El sistema de jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) afronta en junio de 2026 una nueva actualización en los montos percibidos por sus beneficiarios. El reajuste responde a la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril, cuya cifra, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se ubicó en 2,58%. Esto impacta tanto en los haberes mínimos y máximos como en las prestaciones no contributivas y las asignaciones familiares. El mes incluye además el pago del medio aguinaldo, lo que incrementa temporalmente el ingreso total de quienes reciben jubilaciones y pensiones en la Argentina. A la espera de la resolución oficial de la Anses, las cifras estimadas permiten anticipar la composición de los ingresos en el mes, así como el alcance real del reajuste frente a la evolución de los precios y el impacto de los bonos complementarios dispuestos por el Poder Ejecutivo.

La Anses ajusta mensualmente los haberes de los jubilados y pensionados del sistema general conforme la inflación, pero el acceso a bonos extraordinarios depende de decisiones administrativas que afectan el poder de compra de los beneficiarios. El mes de junio, además, incorpora el pago del medio aguinaldo, lo que modifica el total a cobrar respecto de otros meses. La interacción entre el haber actualizado, el bono y el aguinaldo configura distintos escenarios según la prestación recibida y la historia contributiva de cada titular.

Las actualizaciones alcanzan también a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las prestaciones por discapacidad, así como a las asignaciones familiares y a la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos valores dependen de la movilidad y del índice de inflación. Los aportes previsionales y los topes de ingreso para acceder a las prestaciones completan el panorama de modificaciones para el semestre.

El haber mínimo para los jubilados del sistema general de la ANSES se ubica en $403.318 en bruto a partir de junio de 2026, tras la aplicación del reajuste de 2,58% correspondiente al mes de abril. La cifra neta, una vez realizado el descuento del aporte para financiar el PAMI, queda en $391.218. En algunos casos, pueden descontarse además otros conceptos, como cuotas de moratorias por aportes no realizados en su momento.

A quienes perciben el ingreso mínimo se les suma un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024 y dispuesto mensualmente por decreto del Poder Ejecutivo. El bono no sufre descuentos y no se integra al haber para los reajustes, lo que limita su efecto frente a la inflación. Con este adicional, el ingreso mínimo bruto asciende a $473.318, mientras que el monto neto se ubica en $461.218.

El bono extraordinario se mantiene congelado en su valor nominal desde marzo de 2024, lo que genera que el incremento real para quienes cobran el haber mínimo y el bono sea inferior al 2,58% anunciado para el mes. El ajuste efectivo en este grupo es de 2,19%, dado que el bono no se actualiza conforme la inflación. Según lo informado, el bono y su cuantía continúan dependiendo de decisiones discrecionales del Gobierno nacional.

El mes de junio incorpora el pago del medio aguinaldo, que se calcula sobre el haber mensual actualizado tras la aplicación del último reajuste. El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre, aplicado en este caso al jubilado o pensionado. De este modo, los titulares de un haber mínimo percibirán en junio un ingreso bruto de $674.977 sumando el haber mensual y el aguinaldo, mientras que el monto neto, tras el descuento para el PAMI, será de $656.828.

En el caso de quienes cobran el haber máximo del sistema, la suma del haber y el aguinaldo representa un ingreso bruto de $4.070.922 y uno neto de $3.844.816. El cálculo del aguinaldo toma como base el monto actualizado de la prestación, por lo que el impacto del reajuste de junio se refleja automáticamente en el adicional de mitad de año.

El pago del aguinaldo permite a los jubilados y pensionados enfrentar gastos extraordinarios que suelen concentrarse en el sexto mes del año. La composición final del ingreso depende de la categoría de la prestación y de la percepción o no de bonos extraordinarios.

El haber máximo de las jubilaciones del sistema general de la ANSES para junio de 2026 asciende a $2.713.948 en bruto, tras la actualización por el índice de inflación. Una vez descontado el aporte al PAMI, el ingreso neto queda en $2.563.211. Al sumar el medio aguinaldo, los titulares de la jubilación máxima perciben un monto total de $4.070.922 en bruto y $3.844.816 en términos de bolsillo.

A diferencia de los beneficiarios del haber mínimo, quienes perciben la jubilación máxima no acceden al bono extraordinario de $70.000. Este grupo constituye aproximadamente la mitad de los jubilados y pensionados con prestaciones contributivas, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Los ingresos de este segmento tienen un mayor ajuste nominal a lo largo del semestre, ya que no dependen de refuerzos extraordinarios sino de la movilidad vinculada a la inflación.

