POLITICA
El Gobierno se expresó tras la marcha universitaria: “Podés juntar 5 millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”
El día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, el gobierno nacional reflexionó y relativizó el impacto efectivo que la movilización puede tener en la realidad.
“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Las palabras son de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien así quiso dejar en claro que la cantidad de gente que se moviliza no modifica de manera real el límite de fondos disponibles.
El funcionario afirmó que la capacidad del Estado para aumentar el financiamiento universitario en realidad responde a la legislación vigente y a los fondos ya asignados en el presupuesto nacional, más allá de la presión social.
“La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, indicó antes de explicar que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, queda sin efecto según la normativa vigente: “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”.
Marchas, política y legitimidad democrática
“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, indicó Álvarez en declaraciones a Radio Mitre. “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, enfatizó.
En ese sentido, Álvarez remarcó que las recientes movilizaciones “no es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por los partidos opositores”. Para fundamentarlo, mencionó especialmente al “vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres”, a quien definió como “un político profesional que se presenta como profesor”.
Además, el subsecretario también criticó la contradicción de defender el ingreso irrestricto a la universidad, a la vez que en la institución dirigida por Torres existen cupos impuestos por amparos judiciales.
En la misma entrevista, Álvarez cuestionó los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades. “El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, subrayó, pero indicó que existe una “desvirtuación completa”, ya que parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.
Al respecto, marcó las distorsiones que provoca la existencia de carreras con uno o dos estudiantes y varios docentes. “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios”, ejemplificó. Para Álvarez, trasladar recursos a carreras de mayor demanda, como puede ser la de Ingeniería, tropieza con resistencias internas.
El funcionario precisó que la asignación presupuestaria vigente “carece de reglas aplicadas para la distribución del presupuesto. Hace 40 años que es así”. De inmediato, aseguró que el objetivo es implementar “indicadores objetivos” para mejorar el uso de los fondos públicos, priorizando áreas estratégicas.
Entre los datos destacados, Álvarez mencionó que un graduado en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional le cuesta al Estado cincuenta millones de pesos. En contraste, un artista egresado de la Universidad Nacional de las Artes demanda cuatrocientos veintitrés millones. “Si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir cuatro mil trescientos millones”, ejemplificó.
A su vez, consideró fundamental repensar el sentido social de la universidad. “El objetivo de los hospitales escuela, el objetivo de la atención primaria en las universidades, es formar a los médicos… No la función infinita, porque nuestra función no es dar salud, es generar graduados”, afirmó.
Cupos, ingreso y estudiantes extranjeros
En relación al acceso a la universidad, Álvarez señaló: “El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar”. Por eso, planteó la necesidad de discutir el sistema de admisión y valoró los modelos de examen de ingreso obligatorio y sistema de cupo que se aplican en otros países.
Sobre el arancelamiento a extranjeros, Álvarez sostuvo: “Hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y, sin embargo, la universidad no lo hace, a pesar de que en algunas carreras es significativa la cantidad de extranjeros”.
Luego planteó que, en muchos casos, estudiantes extranjeros cursan la carrera en Argentina y luego regresan a su país de origen. “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, expresó.
En ese marco, defendió la implementación de sistemas de ingreso selectivo: “Si cambiamos la lógica de derecho absoluto y se empieza a exigir esfuerzo, se revaloriza el lugar obtenido”.
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POLITICA
Ley de Tierras: la oposición cuestiona la eliminación de los límites para compradores extranjeros antes del debate en el Congreso
A horas de que el Senado comience a debatir el proyecto que modifica la Ley de Tierras, la oposición endureció sus críticas contra la iniciativa del Gobierno. Tanto el peronismo como la Coalición Cívica publicaron documentos muy duros contra la norma.
En ese contexto, el Partido Justicialista difundió un documento en el que salió en defensa de la Ley de Tierras y cuestionó la iniciativa del oficialismo para modificar el régimen vigente. El texto sostiene que la norma se apoya en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y plantea que la tierra debe ser considerada un “bien natural estratégico, escaso y no renovable”, por lo que requiere una protección especial frente a las reglas del mercado.
Además, el PJ argumentó que las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros tienen antecedentes históricos en la Argentina y recordó que esa orientación estuvo presente en distintas etapas de la legislación nacional, desde el Decreto Ley 15.385 de 1944 hasta la Ley de Tierras sancionada en 2011. Según el documento, esas normas nunca implicaron un desconocimiento del derecho a la propiedad privada, sino que buscaron compatibilizarlo con la defensa del interés nacional.
Como parte de su cuestionamiento al proyecto oficial, el partido también afirmó que la Argentina no constituye una excepción en esta materia. En ese sentido, señaló que países como Brasil, Estados Unidos, Australia, Israel, China y varias naciones europeas cuentan con regulaciones que limitan o condicionan la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, especialmente cuando se trata de recursos considerados estratégicos.
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En paralelo al debate legislativo, la Coalición Cívica difundió un documento de 13 páginas, firmado por Elisa Carrió y dirigentes del partido, en el que cuestiona la reforma impulsada por el Gobierno y advierte sobre sus posibles efectos en materia de soberanía y control territorial. El texto sostiene que “la tierra no es solo un bien económico: también es soporte de jurisdicción, seguridad, presencia pública y continuidad territorial de la Nación” y plantea que la discusión excede la compraventa de inmuebles rurales.
Como conclusión, la Coalición Cívica sostiene que la reforma “coloca el territorio argentino bajo un régimen de disposición política excepcional” y cuestiona que determinadas operaciones puedan quedar sujetas a autorizaciones del Poder Ejecutivo y de los gobiernos provinciales. Para los firmantes, cualquier modificación de la ley debería “procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación” de los recursos considerados estratégicos.
Los detalles del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei
El proyecto que impulsa el oficialismo para modificar la Ley de Tierras forma parte de un paquete más amplio sobre el derecho a la propiedad privada, que también introduce cambios en materia de expropiaciones, desalojos y el régimen aplicable a terrenos incendiados. Sin embargo, el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros concentró la mayor parte de las discusiones durante el debate en el Senado y sufrió múltiples modificaciones durante su redacción.
La iniciativa elimina los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales sobre el territorio nacional, las provincias y los municipios. También suprime el límite de extensión que puede adquirir una misma persona extranjera —equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con variaciones según la región— y deja sin efecto la restricción para la compra de campos que contengan o lindan con cuerpos de agua permanentes y de envergadura.
El Gobierno sostiene que esas restricciones desalientan inversiones y argumenta que la legislación vigente impide el desarrollo de proyectos productivos en distintas regiones del país.
La discusión sobre la Ley de Tierras ya tuvo un antecedente durante el inicio de la gestión de Javier Milei. El Gobierno intentó derogar la norma a través del DNU 70/2023, pero la medida quedó suspendida por una cautelar judicial tras una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). La Cámara Federal de La Plata confirmó esa decisión y el expediente permanece a estudio de la Corte Suprema, por lo que la legislación continúa vigente hasta que exista una resolución definitiva.
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POLITICA
La embajada de Francia celebró los 237 años de la Revolución Francesa y cuestionó el racismo contra su selección
La embajada de Francia celebró un nuevo aniversario por la Revolución Francesa y apuntó contra el racismo que denunciaron que hay contra su selección de fútbol, que es una de las grandes candidatas para quedarse con el Mundial 2026.
En esa línea, el embajador Romain Nadal dio un discurso en donde cuestionó los mensajes racistas que se extendieron durante las últimas semanas contra los jugadores negros del conjunto galo. “Hoy recordamos y reivindicamos que la Bastilla cayó para poner fin a los privilegios de nacimiento, y 237 años después esto se refleja, por ejemplo, en nuestra selección nacional de futbol conformada por franceses de distintos orígenes que defienden una misma bandera”, remarcó en el comienzo de su palabra.
“Los discursos de odio que pretenden denigrar a nuestros jugadores y quienes ven únicamente el color de la piel, olvidan que la República reconoce ciudadanos, no razas, y que defender la diversidad de la selección francesa es recordar que la promesa republicana sigue siendo la misma: una nación donde la igualdad prevalece sobre el prejuicio y donde cualquiera puede representar a Francia si comparte sus derechos, sus deberes y sus valores”, agregó.
El comentario por parte del diplomático llegó después de una serie de publicaciones que se hicieron conocidas en las últimas semanas. Uno de los casos que generó mayor controversia fue el de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien acusó a la selección francesa de “equipo africano”. Finalmente, la representación diplomática en el país la declaró «persona no grata» a la dirigente.
Nadal también aprovechó el discurso para destacar el vínculo histórico entre ambos países y felicitar a la selección argentina. “El fútbol no es solo un deporte, es un puente entre nuestros pueblos. Francia y Argentina tienen dos de los mejores equipos del mundo, como bien lo mostró la final de 2022, dentro de la cancha somos rivales, pero fuera de ella somos dos pueblos unidos por una pasión en común”, señaló. El embajador también recordó los lazos históricos que unen a ambas naciones: la muerte del Libertador José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, el pensamiento de Juan Bautista Alberdi nutrido en los principios republicanos franceses, y la figura de Alexandre Walewski, hijo natural de Napoleón, quien se desempeñó como diplomático en Buenos Aires.
En su discurso, Nadal calificó el balance de la relación bilateral como “muy positivo” e hizo referencia a una serie de acuerdos firmados en el último período. El 28 de junio de 2025, el ministro encargado de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, firmó con el secretario de Minas argentino, Luis Lucero, un acuerdo marco en el sector de los minerales críticos, descripto como fundamental para la transición energética. Meses antes, durante una visita a París, el canciller Pablo Quirno suscribió con su par francés Jean-Noël Barrot un convenio destinado a fortalecer la cooperación científica y medioambiental en la Antártida y a reafirmar el compromiso de ambos países con el Tratado de 1959. A esos acuerdos se sumó uno firmado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques con la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, orientado a facilitar la formación de magistrados argentinos en ese país.
En el plano económico, Nadal destacó que las inversiones anunciadas por empresas francesas desde 2024 ascienden a miles de millones de dólares. Mencionó los casos de Eramet en litio en Salta, Carrefour en gran distribución, Danone y Savencia en la industria agroalimentaria, y Total Energies en Vaca Muerta y Tierra del Fuego. El mes previo al acto, la empresa Louis Dreyfus anunció una inversión adicional de USD 400 millones en Bahía Blanca en los sectores de soja y girasol. El embajador precisó que la presencia económica francesa en Argentina ya supera los 7.000 millones de euros de inversión extranjera directa, con más de 250 empresas y 53.000 puestos de trabajo, y anticipó que la celebración de la “Argentina Week” en París en octubre próximo será una nueva oportunidad para estrechar los vínculos comerciales entre ambos países.
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Por medio del decreto 581/2026, el Gobierno le quitó al asesor presidencial Santiago Caputo áreas que controlaba a través del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, y empoderó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que en la interna oficialista responde a Karina Milei. Los organismos involucrados en el traspaso son el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Correo Oficial.
Hasta ayer, cuando se publicó el decreto, estas tres áreas orbitaban bajo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, liderada por Genua, hombre de confianza de Caputo. Con la medida, el Enacom pasó a depender directamente de Santilli, mientras que Arsat y el Correo quedaron bajo la órbita de Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior y funcionario del riñón del exfuncionario macrista. Así, Caputo perdió el control de las tres áreas.
Según informó Carlos Pagni en , la transferencia de los organismos habría sido pedida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, enfrentados a Caputo en la interna oficialista.
Luego de la renuncia de Manuel Adorni, en medio de un escándalo político y judicial que se extendió durante casi cuatro meses, Santilli asumió el cargo como una figura en la que Karina Milei depositó su confianza, pero que también mantiene un vínculo fluido con Caputo.
Enacom, Arsat y Correo
El Enacom regula el sector de las telecomunicaciones y el de los medios de comunicación audiovisual. Allí reside la decisión sobre la eventual autorización estatal de la fusión entre Telecom y Telefónica, ambas del Grupo Clarín. El presidente Javier Milei se opuso a la compra de Telefónica por parte de Telecom, y calificó la operación como un “abuso de la posición dominante que el Grupo [Clarín] quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones”.
La Autoridad Nacional de la Competencia condicionó un mes atrás la operación entre Telecom y Telefónica: la fusión solo se aprobará si se cumple un conjunto de requisitos. Entre ellos figuran que Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles a un competidor del sector; tendrá la obligación de resignar clientes de banda ancha en favor de otros competidores; y deberá garantizar a un nuevo operador el acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión durante dos años, para así asegurar la continuidad y la calidad del servicio.
Arsat, por su parte, es una empresa de telecomunicaciones que controla un tendido de 36.000 kilómetros de fibra óptica, frente a los aproximadamente 14.000 y 17.000 kilómetros que tienen Telefónica y Telecom, respectivamente. El organismo se encuentra en la lupa de la Justicia en una causa en la que se investigan presuntos sobornos. Está detenido en este caso Facundo Leal, el expresidente de la empresa estatal Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) que cayó preso con millones de dólares y estupefacientes.
Por último, Correo Argentino tiene entre sus funciones la organización del acto electoral y es una de las empresas públicas que el Gobierno busca privatizar.
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