los distintos gobiernos y verticalismo interno. Su hegemonía, sin embargo, se pondrá a prueba frente a fallos judiciales sensibles que propiciaron una mayor apertura electoral en la UTA y abrieron paso a los opositores. En las urnas, esas expresiones buscarán canalizar el descontento por el deterioro del poder adquisitivo, de las condiciones laborales y la cobertura médica. Todo en un contexto signado por la caída de los aportes y la crisis de rentabilidad de las empresas del sector.
El sindicato de los colectiveros tiene alrededor de 70.000 afiliados en todo el país y conserva un alto poder de fuego al momento de instrumentar medidas de fuerza por su capacidad para paralizar el transporte público. Con la votación en dos jornadas, prevista para los choferes de larga distancia, la disputa también se replica a nivel regional, ya que se renovarán las autoridades de las 25 seccionales. El oficialismo será el único que tendrá candidato propio en todas las seccionales e intentará revertir el crecimiento de la oposición en cinco distritos: Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy.
Para la pulseada entre la CGT y la Casa Rosada, no parece resultar menor en manos de quién quedará la UTA. Fernández cortó vínculo con la central obrera y, en desacuerdo con el último cambio del triunvirato, ordenó retirar a su tropa del consejo directivo. En paralelo, adoptó una relación diplomática coyuntural con el gobierno de Javier Milei, condicionada por la dependencia de los fondos públicos, que no escaparon a la motosierra de la administración libertaria. En el último trimestre, la UTA viene de acordar un aumento salarial del 10,5% para los choferes de corta y mediana distancia en AMBA. En septiembre, sin contar viáticos, el salario básico quedó en $1.707.175.
Desde enero de 2024, los ingresos en el área metropolitana aumentaron un 181% en términos nominales ante una inflación acumulada que rondó el 246% desde entonces. Esa disparidad impactó en la capacidad adquisitiva de los colectiveros, que ya acarreaban retrocesos significativos, con el pico del 211% del IPC anual en 2023. Pero el escenario más agudo se sitúa en el resto del país, donde las paritarias están atravesadas por acuerdos fragmentados, ingresos básicos congelados por debajo del millón e incumplimientos por las dificultades para trasladar incrementos a las provincias, que ya no disponen del Fondo Compensador del Transporte del Interior.
Dentro del universo sindical, Fernández ha mantenido una pelea crónica con Hugo Moyano y su familia. Asumió la conducción de un gremio de colectiveros golpeado por el escándalo patrimonial protagonizado por su antecesor, Juan Manuel Palacios, quien dejó el cargo en 2006 después de 22 años al frente. Fernández era entonces su secretario adjunto y, lejos de retirarse junto a su mentor político, decidió quedarse para completar el mandato. Aquella decisión fue interpretada como una traición para el moyanismo y un golpe duro a su esquema de alianzas. Palacios era un dirigente de extrema confianza del líder de Camioneros, con el que conformó el ala combativa contra el menemismo en los noventa.
En consecuencia, el clan Moyano respaldó incursiones internas de rivales para intentar desplazar a Fernández de la UTA. El pico de tensión por el control del gremio colectivero llegó en 2019, con la violenta toma de la sede de la calle Moreno por parte de grupos disidentes. Fernández resistió la avanzada desde el techo del edificio y posteriormente acusó a Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros e hijo de Hugo, de haber pergeñado la ofensiva en connivencia con Cristian Jerónimo, titular del sindicato de Empleados del Vidrio y actual integrante del triunvirato que conduce la CGT. Ese antecedente quedó como la razón de la ruptura de Fernández con la central obrera, concretada después de la elección de Jerónimo en noviembre de 2025 .
En las últimas elecciones de la UTA, realizadas en 2022, los Moyano —que siempre negaron haber participado de aquella revuelta— respaldaron abiertamente al principal rival de Fernández, Miguel Bustinduy, a quien también le atribuían una presunta participación en la toma. Fernández se impuso otra vez, mientras que Bustinduy se retiró de la UTA y se refugió en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), el gremio alternativo de los colectiveros que integra la CTA y al que arribó con el grueso de los choferes del Grupo DOTA.
La flexibilización del estatuto
Históricamente, el estatuto de la UTA impuso fuertes trabas para evitar que hubiera oposición, como la obligación de presentar listas completas en todo el país. Esas condiciones, calificadas de “proscriptivas” por sus críticos, dieron origen a un extenso periplo judicial impulsado por Bustinduy con el patrocinio del abogado Leandro Recalde. El proceso recayó en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dio lugar al reclamo y falló a favor de la anulación de artículos claves, con una consecuente flexibilización del régimen electoral del sindicato.
