El día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, el gobierno nacional reflexionó y relativizó el impacto efectivo que la movilización puede tener en la realidad.

“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Las palabras son de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien así quiso dejar en claro que la cantidad de gente que se moviliza no modifica de manera real el límite de fondos disponibles.

El funcionario afirmó que la capacidad del Estado para aumentar el financiamiento universitario en realidad responde a la legislación vigente y a los fondos ya asignados en el presupuesto nacional, más allá de la presión social.

“La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, indicó antes de explicar que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, queda sin efecto según la normativa vigente: “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”.

Marchas, política y legitimidad democrática

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, indicó Álvarez en declaraciones a Radio Mitre. “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, enfatizó.

En ese sentido, Álvarez remarcó que las recientes movilizaciones “no es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por los partidos opositores”. Para fundamentarlo, mencionó especialmente al “vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres”, a quien definió como “un político profesional que se presenta como profesor”.

Además, el subsecretario también criticó la contradicción de defender el ingreso irrestricto a la universidad, a la vez que en la institución dirigida por Torres existen cupos impuestos por amparos judiciales.

En la misma entrevista, Álvarez cuestionó los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades. “El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, subrayó, pero indicó que existe una “desvirtuación completa”, ya que parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.

Al respecto, marcó las distorsiones que provoca la existencia de carreras con uno o dos estudiantes y varios docentes. “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios”, ejemplificó. Para Álvarez, trasladar recursos a carreras de mayor demanda, como puede ser la de Ingeniería, tropieza con resistencias internas.

El funcionario precisó que la asignación presupuestaria vigente “carece de reglas aplicadas para la distribución del presupuesto. Hace 40 años que es así”. De inmediato, aseguró que el objetivo es implementar “indicadores objetivos” para mejorar el uso de los fondos públicos, priorizando áreas estratégicas.

Entre los datos destacados, Álvarez mencionó que un graduado en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional le cuesta al Estado cincuenta millones de pesos. En contraste, un artista egresado de la Universidad Nacional de las Artes demanda cuatrocientos veintitrés millones. “Si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir cuatro mil trescientos millones”, ejemplificó.

A su vez, consideró fundamental repensar el sentido social de la universidad. “El objetivo de los hospitales escuela, el objetivo de la atención primaria en las universidades, es formar a los médicos… No la función infinita, porque nuestra función no es dar salud, es generar graduados”, afirmó.

Cupos, ingreso y estudiantes extranjeros

En relación al acceso a la universidad, Álvarez señaló: “El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar”. Por eso, planteó la necesidad de discutir el sistema de admisión y valoró los modelos de examen de ingreso obligatorio y sistema de cupo que se aplican en otros países.

Sobre el arancelamiento a extranjeros, Álvarez sostuvo: “Hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y, sin embargo, la universidad no lo hace, a pesar de que en algunas carreras es significativa la cantidad de extranjeros”.

Luego planteó que, en muchos casos, estudiantes extranjeros cursan la carrera en Argentina y luego regresan a su país de origen. “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, expresó.

En ese marco, defendió la implementación de sistemas de ingreso selectivo: “Si cambiamos la lógica de derecho absoluto y se empieza a exigir esfuerzo, se revaloriza el lugar obtenido”.

educación,huelga

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este martes en condiciones de resolver la causa contra el gobierno por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto gira alrededor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución el Gobierno cuestiona desde que la vetó parcialmente en 2025 y luego volvió a objetar cuando el Congreso insistió con su sanción. La posición oficial sostiene que la norma no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla.

Con este movimiento, la Corte está en condiciones en emitir sentencia por lo que las expectativas quedan puestas en su próxima reunión de acuerdo, el jueves. Según marca la normativa, en estos casos no es necesario que gire el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión, aunque puede requerirla.

La ley cuestionada establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.

Sin embargo, su implementación fue limitada en la Ley de Presupuesto 2026 y a través de la Decisión Administrativa 20/2026.

Por ese motivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una medida cautelar que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. En respuesta, el Gobierno interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema donde argumentó que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.

Paralelamente, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se liberen las transferencias pendientes. Hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a realizar las erogaciones correspondientes.

Sin embargo, no existen plazos para que se pronuncie el máximo tribunal. Fuentes consultadas confirmaron a TN que la Corte podría rechazar el recurso sin entrar al fondo del asunto, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Si adopta esa postura, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Gobierno a transferir los fondos.

La postura del gobierno tras la marcha universitaria

Pese a la magnitud de la convocatoria, el Gobierno minimizó el peso de la movilización universitaria de este martes y la tildó de una “marcha política” impulsada por el aparato de la oposición. Javier Milei siguió todo desde la Quinta de Olivos y retuiteó mensajes en contra de la protesta, aunque no se expresó de manera directa.

Mientras miles de personas se congregaban en la Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en Casa Rosada insistieron en su postura de que la protesta había sido orquestada para erosionar al Gobierno.

Así lo expresó tras la movilización el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que apuntó contra “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines”.

“Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales, cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble», insistió el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

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