POLITICA
Paritarias: comenzaron a explorar una fórmula distinta para aumentar los salarios de los metalúrgicos

Empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) analizan una fórmula para aumentar los sueldos que se escape del esquema atado al Indice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario complejo donde cerca del 60% de los trabajadores cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra que se ubica por debajo de la línea de pobreza, y hace dos años que no se pactan incrementos en la rama siderúrgica.
Ambas partes tuvieron el miércoles pasado la primera reunión oficial entre los delegados paritarios designados por la intervención judicial de la UOM y las cámaras empresariales de la actividad, en el inicio de las nuevas negociaciones salariales para los metalúrgicos.
Luego de intercambiar opiniones sobre la crisis del sector metalúrgico y el atraso salarial, surgieron algunas ideas para mejorar las remuneraciones sin tomar en cuenta el alza de la inflación, por lo que ambas partes acordaron seguir las negociaciones la semana que viene.

Se trata de de las paritarias más importantes del sector industrial que empantanada por la renuencia de la Secretaría de Trabajo en reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor Alberto Biglieri. Finalmente, la negociación salarial se destrabó gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la potestad del interventor de “discutir acuerdos paritarios y de designar personas” para que piloteen esas tratativas.
De esa forma pudieron reunirse en la sede de la UOM los delegados paritarios del sindicato Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), y empresarios de la Cámara Argentina del Acero para discutir los salarios de la rama siderúrgica, por un lado, y de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para hablar sobre aumentos para la rama metalmecánica, por otro.
El objetivo es actualizar los salarios de la actividad, que están desfasados ante la inflación de los últimos meses ya que el último aumento fue firmado en noviembre de 2025 y contempló mejoras hasta marzo pasado, con un aumento acumulado del 14 por ciento a través de sumas no remunerativas que totalizaron 160 mil pesos, que no se integraron al sueldo básico y lo dejaron rezagado.

Hoy, calculan que hay unos 13 o 14 puntos de pérdida salarial en la UOM respecto del costo de vida del período mientras el Gobierno no homologa las paritarias que se pactan por encima de una inflación de alrededor del 2%, en un contexto del sector metalúrgico marcado por la caída de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de fábricas en distintas provincias
En medio de este cuadro, la situación se complicó luego de que el titular de la UOM, Abel Furlán, fue desplazado de su cargo por un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la Seccional Zárate-Campana por serias irregularidades.
El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de esa seccional, en las que Furlán compitió contra una lista opositora, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González también dejaron sin efecto la elección nacional de autoridades de la UOM, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio a cargo de Biglieri por un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.

En una de sus primeras decisiones, Biglieri, un abogado que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, presentó en la Secretaría de Trabajo una lista de los nuevos delegados paritarios para negociar salarios, que son dirigentes distanciados de Furlán.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo advirtió en un dictamen que la definición sobre las atribuciones de Biglieri para designar delegados paritarios y conducir las negociaciones salariales debe ser “determinada exclusivamente por el juzgado que dispuso su nombramiento“.
En la resolución oficial se afirmó que la facultad del interventor designado respecto a la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no puede ser confirmada ni ampliada por dictamen administrativo, ya que esas funciones dependen del alcance del mandato dictado por la Justicia.

En ese sentido, Trabajo recomendó que el sector correspondiente solicite al juzgado interviniente la aclaración específica sobre el alcance de las facultades otorgadas al interventor Biglieri para evitar interpretaciones por fuera de la autoridad judicial.
Esa respuesta finalmente la brindó la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que este lunes rechazó el pedido del Gobierno a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y consideró que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.
Con la firma del camarista Víctor Pesino, el oficio judicial ratificó el alcance de las funciones del interventor de la UOM al asegurar que “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización y que la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas al efecto es una de ellas”.
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POLITICA
Renunció Claudia Testa, la número dos de la Secretaría de Trabajo

La subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, se fue del Gobierno este viernes. La ahora exfuncionaria oficializó su salida a través de una carta en la que plasmó su “renuncia indeclinable”.
La exnúmero dos de Julio Cordero en la secretaría que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se desempeñó en una tarea similar en el gobierno porteño. En el mundo privado, trabajó en Ternium. Ocupaba el cargo en la gestión libertaria desde 2024.
Mariano Sartoris, un abogado de confianza de Pettovello, será su reemplazante, según pudo saber . Sartoris hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal de Capital Humano; y antes había sido subsecretario administrativo en la Secretaría de Trabajo.
Sartoris llegó al gobierno de la mano de Pettovello, apenas arrancó la gestión. Es decir, que hace más tiempo que integra esta administración que Cordero, que entró en marzo de 2024.
“El cambio es por una reestructuración del ministerio. Testa cumplió una etapa. Sartoris es un abogado de confianza de Sandra, que llegó con ella desde el día uno”, refirieron fuentes oficiales.
Por su parte, Testa tenía buena llegada con sindicalistas y empresarios. Desde ambos sectores lamentaron su salida. “Era la única solvente en esa área”, dijo un jerárquico de la CGT tras conocer su dimisión.
Sartoris será el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa estuvieron en ese puesto Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue echado en octubre de 2024. Previo a él pasaron por Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, todos ex Pro y vinculados al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca.
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Casación definirá si las causas Los Sauces y Hotesur se juzgarán juntas o por separado

La Cámara Federal de Casación Penal definirá en los próximos días cómo se desarrollarán los juicios orales de Los Sauces y Hotesur, dos expedientes en los que están acusados Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros imputados. El tribunal convocó a una audiencia para el 15 de octubre, en la que deberá analizar el pedido de la Fiscalía para que ambos procesos vuelvan a tramitar de manera conjunta.
La definición tendrá lugar apenas ocho días antes de la fecha establecida por el Tribunal Oral Federal N°5 para el comienzo del juicio por Los Sauces, previsto para el 23 de octubre. Por eso, la resolución de Casación podría modificar el esquema definido hasta ahora por el tribunal oral y también genera incertidumbre sobre el inicio del debate.
El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había resuelto avanzar con los expedientes por separado. El juicio por Los Sauces comenzaría el 23 de octubre, mientras que el correspondiente a Hotesur fue programado para el 19 de marzo de 2027.
La discusión llegó a Casación a partir de un planteo del fiscal federal Diego Velasco, quien se opuso a la decisión de dividir los debates y pidió que ambas causas sean juzgadas en conjunto.
POLITICA
Del cambio de intendente a la “crisis de seguridad”: la otra Mar del Plata que rodea al Coloquio de IDEA

MAR DEL PLATA.– Mientras dentro del Sheraton los empresarios discutieron durante tres días reformas, competitividad y cómo debería ser la Argentina dentro de veinte años, afuera hubo una preocupación bastante más inmediata. “Mar del Plata está en una crisis de seguridad muy fuerte. Los ciudadanos están indefensos”, advirtió Patricia Bullrich durante el Coloquio de IDEA, que terminó este viernes. La inseguridad ya no es solamente una conversación entre vecinos: empezó a modificar negocios y a mover la política.
El jueves por la noche, el Coloquio se había corrido unos kilómetros hacia el puerto. Lo de Fran, sobre la avenida de los Trabajadores, estaba lleno. En las mesas había un CEO de una minera y ejecutivos de distintas compañías que habían llegado a Mar del Plata por IDEA. Afuera, la escena era otra: poca luz y trapitos entre los autos estacionados. La inseguridad también había empezado a colarse en las conversaciones.
Un empresario local contó a que tomó una decisión que hasta hace poco no contemplaba: cerrar antes su laboratorio. Nunca lo habían asaltado. Los instrumentos son específicos, casi no tienen mercado de reventa y el establecimiento maneja poco efectivo. El problema eran sus empleados y la salida de noche. “Uno va viendo el deterioro, el aumento de la inseguridad, el temor de los vecinos”, explicó. “Por la seguridad personal de la gente que trabaja decidimos cerrar más temprano”.
Cinco homicidios en un mes; tres entraderas denunciadas en menos de 72 horas en la zona sur; vecinos golpeados dentro de sus casas. En agosto, tres asesinatos en menos de 24 horas habían provocado protestas y cacerolazos. En septiembre volvió a cambiar la conducción de la Policía Departamental: fue el cuarto jefe en dos años. Según los informes oficiales del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), en el primer semestre hubo 25 homicidios dolosos, frente a 17 en igual período de 2025, un aumento cercano al 47%. En el segundo trimestre hubo además 239 denuncias por robos y hurtos a comercios, 31% más que en los tres meses anteriores.
La reacción del poder económico local fue inusual. Más de 30 cámaras empresarias, sindicatos y colegios profesionales reclamaron respuestas y cuestionaron el “silencio de gran parte de la dirigencia política”. Después, empresarios y referentes de la ciudad hicieron una pregunta bastante más incómoda: “¿Quién gobierna hoy Mar del Plata?”.
El documento llevaba, entre otras, las firmas de Florencio Aldrey Iglesias, Marcos Cabrales, Claudia Álvarez Argüelles, Antonio Solimeno, Patricio Gerbi, Blas Taladrid, Luis Terry Artusa y Carlos Rottemberg. No reclamaba solamente seguridad: hablaba también de transparencia y reglas claras. Si Agustín Neme gobierna, sostenían, debía tener autoridad y autonomía; si Guillermo Montenegro conservaba influencia sobre las decisiones, eso también debía quedar claro.
Montenegro fue reelegido intendente en 2023, pero pidió licencia para asumir como senador bonaerense por la Quinta Sección. No renunció. Neme quedó al frente y buscó imprimirle una conducción propia. Lo hizo sobre unas cuentas complicadas: los últimos tres ejercicios de la administración de Montenegro terminaron con déficit. Sólo en 2025, el rojo financiero consolidado alcanzó los $16.268 millones. El primer presupuesto de Neme, por casi $522.000 millones, fue aprobado después de cuatro prórrogas.
La inseguridad terminó de enredar esa transición. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acusó a Montenegro de haber dejado “el municipio en banda” y lanzó una frase que se parecía demasiado a la pregunta de los empresarios: “No hay gobierno en Mar del Plata”.
Bullrich introdujo durante el Coloquio otra pieza. Contó que habló del problema con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y dio por hecho un “desembarco” de fuerzas federales en Mar del Plata de cara al verano. No quiso formalizar ella misma el anuncio. “No lo quiero anunciar yo porque no me corresponde”, dijo.
La definición coincidió con movimientos menos visibles. Según pudo saber , en las últimas semanas ganó fuerza la posibilidad de que Montenegro vuelva a hacerse cargo personalmente del municipio. Hay quienes consideran que su regreso podría ser inminente. La inseguridad aceleró esas conversaciones y en ellas aparece también un fuerte acompañamiento del Gobierno nacional.
El verano pone un plazo. Mar del Plata está a pocos meses de multiplicar su población, su actividad económica y su exposición nacional. Llegar a la temporada con una sucesión de hechos violentos y una discusión abierta sobre quién ejerce el poder tiene otro costo.
Y mientras todos hablan de él, Montenegro no habla. No confirma que vaya a regresar ni lo descarta. Tampoco necesita recuperar un cargo que haya abandonado: se fue al Senado con licencia y conserva la posibilidad de volver a ejercer la intendencia.
Neme intenta afirmar su autoridad. Los empresarios preguntaron quién gobierna. La Provincia dijo que no gobierna nadie. Bullrich anticipó la llegada de fuerzas federales.
Montenegro guarda silencio.
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