El incremento nominal acumulado de los haberes máximos, sin bono, alcanza el 18,3% en el primer semestre de 2026. Esta cifra se alinea con la inflación estimada por analistas y economistas para el periodo. El impacto en el poder de compra de este grupo varía según la evolución de los precios y el ritmo de las actualizaciones dispuestas por la ANSES.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años sin requisitos de aportes, también recibe el ajuste de 2,58% en junio de 2026. El monto mensual de la PUAM se ubica en $322.654. A este valor se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso mensual a $392.654.

El medio aguinaldo, calculado sobre el monto actualizado de la PUAM, adiciona $161.328 al ingreso del mes de junio. De esta manera, el total bruto a percibir por la PUAM en el sexto mes del año es de $553.982.

En el caso de las pensiones no contributivas por discapacidad, el monto mensual en junio es de $282.323. Sumando el bono y el aguinaldo, el ingreso total para este grupo en el mes asciende a $493.484.

El mismo ajuste de 2,58% se aplica a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las prestaciones del salario familiar, que también se actualizan mensualmente según la inflación. La AUH será de $144.931 por hijo menor de 18 años y de $471.914 por hijo con discapacidad. El 80% de estos valores se abona mensualmente, mientras que el 20% restante queda pendiente de un pago anual sujeto al cumplimiento de condiciones de salud y educación.

Los trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares recibirán montos variables según el nivel de ingreso familiar, con valores de $72.474, $48.888, $29.570 o $15.257. El ingreso tope del hogar para acceder a estas prestaciones se eleva a $5.941.934 en junio, mientras que ningún progenitor individual puede superar los $2.970.967 para mantener el beneficio.

Los valores de las remuneraciones mínima y máxima para calcular los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI también se actualizan, quedando en $135.837,40 y $4.414.652,38 respectivamente para junio de 2026. Para quienes se encuentran en el régimen de autónomos, los aportes previsionales mensuales se ajustan en línea con la movilidad.

Un grupo de personas activas puede comprar años de aporte conforme la ley 27.705, con un valor de $39.393 por cada mes adquirido. La compra de cinco años de contribuciones implica un desembolso de $2.363.580.

La política de reajustes y bonos extraordinarios, sumada al pago del aguinaldo, determina la evolución de los ingresos reales de los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en el sistema previsional argentino. La publicación de la resolución oficial de la ANSES confirmará en los próximos días los valores definitivos para junio de 2026.

La inflación oficial tuvo un retroceso en abril y se ubicó en 2,6% intermensual, como preveían las principales consultoras del país. Ese movimiento generó que en varios casos los gremios que venian negociando aumentos salariales para recuperar el terreno perdido en los meses anteriores, de fuerte aceleración inflacionaria, tuvieran pautas acordadas para este mes que superaron al dato del INDEC.

Según el organismo oficial de Estadística y Censos, el Índice de Precios al Consumidor de abril 2026 fue de 2,6%, el dato más bajo de los últimos 5 meses. La variación acumulada en el año asciende a 12,3% y la interanual se ubica en 32,4 por ciento.

Aquellos sindicatos que cerraron sus nuevos acuerdos salariales en torno a lo que venían siendo las cifras de inflación, de 3% mensual, lograrán una pequeña recomposición salarial con el pago de los sueldos de abril durante el corriente mes. No obstante, no en todos los casos vienen sumando alzas por encima del 12,3% en el último cuatrimestre, con la excepción de los sectores que ataron sus incementos salariales al IPC (como es el caso de los bancarios)

Gremios con paritarias por encima de la inflación

Trabajadores de Seguros

El Sindicato del Seguro es uno de los que logró cerrar recientemente actualizacines con una importante recomposición del poder adquisitivo para sus afiliados.

En mayo, para la rama de Vida y Retiro, se alcanzó una suba total de 19,5% para el actual cuatrimestre. El alza se abonará en cuatro pagos, a saber:

• 5% en mayo,
• 5% en junio,
• 5% en agosto
• 4,5% en octubre.

Por otra parte en Generales y ART se brindará un alza del 19% en cuatro tramos:

• 5% en mayo,
• 4,5% en junio
• 4,5% en agosto
• 5% en octubre

El gremio también comunicó recientemente que se llegó a un acuerdo que brinda un alivio a los trabajadores de Galeno ART, tras la quiebra de la compañía en marzo pasado: a través del F.I.D.E.C., se logró el pago para sus ex empleados por un monto equivalente al salario neto de febrero de 2026.

