EL CALAFATE.- La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en tanto que admitió la jurisdicción internacional de la justicia argentina.

En un dictamen de alto impacto, la jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en una causa que apunta a frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.

El dictamen de Río Grande da lugar así a la demanda presentada en los tribunales fueguinos la semana pasada —dos días antes de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas—, por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, AAdeAA, y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata, CECIM, quienes reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto petrolero.

El dictamen de la jueza federal Borruto adhiere al dictamen del Ministerio Público Fiscal y destaca desde el aspecto ambiental que el emprendimiento “se emplaza en aguas del Atlántico Sur que por su dinámica oceanográfica, corrientes y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que la degradación denunciada recaería sobre recursos ambientales interjurisdiccionales”.

En cuanto a la infraestructura que se impugna, se refiere a que la misma “se instala materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima de la Nación”; en tanto que sostiene que la controversia excede lo meramente técnico, donde el nudo del debate está enfocado en la defensa de la soberanía nacional como un bien colectivo indivisible, “que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.

Por su parte, a través de un comunicado, el CECIM consideró el dictamen de hoy como “un paso de enorme relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto planteado”, y sostuvo que este reconocimiento resulta central tanto para el Cecim como para la AAdeAA que concurren en esta acción “desde sus respectivas trayectorias institucionales para la defensa de bienes colectivos que aquí aparecen profundamente entrelazados”. “La soberanía aparece jurídicamente vinculada con la protección del territorio, sus bienes naturales y el derecho colectivo de nuestro pueblo a decidir sobre ellos”, señaló el CECIM.

En el marco del proceso, la magistrada dispuso otorgar intervención procesal a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través de su Fiscalía de Estado, con el objetivo de resguardar sus intereses patrimoniales y ambientales del Estado provincial, dado que el proyecto impugnado corresponde a territorio de la provincia según lo establece el artículo 1 de la Ley 23.775 que define que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes”, al igual que las competencias ambientales.

A su vez, resolvió diferir la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas e intimó a los querellantes a presentar en el plazo de 5 días una declaración jurada sobre la inexistencia de otros juicios idénticos, además de las traducciones oficiales al idioma nacional y las copias digitales de la documentación redactada en lengua extranjera.

Mientras esta causa avanza en el Sur, en el juzgado federal 12 -que está vacante y es subrogado por el juez Julián Ercolini– recayó la denuncia penal presentada por el Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y, según explicaron fuentes judiciales a , en las próximas horas se definirá si la causa queda en Comodoro Py o es enviada a Río Grande, Tierra del Fuego.

Con la colaboración de Hernán Cappiello

El proyecto de ley que el presidente Javier Milei anunció en la cadena nacional por Malvinas el jueves pasado todavía no está terminado, según pudo confirmar de distintas fuentes que conocen el devenir del Ejecutivo.

En la Casa Rosada confirmaron que hay cuatro áreas del Gobierno afectadas a la producción del texto, con el asesor presidencial Santiago Caputo -que no tiene nombramiento formal- a la cabeza de la coordinación.

Los principales abocados en la puesta a punto son el asesor Caputo, ideólogo del endurecimiento de la postura del Gobierno sobre la soberanía de las islas, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, que responde al estratega.

A la Legal y Técnica se suman otros tres sectores: la Cancillería de Pablo Quirno y el Ministerio de Defensa, de Carlos Presti; como así también la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Fuentes del oficialismo aseguraron que para ultimar la normativa que se remitirá al Congreso se le dará intervención a la SIDE, que ya elaboró documentos sobre la actividad ilegal que se desarrolla en Mar Argentino.

El Presidente anunció las medidas el jueves pasado, hace casi una semana, subido al fragor por las advertencias de su par estadounidense, Donald Trump, a Reino Unido; aunque basado en un informe preexistente de inteligencia respecto de los movimientos de las empresas extranjeras en el Atlántico Sur.

