POLITICA
Paritarias: comenzaron a explorar una fórmula distinta para aumentar los salarios de los metalúrgicos
Empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) analizan una fórmula para aumentar los sueldos que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.
Ambas partes tuvieron el miércoles pasado la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.
Luego de intercambiar opiniones sobre la crisis del sector metalúrgico y el atraso salarial, surgieron algunas ideas para mejorar las remuneraciones sin tomar en cuenta el alza de la inflación, por lo que ambas partes acordaron seguir las negociaciones la semana que viene.
Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.
De esa forma pudieron reunirse en la sede de la UOM los delegados paritarios del sindicato Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), y empresarios de la Cámara Argentina del Acero para discutir los salarios de la rama siderúrgica, por un lado, y de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para hablar sobre aumentos para la rama metalmecánica, por otro.
El objetivo es actualizar los salarios de la actividad, que están desfasados ante la inflación de los últimos meses ya que el último aumento fue firmado en noviembre de 2025 y contempló mejoras hasta marzo pasado, con un aumento acumulado del 14 por ciento a través de sumas no remunerativas que totalizaron 160 mil pesos, que no se integraron al sueldo básico y lo dejaron rezagado.
Hoy, calculan que hay unos 13 o 14 puntos de pérdida salarial en la UOM respecto del costo de vida del período mientras el Gobierno no homologa las paritarias que se pactan por encima de una inflación de alrededor del 2%, en un contexto del sector metalúrgico marcado por la caída de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de fábricas en distintas provincias
En medio de este cuadro, la situación se complicó luego de que el titular de la UOM, Abel Furlán, fue desplazado de su cargo por un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la Seccional Zárate-Campana por serias irregularidades.
El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de esa seccional, en las que Furlán compitió contra una lista opositora, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González también dejaron sin efecto la elección nacional de autoridades de la UOM, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio a cargo de Biglieri por un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.
En una de sus primeras decisiones, Biglieri, un abogado que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, presentó en la Secretaría de Trabajo una lista de los nuevos delegados paritarios para negociar salarios, que son dirigentes distanciados de Furlán.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo advirtió en un dictamen que la definición sobre las atribuciones de Biglieri para designar delegados paritarios y conducir las negociaciones salariales debe ser “determinada exclusivamente por el juzgado que dispuso su nombramiento“.
En la resolución oficial se afirmó que la facultad del interventor designado respecto a la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no puede ser confirmada ni ampliada por dictamen administrativo, ya que esas funciones dependen del alcance del mandato dictado por la Justicia.
En ese sentido, Trabajo recomendó que el sector correspondiente solicite al juzgado interviniente la aclaración específica sobre el alcance de las facultades otorgadas al interventor Biglieri para evitar interpretaciones por fuera de la autoridad judicial.
Esa respuesta finalmente la brindó la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que este lunes rechazó el pedido del Gobierno a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y consideró que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.
Con la firma del camarista Víctor Pesino, el oficio judicial ratificó el alcance de las funciones del interventor de la UOM al asegurar que “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización y que la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas al efecto es una de ellas”.
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POLITICA
Salud Mental: el oficialismo consiguió las firmas y el proyecto podría llegar al Senado el próximo jueves
La senadora Patricia Bullrich consiguió las firmas que necesitaba para que el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental quede habilitado para su tratamiento en el recinto del Senado. La iniciativa podría debatirse el próximo jueves 29, si se concreta la sesión prevista para esa fecha.
Antes, el martes 27, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará una reunión de Labor Parlamentaria con la participación de los presidentes de todos los bloques, en la que se definirán los temas de la sesión.
La semana pasada, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, presididas por las libertarias Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta, había firmado el dictamen oficialista con la participación de Bullrich. Sin embargo, las rúbricas no alcanzaban para habilitar el tratamiento en el recinto.
La situación se destrabó este miércoles a última hora, cuando los tres integrantes de Convicción Federal, el bloque que conduce Carolina Moisés, presentaron un dictamen en minoría. Con esas firmas, más de la mitad de los senadores que integran el plenario respaldó dictámenes y quedó superado el obstáculo que preocupaba a La Libertad Avanza.
El reclamo por los recursos para las provincias
La senadora jujeña Carolina Moisés defendió la necesidad de garantizar el financiamiento de las políticas de salud mental y de los centros comunitarios. “Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria”, le dijo a TN.
Además, señaló que durante la semana anterior se habían registrado tres casos de suicidio en Jujuy que, según consideró, podrían haberse evitado.
El dictamen de Convicción Federal lleva las firmas de Moisés, Guillermo Andrada, integrante de la Comisión de Salud, y Sandra Mendoza, integrante de Legislación General. La propuesta coincide con el oficialismo en mantener la posibilidad de internaciones involuntarias, aunque establece diferencias en los procedimientos y en los plazos de evaluación.
Los principales cambios que propone La Libertad Avanza
Los ejes de la iniciativa oficialista fueron presentados el 14 de octubre por Bullrich, Márquez y Arrascaeta. Entre los cambios propuestos figuran modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias, nuevas herramientas para abordar las adicciones y medidas para acompañar a los pacientes después del alta.
El proyecto contempla la incorporación de equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados. También reconoce el rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas, establece la capacitación permanente y plantea medidas de protección para los trabajadores de la salud.
En materia de coordinación federal, propone restituir la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias. Además, amplía de 24 a 48 horas el plazo para comunicar determinadas internaciones y habilita las teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.
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Internaciones involuntarias y controles judiciales
Uno de los principales cambios es la eliminación de la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. Según la propuesta, el juez podrá solicitar informes o peritajes y dejar sin efecto una internación que considere injustificada. Se mantiene la obligación de notificar la medida al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas.
Para las internaciones voluntarias que superen los 60 días, el proyecto elimina la obligación de informar al juez y su evaluación dentro de los cinco días, aunque conserva la comunicación al Órgano de Revisión.
En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión mediante una evaluación interdisciplinaria se extiende de 24 a 48 horas.
La propuesta de La Libertad Avanza mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las relacionadas con sustancias como las que no las involucran. Sin embargo, elimina la referencia expresa a drogas legales e ilegales e incluye problemáticas como la ludopatía.
El proyecto también apunta a fortalecer el trabajo interdisciplinario y el acompañamiento posterior al alta, con el objetivo de modificar los criterios de atención y seguimiento de los pacientes.
Convicción Federal propone controles sobre el financiamiento
El dictamen presentado por el espacio de Carolina Moisés busca responder a los reclamos de las familias de personas con problemas graves de salud mental, especialmente en materia de adicciones. La iniciativa plantea mecanismos legales para habilitar internaciones involuntarias cuando exista riesgo para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
El bloque propone que estas internaciones sean un recurso terapéutico excepcional y restrictivo, cuya decisión quede en manos de al menos dos profesionales de distintas disciplinas del servicio asistencial. Uno de ellos deberá ser psicólogo o médico psiquiatra.
Si no fuera posible contar con ese equipo, un profesional podrá indicar por sí solo una medida provisoria de resguardo terapéutico en un efector de salud. Sin embargo, deberá ser revalidada mediante una evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de 24 horas corridas, frente a las 48 horas que propone el oficialismo.
La iniciativa también incorpora la figura del acompañante terapéutico para complementar el trabajo del equipo interdisciplinario, sin concentrar las decisiones en el rol médico. Además, plantea actualizar las medidas preventivas destinadas a niños, niñas y adolescentes, con políticas específicas para prevenir las adicciones y el suicidio, así como promover el uso responsable de las redes sociales.
Un plan nacional con metas y presupuesto
Convicción Federal propone reforzar el Plan Nacional de Salud Mental y su red de servicios, en articulación con el Consejo Federal de Salud (COFESA).
El dictamen establece que el Ministerio de Salud deberá elaborar un plan con una vigencia de cinco años. El documento tendrá que incluir un diagnóstico por provincia sobre la cantidad de camas, guardias, equipos ambulatorios y dispositivos comunitarios disponibles, además de metas anuales y plurianuales con indicadores, plazos y fuentes de verificación.
También deberá detallar el financiamiento necesario para cumplir cada objetivo y la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias.
Por último, la propuesta incorpora un mecanismo de rendición de cuentas ante el Congreso. El Ministerio de Salud deberá enviar cada año a ambas cámaras un informe con el presupuesto inicial, el vigente y el ejecutado en salud mental; la proporción que representa dentro del presupuesto ministerial; las transferencias realizadas a cada provincia y su destino; y los montos invertidos en hospitales, atención ambulatoria, dispositivos comunitarios y formación de profesionales.
Con los dictámenes ya presentados, la reforma quedó habilitada para llegar al recinto. La fecha definitiva dependerá de la convocatoria a sesión y de los acuerdos que se definan en la reunión de Labor Parlamentaria del próximo martes.
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Este jueves murió el exsenador nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) José María García Arecha a los 83 años. Nacido en Buenos Aires el 8 de mayo de 1943, “Pepe”, como lo llamaban familiares y amigos, desempeñó diversos cargos en la función pública desde el regreso de la democracia y se destacó como analista y columnista político.
Martillero público de profesión y con estudios de Derecho -carrera que no llegó a finalizar-, en la Universidad del Museo Social Argentino, García Arecha inició su militancia política desde muy joven en las filas de la UCR, pero fue a partir de 1983 cuando empezó a ocupar plazas estatales.
Ese mismo año fue elegido concejal de la Capital Federal, posición que ocupó hasta 1987, cuando fue designado presidente de Subterráneos de Buenos Aires. A partir de 1991 regresó al Concejo Deliberante porteño encabezando la lista radical, que resultó ampliamente la más votada. En dicho cargo se mantuvo por dos años. Ya en 1995, cuando lo designan presidente de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires, renuncia a su banca.
Su salto a la política nacional tuvo lugar en 1997, cuando fue elegido senador nacional por la ciudad. En una primera instancia, se impuso en una interna partidaria y luego fue refrendado por el nuevo órgano surgido con la reforma constitucional de 1994 en la ciudad de Buenos Aires: la Legislatura porteña. García Arecha accedió a esa banca en reemplazo de Fernando de la Rúa, quien había renunciado para desempeñarse como jefe de Gobierno.
Casado y luego enviudado de Magdalena Ocampo, “Pepe” tuvo tres hijos. A la par de su carrera parlamentaria, supo construir una sólida trayectoria como analista político. Además de ser colaborador de , Ámbito Financiero, Notiar, La Nueva Provincia y Democracia, García Arecha publicó el libro “Política y Hechos”.
Desde el portal de Notiar se despidieron el referente radical a través de unas sentidas líneas en donde pudo leerse: “Hoy te despedimos hasta un futuro encuentro. Fuiste un padre ejemplar y un fiel amigo. Abrazo al cielo”.
El velatorio de García Arecha se realizará este viernes en Casa América, ubicado sobre la calle Acevedo 1120, en el barrio porteño de Villa Crespo, entre las 17 y las 20. El entierro se desarrollará el día sábado 24 a partir de las 10 de la mañana en el cementerio Jardín de Paz.
Notiar,TODOS LOS ARTÍCULOS DE GARCÍA ARECHA PARA ACÁ.,Personajes que hicieron historia,Conforme a
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que establece nuevas reglas para garantizar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y regularizar los pagos pendientes a los prestadores de salud.
La propuesta reunió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, en una votación que contó con el apoyo de buena parte de la oposición.
El resultado se definió después de intensas negociaciones durante la sesión. El oficialismo introdujo modificaciones a su texto original para incorporar reclamos de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que finalmente expresaron su respaldo a la iniciativa.
Entre los cambios centrales, el proyecto fija por ley los requisitos para acceder a las pensiones, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
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Además, mantiene el régimen de empleo protegido, establece que los fondos destinados a las prestaciones no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y garantiza el acceso a servicios médicos básicos a través del programa Incluir Salud.
Otro punto clave es la deuda con los prestadores, estimada en $278.323 millones. El Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de regularización dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y cancelar las compensaciones pendientes en un plazo máximo de 90 días.
El acuerdo también incluyó la actualización mensual del nomenclador de prestaciones según la inflación, un mecanismo que el proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar.
Pese al consenso alcanzado, desde la oposición reclamaron que el Gobierno retire las disposiciones presupuestarias que contradicen la nueva normativa. Ahora, el proyecto deberá ser tratado por el Senado para completar su recorrido legislativo.
La entrada Diputados aprobó el proyecto de discapacidad con 237 votos y lo giró al Senado se publicó primero en Nexofin.
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