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POLITICA

Operativo reelección: la situación política y financiera de los 13 mandatarios que negocian una alianza con Milei

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Sentados a centímetros del escenario, trece gobernadores aplaudieron, de pie y entre sonrisas de aprobación, la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete. La postal, planeada y ejecutada el martes de la semana pasada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, responde al objetivo que el ministro coordinador blanqueó horas después de su asunción: trabajar para la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

En ese esquema, los gobernadores ocupan un lugar central. Los radicales Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes); los dirigentes de Pro Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Caba); los independientes Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan); los peronistas aliados Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) y el también justicialista Martín Llaryora (Córdoba), estuvieron en la Casa Rosada ese día y también negocian el apoyo a su propia continuidad en el cargo.

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Una moneda de cambio que el Gobierno, a juzgar por distintas voces oficiales, estaría dispuesto a pagar, cambiando así su estrategia de 2025, cuando impulsó a los “puros”, sus candidatos locales, contra gobernadores rivales, pero también contra aliados.

El eventual retiro de los candidatos de La Libertad Avanza (muchos de los cuales trabajan para postularse) o dividir el voto propio con varios postulantes, son las opciones que se manejan, a fin de cumplir su parte en el pacto.

A ese grupo podrían sumarse algunos gobernadores que no estuvieron en la Casa Rosada, como el puntano Claudio Poggi, el chubutense Ignacio Torres o el salteño Gustavo Sáenz. Cada uno de esos distritos tiene protagonistas con nombres propios, sujetos a esa negociación en marcha.

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Chaco

El radical Zdero, primer gobernador que abrochó una alianza electoral con el mileísmo en 2025, ya decidió lanzarse a la reelección el año próximo, en fechas separadas de la elección nacional. Con el justicialismo del exgobernador Jorge Capitanich como peligroso rival, cuenta a su favor con la inexistencia de un armado libertario capaz de plantarle oposición interna, fruto del pacto cerrado con la Casa Rosada, que el año pasado logró encumbrar como senador al libertario Juan Cruz Godoy.

A fines de junio, la Nación y Chaco acordaron un nuevo anticipo financiero de $50.000 millones, que completó los $350.000 millones recibidos desde abril hasta entonces, a una tasa del 15% y a reintegrar en cuatro cuotas desde agosto.

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Milei se reunió con Leandro Zdero.Presidencia

Jujuy

Al igual que el mandatario chaqueño, el gobernador radical Carlos Sadir buscará su reelección. Cuenta con un escenario de divisiones, no solo en el peronismo, sino también en La Libertad Avanza, donde trabajan para ser candidatos el senador Ezequiel Atauche, el diputado Manuel Quintar y la veterana exsenadora María Cristina Guzmán.

El mes pasado, el gobierno nacional autorizó a Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos a acceder a anticipos de hasta $400.000 millones cada una, destinados a cubrir compromisos presupuestarios urgentes y obligaciones de deuda.

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Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo, cercano a la Casa Rosada, no acepta como candidato de consenso al exministro de Defensa Luis Petri, sostenido por Karina Milei. El dos veces mandatario y referente radical pretende ir a unas PASO y allí sostener un candidato propio −un miembro de su gabinete− o apostar al intendente de Mendoza capital Ulpiano Suarez. La decisión es sostener la alianza e ir con una fórmula común con los libertarios.

En mayo, la Nación y Mendoza acordaron un anticipo financiero de $325.000 millones, junto con asistencias a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $14.000 millones, para afrontar desequilibrios financieros.

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Los gobernadores de Entre Ríos y Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, junto a Karina Milei, Diego Santilli y Lule MenemPresidencia

Corrientes

Con el gobernador Juan Pablo Valdés con pocos meses en el cargo −asumió en diciembre−, el oficialismo radical (que derrotó a La Libertad Avanza en los comicios de septiembre pasado) piensa enfrentar en soledad las elecciones legislativas del año próximo con candidatos propios, pero necesita de la ayuda de Nación para sostener las arcas provinciales. La exvedette y hoy diputada nacional Virginia Gallardo asoma como eventual contendiente a nivel provincial.

Corrientes también integra el lote de 11 provincias que adheridas al esquema de adelantos financieros con la Nación. En junio, la provincia recibió $5.014 millones en concepto de transferencias no automáticas y en abril había acordado con la Anses un anticipo de $40.000 millones para el sistema previsional local.

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Córdoba

El gobernador peronista Martín Llaryora es quizá el mandatario más alejado de la Casa Rosada de los trece que asistieron a la jura de Santilli. Irá por su reelección, en una fecha separada de al, y enfrentará a una oposición por el momento dividida, con el senador Luis Juez y el diputado Gabriel Bornoroni como opciones libertarias, más el radical Rodrigo de Loredo, también cercano al universo libertario. La necesidad de mantener buenos vínculos y atender la parte del electorado cordobés que aprueba la gestión libertaria lo llevó a Llaryora a dar el presente, atento a la posibilidad de una unidad opositora en su contra.

Diego Santilli y Manuel Adorni, junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su ministro de Gobierno, Manuel Fernando CalvoMinisterio del Interior

Catamarca

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El gobernador peronista Raúl Jalil lleva dos períodos, y medita ir por un tercero. Obtuvo beneficios económicos e inversiones mineras mientras apoyaba con sus diputados las iniciativas del Gobierno en el Congreso, además de obtener el control del Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia es palpable, ya que obtuvo más del 30 por ciento en las elecciones legislativas nacionales en octubre. Un acuerdo con la Casa Rosada podría desactivar ese eventual riesgo.

Tucumán

El también peronista Osvaldo Jaldo irá por su reelección luego de haber sido, junto a Jalil, de los gobernadores más colaborativos con el Gobierno. Tendrá, en los papeles, que enfrentar a La Libertad Avanza, que tiene al exvicejefe de Gabinete Lisandro Catalán y al radical “peluca” Mariano Campero armando estructura y se perfilan como eventuales contendientes. Al igual que Jalil, espera que un acuerdo con el Gobierno le despeje el camino.

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Diego Santilli, junto a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), en la Casa de Salta

Ciudad de Buenos Aires

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ya anunció sus intenciones de buscar la reelección, y en los últimos meses ensayó distintos gestos de acercamiento con la Casa Rosada, con la intención de ser el candidato de consenso, en alianza con los libertarios, aún con reparos de su primo, el expresidente Mauricio Macri. Con Manuel Adorni fuera de carrera, y mientras Karina Milei duda de entronizar a Patricia Bullrich (quien, a su vez, dejó trascender que no está dispuesta a ser candidata), se abre la posibilidad de un acuerdo entre Pro y LLA, con Macri de candidato y la legisladora libertaria Pilar Ramírez como compañera de fórmula.

Entre Ríos

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El gobernador Rogelio Frigerio pretende reeditar la alianza electoral de 2025 con los libertarios, esta vez en la búsqueda de su reelección. Con el PJ y Fuerza Patria golpeados e intentando recomponerse −diputado el massista Guillermo Michel trabaja para ser el elegido de ese espacio cruzado por divisiones y denuncias de corrupción−, Frigerio cuenta con “la confianza” de los Milei, quienes no tienen referentes con peso específico para disputarle la candidatura al exministro del Interior de Cambiemos.

En junio, la Casa Rosada acordó con Entre Ríos un nuevo adelanto de coparticipación por $150.000 millones, que se suman a los $220.000 millones otorgados a comienzos de año.

Neuquén

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Con el boom económico de Vaca Muerta como carta de presentación, el gobernador Rolando Figueroa acelera el armado para su reelección, con sello propio, y recomposición de lazos con el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Del lado libertario, y luego de su triunfo electoral de 2025, la senadora Nadia Márquez ya se mueve como candidata a gobernadora, aunque nadie descarta un acuerdo entre el gobernador y la Casa Rosada que impida el crecimiento del PJ y facilite la continuidad del actual mandatario.

Claudio Vidal, Juan Pablo Valdés, Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Alberto Weretilneck

Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck, cabeza de un partido provincial con 16 años en el poder, se prepara para competir contra una de las opciones libertarias, el senador Enzo Fullone o el diputado Aníbal Tortoriello, referente de Pro recientemente incorporado a las filas de LLA. “Está buscando un acuerdo”, afirman en Balcarce 50. El oficialismo parece haber superado en esa provincia el trauma que significaron las denuncias sobre la diputada y fallida senadora Lorena Villaverde, pero ven como amenaza la posibilidad de un triunfo de la peronista María Emilia Soria, intendenta de General Roca y hermana del senador Martín Soria, si el escenario se divide en tres opciones.

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En abril, la Casa Rosada y Río Negro negociaron un adelanto de la coparticipación federal hasta la suma de 120.000 millones de pesos.

San Juan

Hay una negociación abierta entre Santilli y el gobernador Marcelo Orrego para evitar que el PJ (ganador de las legislativas del año pasado en la provincia cuyana) le arrebate la gobernación. El vertiginoso crecimiento del sector minero en su provincia apuntala los deseos de reelección de Orrego, y más allá de las opciones locales de La Libertad Avanza, un acuerdo o pacto parece factible.

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Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal apuesta también a sostener buenos vínculos con el Gobierno, que también preferiría acordar con él para enfrentar juntos al PJ en la provincia que el kirchnerismo gobernó durante más de tres décadas, hasta fines de 2023. En Balcarce 50 perciben que el mandatario provincial tiene “problemas de gestión”, y que el retorno del peronismo es una posibilidad cierta si no hubiera algún acuerdo o pacto entre libertarios y el gobernador.

En marzo, el Gobierno dispuso otorgar un anticipo de hasta $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz para afrontar “dificultades financieras transitorias” en sus cuentas públicas. La provincia, además, integra el lote de 12 distritos adheridos al régimen para cubrir hasta $400.000 millones en adelantos este año.

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jura,eventual retiro,distintos gestos,Jaime Rosemberg,Javier Milei,Karina Milei,Diego Santilli,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas: movimientos judiciales y repercusiones de la victoria de Argentina en el Mundial,,Qué dijo de la inflación. Milei dio detalles de los cambios que busca aplicar en la carta orgánica del Banco Central,,Reformas. Milei adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto de «shutdown» como el que se aplica en EE.UU.

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LLA consiguió el dictamen sobre morosidad pero la oposición presiona para avanzar con créditos blandos del Estado

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Ante el crecimiento de la morosidad y el aumento del endeudamiento familiar, un foco crítico para el Gobierno, el oficialismo logró contener la avanzada opositora en Diputados tras conseguir un dictamen de mayoría, con el apoyo de sus aliados históricos de Pro y la UCR. La iniciativa oficialista pone el foco en la prevención, pero no apunta a dar respuesta a la situación más urgente. Es así, que los bloques más críticos se esperanzan con revertir el escenario en el recinto, donde los números están más ajustados, y avanzar con un proyecto que contempla créditos blandos públicos para los deudores.

El encuentro arrancó pasadas las 14 en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria.

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En ese escenario, el Gobierno logró avanzar con un dictamen de mayoría que incluye 32 firmas, correspondientes a diputados de LLA, el Pro y dos en dicidencia de la UCR.

Aun así, el peronismo de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica obtuvo un dictamen de minoría con 27 firmas, con el que buscarán presionar al oficialismo para llevar el tema al recinto la semana que viene, según pudo saber .

Desde los bloques críticos manifestaron su intención de convocar a una sesión especial el 7 de octubre, en la que, según deslizan algunos sectores, podrían insistir con la prórroga de la emergencia en discapacidad.

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Se trata de una maniobra que representa un desafío para el Gobierno, que intenta dilatar el debate por discapacidad hasta después del tratamiento del Presupuesto.

En lo que refiere a morosidad, los números están ajustados.

Si bien el peronismo logró condensar en un borrador los casi 50 proyectos que circulaban, todavía enfrenta la difícil tarea de conseguir el aval de algunos aliados que podrían definir la pulseada. Es el caso de Argentina Federal, el bloque comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, que evalúa esta tarde avanzar con un dictamen propio.

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Sin embargo, en el recinto podría inclinarse por apoyar la iniciativa de la oposición, que apunta a crear una línea de crédito directa de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales.

El objetivo: que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito y reemplazarlas por un financiamiento en condiciones “menos perniciosas”.

Según pudo saber , la iniciativa contempla préstamos de hasta $1,5 millones, “en condiciones normales de mercado”, y establece que la relación entre la cuota y los ingresos del beneficiario no podrá superar el 30%.

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“Estamos ante un dictamen que nos costó muchísimo trabajo, porque había 50 proyectos dando vuelta, pero es un régimen de regularización y de alivio financiero puntual. Por 180 días se declara la emergencia por esta situación. Puntualmente, van a poder adherir personas que adeuden hasta dos canastas básicas totales”, precisó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

En las antípodas se ubica el oficialismo. Mientras un sector de LLA se desvelaba para ver cómo lidiar con la crisis en discapacidad y contener a los aliados, otro, a cargo de la diputada Silvana Giudici, terminaba de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento, mucho menos la posibilidad de una propuesta que incluya un refinaciamiento por parte de los bancos y las fintech.

Aún así, algunos libertarios se jactan de que cuentan con el aval de sus históricos aliados. Es más, hay quienes se arriesgan a decir que en una eventual sesión contarían con los números para aprobar su propio proyecto. Sin embargo, sobran las críticas por fuera del universo libertario en torno al texto oficial, calificado por diputados de varios bloques como “ultra lavado” y “la nada misma”.

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Es que la iniciativa no apunta a dar respuesta a la situación más urgente, sino que pone el foco en la prevención. Según explican fuentes de LLA, busca “darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar”.

Además, incorpora capítulos de educación financiera y digital, junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente.

Noticia en desarrollo

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POLITICA

La UCR pedirá información sobre los supuestos terroristas mencionados por Milei

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La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.

Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.

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Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.

Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.

“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.

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La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.

“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.

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“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.

Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.

La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.

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La diputada Karina Banfi precisó que la Ley de Migraciones permite denegar el ingreso por antecedentes penales pero exige un delito local para una expulsión (Gustavo Gavotti)

Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.

Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.

La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría

Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.

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La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.

La funcionaria indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. 5 ago, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.

Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.

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La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.

Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.

La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.

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Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.

La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia Fotografía: RS Fotos

Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.

Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.

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“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.

La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.

Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.

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La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.

Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.

La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.

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El endeudamiento familiar y los límites de una regulación

Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.

Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.

Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.

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La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.

Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.

La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.

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También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.

La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.

Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.

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Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años

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El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.

Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.

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Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.

El intendente de Esteban Echeverría, al presentar la ordenanza en el Concejo DeliberanteMunicipalidad de Esteban Echeverría

Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.

Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.

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“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.

La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.




la medida,»Las instituciones importan». Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción,Tasas transparentes,Esteban Echeverría,Impuestos,Conforme a

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