Para evitar mencionar que el proyecto de ley recién comenzó a gestarse después de los anuncios -tildados de “oportunistas” por la oposición más dura-, voces del Gobierno justificaron el retraso en que la iniciativa es abordada por “muchas áreas” a la vez. Otras admitieron que la Casa Rosada busca prolongar la centralidad que logró Milei, por lo que plantearon que el alargue de los tiempos respondió a mantener el impacto de esta retórica a lo largo de los días, en un asunto de altísima sensibilidad para los argentinos.

“La semana próxima se envía”, afirmaron voces oficiales ante la consulta de respecto de cuándo arribará la iniciativa al Congreso. “Están a mil”, acotaron desde Balcarce 50 sobre el ritmo frenético que lleva la confección del texto prometido hace seis días, pero que todavía no llegó incluso ni a despachos de los más encumbrados del Ejecutivo.

De acuerdo a lo que aseguraron altas fuentes del Gobierno, la iniciativa contiene un articulado sustancial. Ahonda, dicen, sobre el endurecimiento de las sanciones para las actividades ilícitas en el entorno de Malvinas. Además, pide al Congreso facultades para el Consejo de Seguridad Nacional, que también fue anunciado por Milei en el mensaje oficial. Asimismo, suma otras ramas de negocios (además de las hidrocarburíferas) como plausibles de ser penadas si operan en suelo en disputa. ya contó que la pesca es una de las vertientes que podrían incorporarse.

Está definido que el proyecto ingresará por Diputados. Por tanto, ya hay danza de nombres de los posibles candidatos a defender la iniciativa en la Cámara baja y en los medios. Pica en punta en Diputados el exministro de Defensa Luis Petri, que perdió posiciones tras salir del Ejecutivo e intenta retomar sus pasos con esta cuestión que es de su métier.

Aparecen también el tucumano Federico Pelli, con pasado en el Ejército; los fueguinos Santiago Pauli y Miguel Rodríguez; Nicolás Mayoraz, de los más experimentados del bloque; y Guillermo Montenegro, también relacionado al estudio de temas de defensa. En los próximos días terminarán de ungir a algunos de ellos.

Fuentes autorizadas confirmaron a que diputados y senadores libertarios están convocados el lunes a las 15 a la Casa Rosada para escuchar a Milei. Sin embargo, funcionarios que conocen el temario que abordará el Presidente dicen que se expedirá sobre economía. Después está prevista una cena en el local partidario que LLA tiene en San Telmo.

El viaje a Tierra del Fuego

Más allá de que el Gobierno ya monitoreaba a las compañías que operan en Malvinas, de que había presentado quejas diplomáticas y de que trabajaba en este aspecto de antemano, el contexto internacional tras los dichos de Trump creó un ambiente ideal para un reposicionamiento político de Milei, a través de la retórica épica que se plasmó en la cadena nacional.

Así se aceleraron una batería de medidas, como las sanciones que ya dispuso el Presidente a 60 compañías y accionistas (en dos tandas: una de 45 y otra de 15), este proyecto de ley en que trabajan a contrarreloj y la finalización de la base naval en Tierra del Fuego.

Centrado en su afán de mantener el envión mediático que consiguió tras meses de letargo por ruidos en la economía de bolsillo y problemas con sus iniciativas en el Congreso, el Gobierno ya anunció que Quirno y Presti viajarán el viernes a Tierra del Fuego para dar mayores precisiones sobre la construcción de la base naval.

Dicen que en la gobernación de Tierra del Fuego se enteraron por los medios que Quirno y Presti desembarcarían en la provincia. Parece que nadie les había avisado.

El gobernador opositor Gustavo Melella se encargó el mismo jueves de apoyar el llamado a la unión por Malvinas, de respaldar el anuncio sobre la base y pedir la “participación efectiva” de Tierra del Fuego en las decisiones que se tomen respecto a las islas y el Atlántico Sur.

Milei en la cadena nacional confirmó que dispondrá partidas para la finalización de la base que fue anunciada en 2022, pero que registró magros avances. Según fuentes al tanto, el proyecto tendrá diferencias con el que ideó el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana.