ECONOMIA
Panorama Financiero | El segundo semestre arranca con el bolsillo más ajustado y el dólar en la mira
Julio arrancó con más presión sobre gastos, un dólar bajo control oficial y una morosidad récord que ya deja a casi 7 millones fuera del crédito
02/07/2026 – 13:45hs
El segundo semestre arrancó dejando una imagen bastante cruda de la economía real. En Argentina, una familia asalariada formal necesita entre 172 y 182 días de trabajo al año solo para pagar impuestos. Dicho de otra manera, recién entre fines de junio y el 1 de julio empieza a generar ingresos para sí misma. Ese dato ayuda a entender por qué cada ajuste nuevo pega tan rápido en el bolsillo y por qué el comienzo de este mes se siente más pesado de lo que sugiere la desaceleración de la inflación.
Julio empezó justamente así. Subieron los impuestos a los combustibles, se actualizaron tarifas y siguieron moviéndose gastos que para la mayoría de las familias ya no se pueden esquivar. El transporte, la salud, la vivienda y los servicios públicos vuelven a recalcular el presupuesto mensual en un contexto en el que el margen ya venía muy ajustado.
El arranque del semestre expone un bolsillo cada vez más exigido
El informe del IARAF pone en números una percepción bastante extendida: la carga tributaria sigue ocupando una porción muy alta del ingreso de una familia formal. Para 2026, el cálculo sobre distintos perfiles salariales da que un asalariado debe trabajar entre 172 y 182 días al año para cumplir con impuestos nacionales, provinciales y municipales. El llamado Día de la Independencia Tributaria cae entre el 21 de junio y el 1 de julio, según el nivel de ingresos.
Ese punto no es solo simbólico. También ayuda a leer mejor lo que pasa en la economía cotidiana. Cuando una parte tan grande del ingreso ya está absorbida por impuestos y gastos fijos, cada corrección de precios se vuelve mucho más visible y mucho más sensible. No hace falta una suba brusca para sentir presión: alcanza con una cadena de ajustes mensuales para que el bolsillo vuelva a quedar en tensión.
El Gobierno contiene al dólar para que la suba no llegue más rápido a precios
En ese contexto también se entiende por qué el Gobierno sigue tan encima del dólar. El segundo semestre arrancó con presión alcista, más demanda privada y una señal oficial bastante clara: el Banco Central intervino para moderar la suba, pero aun así siguió comprando reservas. El mensaje al mercado fue doble. Por un lado, no quiere resignar acumulación de dólares. Por el otro, tampoco quiere que el tipo de cambio se acelere de forma desordenada y se traslade demasiado rápido a precios.
La lectura que predomina en la City es que el objetivo oficial no es volver a dejarlo completamente quieto, sino administrarlo en una zona que no complique la desaceleración inflacionaria. Eso explica la intervención en futuros y en bonos atados al dólar, y también la decisión de comprar bastante menos divisas por día que en mayo. El mercado interpreta que el Gobierno acepta una corrección más visible, pero dentro de un rango todavía controlado.
Esa cautela también aparece en el frente energético. El Gobierno actualizó parcialmente los impuestos a los combustibles, pero sin trasladar de golpe todo el atraso acumulado. Y las petroleras, a la vez, analizan posibles bajas si se sostiene la caída del petróleo internacional. Por ahora, lo concreto es que julio arrancó con más presión sobre gastos que ya venían pesados, aunque todavía queda por ver si el surtidor termina reflejando parte del alivio externo.
La morosidad récord muestra hasta dónde llegó el desgaste financiero
Ese desgaste ya aparece en otro indicador sensible. La morosidad de las familias volvió a crecer y llegó a un récord de 12,7% en mayo. Ya son 19 meses seguidos de suba y casi 7 millones de personas quedaron afuera del sistema crediticio. No es un dato menor: muestra que la presión ya no se mide solo en tarifas o impuestos, sino también en deudas que cada vez cuesta más sostener.
El deterioro es amplio y no se concentra en un solo rincón del sistema. La mora subió en 26 de las 30 entidades financieras relevadas y pegó todavía más fuerte fuera del circuito bancario tradicional. En las entidades no financieras, donde se financian sectores con más vulnerabilidad y menos acceso al crédito formal, el nivel de incumplimiento ya trepó a 32,2%.
Ahí aparece el límite más concreto de esta etapa. El mercado puede discutir si el dólar necesita seguir acomodándose o si el Gobierno tendrá que sostenerlo con más intervención. Pero la economía real ya muestra que ese debate ocurre sobre una base mucho más frágil. Cuando casi 7 millones de personas quedan fuera del crédito y el inicio de mes vuelve a recargar impuestos, tarifas y gastos fijos, la estabilidad ya no se juega solo en la pantalla del mercado. Se juega, cada vez más, en cuánto más puede seguir ajustando el bolsillo sin volver a romperse.
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El incremento va de septiembre a febrero, por un total del 15,39%, más una suma no remunerativa que arranca en $90.000 y termina en $120.000
Aumento de sueldo para obreros del plástico: cómo se aplica el incremento
- Septiembre, 2,2%
- Octubre, 1,8%
- Noviembre, 1,7%
- Diciembre,1,6%
- Enero, 1,5%
- Febrero, 5,76%
- Septiembre, $90.000
- Octubre, $90.000
- Noviembre, $105.000
- Diciembre, $110.000
- Enero: $120.000
Así quedará conformado el sueldo de cada categoría
- Nivel 1: en septiembre, $1.347.948, mientras que en febrero llegará a $1.521.965.
- Nivel 2: septiembre, $1.368.575. Febrero: $1.545.255.
- Nivel 3: septiembre, $1.445.321. Febrero: $1.631.909 en febrero.
- Nivel 4: septiembre, $1.503.667. Febrero: $1.697.787 en febrero.
- Nivel 5: septiembre, $1.653.553. Febrero: $1.867.023.
- Capataz: septiembre, $1.688.086, Febrero: $1.906.014.
- Chofer: septiembre, $1.515.280. Febrero: $1.710.899.
- Ayudante de Chofer: septiembre, $1.364.510. Febrero: $1.540.665
- Conductor de Autoelevador: septiembre, $1.692.075. Febrero: $1.910.518.
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La escala salarial de trabajadores del plástico, de septiembre 2026 a febrero 2027.
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ECONOMIA
El Gobierno quiere acortar los tiempos para abrir una empresa: cuáles son los cambios que dispuso
El Gobierno, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), simplificó el régimen de constitución de sociedades y flexibilizó el objeto social. La nueva normativa apunta a reducir las barreras y los costos de formalización de empresas, al tiempo que amplía el margen para definir las actividades que podrán desarrollar.
“Con el objetivo principal de reducir la burocracia, bajar costos y acelerar los tiempos para abrir una empresa, la IGJ simplifica el régimen de constitución de sociedades y flexibiliza el objeto social”, dijo a través de su cuenta de X el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El funcionario precisó que la Resolución General 11/2026, publicada en el Boletín Oficial, deroga 33 artículos reglamentarios, y dos resoluciones generales que incorporaban exigencias no previstas en la norma de fondo, dispensa el dictamen de precalificación para la constitución de sociedades y elimina restricciones a la pluralidad del objeto social, permitiendo a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) adoptar “cualquier actividad lícita” como objeto.
Los considerandos de la norma indican que “los registros de sociedades deben funcionar como ventanillas de habilitación ágiles, orientadas a la publicidad y a la certeza jurídica, y no como filtros de control previo de naturaleza discrecional”.
“La reducción de barreras formales de acceso al registro constituye una herramienta de política pública destinada a facilitar la incorporación de la actividad económica a la economía formal, reducir los costos de cumplimiento de los emprendedores y aproximar la realidad del tráfico a la registración pública”, agrega.
Entre los cambios más relevantes se destacan:
1. Eliminación de precalificación obligatoria: La constitución de sociedades ya no requiere dictamen de precalificación profesional, sin perjuicio de su presentación facultativa o de los supuestos en que resulte exigido.
2. Mayor flexibilidad para definir el objeto social: El objeto podrá comprender una o más categorías de actividades, sin exigirse conexidad, complementariedad o accesoriedad entre ellas. En las SAS se admite expresamente la fórmula “la realización de cualquier actividad lícita”.
3. Incorporación de la sede electrónica: Las entidades podrán constituir, junto con su sede social física, una sede electrónica complementaria, mediante la declaración de una dirección de correo electrónico, con efectos frente a socios y terceros una vez inscripta.
4. Aportes dinerarios: Se amplían los medios admitidos para acreditar la integración de aportes en efectivo.
5. Cláusula arbitral: Se habilita expresamente la inclusión de cláusulas arbitrales en los instrumentos constitutivos.
6. Documentos registrables: Se simplifican y unifican los requisitos aplicables a los instrumentos constitutivos y a los actos posteriores a la constitución (escritura pública, instrumento privado con firma certificada o digital, y documento electrónico con firma digital de los otorgantes).
Cada modificación introducida responde a la verificación de que el requisito eliminado o flexibilizado reiteraba lo ya establecido por la Ley General de Sociedades, el Código Civil y Comercial de la Nación y otras normas, o imponía recaudos formales que no aportaban una utilidad verificable a la función registral.
Por otra parte, la normativa establece reglas específicas para los aportes de capital realizados con activos virtuales, como las criptomonedas. En estos casos, el instrumento constitutivo deberá individualizar la clase, cantidad y valor asignado de los activos, además de identificar al socio aportante.
También se deberá acreditar que el aportante era titular de esos activos antes de realizar el aporte y depositarlos en una billetera o plataforma de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), a nombre de los administradores designados, con el compromiso de transferirlos a la sociedad una vez obtenida su CUIT.
El valor deberá acreditarse mediante una certificación profesional sobre el valor de plaza a la fecha de constitución o mediante una cotización emitida por un PSAV registrado.
“La medida se suma al proceso de revisión y simplificación normativa que la IGJ viene desarrollando durante 2026, que incluyó modificaciones en materia de inscripción de directores, administradores societarios, sociedades constituidas en el extranjero, digitalización registral, presentación de estados contables, notificaciones electrónicas y tramitación digital”, aseguraron fuentes oficiales.
La decisión se da en un contexto en que iniciar una actividad económica en Argentina puede requerir 4.496 horas de trámites, más del doble del promedio latinoamericano de 2.005 horas, de acuerdo con el Índice de Burocracia del Adam Smith Center 2025.
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