Trabajadores de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó una mejora salarial para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000). Se abonarán aumentos porcentuales en referencia a los básicos, junto con sumas fijas no remunerativas entre marzo y julio.

Lo que queda por abonar del anterior acuerdo es:

• Mayo: incremento no remunerativo del 3,8% y una suma fija no remunerativa de 60.000 y 65.000 pesos según la categoría.
• Junio: suma no remunerativa del 5,6% y una suma fija no remunerativa de 70.000 y 75.000 pesos, según la categoría.

En julio se consolida la nueva escala de salarios básicos.

Trabajadores de Entidades Deportivas

También la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) negoció aumentos que en mayo están pagando en torno al 3,5% de alza. Es el caso de los salarios para el personal de clubes de campo (CCT 805/23) y el de los empleados de mutuales (CCT N° 807/23). En este último caso, son alzas acumulativas pero no remunerativas al momento de ser abonadas. Es decir, se vuelven parte del salario básico recién al mes siguiente, cuando se efectiviza el siguiente aumento sobre la base del mes anterior.

A la vez, los clubes que dependen de la Asociación de Fútbol Argentina, que habían cerrado antes la paritaria para este período, tienen pendiente cobrar con 3% de aumento.

Telefónicos

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) negoció un pago de carácter único equivalente al 3,40% de las escalas conformadas de cada categoría de abril/26 y un incremento en la escala salarial a partir de mayo de 2026 del 3,40% sobre las escalas de abril de 2026. Este incremento sobre las escalas salariales será aplicable a los efectos del pago del «Día del Trabajador Telefónico» del año 2027.

Inflación en el segundo semestre

La inflación de abril se vio impulsada por los incrementos en tarifas de electricidad y gas (4,2%, el noveno mes por encima del nivel general) y la suba en los precios de los combustibles a partir de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que se filtra vía transporte a los precios de bienes y servicios. Alimentos y bebidas, por su parte, desaceleró. 

Para los próximos meses, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realizó el Banco Central espera que el IPC de mayo se ubique en 2,3%, tienda a converger lentamente a la zona 1,8-1,9% hacia octubre y no tenga más cambios relevantes en el año. De darse este escenario, cerraría 2026 con una inflación anual en 30,5%, mientras que las expectativas para 2027 están en la zona del 20%.

«Claro está que, tanto los actores del REM, como los precios del mercado, esperan una inflación con nivel de convergencia cercano al 2% en lo que resta del año (en línea con lo proyectado por el «Top 10″ de pronosticadores). El contexto actual donde las anclas nominales resultan insuficientes (en parte debido a shocks), al tiempo que el Gobierno se permite mayores grados de discrecionalidad en el manejo de la política económica, constituyen factores que dificultan la moderación en las expectativas de los agentes formadores de precios», se lee en un informe de la plataforma IOL.Invertir Online.

Por su parte, la consultora Labor, Capital, Growth (LCG) resaltó que en tan solo un cuatrimestre la inflación acumulada superó al 10% que el Presupuesto 2026 preveía para todo el año. «Más allá de la desaceleración de abril, las principales «anclas» (actividad con crecimiento débil, mayor apertura comercial y un tipo de cambio a la baja) están mostrando ser insuficientes para desactivar completamente la inercia inflacionaria. Como todos los procesos desinflacionarios son lentos, hay que insistir con la prudencia fiscal y monetaria, e intentar apelar a otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones», coincidió esta consultora que mantiene su estimación para el IPC entre 31% y 33% anual. 

La calificadora Moody’s consideró que el proyecto de “Súper RIGI” anunciado por el Gobierno podría mejorar la competitividad de nuevas inversiones en la Argentina y ampliar el alcance del esquema vigente hacia sectores más intensivos en tecnología y proyectos de gran escala. Sin embargo, advirtió que el éxito de la iniciativa dependerá de factores políticos y macroeconómicos que todavía representan un límite para el apetito de los inversores internacionales.

En un informe publicado este jueves, Moody’s sostuvo que el nuevo régimen tendría un efecto crediticio positivo para compañías de energía, minería, hidrocarburos e infraestructura, debido a que buscaría profundizar los beneficios ya contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), vigente desde 2024.

La firma recordó que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso propone crear una versión ampliada del régimen destinada a inversiones intensivas en capital de entre USD 200 millones y USD 600 millones.

“El llamado ‘Súper RIGI’ ampliaría los parámetros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”, indicó la calificadora. Según explicó, el nuevo esquema podría incluir mayores garantías de estabilidad, más flexibilidad cambiaria y alivios fiscales adicionales para proyectos de largo plazo.