De acuerdo a las decisiones de la justicia laboral a las que accedió LA NACIÓN, quedaron anuladas la obligación de presentar candidatos en todas las seccionales y delegaciones para competir por la conducción nacional, la exigencia de una “carrera sindical” previa y el requisito de haber realizado cursos de capacitación dictados o acreditados por la propia conducción. Además, por primera vez, los afiliados tendrán la opción de cortar boleta, por lo que podrán votar candidatos distintos para la conducción nacional y las seccionales.
Con Bustinduy fuera de la UTA, al frente de la opositora “Agrupación La Palacios” (bautizada así en honor a Juan Manuel Palacios) quedó Maximiliano Escriba, líder de la seccional Mar del Plata, una de las cinco jurisdicciones que el oficialismo perdió en 2022. En esta ocasión, Escriba disputará directamente la conducción nacional como candidato de la Lista Negra. Aunque no contará con la palanca del grupo DOTA, su espacio llega con el mayor despliegue territorial del arco opositor: competirá en 14 seccionales.
La Lista Marrón está encabezada por Alberto Patiño, referente de la “Agrupación 2 de Julio”, una escisión surgida de las propias entrañas de la conducción de la UTA. Patiño rompió con Fernández después de más de una década a su lado. Todavía es el secretario de Organización, considerado el puesto número tres en la jerarquía del sindicato, el mismo cargo que tuvo Bustinduy. En diálogo con este medio, Patiño justificó su ruptura con Fernández por “su gran pasividad frente a la mala situación de los trabajadores”, “su acomodo frente a los distintos gobiernos” y “su afinidad con los empresarios”.
La Lista Bordó representará a la izquierda sindical a través de Claudio Gómez, chofer de la línea 86 y referente de la “Agrupación 460”.
Roberto Fernández,Manuel Casado,CGT,Subsidios a colectivos,Conforme a
POLITICA
El kirchnerismo suma presión para centralizar la discusión electoral en CFK y condiciona el armado del PJ
“Desde el día que inició el camino de la ONU, tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos que entienden que ella puede ser nuevamente”. La definición no da lugar a dudas. Máximo Kirchner reveló en Infobae al Mediodía la segunda parte del planteo que el kirchnerismo venía haciendo hace tiempo sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, que era la decisión de la ex presidenta de tener voluntad de competir en el caso de que lo pueda hacer. El pedido de sus dirigentes por un lado, la aceptación de ella por otro.
Hasta el momento, tanto el líder de La Cámpora como varios dirigentes del kirchnerismo duro, como Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Lucía Cámpora, Oscar Parrilli o Sergio Berni, venían repitiendo su intención de que la ex presidenta sea la candidata del peronismo en el 2027. Pero desde ayer lo que quedó en claro es que ella tiene la voluntad de ser y agotará todos los caminos posibles para lograrlo.
“Si Cristina no está en la boleta, el peronismo pierde mucha competitividad. Su capacidad electoral está vista. Fue tres veces en una boleta. Dos veces como presidenta y una como vicepresidenta. Junto con Juan Domingo Perón son las personas que han ido a elecciones así y han sido electas”, aseguró Kirchner. Y agregó: “Si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK”. No dejó demasiado lugar para múltiples interpretaciones.
El principal y gran limitante sobre ese objetivo es la prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida que pesa sobre la ex mandataria en la condena de la causa Vialidad. Sobre esa situación se apalancó para que sus abogados hicieran una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de que el fallo sea revisado y sea suspendida esa inhabilitación.
“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, dijo CFK el 29 de julio, cuando se comunicó la presentación ante la ONU y su defensa concretó un cambio en la estrategia judicial. Ese giro tuvo, a la luz de los hechos, un anclaje electoral bien claro. La ex mandataria hará lo posible para competir el año que viene.
Los pronunciamientos del Comité no son vinculantes, pero pueden tener impacto político e institucional y suelen ser invocados como antecedentes en discusiones jurídicas posteriores. Si el fallo es considerado, revisado y existe una postura favorable para los intereses de CFK, esa decisión de la ONU podría generar un gran cimbronazo en la política argentina.
“Si Cristina es candidata, es presidenta, gana las elecciones”, dijo algunos días atrás el ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli. Su voz retrata el pensamiento que hay dentro del kirchnerismo desde hace tiempo, pero confronta con el que tiene otra parte importante del peronismo: la seguridad de que CFK es parte del pasado y que la fuerza política tiene que dar vuelta la página respecto a su ciclo político.
Con el pasar de las semanas, y ayer en su pico cumbre, debido a peso específico de la palabra de Máximo Kirchner, el kirchnerismo suma presión para que la ex Jefa de Estado esté en el centro de la discusión electoral del 2027. Si no puede ser candidata, al menos que tenga la mayor influencia posible en las negociaciones donde se ponen sobre la mesa la estrategia política, los lugares y los nombres en la lista, y los acuerdos provinciales.
La semana pasada en el mundo K hicieron girar algunas encuestas que muestran a la ex presidenta con capacidad de competir electoralmente. Es decir, tiene buenos indicadores de imagen positiva y una proyección competitiva ante un eventual balotaje con Javier Milei. Esos números, además del armado político que aún conserva, le dan espalda para mantener su influencia dentro de la discusión política.
Dentro del peronismo advierten que CFK se moverá con decisión para pesar en las decisiones electorales del año que viene. La gran mayoría considera que su sector tiene que ser parte de la alternativa, pero que su nivel de influencia debe ser menor al de otros tiempos. Ya casi nadie quiere al kirchnerismo al mando del proyecto político del PJ. Hay un cambio de ciclo y el peronismo no puede volver a ofrecer una opción con la misma identidad que en el 2019. Esa es la reflexión que atraviesa a algunas vertientes de la coalición Y lo que va a generar fricciones en la etapa final del proceso electoral.
En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay quienes piensan que CFK solo quiere condicionar el crecimiento de Axel Kicillof y tratar de ganar volumen de cara a las negociaciones del año electoral. En el círculo más chico del Gobernador intentan neutralizar la tensión y son concretos respecto al anuncio que hizo Máximo Kirchner. “Que cada uno tenga su estrategia. Lo importante es no joder a los demás y que todo el peronismo pueda acumular”, precisaron a este medio.
La idea que tienen el kicillofismo es esquivar la interna y limitarse a seguir, al pie de la letra, la estrategia trazada en La Plata, que implica darle volumen al MDF, evitar las confrontaciones con otros sectores y seguir ampliando el mensaje de cambio, respecto al modelo de Milei, por distintas provincias del país. El futuro, por el momento, está lejos de CFK y de una construcción asociada para fortalecer la alternativa peronista en el 2027.
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POLITICA
El Gobierno reunirá a la mesa política para ordenar la agenda legislativa antes de la gira presidencial a París
El Gobierno reunirá este martes a la mesa política para ordenar la agenda legislativa antes de la gira presidencial que protagonizará Javier Milei en París junto a varios de sus funcionarios y un grupo de 13 gobernadores clave para las negociaciones en el Congreso.
Al igual que en las últimas semanas, el encuentro en las oficinas del extinto Ministerio del Interior se celebrará a las 13 con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza. Como es habitual, fueron convocados el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional, Eduardo Menem; el asesor Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
En la última edición del martes pasado, el grupo se reunió para dar por cerrado el conflicto público que se desató entre Bullrich y otros integrantes del Ejecutivo, entre ellos Santilli y el ministro de Economía, por los sorpresivos recortes que se incluyeron en el Presupuesto 2027.
En ese sentido, si bien no volvieron a reunirse desde entonces, el propio Javier Milei buscó desactivar las tensiones este domingo en una entrevista donde calificó de “excelente” su relación con la senadora porteña y aseguró que las diferencias internas son bienvenidas en su Gabinete.
“Lo bueno de este Gobierno es que hay distintas miradas y eso nos permite componer una estrategia mejor. Cuál es el problema”, cuestionó. en diálogo con LN+. Además, reconoció que “a veces puede haber algunas desinteligencias”, como ocurrió con los recortes en Discapacidad, pero le restó dramatismo al asunto: “No es la muerte de nadie. Lo trabajará el Congreso”.
En ese contexto, la mesa política se reunirá este martes con una agenda abierta donde los principales estrategas del oficialismo repasarán el escenario legislativo en el Congreso, además de abordar los detalles del inminente viaje a París.
Por un lado, la Cámara de Diputados avanza esta semana con discusiones en comisiones para tratar los proyectos referidos al endeudamiento familiar y morosidad, mientras en paralelo el oficialismo inicia el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
A su vez, el Gobierno logró un dictamen propio para reemplazar la ley de emergencia en Discapacidad que vence a fin de año, un tema que podría discutirse en las próximas semanas. Mientras tanto, los bloques discuten internamente el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno apunta a comenzar a discutir en comisiones en dos semanas y tratarlo en el recinto recién en noviembre. También está pendiente de tratamiento la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que fue aprobada con modificaciones en el Senado y necesita la revalidación de la cámara baja.
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