El informe remarcó que uno de los puntos centrales para que el “Súper RIGI” tenga impacto será la capacidad de ofrecer previsibilidad regulatoria y estabilidad de largo plazo.

El RIGI actual contempla beneficios como estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por hasta 30 años, una alícuota reducida del impuesto a las ganancias del 25%, depreciación acelerada, devolución de IVA durante la etapa de construcción y mayor acceso al mercado cambiario para el pago de dividendos y deuda.

Para Moody’s, esas herramientas ya mejoraron la economía de los proyectos aprobados hasta ahora porque redujeron la carga impositiva efectiva y atenuaron riesgos vinculados al acceso a divisas y cambios regulatorios.

En ese marco, la calificadora afirmó que una profundización del régimen podría facilitar el acceso al financiamiento internacional y abaratar el costo de capital para compañías que necesitan realizar desembolsos multimillonarios con horizontes de recuperación largos.

Además, destacó que el esquema podría extenderse a sectores que hoy no son los principales beneficiarios del régimen, como proyectos de infraestructura digital, manufactura avanzada y desarrollos industriales intensivos en tecnología.

“Al incorporar explícitamente inversiones intensivas en tecnología e innovación, como infraestructura digital a gran escala o manufactura avanzada, el régimen podría extender la estabilidad tributaria y cambiaria de largo plazo a sectores que históricamente enfrentan mayores riesgos de política económica y moneda”, señaló Moody’s.

La agencia también destacó que reglas más claras para la importación de equipamiento, la devolución del IVA y la repatriación de divisas podrían mejorar la viabilidad financiera de esas inversiones y favorecer una mayor diversificación de la inversión extranjera directa.

Los riesgos que siguen condicionando a los inversores

Pese a los potenciales beneficios, Moody’s aclaró que el “Súper RIGI” no alcanzará por sí solo para compensar los riesgos estructurales de la economía argentina.

La calificadora advirtió que la inflación elevada, la volatilidad cambiaria y la debilidad de la credibilidad de las políticas económicas continúan afectando el costo del financiamiento y las decisiones de inversión.

“Los proyectos, incluso aquellos con fuertes protecciones legales, siguen expuestos a riesgos sistémicos en escenarios de estrés”, señaló el informe.

Además, subrayó que la efectividad del nuevo esquema dependerá de tres condiciones centrales: la aprobación legislativa, la implementación consistente y la capacidad de sostener las reglas a través de distintos ciclos políticos.

La referencia apunta a una de las principales preocupaciones de los inversores internacionales en proyectos de infraestructura, energía y minería: la posibilidad de modificaciones regulatorias o restricciones cambiarias en el mediano plazo.

Moody’s consideró que el desempeño inicial del RIGI vigente fue “sólido” y destacó el volumen de inversiones que ya fueron aprobadas bajo el esquema.

Según el informe, hasta comienzos de 2026 se aprobaron 14 proyectos por alrededor de USD 27.000 millones y otros 36 proyectos, por unos USD 97.000 millones, permanecían en evaluación.

La calificadora sostuvo que energía y minería concentran la mayor parte de las inversiones aprobadas debido al perfil exportador de los proyectos vinculados a hidrocarburos y minerales.

Entre los desarrollos incluidos aparecen iniciativas de gas natural licuado, oleoductos, cobre, litio, oro, infraestructura energética y puertos.

Desde entonces, el número de proyectos aprobados siguió creciendo. Este jueves, el Gobierno confirmó el ingreso de dos nuevos proyectos mineros al régimen por USD 2.130 millones, vinculados a la expansión del complejo de litio Cauchari Olaroz y al proyecto de cobre San Jorge, en Mendoza. Con esas incorporaciones, el total ascendió a 16 proyectos aprobados y cerca de USD 30.000 millones comprometidos.

Según Moody’s, la provincia de Río Negro concentra actualmente la mayor parte de las inversiones aprobadas bajo el régimen, con alrededor de USD 18.000 millones, principalmente asociados a infraestructura de GNL y oleoductos vinculados a Vaca Muerta.

Detrás aparecen San Juan, con USD 3.700 millones ligados a proyectos de cobre y litio, y Salta, con USD 3.100 millones en iniciativas de litio y oro.

La agencia consideró que esos sectores son los que podrían registrar el mayor impacto crediticio en caso de avanzar el “Súper RIGI”, debido a que dependen especialmente del acceso a divisas, estabilidad tributaria y previsibilidad regulatoria para obtener financiamiento internacional.